Gabina Landeta Velázquez

Expediente 282/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
282/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Gabina Landeta Velázquez
  • Gabina Landeta Velázquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por GABINA LANDETA VELÁZQUEZ, CÁNDIDO TOLEDO GARCÍA, JUAN ALEXIS TOLEDO MARTÍNEZ, JACINTA LÓPEZ LÓPEZ, TOLEDO LÓPEZ Y/O VICTORIA TOLEDO LÓPEZ, BEATRIZ TOLEDO LÓPEZ, NANCY VICTORIA OROZCO TOLEDO, ETELMIRA TOLEDO LÓPEZ, PEDRO ADRIÁN LÓPEZ MORGAN y LIZEIDA ORDAZ CARRASCO, quienes promovieron por propio derecho; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el escrito del licenciado Gelacio Morga Cruz, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, no ha lugar a tener al aludido promovente cumpliendo en su totalidad con el requerimiento formulado en auto de veintiséis de junio del año en curso. Lo anterior, dado que si bien es cierto señala concretamente los actos que se le atribuyen al Secretario de Energía, Titular de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente Municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca, también lo es que, en el auto de veintitrés de junio de esta anualidad, también se requirió a los directos quejosos, para que bajo protesta de decir verdad, indicaran la fecha exacta en que tuvieron conocimiento de la existencia de los permisos a que hacen alusión en su demanda de amparo, otorgados a favor de la empresas señaladas como terceras interesadas; por lo que, no obstante dicho promovente es autorizado de la parte quejosa, con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, y su manifestación la realiza bajo protesta de decir verdad, sin embargo, al ser dicha protesta un acto de carácter personalísimo, solo pueden realizarla los directos quejosos, no así la persona que signa el escrito de cuenta. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J 50/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, visible a página 210, Décima Época, con número de registro 2007285, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por consiguiente, subsiste el requerimiento y apercibimiento contenido en el proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Se precisa, que el término para cumplir con el requerimiento se reanudará a partir de que surta efectos la notificación legal de este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número III.2o.A.38K, visible en la página 1323, del Tomo XXI, correspondiente al mes de Abril de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA RELATIVA SE INTERRUMPLE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA". Finalmente, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir toda clase de acuerdos y notificaciones personales, el que se indica en el escrito de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. I-A-P

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Gabina Landeta Velázquez, Cándido Toledo García, Juan Alexis Toledo Martínez, Jacinta López López, Toledo López y/o Victoria Toledo López, Beatriz Toledo López, Nancy Victoria Orozco Toledo, Etelmira Toledo López, Pedro Adrián López Morgan y Lizeida Ordaz Carrasco, por propio derecho, contra actos del Secretario de Energía del Poder Ejecutivo Federal, Secretario de Economía del Poder Ejecutivo Federal, Titular de la Comisión Reguladora de Energía del Poder Ejecutivo Federal, Secretario de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, residentes en Ciudad de México; Presidente de la Comisión Permanente de Fomento de la Energía Renovable del Congreso del Estado de Oaxaca, con residencia en San Raymundo Jalpan, Oaxaca; y Presidente Municipal de Unión Hidalgo, con sede en Juchitán, Oaxaca, que hacen consistir literalmente en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.1.- Del Secretario de Energía del Poder Ejecutivo Federal, reclamamos lo siguiente: a) La omisión de establecer en la política energética del País, mecanismos de consulta libre, previa e informada, hacia los pueblos y comunidades indígenas así como a sus integrantes, en el caso de que puedan verse afectados o beneficiados en la implementación de dicha política, toda vez que en el caso específico no se nos ha consultado y mucho menos informado sobre la inminente construcción de nuevos aerogeneradores en las tierras y territorio que constituyen nuestro hábitat natural y espiritual. Lo anterior, toda vez que, a la fecha, además de los tres títulos de permiso que se han otorgado a favor de empresas inversionistas, para el aprovechamiento del viento y que actualmente operan en nuestro territorio (de los cuáles nunca fuimos consultados), hemos constatado la presencia de personal técnico recorriendo sin autorización alguna, en nuestro territorio con la finalidad de hacer diversos estudios que serán el sustento para la construcción de nuevos aerogeneradores. b) La omisión de verificar que la participación de los particulares en las actividades del sector energético, se realice en los términos de la legislación y de las disposiciones aplicables. Toda vez que resulta inminente la construcción de nuevos aerogeneradores en el territorio correspondiente a Unión Hidalgo, hábitat natural de los suscritos indígenas del pueblo zapoteco, sin que se hasta el momento se haya implementado una consulta libre, previa, informada y de buena fe, respecto de dichas construcciones que modificarán de manera definitiva el uso de la tierra y alterarán el entorno natural, tal y como lo establece los artículos 6 párrafo 1 inciso a) y Párrafo 2; y 15 del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Por tal motivo el actuar de los particulares que actualmente participan en las actividades del sector energético y que pretenden construir aerogeneradores en el territorio de los indígenas zapotecos de Unión Hidalgo, en el que los suscritos habitamos, no se ha ajustado a la legislación aplicable. c) El otorgamiento o en su caso la autorización para el otorgamiento de nuevos títulos de permisos a empresas inversionistas de carácter privado, para producir energía eólica en nuestro territorio, sin haber considerado previamente la realización de una consulta libre, previa, informada y de buena fe con los suscritos, incluyendo la totalidad de los indígenas zapotecos del Municipio de Unión Hidalgo, Juchitán, Oaxaca. 