Gabriel Arauz Zavala

Expediente 240/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
240/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2017

Partes del expediente

  • Gabriel Arauz Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Gabriel Arauz Zavala por su propio derecho, contra el acto del Presidente del Comisariado Ejidal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, de quien reclama la negativa en dar contestación a su escrito de catorce de enero de dos mil diecisiete; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese bajo el número 240/2017-II. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En el caso concreto, la promovente reclama del Presidente del Comisariado Ejidal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Estado de Tlaxcala, la negativa de dar contestación a su escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecisiete, en el que solicitó abstenerse de llevar a personas a las parcelas del quejoso, entre otras cuestiones. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, de los que se desprende que la procedencia del juicio de amparo indirecto se encuentra supeditada a que los actos reclamados constituyan actos de autoridad; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente: ... De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la ley de la materia, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese panorama si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, la asamblea general -como órgano máximo de autoridad dentro de los ejidos y comunidades que poseen tierras- no es autoridad para efectos del juicio de amparo, pues únicamente constituyen órganos de decisión interna de los núcleos de población ejidal. Bajo esa premisa, se advierte que en el caso concreto la parte quejosa reclama del Presidente del Comisariado Ejidal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, la omisión en dar contestación a su escrito presentado el catorce de enero de la presente anualidad, a través del cual le solicito que se abstuviera de llevar a personas a su parcela asimismo, le informara los nombres de estas, así como enumerara la facultad que se le otorgó al mismo para realizar dicho acto. Sin embargo, conforme el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Presidente del Comisariado Ejidal de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues únicamente constituye un órgano de decisión interna propio de los núcleos de población ejidal, no así del Estado, por lo que sus actos no están cargados de imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Derivado de lo anterior, es evidente que la omisión de dar contestación a su escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecisiete, no constituye un acto de autoridad, debiendo en todo caso dirimir sus diferencias ante el Tribunal Agrario competente, en términos de lo dispuesto en la Ley Agraria. En consecuencia, el citado escrito no puede considerarse como una petición formulada a una autoridad, lo cual es preponderante para la procedencia del juicio de amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que existe jurisprudencia expresa emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene relación con el presente juicio, de ahí que sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda relativa. A más que debe destacarse que en la resolución del recurso de queja administrativo número 297/2015, emitida en7580 la sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mil dieciséis, en la cual el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, confirmó el auto que desecho la demanda de amparo 1185/2015-II del índice de este Juzgado Federal, bajo un argumento similar, esto es, que los actos reclamados no provienen de una autoridad para los efectos del juicio de amparo conforme a las siguientes consideraciones: "(.) De la anterior transcripción se desprende que el derecho de petición consagrado en el precepto anteriormente citado, cuyo titular es el gobernado en general, implica la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera; por su parte el Estado a través de sus funcionarios y empleados, tiene la obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Sin embargo, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el Estado es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de sus derechos humanos. Así las cosas, resulta válido llegar a la conclusión de que los funcionarios o servidores públicos, tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, si omiten responder una solicitud que se le formula con fundamento en el artículo 8o. constitucional, cuando actúan con su investidura de imperio, pues con dicha omisión se lesionan los derechos fundamentales del particular solicitante, específicamente la prevista en el artículo constitucional referido. Sin embargo, en contra de la omisión atribuida a dichas dependencias, de responder a una solicitud formulada en su carácter de patrón, no procede el juicio de garantías, pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que éstas no están investidas de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que el vínculo que existe entre la parte quejosa y las autoridades responsables, deriva de la prestación de un servicio profesional y, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación y no una relación de supra a subordinación." Así, al resultar manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno respectivos. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica es su demanda de amparo y se tienen como autorizados únicamente para tal efecto a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente.

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