Gabriel del Pilar Ubera

Expediente 616/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Irineo López Salazar, defensor particular
  • Gabriel del Pilar Ubera

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado de Circuito informa admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por******************** ********************, en contra de la sentencia de dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, dictada por este Juzgado de Distrito, siendo registrado con el número 155/2023. En consecuencia, este Juzgado Federal queda enterado de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López ********************, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.ciov

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de junio de dos mil veintitrés. Se regulariza procedimiento. Visto el estado procesal de autos, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, causó estado el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Irineo López Salazar; asimismo, se aprecia que el treinta de mayo del mismo año, fue recibido ante este órgano jurisdiccional el escrito firmado por el referido quejoso el cual fue registrado bajo el número 7535, sin que se haya emitido proveído sobre su contenido. En razón de lo anterior, a fin de no violar los principios básicos que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, se ordena regularizar el procedimiento en los siguientes términos: Quejoso interpone recurso de queja. En ese sentido, se tiene a Irineo López Salazar, interponiendo recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.sonia

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Irineo López Salazar, en su carácter de Defensor Particular de Gabriel del Pilar Ubera; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a las partes para la entrega de documento, toda vez que estos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.sonia

  4. Principal

    Apizaco, Estado de Tlaxcala, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Irineo López Salazar, en su carácter de Defensor Particular de ********************, contra actos del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 616/2023-II-D. Acto reclamado. Ahora bien, Irineo López Salazar, en su carácter de Defensor Particular de ********************, promueve demanda de amparo contra actos el acto reclamado siguiente: La resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en la que el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, determinó negar la solicitud de la defensa de otorgar prórroga del plazo de cierre de investigación complementaría por un mes en la causa judicial 620/2022. Se desecha demanda Atento a lo anterior, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Principio de definitividad. Ahora bien, en relación al acto reclamado (resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en la que el Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, determinó negar la solicitud de la defensa otorgar prórroga del plazo de cierre de Investigación Complementaría por un mes en la causa judicial 620/2022) se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esta disposición legal es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.].". Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los juicios, recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de garantías, los juicios, recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Precisado lo anterior, debe indicarse que previo a comparecer al juicio de amparo, la parte quejosa en contra de la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada en autos de la causa judicial 620/2022, del índice del Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por la cual negó la ampliación de término de investigación complementaria solicitada por la defensa del quejoso, debió impugnarla a través del recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.". De la anterior transcripción se advierte que el recurso de revocación procede contra: Resoluciones de mero trámite; y, Que se resuelvan sin sustanciación. En cuanto al alcance de la expresión de resoluciones de mero trámite, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 35/2020 (10a.), razonó que dicha expresión se refiere a aquellas que no impliquen un importante y trascendente juicio de valoración, que sean cuestiones que impulsen el proceso, sin trastocar la litis o el fondo del asunto, es decir, que se refieren al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio. "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". Mientras que, con relación a la resolución sin sustanciación determinó que se trate de determinaciones de mero trámite emitidas de plano, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un trámite específico a seguir previo a la emisión de su determinación, esto es, no contempla la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestar o contradecir la petición de la solicitante y, por tanto, el juzgador resuelve lo pedido de plano. Sentado lo anterior, debe indicarse que la resolución reclamada por la cual se determinó negar la ampliación de término de investigación complementaria, es una determinación de mero trámite pues para su emisión no implicó un importante y trascendente juicio de valoración, para tomar dicha determinación. Además, debe tomarse en cuenta que se está en presencia de una determinación que se refiere al desenvolvimiento del proceso y no a la decisión del litigio, pues la misma fue emitida durante la etapa complementaria de investigación, esto es, dentro del procedimiento, cuya finalidad es preparar el juicio para la etapa intermedia, de ahí que no se está en presencia de una determinación que resuelva el litigio. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el recurso de revocación, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que sea nulificado, el peticionario debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el artículo 465 del código de la materia; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de excepción a que se refieren los incisos a) y b), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la negativa de ampliar la investigación complementaria no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto privativo de libertad. Tampoco se surte la excepción al inciso c) -tercero extraño- en atención a que el peticionario tiene el carácter de parte en el expediente natural, de ahí que, si fue omiso en interponer el medio de impugnación correspondiente, antes de acudir en demanda de amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata. Finalmente, la procedencia de ese recurso no se encuentra supeditada a la interpretación de otra norma, pues como se destacó, es el propio Código Nacional de Procedimientos Penales el que prevé el recurso de revocación como medio de defensa contra resoluciones de mero trámite y sin sustanciación, como en el caso, lo es el acto aquí reclamado, aunado a que tampoco se ubica en el catálogo de resoluciones emitidas por juez de control, en contra de las cuales procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese tenor, tomando en consideración que tal acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo. Por ello, la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar el recurso que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través del mismo puede revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado; y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En otras palabras, la parte quejosa, no agotó el recurso ordinario que tenía a su alcance contra la resolución emitida por el juez responsable, en la audiencia de uno de abril de dos mil veintidós, a través de la cual determinó negar la ampliación de término de investigación complementaria. Es decir, ejerció la acción de tutela constitucional con la demanda que originó este juicio, sin haber agotado en forma previa el recurso ordinario de revocación, contra la resolución oral relativa a la ampliación del término de investigación complementaria, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad. Para demostrarlo, basta indicar que la resolución oral de un juez de control, sobre el plazo para la investigación complementaria, tiene una vía ordinaria de impugnación en las causas del sistema penal acusatorio: el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso, quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la tesis jurisprudencial 35/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, con el texto siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." Esa interpretación orienta a subsumir la resolución sobre el plazo de cierre para la investigación complementaria, en la hipótesis de "resoluciones de mero trámite", pues el juez de control decide ese plazo de manera oral en la audiencia relativa a la vinculación a proceso, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. Además, esa resolución no comprende aspectos sustantivos en el procedimiento, porque de ninguna forma aborda la oportunidad de recabar datos de prueba, tampoco los hechos por los cuales habrá de formularse la acusación, ni siquiera las medidas cautelares decretadas al imputado. De ahí que la resolución oral sobre la ampliación del plazo para la investigación complementaria, pueda clasificarse en la hipótesis de una resolución de mero trámite que emite el juez de control sin sustanciación; y sólo puede ser impugnada a través de la revocación, porque no está contemplada entre los supuestos de apelación, previstos en el numeral 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la parte quejosa omitió interponer la revocación en la audiencia de uno de abril de dos mil veintidós, desahogada en la causa, aunque estuvo presente en la referida audiencia y escuchó las consideraciones con las que el juez responsable, decidió negar la ampliación del término de investigación complementaria. En efecto, decidió promover este juicio de amparo indirecto contra esa resolución que constituye el acto reclamado, aun cuando tuvo la posibilidad de que el juez responsable efectuara un nuevo análisis sobre el plazo de ampliación de la investigación complementaria, si hubiera interpuesto la revocación en la mencionada audiencia. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 465 y 466, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación, en la audiencia donde el juez responsable decidió negar la ampliación del término para la investigación complementaria. Por consiguiente, opera la improcedencia en este juicio de amparo por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De donde se colige que la omisión de impugnar la negativa de ampliación del plazo, resuelto por el juez responsable para la investigación complementaria, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto mencionado, pues la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". De ahí que la violación del derecho humano de defensa del quejoso -derivada de la negativa para ampliar el tiempo en el que pueda proponer y solicitar actos de investigación tendientes a esclarecer los hechos y demostrar su inocencia- sea insuficiente para considerar una excepción al principio de definitividad. La afirmación previa atiende a un hecho trascendental: la participación de la defensa particular del quejoso, desde el inicio de la audiencia de uno de abril de dos mil veintidós, desahogadas en la causa, razón por la cual quedó sujeto a la obligación de interponer la revocación en esa misma audiencia, para cuestionar la resolución del juez responsable sobre el plazo negado para la investigación complementaria. Aunado a que ningún dato existe para considerar en este juicio, las excepciones dispuestas al principio de definitividad, que comprenden: actos de peligro a la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada, actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal, entre otros de similar impacto a los derechos de libertad e integridad personal. Todo lo cual justifica la aplicación del principio de definitividad, pues la audiencia de uno de abril de dos mil veintidós, refleja que la negativa para ampliación del término de la investigación complementaria, nunca se impuso con el alcance de generar un peligro a la vida de la quejosa, ataques a su libertad personal ni algún diverso acto que encontrara alguna excepción al referido principio. Por tanto, se concluye