Gabriel Cuevas Lira
Expediente 542/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gabriel Cuevas Lira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y la definitiva, es susceptible de depuración. Duplicado del Incidente de suspensión. En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Documentos originales. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvase al Juez Mercantil y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuauhtémoc el expediente 213/2018 que remitió como apoyo a su informe justificado. Tercero interesado solicita. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado Uriel Flores Ochoa apoderado Legal de la empresa EICA Empresa Integradora Campesina, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio del cual solicita sean devueltas las constancias del juicio de origen; atento a su solicitud, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 542/2021-VIII, promovido por Gabriel Cuevas Lira, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, Apizaco, Tlaxcala, y turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Gabriel Cuevas Lira, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: "III.- Autoridad señalada como responsable.- Ordenadoras Lo es el ciudadano Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Lo es el Secretario de Acuerdos Non del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Ejecutoras Lo es el C Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez en el Estado de Tlaxcala. Lo es la Secretaria de Acuerdos Non adscrita al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez en el Estado de Tlaxcala. Lo es el Diligenciario Non adscrito al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez en el Estado de Tlaxcala. IV.- Acto reclamado.- De las responsables; recamo la falta de emplazamiento al hoy quejoso del amparo y como consecuencia de ello reclamo todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado en el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc bajo el expediente número 213/2018. Por no haberme dado la oportunidad de haber sido oído ni vencido en el juicio señalado. Lo es el requerimiento hecho por auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual se me requieren el pago de una cantidad exorbitante de dinero a que fui sentenciado mediante resolución interlocutoria de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, la cual desconozco por no haber sido llamado y emplazado a juicio para defender lo que a mi interés convenga. Reclamo también de las autoridades responsables la orden de embargo en mi contra toda vez que en ningún momento fui llamado a juicio y la tramitación del juicio ordinario mercantil instaurado en mi contra transgrede directamente mi garantía de audiencia por no haberme dado la oportunidad de ser oído y vencido en juicio". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 44 a 48), este Juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 542/2021-VIII y la admitió a trámite; por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar al tercero interesado, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1) Juez y 2) Secretaria de acuerdos del Juzgado Mercantil y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y en diverso de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, respecto de los rendido por el 1) Juez, 2) Secretaria y 3) Diligenciaria adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, a efecto de ampliar su demanda de amparo, sin que lo hecho. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución donde este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción VI, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos emitidos por un órgano jurisdiccional en su calidad de tercera extraña por equiparación. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, así como a las constancias integrantes del juicio natural -remitidas por las autoridades responsables, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: Del Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, así como del Diligenciario Non adscrito al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez en el Estado de Tlaxcala: El emplazamiento realizado a la parte quejosa dentro del juicio ejecutivo mercantil 213/2018, de su índice. Orden de embargo dictado en el expediente 213/2018 y su ejecución. Del Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, así como del Juez, Secretario de Acuerdos y Diligenciario Non adscrito al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez: El requerimiento de pago ordenado en auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho y su ejecución. TERCERO. (Inexistencia de los actos reclamados). Resultan inexistentes los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, Secretaria de Acuerdos, Diligenciaria y Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, únicamente respecto del emplazamiento y la orden de embargo, pues al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, ello sin que la peticionaria de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa. Además, de que de las constancias se advierte que dichos actos fueron ordenados y ejecutados por diversas autoridades; y, si bien es cierto que el Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, giró los oficios 501/201/, 1324/2018 y 1772/20218, por el cual solicitó el auxilio de las labores del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, a fin de diligenciar los despachos 20/2018, 45/2018 y 63/2018, también lo es que el Juzgado de Juárez devolvió al juzgado de origen los despachos antes citados sin diligenciar. De lo anterior se pone de manifiesto que el Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, no llevó a cabo el emplazamiento ni el embargo al aquí quejoso Gabriel Cuevas Lira, por tal motivo, se tiene por inexistentes los actos en cuanto hace a Secretaria de Acuerdos, Diligenciaria y Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez. En tal contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez y Secretaria de acuerdos del Juzgado Mercantil y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, dichas negativas se desvirtúan, pues de las constancias del expediente 213/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil seguido en contra de Gabriel Cuevas Lira, se advierte que dichas autoridades ordenaron y ejecutaron las órdenes de emplazamiento y embargo; asimismo, ordenaron requerir el pago de la deuda líquida, al demandado -aquí quejoso- girando despacho para efectuar la diligencia, de ahí que se deba considerar cierto los actos que se les reclama. Asimismo, es cierto el acto reclamado al Juez, Secretaria de Acuerdos, Diligenciaria adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, consistentes en el requerimiento de pago, toda vez que dichas autoridades recibieron vía despacho los acuerdos de trece de febrero y veintiséis de noviembre de dos mil veinte y mediante acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, ordenaron efectuar el requerimiento de pago al aquí quejoso, lo que ocurrió el tres de junio de dos mil veintiuno (fojas 88 a 113). QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No se estudiará el fondo del asunto porque se actualizan diversas causas de improcedencia, cuestión de estudio preferente por ser de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia respecto a los Secretarios de Acuerdos En la especie, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución; 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, en atención a que los Secretarios de Acuerdos adscritos al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez y al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, no tienen el carácter de autoridades responsables para los efectos del amparo, pues su función se limitó a dar fe de las determinaciones que emitieron los respectivos titulares de los órganos jurisdiccionales a los que se encuentran adscritos, dentro del despacho 18/2021 y expediente 213/2018, de sus respectivos índices. Para una mejor exposición se insertan los numerales invocados: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Art. 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". De lo trascrito se destacan dos cuestiones; la primera, que el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de la autoridad que violen derechos humanos y sus garantías. La segunda, que para los efectos del juicio constitucional se considera autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de su naturaleza formal, asimismo que los particulares tienen la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Bajo ese tenor, tomando en cuenta las disposiciones de la Ley de la Materia, así como que en el particular se señala como responsable a la secretaria de acuerdos del juzgado responsable, se reitera que en el juicio constitucional sólo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público y, por ende, es indispensable determinar si todos los actos del Estado son susceptibles de reclamarse en el amparo, o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que adopte aquél y, en su caso, en qué supuesto se ubica el acto reclamado. Con ese propósito es necesario destacar qué ha establecido nuestro Máximo Tribunal en relación al concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al respecto, se ha sostenido que por autoridad para efectos del juicio de amparo se entiende a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral, imperativa y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Además, se ha dicho que las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva, existiendo como límite a su actuación el marco constitucional y legal. Tales consideraciones dieron origen a las tesis de los rubros y textos que se reproducen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora, para demostrar por qué los mencionados secretarios de acuerdos no son autoridades responsables para los efectos del presente juicio (exclusivamente), es oportuno recordar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio referido y como consecuencia todo lo actuado, entre estos el embargo y diligencia de requerimiento de pago. Sin embargo, de un análisis a las constancias que integran el juicio de origen, que remitió el Juez responsable como anexo a su informe con justificación se advierte que el Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez, únicamente dio fe del acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno (por el que se ordenó diligenciar el despacho remitido por el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, para efecto de requerir de pago al aquí quejoso); asimismo, el secretario del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc únicamente signó las actuaciones para dar fe de lo actuado por el titular de ese juzgado. Bajo este contexto, los actos reclamados a los citados servidores públicos (secretarios de acuerdos) no son actos propios de autoridad (para los efectos del amparo), pues su participación ningún agravio irroga a la parte quejosa, en atención a que únicamente realizan funciones fedatarias, requisito indispensable para la validez y existencia de las actuaciones; ello sin que se le atribuya algún acto que resulte de su competencia exclusiva y que esté obligado a ejecutar bajo su estricta responsabilidad, conforme a los lineamientos legales que lo regulan. Por identidad jurídica substancial, se citan los criterios de rubro (en apoyo a esta apreciación): "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)". "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO". "AUTORIDAD RESPONSABLE. PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, QUE SOLO CERTIFICA, NO TIENE TAL CARÁCTER". "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO TIENEN ESE CARÁCTER". Por tanto, se reitera que en el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución; 1, fracción I, y 5, fracción II, de la ley de la materia, por cuanto hace a los Secretarios de Acuerdos adscritos al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez y al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. En vía de consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio (por cuanto hace a los Secretarios de Acuerdos adscritos al Juzgado Civil del Distrito Judicial de Juárez y al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No se llamó al diligenciario que efectuó el emplazamiento y embargo. Por otro lado, a juicio de este juzgador, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, interpretados