Gabriel Arturo Lopez Olvera
Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Arturo Lopez Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, registrado con el número de folio citado en primer término, mediante el cual remite copia certificada del escrito de ampliación de demanda promovida por - y toda vez que según constancia secretarial en proveído de ocho de noviembre pasado se tuvo por recibido testimonio de la resolución dictada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Décimo Primer Circuito el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la que determinó "En ese orden de ideas, a efecto de que se cumple con lo ordenado en esta ejecutoria, deberá devolverse los autos al juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, para que continúe conociendo del juicio de amparo 816/2023, respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y secretario de acuerdos adscrito al mismo proveyendo lo que en derecho corresponde sobre la procedencia o no de la ampliación de la demanda; En ese mismo actuar, el Juez Séptimo de Distrito deberá escindir la demanda presentada vía ampliación únicamente por lo que ve a los actos a él atribuidos y remitirla a su homólogo Juez Segundo de Distrito para que se avoque a su conocimiento y provea lo conducente" y se reservó de proveer hasta en tanto que el similar Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, realizara lo que ordenó el Tribunal Colegiado, lo que en la especie ya aconteció. En consecuencia y en estricto acatamiento a la superioridad este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto promovido por -, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Ahora, del análisis del escrito que ampliación se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: .IV. ACTOS DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Los acuerdos de 13 y 20 de julio de 2023, dictados por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, emitidos en el juicio de amparo -..." Respecto de los cuales el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir en los acuerdos dictados el trece y veinte de julio de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo 816/2023 por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas...." Estos preceptos son claros al establecer que las resoluciones o determinaciones hechas dentro de un juicio jurisdiccional -en el presente caso los acuerdos dictados el trece y veinte de julio de dos mil veintitrés, dentro del juicio de amparo - por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado -, no son reclamables a través de otro juicio de amparo, sin que esto trasgreda el derecho a contar con un recurso eficaz ya que su finalidad no limita la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino solamente determina un caso de inadmisibilidad de ésta vía pues por el caso contrario resultaría en una cadena interminable de juicios de amparos. De modo tal que, en concepto del suscrito juzgador, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de garantías; además, no debe soslayarse que la causa de improcedencia en estudio, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, lo que no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1391, tomo II, del mes de Marzo de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Así también, la tesis aislada, visible en la página 2172, Libro 50, Tomo IV, del mes de Enero de 2018, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA FUE EMITIDA EN EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN UNA REVISIÓN FISCAL. Para la actualización de la causal de improcedencia mencionada se necesita como requisito esencial que el acto reclamado derive de un juicio de amparo, ya sea porque la resolución se haya emitido dentro de ese juicio o en ejecución de ésta, pero dicho requisito no se satisface si la resolución reclamada fue emitida en ejecución de una sentencia dictada en una revisión fiscal, porque si bien ésta se tramita conforme a las reglas previstas en la Ley de Amparo, aplicables al recurso de revisión, ello no significa que se equipare a una resolución derivada de un juicio de amparo, pues sólo comparten reglas de procedimiento, aunado a que cada procedimiento está regulado por leyes distintas, ya que la revisión fiscal se encuentra prevista en los artículos 63 y 64 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; además, la materia sobre la cual ésta se resuelve es totalmente distinta a la del juicio de amparo, y la redacción de la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo no permite incluir o abarcar las sentencias dictadas en una revisión fiscal, ya que su texto es restrictivo o limitativo, al señalar expresamente el tipo de juicio de donde deben derivar las resoluciones." En ese contexto, la demanda de garantías, respecto del acto multicitado, resulta improcedente habida cuenta que, si se admitiera el presente asunto afectaría las razones de seguridad jurídica e implicaría dar oportunidad a que se inicié una cadena interminable de diversos amparos. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Asimismo, se tiene por proporcionado como dato de contacto la cuenta de correo electrónico, precisada en la constancia secretarial, a través de la cual, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional pueda entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, téngasele proporcionando el usuario -, para el acceso al expediente electrónico y recibir notificaciones vía electrónica; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre del usuario antes mencionado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que la promovente tenga acceso al expediente electrónico y reciba las notificaciones personales. Sin que haya lugar a tener por señalado domicilio para dicho efecto, toda vez que señala usuario para dicho efecto. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en este Décimo Primer Circuito, con el número de registro señalado en primer término, al que anexa testimonio de la resolución dictada el cinco de octubre de dos mil veintitrés, en la que determinó "En ese orden de ideas, a efecto de que se cumple con lo ordenado en esta ejecutoria, deberá devolverse los autos al juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, para que continúe conociendo del juicio de amparo 816/2023, respecto de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia y secretario de acuerdos adscrito al mismo proveyendo lo que en derecho corresponde sobre la procedencia o no de la ampliación de la demanda. En ese mismo actuar, el Juez Séptimo de Distrito deberá escindir la demanda presentada vía ampliación únicamente por lo que ve a los actos a él atribuidos y remitirla a su homólogo Juez Segundo de Distrito para que se avoque a su conocimiento y provea lo conducente". En consecuencia, acúsese recibo y una vez que el similar Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, realice lo que ordenó el Tribunal Colegiado, se acordará lo que en derecho corresponde. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual la citada autoridad informa que en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el conflicto de competencia suscitado entre este juzgador y el similar Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.?
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad oficiante informa que mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, tuvo por recibido el cuaderno original del presente juicio e insistió en la competencia en favor de este órgano jurisdiccional por lo que planteó conflicto competencial, de lo cual este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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