1.2. Del Secretario de Economía del Poder Ejecutivo Federal, reclamamos la omisión de incluir en las políticas generales de la industria, la obligación de implementar la consulta libre, previa, informada y de buena fe, previo a la implementación de aquellos proyectos de inversión de la industria que se establezcan en las tierras y territorios de los pueblos y comunidades indígenas. 1.3.- Del Titular de la Comisión Reguladora de Energía del Poder Ejecutivo Federal, en su calidad de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, reclamamos el otorgamiento de los permisos y autorizaciones a las empresas de carácter privada nacionales e internacionales, para implementar y ejecutar proyectos de producción de energía eólica, mediante el aprovechamiento del viento, en las tierras y territorio del pueblo indígena zapoteco asentado en el Municipio de Unión Hidalgo, en donde los suscritos habitamos, sin antes consultarnos, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 párrafo 1 inciso a) y Párrafo 2; y 15 del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 1.4.- Del Secretario de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal, reclamamos la omisión de vigilar que el Secretario de Energía; el Secretario de Economía y el Titular de la Comisión Reguladora de Energía, en su calidad de Órgano Regulador Coordinado en Materia de Energética; todos del Poder Ejecutivo Federal, hayan cumplido con la obligación de garantizar el derecho de consulta libre, previa, informada y de buena fe, que tenemos los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, cuando se pretendan implementar planes, proyectos o acciones en las tierras y territorios de dichos pueblos; particularmente las correspondientes al pueblo indígena zapoteco asentado en el Municipio de Unión Hidalgo. 1.5.- Del Presidente de la Comisión Permanente de Fomento de la Energía Renovable, del H. Congreso del Estado de Oaxaca, reclamamos lo siguiente: a) La omisión de realizar estudios sobre los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales que trae consigo la implementación de proyectos de producción de energía eólica en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, como el zapoteco asentado en el Municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca, en el que los suscritos habitamos. b) La omisión de opinar públicamente e impulsar acciones legislativas o puntos de acuerdo, sobre la implementación de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en el que se encuentra asentado el Municipio de Unión Hidalgo, que no consideran previamente la realización de una consulta libre, previa, informada y de buena fe, a la que los indígenas tenemos derecho. 1.6.- Del Presidente Municipal de Unión Hidalgo, Juchitán, Oaxaca, reclamamos lo siguiente: a) El otorgamiento de los permisos de inicio de operaciones a las empresas inversionistas que aprovechan la fuerza del viento para producción de energía eléctrica, que actualmente están operando en el territorio Municipal de Unión Hidalgo Oaxaca, sin antes verificar que las instancias competentes del sector energético hayan garantizado el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe de los indígenas zapotecos de dicho Municipio. b) El otorgamiento de los permisos de inicio de operaciones a empresas inversionistas que tienen la intención de construir generadores de energía eléctrica aprovechando la fuerza del viento en el territorio Municipal de Unión Hidalgo Oaxaca, sin antes verificar que las instancias competentes del sector energético garanticen el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe de los indígenas zapotecos de dicho Municipio. c) El pretendido otorgamiento de permisos de inicio de operaciones a empresas inversionistas que tienen la intención de construir generadores de energía eléctrica aprovechando la fuerza del viento en el territorio Municipal de Unión Hidalgo Oaxaca, sin antes verificar que las instancias competentes del sector energético garanticen el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe de los indígenas zapotecos de dicho Municipio". (sic) Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 282/2017. Ahora bien, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término legal de cinco días hábiles siguientes a la legal notificación de este proveído, por escrito y con diez copias del mismo, que formará parte integrante de la demanda de amparo, aclaren los actos reclamados que le atribuyen al Secretario de Energía, en el inciso c) del apartado correspondiente; al Titular de la Comisión Reguladora de Energía; y, al Presidente Municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca, que se hacen consistir literalmente en: Del Secretario de Energía: "c) El otorgamiento o en su caso la autorización para el otorgamiento de nuevos títulos de permisos a empresas inversionistas de carácter privado, para producir energía eólica en nuestro territorio, sin haber considerado previamente la realización de una consulta libre, previa, informada y de buena fe con los suscritos, incluyendo