Gabino Solis Sánchez
Expediente 1128/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Director General de Asuntos Jurídicos SCT México D. F., en la Ciudad de México
- Gabino Solis Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1128/2018, promovido por Gabino Solís Sánchez, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 2-5), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Morelia, Michoacán, Gabino Solís Sánchez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de otra autoridad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 28-31), este juzgador, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; reservó proveer respecto a quién le resultaba el carácter de tercero interesado; y, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En auto de seis de febrero de dos mil diecinueve (foja 38), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Dirección General del Centro SCT Michoacán, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con residencia en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo se resolvería únicamente respecto de las autoridades y actos precisados en el escrito inicial de demanda. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve (foja 46) y toda vez que el quejoso no dio cumplimiento al requerimiento referido en el párrafo anterior, se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó resolver el presente juicio en los términos planteados en el escrito de demanda. Seguido el juicio por sus demás trámites, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso son: Del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [denominación correcta], con sede en la Ciudad de México, la resolución contenida en el "aviso de suspensión de obras que afecta el derecho de vía o de retiro de invasión del mismo", consistente en la orden de retirar el tejado de lámina que está dentro de su negocio denominado "Tacos Moy", en el lote de su propiedad ubicado en calle Cherán 32-A, fraccionamiento La Mangana, código postal 61511 de Zitácuaro, Michoacán. Del Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, con residencia en Zitácuaro del Centro CCT, Michoacán, Dirección General, el cumplimiento y ejecución de dicha orden. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al rendir su informe justificado (foja 29), el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, negó la existencia del acto reclamado. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Aunado a ello, del "aviso de suspensión de obras que afectan al derecho de vía o de retiro de invasión del mismo" reclamado, se advierte que fue emitido por el Jefe de la Unidad del Centro S.C.T. Michoacán. Y si bien, en la parte inferior de dicho aviso se advierte "C.C.P. C. Director General de Asuntos Jurídicos.- SCT. México, D.F.", ello de manera alguna implica que la referida autoridad hubiere tenido intervención en el acto, pues las siglas "C.C.P." significan "con copia para"; lo que implica sólo se ordenó remitirle copia de tal documento para hacerlo de su conocimiento. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Jefe de Unidad del Centro S.C.T., Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 20). Certeza que se corrobora con las documentales que ofreció el quejoso y con las que acompañó la citada responsable, consistentes en el oficio SCT.6.15.415.13-0111/19 suscrito por el Residente General de Conservación de Carreteras de la Subdirección de Obras, aviso de suspensión de obras de doce de diciembre de dos mil dieciocho, placa fotográfica y croquis de localización. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso señaló como acto reclamado el "aviso de suspensión de obras que afectan al derecho de vía o de retiro de invasión del mismo", de doce de diciembre de dos mil dieciocho- Al respecto adujo que es propietario del negocio de venta de barbacoa denominado "Tacos Moy", ubicado en Cherán 32-A, fraccionamiento La Mangana, código postal 61511, en Zitácuaro, Michoacán; que se encuentra registrado en el registro federal de contribuyentes como persona física con actividad preponderante de alimentos preparados [SOSG820266Q1]. Que su domicilio no es el precisado en el acgto reclamado [KM.1+471 L/izq. Zitácuaro- Cd. Altamirano, Tramo Zitácuaro-El limón] sino el diverso ubicado en calle Cherán 32-A, fraccionamiento La Mangana, código postal 61511, en Zitácuaro, Michoacán, el cual no pertenece a la jurisdicción federal sino municipal, que de manera dolosa lo quieren despojar de su tejado que sirve para su actividad comercial y que está dentro de su propiedad, la cual tiene en posesión desde hace más de veinte años (desde mil novecientos noventa y ocho); y se encuentra amparada en la escritura pública veinte mil setecientos siete, tomo 00000805, registro 00000022, ante el Notario Público número cincuenta y siete. También refirió el quejoso que el doce de diciembre de dos mil dieciocho, le fue notificado el aviso de suspensión de una supuesta ejecución de obra de su tejado de lámina ubicado dentro de su propiedad, notificación que fue de manera informal ya que no contiene número de oficio o de expediente de autoridad competente, por lo que es un acto ilegal y violatorio de sus "garantías individuales". Asimismo, el impetrante del juicio de amparo señaló que el aviso de suspensión es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales porque fue emitido por funcionario federal que carece de atribuciones para ello, ya que por la ubicación de su domicilio el único facultado para regular dichos establecimientos es el H. Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán; así como el 5° constitucional porque con el acto reclamado se le impide realizar sus actividades comerciales. Motivos de inconformidad que devienen infundados. Ello porque el quejoso hace depender la inconstitucionalidad del acto reclamado, en el hecho de que el tejado materia del aviso de suspensión no está dentro de los límites comprendidos en el derecho de vía propiedad de la Nación, sino en una diversa ubicación en donde ejerce competencia territorial el ayuntamiento de Zitácuaro y no la responsable; por lo que fue emitido por una autoridad que no contaba con competencia territorial; sin embargo, no acreditó tal circunstancia. En efecto, el quejoso adjuntó las documentales siguientes: 1. Original de "aviso suspensión de obras que afectan al derecho de vía o de retiro de invasión del mismo", de doce de diciembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe de la Unidad del Centro S.C.T. Michoacán (foja 6). 2. Copia cotejada de credencial para votar a nombre de Gabino Sánchez Solís expedida por el Instituto Nacional Electoral (foja 7). 3. Constancia de situación fiscal, emitida por el Servicio de Administración Tributaria, en Zitácuaro, Michoacán, el veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 8-10). 4. Copia simple de una sola página de la escritura pública veinte mil setecientos siete y del registro de la inscripción de inmueble (fojas 11 y 12). Con la documental identificada por este juzgador como "1", sólo acredita la existencia del acto reclamado, con la "2" y "3", que le fue expedida credencial de elector, que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes [como persona física] y que tiene como actividad económica "Comercio al por menor de otros alimentos preparados para su consumo" bajo el régimen de incorporación fiscal. Y la "4" es una copia simple, la cual en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al carecer de certificación, sólo puede ser considerada como indicio, de ahí que no sean susceptibles de producir convicción sobre la veracidad de su contenido por la facilidad con que pueden confeccionarse. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 66, volumen 193-198, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, registro 232210, que a continuación se transcribe: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al rudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este Tribunal en Pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Esto es, con las referidas documentales no logra acreditar que la obra que fue materia del aviso de suspensión reclamado se haya realizado en el domicilio ubicado en "Calle Cherán 32-A, fraccionamiento La Mangana, 61511 en Zitácuaro, Michoacán", que el quejoso aduce es de su propiedad, pues al respecto lo que se advierte en que dicha obra se llevó a cabo en el diverso inmueble señalado por la responsable, que lo es el localizado en el KM.1+471 L/izq. Zitácuaro- Cd. Altamirano, Tramo Zitácuaro-El limón. De ahí que, el acto reclamado no pueda considerarse ilegal por la razón señalada por el quejoso, esto es, que fue emitido por autoridad federal que carecía de competencia territorial para emitirlo. En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabino Solís Sánchez, respecto del acto y autoridad que precisadas quedaron en el considerando segundo de esta ejecutoria y por los motivos precisados en el diverso quinto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Encargado de la Dirección General del Centro SCT Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en autos, informa que los documentos que allegó previamente al presente juicio de amparo, son las únicas actuaciones que se llevaron a cabo y que dieron origen al acto reclamado. En tal virtud, se tiene a la citada autoridad cumpliendo con lo solicitado por este juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, del estado de autos se advierte que en proveído de once de abril del año en curso se solicitó al encargado de la Dirección General del centro SCT Michoacán, de la secretaría de comunicaciones y transportes, con residencia en esta ciudad, la totalidad de constancias de las que aprecie el motivo de la emisión del acto reclamado, sin que a la fecha obren en autos tales constancias. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan once horas con veinte minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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