que la negativa de ampliar el término de la investigación complementaria, resuelto por el juez responsable, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa desatendió la obligación de agotar el recurso ordinario existente -en forma previa a la acción de derechos fundamentales- aun cuando ello resultaba indispensable para generar un acto definitivo y susceptible de analizarse en el terreno de control constitucional. De igual forma, en lo conducente y particularmente porque reconoce que la negativa de ampliar el plazo de investigación debe recurrirse a través de la revocación, es ilustrativa la tesis aislada XVIII.3o.P.A.1 P (10a.), publicada en la página 2513, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE REVOCACION INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL TRATARSE DE UN ACTO CON EFECTOS IRREPARABLES, EXCEPCIONALMENTE ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. En el nuevo sistema penal acusatorio, para determinar la procedencia excepcional del amparo indirecto, debe estimarse que independientemente de la etapa en que se resuelva, existe un aspecto fundamental en relación con la admisión de los medios de prueba, en tanto que este tema está vinculado con el derecho sustantivo de defensa adecuada, lo que va más allá de una cuestión netamente formal sobre su admisibilidad, es decir, implica un necesario análisis valorativo de su eventual eficacia desde el punto de vista cualitativo. En efecto, la etapa de investigación en el procedimiento penal de corte acusatorio, comienza con la presentación de la denuncia, querella o requisitos equivalentes de procedibilidad y concluye con el cierre de la investigación. Ahora bien, la investigación se considera como cerrada una vez que llega la fecha en la cual el Juez de Control lo determinó en la audiencia inicial, lo cual, como regla general, no requiere de ningún acto o determinación; empero, en caso de que alguna de las partes solicite una prórroga y sea autorizada por aquél, el cierre se generará en una nueva fecha, con lo que se concluye la etapa de investigación. En este sentido, la resolución que desecha el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de la ampliación del plazo de la investigación complementaria, es reclamable en el juicio de amparo indirecto, pues constituye un caso excepcional de procedencia respecto de actos procesales, ya que al negarse la ampliación, se afecta el derecho a una efectiva preparación para la fase probatoria, situación que incide predominantemente en el derecho de defensa, pues no existe otro momento procesal para indagar o recabar elementos que a la postre puedan constituir pruebas y, ante esas circunstancias, debe aceptarse la procedencia del juicio de amparo indirecto, al constituir un acto con efectos irreparables." Además robustece la anterior determinación, la tesis IV. 1º.P.27 P (10a), publicada en la página 3502, libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. En consecuencia, al no haber agotado el recurso que la legislación aplicable prevé, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. El acto reclamado no causa efectos de imposible reparación, es decir no afecta materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, respecto al mismo acto reclamado en cuestión, se estima que, de igual manera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este ultimo interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, numerales que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Se exceptúa de lo anterior: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]". De tales artículos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las prerrogativas fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio de origen. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo indirecto es improcedente. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado por el aquí quejoso consistente en la negativa de otorgar una ampliación al plazo para la investigación complementaria, no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, de ser así, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva en el juicio oral, si ésta es favorable a los intereses de la parte Se sostiene ello, ya que de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Así, la primera etapa o fase preliminar, ante el Juez de Control, consiste, de conformidad con lo previsto en los numerales 127, 128, 212 y 213 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, en practicar y ordenar todos los actos de investigación necesarios para descubrir la verdad sobre los hechos materia de la denuncia o querella, dirigiendo la investigación bajo control jurisdiccional en los actos que así lo requieran conforme a la ley; y, determinar si existe fundamento para abrir un juicio penal en contra de una o varias personas, mediante la información y la recolección de datos que permitan fundar la acusación, garantizando el derecho a la defensa del imputado. La segunda aunque no se prevé propiamente como tal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino como una de las fases de la preliminar, lo cierto es que por el carácter destacado que tiene en el artículo 19 del Pacto Federal, debe considerarse la formulación de la imputación y la vinculación o no a proceso del imputado; la primera consiste en que cuando se considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial el fiscal comunica al imputado en presencia del juez, que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados; en caso de que el imputado fuera detenido en flagrancia o caso urgente, el ministerio público deberá formular la imputación y solicitar la vinculación del imputado a proceso, así como la aplicación de las medidas cautelares que procedieren en la misma audiencia de control de detención; si la persona no se encuentra detenida solicitará al juez la celebración de una audiencia, mencionando la individualización del imputado, de su defensor si lo hubiere, la indicación del delito, la fecha, lugar y modo de su comisión y grado de intervención de aquél. A esta audiencia se citará al imputado y si no comparece se ordenará su aprehensión; ya en la diligencia después de haber verificado el juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que le imputare y los demás datos que se indicaron con antelación; formulada la imputación se preguntará al imputado si la entiende, si es su deseo contestar al cargo rindiendo en ese acto su declaración preparatoria, en el entendido que ese sea precisamente su deseo. Antes de cerrar la audiencia el juez indicará la fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso, salvo que renuncie al plazo previsto por el artículo 19 constitucional. Por lo que se refiere a la diversa sección de la etapa que aquí nos ocupa, el Juez de Control, a petición del Agente del Ministerio Público, dictará auto de vinculación a proceso al imputado, siempre que se haya formulado la imputación, éste haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar y de los antecedentes de la investigación se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que lo cometió o participó en su comisión; y, no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. El referido auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de imputación; pero, el juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público; en caso de que no se reúnan algunos de los requisitos antes aludidos, el juez negará la vinculación del imputado a proceso y, en su caso, revocará las medidas cautelares. La audiencia de mérito iniciará con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado, siguiéndose en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogadas la o las pruebas, si las hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público Federal y luego al imputado. Agotado el debate el juez resolverá sobre la vinculación o no a proceso. La tercera etapa, es la denominada intermedia, tiene por objeto el ofrecimiento, exclusión y admisión de pruebas, como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Se lleva a cabo una vez presentada la acusación y para ello el Juez de Control ordenará la notificación a las partes y las citará dentro de veinticuatro horas siguientes a la audiencia de ley que es la intermedia, la que debe tener lugar en un plazo no menor a veinte ni superior a treinta días contados a partir de la notificación; en la misma cualquiera de las partes puede formular solicitudes, observaciones y planteamientos que estime relevantes con relación a las pruebas ofrecidas por los demás, con el objeto de su eliminación o descarte, por considerarse manifiestamente impertinentes; tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios o que el código determina como inadmisibles; hubiesen sido declaradas nulas u obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales (en los delitos sexuales la conducta carnal anterior o posterior de la víctima); incluso, resulta dable desahogar las que se crean convenientes para demostrar la ilicitud de las ofertadas por la contraparte. Al final, se decide si procede dictar o no auto de apertura de juicio oral; si así se hiciera, se tiene que indicar al tribunal competente para llevar a cabo la audiencia de debate de Juicio Oral; la o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas; los hechos que se tuvieron por acreditados; las pruebas que deberán producirse en el juicio oral (si así lo desean el imputado o su defensor); también, las que deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; y, la individualización de quienes deban ser citados a la audiencia de debate, con mención de los órganos de prueba. Se afirma que se puede dictar o no, el auto de apertura de juicio oral y, como consecuencia, que no se lleve a cabo, porque en la fase que nos ocupa, el imputado puede, entre otras cosas: plantear la cosa juzgada; la extinción de la acción penal (en cuyo caso procede el sobreseimiento); sobre todo, proponer acuerdos probatorios (el cual, trascurrido el plazo y condiciones produce la extinción de la acción penal); el procedimiento abreviado, la conciliación; y, por su parte, la Fiscalía puede solicitar: la aplicación de un criterio de oportunidad; la negociación; la mediación y conciliación, esto es, modos alternativos de terminación del proceso; por ende, surge la posibilidad de que no se lleve a cabo la siguiente y última etapa que es la del juicio oral. Es decir, en la audiencia intermedia se pueden dictar acuerdos, tanto de los que producen efectos meramente procesales, como aquéllos que tienen una ejecución irreparable; ya sea por violar derechos sustantivos, o procesales de tal magnitud estos últimos, que sean reclamables inmediatamente a través del juicio de amparo indirecto. La cuarta, cuya nominación pudiera ser la principal o de juicio oral, se actualiza cuando se recibe en el Tribunal de Enjuiciamiento (unitario o colegiado), la resolución de apertura de juicio decretada por el Juez de Control: Una vez radicado el proceso se fija fecha para la celebración de la audiencia de debate la que deberá tener lugar no antes de veinte días ni después de sesenta naturales desde la radicación; indicándose el nombre del Juez o Jueces que integrarán el tribunal y ordenando la citación de todos los obligados a la asistencia, en el entendido que el acusado deberá ser citado cuando menos con siete días de anticipación al comienzo de la audiencia, la cual deberá realizarse ininterrumpidamente y en público, con las excepciones que señala la propia ley de la materia; quien presida señalará la acusación que debe ser objeto del juicio contenida en el auto de apertura, los acuerdos probatorios a que hubieran llegado las partes y advertirá al acusado que deberá estar atento; seguidamente, concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga su acusación y, posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá exponer los fundamentos en que base su defensa; el acusado podrá presentar su declaración en cualquier momento durante la audiencia. En tal caso el Juez le permitirá que lo haga libremente o a preguntas de su defensor. Si es su deseo contestar al Ministerio Público o el acusador coadyuvante, podrá ser contra interrogado por éstos y el juez podrá formularle preguntas destinadas a aclarar sus dichos, absteniéndose de contestar si es su deseo; luego, se procederá a la recepción de las pruebas; concluida