Gabriel Angel Pimentel Velásquez
Expediente 9/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabriel Angel Pimentel Velásquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías el catorce de febrero de dos mil diecisiete, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; Se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión, en donde se declaró sin materia dicho incidente, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese y cúmplase. IB
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, y advirtiéndose que en el juicio de amparo 9/2017, del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo de catorce de febrero del año en curso, se sobreseyó el mismo fuera de audiencia, al haber operado un cambio de situación jurídica; en consecuencia, se dejan sin efectos todas las providencias decretadas en este incidente de suspensión, quedando sin materia el mismo; razón por la cual, no es posible llevar a cabo la audiencia incidental señalada para las once horas con cuarenta minutos del veinte de febrero del año en curso, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre de cuenta, devuelto por el Jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que contiene el oficio I-0088, dirigido al Procurador General del Estado, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, en el que se observa en la parte posterior del mismo, la leyenda: "No existe autoridad que cita en Sta. Ma. Coyotepec"; sin que recaiga mayor acuerdo, toda vez que en el párrafo que antecede se declaró sin materia el presente incidente. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio DRS/GPEO/APSC/096/2017, signado por la Jefa de Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, toda vez que en el párrafo que antecede se acordó lo procedente en relación al oficio que cita. Notifíquese, personalmente al quejoso. IB
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, y advirtiéndose que en el juicio de amparo 9/2017, del que deriva este incidente de suspensión, por acuerdo de catorce de febrero del año en curso, se sobreseyó el mismo fuera de audiencia, al haber operado un cambio de situación jurídica; en consecuencia, se dejan sin efectos todas las providencias decretadas en este incidente de suspensión, quedando sin materia el mismo; razón por la cual, no es posible llevar a cabo la audiencia incidental señalada para las once horas con cuarenta minutos del veinte de febrero del año en curso, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el sobre de cuenta, devuelto por el Jefe de Administración del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, que contiene el oficio I-0088, dirigido al Procurador General del Estado, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, en el que se observa en la parte posterior del mismo, la leyenda: "No existe autoridad que cita en Sta. Ma. Coyotepec"; sin que recaiga mayor acuerdo, toda vez que en el párrafo que antecede se declaró sin materia el presente incidente. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio DRS/GPEO/APSC/096/2017, signado por la Jefa de Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, toda vez que en el párrafo que antecede se acordó lo procedente en relación al oficio que cita. Notifíquese, personalmente al quejoso. IB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca; catorce de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, firmado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, por el que informa que el treinta de enero de dos mil diecisiete, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso GABRIEL ÁNGEL PIMENTEL VELÁSQUEZ y otro, y adjunta copias certificadas de dicho auto de término constitucional, pronunciado en la causa penal 4/2016, de su índice; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. En razón de lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este Juzgador, de manera oficiosa advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos legales: En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso GABRIEL ÁNGEL PIMENTEL VELÁSQUEZ, promovió juicio de amparo contra actos de la autoridad responsable antes mencionada, y otras, consistentes en la orden de aprehensión y su ejecución, actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, manifestó que el treinta de enero de dos mil diecisiete, dictó auto de formal prisión en contra del referido quejoso GABRIEL ÁNGEL PIMENTEL VELÁSQUEZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCUMENTO, previsto en el artículo 227, fracción I y VII, en relación con el 228 y sancionado por el 226, así como 229, fracción VI, en relación con el 8o. fracción I y 10, fracción I y sancionado 226, todos del Código Penal para el Estado de Oaxaca, respectivamente. Precisado lo anterior es de establecerse que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo..." Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ante ello, se advierte que se actualiza, de modo manifiesto e indudable, una causa de improcedencia que impone sobreseer, fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto como ya se adelantó, quien esto resuelve estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:- - - XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, es evidente que si el acto reclamado en esta vía constitucional lo constituyó la orden de aprehensión y ahora se advierte de las constancias que remitió el juez responsable recibidas en párrafos precedentes, en el proceso penal génesis del acto reclamado 4/2016, que el treinta de enero del año en curso se resolvió la situación jurídica de la parte quejosa, decretándole auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCUMENTO, ésta ha sido sustituida por el auto de formal prisión por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del peticionario de amparo, sin que pueda justipreciarse la orden de aprehensión reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica del implicado. Medio de prueba que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los numerales 129, 130 y 1166, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°. En apoyo se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo expuesto actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo antes aludida, toda vez que ha cambiado la situación jurídica en el proceso penal de origen, lo que motiva que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad de los actos procesales reclamados, sin alterar la situación jurídica actual, por lo que, se deben estimar consumadas de modo irreparable las violaciones que pudieran afectar a los actos reclamados. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 169410, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.- Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En tales condiciones, al actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con veinticinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Por último, es conveniente mencionar que la totalidad de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este fallo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese personalmente. IB
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