la totalidad de los indígenas zapotecos del Municipio de Unión Hidalgo, Juchitán, Oaxaca". Del Titular de la Comisión Reguladora de Energía: "Reclamamos el otorgamiento de los permisos y autorizaciones a las empresas de carácter privada nacionales e internacionales, para implementar y ejecutora proyectos de producción de energía eólica, mediante el aprovechamiento del viento, en las tierras y territorio del pueblo indígena zapoteco asentado en el Municipio de Unión Hidalgo, en donde los suscritos habitamos, sin antes consultarnos, en términos de lo dispuesto por los artículos 6 párrafo 1 inciso a) y Párrafo 2; y 15 del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo para los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes". Del Presidente Municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca: "a) El otorgamiento de los permisos de inicio de operaciones a las empresas inversionistas que aprovechan la fuerza del viento para producción de energía eléctrica, que actualmente están operando en el territorio Municipal de Unión Hidalgo Oaxaca, sin antes verificar que las instancias competentes del sector energético hayan garantizado el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe de los indígenas zapotecos de dicho Municipio. b) El otorgamiento de los permisos de inicio de operaciones a empresas inversionistas que tienen la intención de construir generadores de energía eléctrica aprovechando la fuerza del viento en el territorio Municipal de Unión Hidalgo Oaxaca, sin antes verificar que las instancias competentes del sector energético garanticen el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe de los indígenas zapotecos de dicho Municipio. c) El pretendido otorgamiento de permisos de inicio de operaciones a empresas inversionistas que tienen la intención de construir generadores de energía eléctrica aprovechando la fuerza del viento en el territorio Municipal competentes del sector energético garanticen el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe de los indígenas zapotecos de dicho Municipio". Lo anterior, en virtud de que de manera genérica le atribuyen a dichas autoridades el otorgamiento de los permisos y autorizaciones a empresas privadas nacionales e internacionales (sin precisar específicamente la denominación de las mismas), para producir energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, así como para implementar y ejecutar proyectos de producción de energía eólica mediante el aprovechamiento del viento, sin antes haber garantizado sus derechos a la consulta libre, previa, informada y de buena fe. Sin embargo, en el capítulo correspondiente a los antecedentes de los actos reclamados, los quejosos, bajo protesta de decir verdad, refieren: "".En ese sentido, bajo la modalidad de Autoabastecimiento, la empresa denominada: Fuerza y Energía Bii Hioxo, S.A. de C.V., representada por el C. Francisco Campos Tafolla, obtuvo el título de permiso número E/806/AUT/2008, para la producción de energía eólica en las tierras territorio de nuestro pueblo indígena zapoteco asentado en el municipio de Unión Hidalgo. La meta principal de esta empresa es instalar 117 aerogeneradores. También, bajo la modalidad de Autoabastecimiento, la empresa denominada: Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V., representada por los CC. Fernando Ballester Surroca y Marcelo Páramo Fernández, obtuvo el título de permiso número E/823/AUT/2009, para la producción de energía eólica en las tierras y territorio de nuestro pueblo indígena zapoteco asentado en el municipio de Unión Hidalgo. Por su parte, bajo la modalidad de Autoabastecimiento, la empresa denominada: Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, S.A.P.I de C.V., representada por el C. Fernando Ballester Surroca, obtuvo el título de permiso número E/993/AUT/2012, para la producción de energía eólica en las tierras y territorio de nuestro pueblo indígena zapoteco asentado en el municipio de Unión Hidalgo.". De lo anteriormente expuesto, se advierte que los quejosos reclaman la expedición de los títulos de permisos números E/806/AUT/2008, E/823/AUT/2009 y E/993/AUT/2012, expedidos a favor de las empresas "Fuerza y Energía Bii Hioxo, S.A. de C.V"., "Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V.", y "Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2, S.A.P.I de C.V"., respectivamente. Por lo que deberán manifestar dentro del término legal otorgado, como ya se indicó, concretamente los actos que le atribuyen al Secretario de Energía, Titular de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente Municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca. Así también, bajo protesta de decir verdad, deberán indicar la fecha exacta en que tuvieron conocimiento de la existencia de los permisos a que hacen alusión en su demanda de amparo, otorgados a favor de las empresas señaladas como terceras interesadas. Con apercibimiento que de no desahogar las prevenciones dentro del plazo legal que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. En términos de lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Gabina Landeta Velázquez. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gelacio Morga Cruz, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Como lo solicita expresamente la parte quejosa, téngase únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Romel Giovanny Matus Matus y Rosalino García Fermín. Toda vez que el domicilio que la parte quejosa señala para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágasele por lista de acuerdos. Notifíquese por lista a la parte quejosa. I-B

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