la práctica de éstas, se otorga la palabra al Ministerio Público, al acusador coadyuvante y al defensor para que expongan sus alegatos. Posteriormente, se concede al Representante Social y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. Por último, se otorgará al acusado la palabra para que manifieste lo que le convenga y a continuación se declarará cerrado el debate. Una vez hecho lo relatado, se procederá a la deliberación y decisión sobre la absolución o la condena, según se desprende de los artículos 348 al 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior se obtiene y de acuerdo al artículo 334 del citado código, que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código, como a continuación se lee: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio." "Artículo 347. Auto de apertura a juicio Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; La individualización de los acusados; Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado." Por tanto, la negativa de otorgar un plazo de ampliación de investigación complementaria, no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, porque por su naturaleza no afecta directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sino que, en todo caso, produce una lesión jurídica de naturaleza procesal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse. Lo anterior, por existir la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, el quejoso solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso o postura defensiva, por ser dicha etapa la que tiene por objeto su ofrecimiento y admisión. Es aplicable a lo anterior, por analogía y razones que expone, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 3076, tomo IV, Junio de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales." De igual manera, resulta aplicable, la tesis aislada I.4o.P.35 P (10a), emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro digital 2021792, visible en la página 933, Tomo II, Libro 76 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE REALIZAR LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTOS POR LAS PARTES EN ESTA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE, POR SÍ SOLO, NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO. La negativa ministerial de realizar las diversas diligencias indagatorias formuladas por las partes durante la etapa de investigación complementaria en el sistema penal acusatorio hasta antes de su cierre, por sí sola, no causa perjuicio alguno al quejoso, en razón de que dicha negativa no constituye un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues acorde con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el disconforme, hasta antes de presentada la acusación, puede exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que, de manera previa, el fiscal investigador rechazó, ya que, en todo caso, la decisión final la tomará el juzgador si resulta procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado; de ahí que contra esa negativa el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo." En esas condiciones, en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas por el artículo 61, fracción XVIII, así como el numeral 107, fracción V interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo, promovida por Irineo López Salazar, en su carácter de Defensor Particular de ********************, contra actos del Juez Primero de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Criterio orientador Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, al resolver el la queja 88/2020, derivado del juicio de amparo 519/2020 del índice de este Juzgado de Distrito, en el que declaró infundado el citado recurso. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que si en un proceso penal acusatorio, el imputado o su defensa solicitan una prórroga de la etapa de investigación complementaria, ésta es improcedente otorgarla una vez que se hayan alcanzado los límites máximos que el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé para su duración. Lo anterior, quedo plasmado en la Jurisprudencia 1a./J. 146/2022 (11a.), con registro digital 2025607, visible en la página 1224, Tomo I, Libro 20 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con rubro y texto siguientes: "PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LÍMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En el caso, de los antecedentes manifestados bajo protesta de decir verdad, por el promovente refiere que el treinta de octubre de dos mil veintidós el Juez responsable determinó establecer como plazo de cierre de investigación complementaria la temporalidad de cuatro meses los cuales fenecieron el veinticinco de febrero de dos mil veintitrés. Posteriormente, el defensor del quejoso solicitó un mes más de prórroga mismo que se concedió y el cual feneció el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. De igual forma, el Agente del Ministerio Público solicitó prorroga de un mes más de plazo de investigación complementaría, la cual fue concedida por el Juez de Control en auto de cuatro de abril del año en curso y en donde se estableció que vencería el treinta de abril del año en curso. De lo anterior, se concluye que el plazo de investigación complementaria ha alcanzado los límites máximos, esto es, seis meses. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la lista que se fije en los estrados de este Juzgado y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************por no contar con dicho registro. Se ordena notificar al quejoso en centro penitenciario. Aunado a lo anterior, se aprecia que el quejoso ******************** se encuentran recluido dentro del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala por lo que con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deberá practicarse la notificación del presente y subsecuentes, al mencionado quejoso en dicho centro penitenciario. Se tiene señalado teléfono y correo. Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte promovente proporcionando el número telefónico y correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa. Doy fe.

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