Gabriel Arturo López Olvera
Expediente 893/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Arturo López Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión y dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en dos tomos de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 893/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la parte quejosa y por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda como amparo directo. Por escrito presentado en línea el veintinueve de octubre de dos mil veinte, Gabriel Arturo López Olvera, por conducto de su apoderado jurídico Valente Álvarez Reyes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°,14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Remisión de la demanda a este juzgado por conocimiento previo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Tercer de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que en auto de treinta de octubre de dos mil veinte, la registró como 701/20201; y, ordenó remitirla junto con sus anexos a este juzgado, bajo el argumento de que se había tenido conocimiento del diverso juicio de amparo 508/2020, en el cual se reclamaron actos derivados del juicio mercantil 216/2015, del que también surgieron los que señaló el quejoso en dicho escrito. Tercero. Acepta returno y admite. En proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte este juzgado de distrito aceptó el returno planteado, admitió la demanda y la registró como 893/2020; se ordenó requerir el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a la moral Servicios, Aplicaciones y Distribuciones Sociedad Anónima de Capital y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia es: La resolución dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio ejecutivo mercantil 216/2015, en la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el acreedor diverso Gabriel Arturo López Olvera, en contra del auto de dieciocho de marzo del citado año. En el referido proveído el juez determinó, entre otras cuestiones, que no había lugar a sacar a remate el inmueble embargado en autos como lo solicitó la parte actora del juicio de origen porque ya había sido rematado y adjudicado en otro procedimiento; pero dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la forma y términos estimara convenientes a sus intereses, a fin de hacer válido el gravamen preferente que pesa a su favor sobre dicho inmueble. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 216/2015 así como del cuadernillo 22/2020, formado con motivo del juicio de amparo 508/2020 [dos tomos]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguno ni este juzgador advierte de manera oficiosa la actualización de alguna de ellas; por lo que procede estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados e inoperantes. Son infundados, porque contrario a lo que manifestó en dichos motivos de inconformidad, del considerando segundo de la resolución de tres de marzo de dos mil veinte [relativa al recurso de revocación interpuesto por Gabriel Arturo López Olvera en contra del auto de veintidós de enero de dos mil veinte], se constata que el juez responsable determinó: "[.] Por lo anterior, se torna infundada la petición de Gabriel Arturo López Olvera, en cuanto a que se proceda a la cancelación del gravamen que pesa, anterior a la adjudicación, efectuada en su favor, porque si bien de las constancias aportadas por él, del amparo en revisión civil número 325/2018, en donde se consideró correcta la determinación de hacer saber el estado de ejecución del diverso juicio a quien aparece con gravamen preferente en el Registro Público de la Propiedad; ello en modo alguno se traduce en la pérdida del derecho real sobre la propiedad que le confiere el gravamen preferente a la moral "Servicios, aplicaciones y distribuciones", Sociedad Anónima de Capital Variable, quien tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la forma y términos que estime conveniente a sus intereses, respecto del gravamen preferencial que pesa sobre el inmueble" [Lo resaltado es de este juzgado, reverso de la foja 586 y 587 del tomo I de pruebas]. Esto es, desde aquella resolución dejaron a salvo los derechos de la parte actora respecto del gravamen preferencial que pesa sobre el inmueble materia de la controversia. Resolución contra la cual promovió el juicio de amparo 508/2020, del índice de este juzgado [el cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles], resuelto el veintidós de octubre de dos mil veinte y respecto del cual aún se encuentra pendiente por resolver la revisión 129/2020 por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito. Aunado a lo anterior, al margen de que el auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte sea o no consecuencia directa de la resolución de tres del mismo mes y año; y como lo legalmente lo señaló el juez responsable, en respeto a la "garantía de firmeza del procedimiento" no podía analizar de nueva cuenta la determinación de haber dejado a salvo los derechos de la actora relación al gravamen a su favor. Por tanto, contrario a lo que señala el quejoso, la responsable no estaba obligada a analizar si era legal o no haber dejado a salvo los derechos de la actora para hacer válido su gravamen preferente y por ende no lo dejó en estado de indefensión ni violó en su perjuicio el derecho de acceso a la impartición de justicia. Además, son inoperantes sus motivos de inconformidad, porque el quejoso no vertió razonamiento alguno respecto al argumento del juez responsable consistente en que no podía analizar de nueva cuenta la determinación de haber dejado a salvo los derechos de la actora relación al gravamen a su favor en respeto a la "garantía de firmeza del procedimiento". En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por los quejosos. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriel Arturo López Olvera, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el diverso considerando quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por el tercero interesado Rogelio Arcila Cisneros, por medio del cual señalada domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que no les fueron conferidas expresamente. Por lo tanto, se comisiona al actuario tome nota del domicilio señalado para realizar las subsecuentes notificaciones. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por Rogelio Arcila Cisneros, quien se ostenta apoderado jurídico de la parte quejosa "Servicios, Aplicaciones y Distribuciones, Sociedad Anónima de Capital Variable", en el presente juicio, sin embargo, de autos se advierte que el de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de tercera interesada; ahora bien, en razón a su escrito, solicita le sea reconocido carácter en el presente juicio, señala domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y designa autorizados para tal efecto. Atento lo anterior, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, se le reconoce dicho carácter y se le tiene por apersonado en autos, ya que acredita su personalidad con la copia cotejada del instrumento público que adjuntó a su escrito de cuenta. Por lo tanto, se comisiona al actuario tome nota del domicilio señalado para realizar las subsecuentes notificaciones. Asimismo, solicita la devolución del documento con que acredita su personalidad, lo cual se autoriza con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previo cotejo, así como copia certificada que del mismo se dejen en autos y acta de entrega que para el efecto se levante. Para ello, dígasele que para la entrega del referido documento deberá realizarlo de acuerdo al esquema de citas, lo cual está definido en el Capítulo II, Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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