estos dos últimos a contrario sensu, respecto al emplazamiento y la orden de embargo y su ejecución, efectuados con relación a la parte quejosa; los citados numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" En el caso, dos de los actos reclamados son: El emplazamiento realizado a la parte quejosa dentro del juicio ejecutivo mercantil 213/2018, de su índice. Orden de embargo dictado en el expediente 213/2018 y su ejecución. Sin embargo, la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al actuario que efectuó el emplazamiento y diligencia de embargo, ambas de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 175 y 176 del tomo de pruebas), para que ocurriera al juicio de garantías y estuviera en posibilidad de defender su actuación, no es posible analizar la legalidad de dicho acto como se verá a continuación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/92, determinó: a. Los actuarios o diligenciarios son funcionarios que tienen a su cargo la encomienda de ejecutar las órdenes de su superior, como las de efectuar el emplazamiento, las notificaciones y otras actuaciones. b. Por tanto, al desempeñar dichas funciones deben considerarse comprendidos dentro de la clasificación de autoridad responsable para efectos del amparo, de conformidad con el numeral 11 de la ley de la materia, abrogada. c. Por tanto, están encargados de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que realiza bajo su estricta responsabilidad. d. Consecuentemente, si en amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, porque en su concepto no fue llamado debidamente, resulta incontrovertible que está obligado a señalar al diligenciario como autoridad responsable, para que ocurra al juicio de garantías, a fin de que no quede inaudito, y esté en posibilidad de entrar a la defensa de su actuación. Dicho criterio fue sintetizado en la jurisprudencia P./J.29/94, publicada con el número 23 en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 20, de rubro y texto: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno". La otrora Tercera Sala del Más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 20/90, sostuvo que cuando el acto reclamado se hace consistir en la ilegalidad o falta de llamamiento a juicio, de conformidad con el numeral 11 de la Ley de Amparo, abrogada, el actuario o diligenciario tiene el carácter de autoridad responsable, por las razones siguientes: i. El juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden. ii. Es el funcionario obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto. iii. Consecuentemente, es a dicha autoridad a quien corresponde defender su actuación, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. Dicho criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 3a./J.33/90, publicada con el número 22 en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 20, de rubro y texto: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto, en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". Por ende, la parte quejosa se encontraba obligada a señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al ser el encargado de ajustar su proceder a los lineamientos establecidos en las normas que rigen sus actos. Se cita al efecto la jurisprudencia 3a./J. 33/90 de la otrora Tercera Sala del Más Alto Tribunal del País de rubro y texto: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." De ahí que si la autoridad encargada de llevar a cabo el emplazamiento al juicio no fue llamada a esta instancia, es evidente que este juzgador está imposibilitado para pronunciarse respecto de su constitucionalidad, pues no estuvo en posibilidad de incorporarse al juicio para sostener la legalidad de su acto, resultando procedente, decretar el sobreseimiento. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia VII.A.T. J/6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, página 738, de rubro: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO". Máxime, que mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que precisara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en contra de nuevos actos y autoridades responsables, apercibido que de no hacerlo se procedería a resolver el asunto respecto de los actos y autoridades responsables señaladas inicialmente; sin que hubiera ampliado la misma. Por ende, se insiste que, al no haber señalado como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, quien efectuó el emplazamiento reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto a dicho acto reclamado. Extemporaneidad. A mayor abundamiento, toda vez que el emplazamiento que fue reclamado quedó intocado, quien resuelve considera que la acción de amparo se promovió en forma extemporánea respecto de la orden de embargo y su ejecución, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del precepto 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [...]" La disposición transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo en los términos contemplados en el precepto 17 de la Ley de Amparo. Los numerales 17 y 18 de la citada ley, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del último de los preceptos reproducidos se desprende que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará desde el día hábil siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. Se haya ostentado sabedor de los mismos. Hipótesis que son excluyentes entre sí, no guardan orden de prelación y deben aplicarse en función de su idoneidad al caso concreto, atendiendo a la posición del quejoso respecto del acto reclamado. Apoya lo aseverado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de enero de 2011, página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Jurisprudencia que si bien fue emitida conforme a la Ley de Amparo abrogada, resulta aplicable al caso pues dicho criterio no es contrario a la norma vigente, según el artículo sexto transitorio de la ley de la materia. En el caso, la orden de embargo emitida en auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, fue notificada a la parte quejosa, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento), misma que surtió efectos el mismo día de conformidad con el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tlaxcala. Al