Gabriel Arturo Lopez Olvera

Expediente 686/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
686/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Arturo Lopez Olvera
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada Servicio de Aplicaciones y Distribuciones S. A. DE C. V. por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de 02 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción II, y 29 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del dos de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 686/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Morelia, Michoacán, consistente en copia autorizada de las principales constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 150/2017. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de Gabriel Arturo López Olvera, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda en los términos propuestos y se registró bajo el número 686/2020, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, se reconoció carácter de tercero interesado a Agustín Arturo Flores Mejía, en cuanto parte demandada en el juicio ejecutivo de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Luego, atendiendo a que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte se emitió la Circular CAP/3/2020, a través de la cual se informó que en sesión de la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; razón por la cual durante ese periodo -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno- se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se decretó la suspensión de plazos y términos, con las salvedades de los asuntos que calificaran como urgentes. Atento lo anterior, en auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudaron los términos y plazos suspendidos conforme a la circular CAP/3/2020 y se continuó con el trámite respectivo. Seguido el juicio por sus cauces legales, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se reconoció carácter de tercera interesada a la persona moral Servicio de Aplicaciones y Distribuciones Sociedad Anónima de Capital Variable, por tener intereses contrarios a los de la parte quejosa, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y ahora procede resolver el presente juicio de amparo de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que los actos que la parte quejosa reclama a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad de Morelia, Michoacán, consisten en: El auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 150/2017, promovido por Gabriel Arturo López Olvera contra el aquí tercero interesado Agustín Arturo Flores Mejía. En dicho auto, la responsable dijo al quejoso que no ha lugar a tenerlo interponiendo recuso de apelación contra el diverso proveído de siete de agosto de dos mil veinte, toda vez que lo hizo en forma extemporánea. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió dicha responsable, consistentes en copia autorizada de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 150/2017, relacionadas con los actos reclamados. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas; por lo que procede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, en su único concepto de violación, el quejoso argumenta: Que el auto impugnado transgrede sus derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia y debido proceso, previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 Constitucionales, porque se debió admitir el recurso de apelación que interpuso en tiempo y forma, toda vez que de acuerdo con el numeral 1075 del Código de Comercio, los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos la notificación y se contará en ellos el día de vencimiento. Que la juez responsable debió realizar la certificación del término de seis días para interponer el recurso de apelación iniciando el trece y feneciendo el veinte de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, -señala el quejoso- porque la notificación surte efectos al día siguiente de aquel en que se hizo la publicación, esto es, el doce de agosto de dos mil veinte, por lo que dicha notificación se tiene por hecha el día siguiente de su publicación, es decir el trece de agosto del propio año, por lo que dicho recurso se interpuso oportunamente dentro del plazo legal establecido por el Código de Comercio y la responsable se encontraba constreñida a admitirlo. Enseguida, esquematiza sus argumentos con una tabla en la que señala fecha del auto apelado, fecha de su publicación, cuándo surte efectos, cuándo se tiene por hecha la notificación, y cuándo interpuso el recurso. Los anteriores motivos de inconformidad devienen infundados. Para explicar lo anterior, conviene traer a contexto el contenido del artículo 1075 del Código de Comercio, en cual, en lo conducente, dispone: "Artículo 1075. Todos los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. [.]" De la porción del precepto transcrito se obtienen las siguientes premisas: Que en los juicios mercantiles los términos judiciales empiezan a correr al día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos. Asimismo, que las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado; y, Que las demás notificaciones surten efectos al día siguiente de aquel en que se hubieren hecho por boletín, gaceta o periódico oficial, o fijado en los estrados de los tribunales. Establecido lo anterior, la juez responsable en el auto impugnado dictado en el juicio ejecutivo mercantil 150/2017, determinó lo siguiente: "CERTIFICACIÓN. La suscrita secretaria de acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, para dar cuenta CERTIFICA: Que el término de 6 seis días legalmente establecido para que las partes interpusieran recurso de apelación en contra del auto de fecha 7 siete de agosto del presente año, empezó a contar el día 12 doce y feneció el día 19 diecinueve ambos de los corrientes, descontándose 1 un sábado y 1 un domingo por ser inhábiles.- Doy fe.- Morelia, Michoacán, 26 veintiséis de agosto del 2020 dos mil veinte. Morelia, Michoacán, 26 veintiséis de agosto del 2020 dos mil veinte. Dígase al licenciado VALENTE ALVAREZ REYES endosatario en procuración de GABRIEL ARTURO LÓPEZ OLVERA, que no ha lugar a tenerlo interponiendo recurso de apelación en contra del proveído de fecha 7 siete de agosto del presente año, toda vez que lo hace en forma extemporánea, ello debido a que de la certificación que obra al inicio del presente proveído se advierte que el término legamente concedido para que las partes se inconformaran con dicho auto feneció el 19 diecinueve de agosto de la presente anualidad. [.]" Al efecto, es incorrecto lo que aduce el quejoso en el sentido de que la notificación del acuerdo impugnado surtió efectos el doce de agosto de dos mil veinte, y que por ello se tiene por hecha al día siguiente, es decir el trece de agosto del propio año. Es así, porque conforme a lo dispuesto en el precepto legal 1075 del Código de Comercio, -transcrito en párrafos precedentes- lo correcto es como se estableció en la certificación secretarial que obra en el auto impugnado, debido a que el auto combatido se dictó el viernes siete de agosto de dos mil veinte, por lo que su publicación se realizó el lunes diez de agosto siguiente, de modo que surtió sus efectos el once del mismo mes y por ende, el plazo para promover el recurso de apelación inició a partir del doce del mes y año en mención y feneció el diecinueve siguiente. De ahí que resulte desatinado el cómputo que realiza el quejoso en su demanda conforme a la tabla que hace y que se trae a glosa para mayor ilustración: Ello porque como se observa de la anterior imagen, el quejoso indica como fecha de emisión del auto apelado el diez de agosto de dos mil veinte y su publicación el once siguiente, lo que es equivocado toda vez que la fecha de dictado del proveído en mención lo fue el siete de ese mes y año, se publicó el diez siguiente y por tanto surtió efectos el once posterior; de ahí que como acertadamente lo indicó la juez responsable, el plazo de seis días del que disponían las partes para impugnar el auto de siete de agosto de dos mil veinte, inició el doce y feneció el diecinueve de agosto de dos mil veinte. De modo que, si el quejoso presentó su escrito de apelación ante la Oficialía de Partes Automatizada de Término, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el veinte de agosto de dos mil veinte, es incuestionable que dicha petición fue presentada fuera del plazo con que contaba para inconformarse con el auto de siete de agosto de dos mil veinte, es decir, en forma extemporánea. En esas condiciones, ante lo infundado del único concepto de violación hecho valer, y no advertirse deficiencia que este resolutor deba suplir de oficio, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriel Arturo López Olvera, por conducto de su apoderado jurídico Valente Alvarez Reyes, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte tercera interesada Servicio de Aplicaciones y Distribuciones S. A. DE C. V. por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, los acuerdos y/o resoluciones de 19 y 27 de abril de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b), de la Ley de Amparo.

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