Gabriel Benjamin Hizguerra Serrano
Expediente 833/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Benjamin Hizguerra Serrano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso en cita; atento a lo que solicita, en cumplimiento a la vista otorgada en auto de dieciséis de junio del año en curso, se le tiene señalando como autoridad responsable al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable, su informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir del que reciba el oficio en que se le solicita, el que podrá hacerlo por escrito, y en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes que encuentran señaladas las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacan, veintinueve de junio de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo promovida por -, a través de su apoderado ********************carácter que se le reconoce en términos del numeral 11 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado al Juez Sexto en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Del análisis integral de la demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "El acuerdo de donde dimana la diligencia programada para el 29 veintinueve de junio de la presente anualidad, en la que se desahogará la prueba de inspección judicial adminiculada con .pericial, en la que se deberá permitir el acceso al inmueble motivo de inspección en la fecha y hora señalados, apercibido que de no hacerlo, se autoriza el uso de la fuerza pública y de un cerrajero en caso de ser necesario. La emisión del acuerdo de fecha 09 nueve de junio de los corrientes, dictado por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del expediente número -, Mediante el cual se ordena desahogar la prueba de inspección judicial adminiculada con pericial, en la que se deberá permitir el acceso al inmueble motivo de inspección en la fecha y hora señalados, apercibido que de no hacerlo, se autoriza el uso de la fuerza pública y de un cerrajero en caso de ser necesario." Al respecto, este tribunal estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del procedimiento de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable en el acto reclamado, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantearse impugnación en contra de la resolución que se dicte en definitiva, conforme a lo dispuesto en el precepto 172 fracción III, de la Ley de la Materia, pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el procedimiento de origen sea adverso a la parte quejosa, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución que se dicte en ese procedimiento le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. En ese sentido, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación, entonces resulta evidente que el amparo es improcedente. Sirve de sustento la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." De igual forma, la tesis número 1086, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Entonces, resulta evidente que al surtirse la causa de improcedencia analizada, lo que procede con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Se tiene a la parte quejosa por solicitado se practiquen las notificaciones vía electrónica a través del usuario "********************", por tanto, se comisiona a la Analista Jurídica SISE a efecto de que realice el trámite correspondiente para ello en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, así como autorizados para tal efecto a las personas que indica y en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, ********************virtud a que el mismo se encuentra dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Gabino Lua Govea264/2014
- Gabino Quiroz Ortega535/2023
- Gabriel Angel de los Cobos Rico1124/2018
- Gabriel Antonio Leonides Carrasco501/2019
- Gabriel Antonio Leonides Carrasco1174/2017
- Gabriel Arturo Lopez Olvera1062/2023
- Gabriel Dominguez Dominguez579/2018
- Gabriel Escobar Gomez1124/2019
- Gabriel Fausto Gutierrez1527/2023
- Gabriel Julio Anguiano Cansino1053/2019
- Gabriel Julio Anguiano Cansino62/2019
- Gabriel Julio Anguiano Cansino14/2023