respecto, es conveniente señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2015, estableció que la notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; por tanto, como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, pues para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. Sostuvo el Máximo Tribunal, que el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho; asimismo, que aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa, ya que el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, al estar condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. Además, consideró que con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones, no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones. Tal criterio se sintetizó en las jurisprudencias 10/2017 y 11/2017, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo 2017, Tomo I, páginas 7 y 8, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES. POR REGLA GENERAL SURTEN SUS EFECTOS EN EL MOMENTO EN EL QUE SE PRACTICAN, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA. La notificación es el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro del procedimiento y se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública, por lo que goza de presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión; de ahí que como acto público con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas, es necesario que la ley disponga la forma en que deben producirse sus efectos. En ese sentido, el surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que dicha diligencia pueda incidir en la esfera de alguna de las partes, con la finalidad de que conozca lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hacer valer algún derecho. Así, aun cuando las normas no señalen expresamente en el capítulo de notificaciones el momento en que surtirán sus efectos, debe entenderse que es aplicable la regla general relativa a que ello acontece en el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo disposición legal expresa". "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas". Con base en lo expuesto, se concluye que en la especie cobra aplicación la primera hipótesis del normativo 17 de la Ley de Amparo; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro de los quince días siguientes al en que hubiere surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución reclamada. En el caso, debe tomarse como tal, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, data en que se notificó al ahora quejoso el acto reclamado de la orden de embargo y se ejecutó la misma, actuación que surtió efectos el mismo día de conformidad con el numeral 111 del Código de Procedimientos civiles del Estado de Tlaxcala. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo contra dicha orden de embargo y su ejecución, transcurrió del uno al veintidós de febrero de dos mil dieciocho, sin tomar en cuenta los días tres, cuatro, cinco, diez, once, diecisiete y dieciocho de febrero del año dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles de conformidad con los numerales 19 de la Ley de Amparo. Luego si la presentación de la demanda se realizó el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, resulta inconcuso que fue presentada de manera extemporánea, pues se hizo fuera del plazo que establece el artículo 17 de la citada Ley de Amparo. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada, respecto de la orden de embargo y su ejecución. No es la última resolución en el procedimiento de ejecución. Finalmente, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Las disposiciones invocadas estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". El segundo de los numerales reproducidos establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos ocurridos fuera de juicio o después de concluido; este último supuesto contiene dos reglas especiales, a saber: Tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la cual debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la resolución definitiva en que se ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados. Para efectos de este fallo, cobra relevancia la primera regla enunciada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, estableció que la finalidad de la regla de que el amparo sólo procede contra la "última resolución" dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia (o de remate), en el cual pueden impugnarse las violaciones que pudieran cometerse durante ese procedimiento que dejaren sin defensa al quejoso, tuvo por objeto evitar el entorpecimiento y retardo en el cumplimiento de las sentencias, así como el abuso del juicio de amparo, permitiendo que los fallos dictados se cumplimenten, en acatamiento al derecho fundamental de acceso a la justicia, contenido en el precepto 17 de la Constitución Federal. Así, una vez materializada la ejecución puede entonces ejercerse la acción constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2001 -aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo vigente-, publicada en la actualización 2001 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 7, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, debe tenerse presente que el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010 (criterio aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley vigente), estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, instituye, en principio, una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; asimismo, que la fracción IV (actualmente V) del mismo precepto establece que el amparo procederá contra actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Agregó, que la amplitud de la norma contenida en la citada fracción da pauta para interpretar la fracción III y no a la inversa, de modo tal que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV (actualmente V), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo que deberá apreciarse en cada caso, atendiendo a la naturaleza y efectos de los actos reclamados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/96 -aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo vigente-, determinó cuál es la "última resolución" que se dicta en el procedimiento de ejecución de sentencia (de un juicio de arrendamiento inmobiliario) en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, bajo las consideraciones que se invocan en vía de argumento de autoridad y se sintetizan a continuación: La regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la ley de la materia, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardarían, como es el caso de las que apercibe al condenado para que dé cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva, apercibido de hacerlo forzosamente, o bien, la que ante el incumplimiento ordena la ejecución material de tal apercibimiento. La etapa de ejecución de sentencia obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por ello, en el caso, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo. Sin embargo, ninguno de tales proveídos resulta ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Por tal motivo, -concluyó la Corte- la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, sólo en contra de la determinación que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, procederá el juicio de amparo indirecto. De esta manera, -agregó la Sala- no únicamente se impide la promoción de demandas de amparo contra cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo. Este criterio es aplicable por identidad de razón al caso concreto, pues el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, aunado a que lo concluido por el Máximo Tribunal del País es aplicable en exclusiva al orden civil. De las constancias remitidas por la responsable como justificación a su informe, se aprecia que el acto reclamado lo constituye el requerimiento de pago de la condena dictada en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Ahora, como se dejó asentado en líneas que anteceden, el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante acuerdos de trece de febrero y veintiséis de noviembre de dos mil veinte, emitidos en el juicio ejecutivo mercantil 213/2018 (fojas 233 y 301 el tomo de pruebas), ordenó requerir al demandado Gabriel Cuevas Lira, a efecto de que en el término de cinco días realizara el pago de la cantidad a la que fue condenado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento se procedería con la ejecución forzosa; asimismo, se ordenó girar un despacho al Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez, a efecto de que llevara a cabo la diligencia. Asimismo, mediante auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez radicó el despacho 18/2021 y ordenó diligenciarlo, comisionado al actuario a efecto de que requiriera al demandado Gabriel Cuevas Lira, a efecto de que en el término de cinco días realizara el pago de la cantidad a la que fue condenado, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento se procedería con la ejecución forzosa. De modo que, con base en lo establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, es inconcuso que dicho acuerdo no es el último dictado en el procedimiento de ejecución, ya que el acuerdo reclamado tiene por efecto continuar con el procedimiento de ejecución, comisionar al actuario judicial para que requiera el pago voluntario al demandado. En esta tesitura, si aún no existe pronunciamiento por parte de la autoridad jurisdiccional que apruebe o reconozca el cumplimiento total de dicha resolución definitiva, o bien, declare la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, menos aún, ordena el archivo definitivo del expediente, es inconcuso que, en esta etapa, el juicio de amparo es improcedente. Por tanto, es evidente que dicha determinación no constituye una resolución definitiva en el procedimiento de origen, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del precepto 107 de la ley de la materia, pues no ha concluido esa etapa procesal, circunstancia que hace improcedente el juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 76 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 542/2021-II, promovido por Gabriel Cuevas Lira, contra los actos y autoridades responsables precisados en los considerandos Segundo, por los motivos expuestos en los diversos Tercero y Quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hoy treinta y uno de enero de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores propias de este órgano jurisdiccional, asistido de Librado Antonio Gómez Morales, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Se ordena formar expedientillo Fórmese expedientillo, y vista la certificación que antecede, se advierte que en el presente juicio de amparo está pendiente el dictado de la sentencia correspondiente; por tanto, agréguese el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Uriel Flores Ochoa, apoderado Legal de la empresa EICA Empresa Integradora Campesina, Sociedad Anónima de Capital Variable; a través del cual solicita sea resuelto y notificada la resolución que conforme a derecho se dicte en el presente asunto; asimismo manifiesta que el cuatro de noviembre del año en curso era la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no existe constancia de la misma. Atento a lo anterior, dígasele que conforme lo permitan las labores del juzgado se emitirá la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Deja de surtir efectos suspensión definitiva. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a lo ordenado en la interlocutoria del catorce de julio de dos mil veintiuno, esto es, para que exhibiera ante este órgano jurisdiccional la cantidad que corresponde a $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas que establece la ley, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada al quejoso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deja de surtir efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa mediante interlocutoria de s catorce de julio de dos mil veintiuno; por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. En el entendido de que el disconforme está en aptitud de dar cumplimiento a lo exigido en el presente incidente de suspensión mientras no se ejecute el acto reclamado y no cause ejecutoria la sentencia dictada en el expediente principal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO
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