Gabriel Contreras Hernández
Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabriel Contreras Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa Gabriel Contreras Hernández, interpusiera recurso de revisión contra del acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veinte, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso A, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Número de expediente: 233/2021 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la 2. Auxiliar, por sí, y como encargada de la Presidencia por Ministerio de Ley de la 1. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, con el que remite copia certificada del laudo emitido el diez de junio del año en curso, en el expediente laboral 63/2019 de su índice, así como las actuaciones relativas a la notificación de las partes del mismo. En consecuencia, se tiene a las responsables desahogando el requerimiento formulado mediante misiva 13718/2021 de nueve de junio de esta anualidad, y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora, al haber emitido la responsable la resolución respecto de la cual la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de forma notoria, manifiesta e indudable, misma que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que no son las sentencias dictadas en dicha audiencia. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que del análisis íntegro de la demanda revela que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo reclamando: "IV.- ACTO RECLAMADO: "La abstención de la Autoridad señalada como responsable, de emitir el proyecto de resolución en forma de laudo, a pesar de que desde a fines del año 2019, se declaró cerrada la instrucción y se turnó el expediente laboral a dicha responsable para la elaboración del mencionado proyecto, lo que viola el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, que le impone la obligación de formular por escrito a resolución mencionada en los diez días siguientes a la fecha de cerrada la instrucción correspondiente y de donde deviene el acto reclamado, lo que viola mis Garantías Constitucionales." Lo que se traduce en la omisión de emitir en sus términos el proyecto de resolución en forma de laudo. Ahora bien, de las constancias remitidas por las responsables, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso y preferente en términos de los artículos 61 y 62, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553 del tomo VI, segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que del análisis íntegro de la demanda revela que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo señalando esencialmente: la abstención de emitir el proyecto de resolución en forma de laudo, a pesar de que desde a fines del año dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se turnó el expediente laboral a dicha responsable para la elaboración del mencionado proyecto. La porción normativa transcrita prevé como causa de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de dichos actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la aludida legislación, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de aquéllos, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado en un fallo protector es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el particular, como se dijo, el acto reclamado consiste esencialmente en la abstención de emitir el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto, el reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. a) Las propias autoridades responsables, conforme a lo que deriva del informe que rindieron 2. Auxiliar, por sí, y como encargada de la Presidencia por Ministerio de Ley de la 1. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, emitieron la resolución que reclamaba la parte quejosa dentro del expediente laboral 63/2019 (registro 6686). b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, pues la demanda se presentó el seis de abril de dos mil veintiuno (conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México); asimismo, que de las actuaciones remitidas se aprecia la datas de su materialización, a saber, que el diez de junio de dos mil veintiuno, se emitió el laudo respectivo, el que se notificó al actor y demandada el catorce siguiente; y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues al cesar los efectos de la omisión reclamada, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, conlleva a establecer que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la omisión de las autoridades de emitir en sus términos el proyecto de resolución en forma de laudo. Es así, pues al haber emitido las responsables la resolución solicitada, torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen cuando sus efectos ya no están vigentes en su esfera jurídica, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final de los justiciables la. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca-el dictado del laudo-. Sin que además se advierta que tal omisión por parte de las autoridades, haya dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional; se estima así, ya que de los informes justificados, así como de las constancias anexadas a los mismos, se desprende que las autoridades inmersas en el trámite y plan respectivo, en el ámbito de sus competencias atendieron el motivo de reclamo (omisión del dictado de la resolución en forma de laudo). Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación por los motivos expuestos. Orienta la tesis aislada P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, página 71, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así, se tiene que cesó en sus efectos la omisión que reclama la parte quejosa, pues de los medios de prueba descritos, se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al juicio, reponiendo al solicitante de amparo, en el goce del derecho violado, dado que los efectos de la concesión Constitucional que, en su caso, se hubiera otorgado por las aludidas responsables, ordenaría la realización del acto positivo, esto es, que se realizaran las gestiones tendentes a emitir la resolución respectiva; lo cual, como se apuntó, ya fue realizado. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional fuera de audiencia. Asimismo, cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable; y, en cambio, esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, provocaría el retraso de la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, en cuanto a la celeridad procesal; máxime que prueba alguna variaría el sentido de la presente determinación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, que no se haya emplazado al tercero interesado que se tuvo en el presente juicio REYCO RENOVABLES S.A. DE C.V. (no obstante que se giró el despacho 348/2021, orden 483/2021), pues lo cierto es que ello en nada afectaría el sentido de la presente determinación y, por el contrario, dicha circunstancia retrasaría la impartición de justicia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 17 Constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 151/2015 (10a.), registro 2010513, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 24, Noviembre de 2015, página 1293, Decima Época, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las quince horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de julio de esta anualidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y vía oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la 2. Auxiliar, por sí, y como encargada de la Presidencia por Ministerio de Ley de la 1. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, con el que remite copia certificada del laudo emitido el diez de junio del año en curso, en el expediente laboral 63/2019 de su índice, así como las actuaciones relativas a la notificación de las partes del mismo. En consecuencia, se tiene a las responsables desahogando el requerimiento formulado mediante misiva 13718/2021 de nueve de junio de esta anualidad, y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora, al haber emitido la responsable la resolución respecto de la cual la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, de forma notoria, manifiesta e indudable, misma que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que no son las sentencias dictadas en dicha audiencia. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que del análisis íntegro de la demanda revela que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo reclamando: "IV.- ACTO RECLAMADO: "La abstención de la Autoridad señalada como responsable, de emitir el proyecto de resolución en forma de laudo, a pesar de que desde a fines del año 2019, se declaró cerrada la instrucción y se turnó el expediente laboral a dicha responsable para la elaboración del mencionado proyecto, lo que viola el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, que le impone la obligación de formular por escrito a resolución mencionada en los diez días siguientes a la fecha de cerrada la instrucción correspondiente y de donde deviene el acto reclamado, lo que viola mis Garantías Constitucionales." Lo que se traduce en la omisión de emitir en sus términos el proyecto de resolución en forma de laudo. Ahora bien, de las constancias remitidas por las responsables, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es oficioso y preferente en términos de los artículos 61 y 62, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553 del tomo VI, segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que del análisis íntegro de la demanda revela que la parte quejosa acudió a este juicio de amparo señalando esencialmente: la abstención de emitir el proyecto de resolución en forma de laudo, a pesar de que desde a fines del año dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se turnó el expediente laboral a dicha responsable para la elaboración del mencionado proyecto. La porción normativa transcrita prevé como causa de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de dichos actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la aludida legislación, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de aquéllos, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado en un fallo protector es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el particular, como se dijo, el acto reclamado consiste esencialmente en la abstención de emitir el proyecto de resolución en forma de laudo. En efecto, para que se actualice la improcedencia citada es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: a) Que la propia autoridad responsable dicte un acto con posterioridad al acto reclamado. b) Que dicho acto se haya emitido durante la tramitación del juicio de amparo. c) Que con motivo del nuevo acto, el reclamado haya quedado destruido, absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En esas condiciones, es evidente que en este juicio se acreditan los tres requisitos para que se actualice una cesación de efectos, por lo siguiente. a) Las propias autoridades responsables, conforme a lo que deriva del informe que rindieron 2. Auxiliar, por sí, y como encargada de la Presidencia por Ministerio de Ley de la 1. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca, emitieron la resolución que reclamaba la parte quejosa dentro del expediente laboral 63/2019 (registro 6686). b) El acto se emitió durante la tramitación del juicio de amparo, pues la demanda se presentó el seis de abril de dos mil veintiuno (conforme al sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México); asimismo, que de las actuaciones remitidas se aprecia la datas de su materialización, a saber, que el diez de junio de dos mil veintiuno, se emitió el laudo respectivo, el que se notificó al actor y demandada el catorce siguiente; y, c) El acto reclamado quedó destruido absoluta, completa e incondicionalmente, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues al cesar los efectos de la omisión reclamada, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para reparar algún daño a la parte quejosa, porque no sería posible actuar como lo dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, conlleva a establecer que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, al haber desaparecido totalmente las consecuencias generadas por la omisión de las autoridades de emitir en sus términos el proyecto de resolución en forma de laudo. Es así, pues al haber emitido las responsables la resolución solicitada, torna improcedente la acción constitucional al carecer de materia para analizar el acto motivo de reclamo, pues a ningún fin práctico conduciría ocuparse de su examen cuando sus efectos ya no están vigentes en su esfera jurídica, ni lo estarán, precisamente por haberse materializado la pretensión final de los justiciables la. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca-el dictado del laudo-. Sin que además se advierta que tal omisión por parte de las autoridades, haya dejado huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional; se estima así, ya que de los informes justificados, así como de las constancias anexadas a los mismos, se desprende que las autoridades inmersas en el trámite y plan respectivo, en el ámbito de sus competencias atendieron el motivo de reclamo (omisión del dictado de la resolución en forma de laudo). Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación por los motivos expuestos. Orienta la tesis aislada P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, página 71, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así, se tiene que cesó en sus efectos la omisión que reclama la parte quejosa, pues de los medios de prueba descritos, se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al juicio, reponiendo al solicitante de amparo, en el goce del derecho violado, dado que los efectos de la concesión Constitucional que, en su caso, se hubiera otorgado por las aludidas responsables, ordenaría la realización del acto positivo, esto es, que se realizaran las gestiones tendentes a emitir la resolución respectiva; lo cual, como se apuntó, ya fue realizado. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio constitucional fuera de audiencia. Asimismo, cabe precisar que ninguna afectación le causa a la parte quejosa la circunstancia de que en este caso se decrete el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, como ya se analizó, la causa de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es manifiesta e indudable; y, en cambio, esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, provocaría el retraso de la impartición de justicia, lo que es contrario a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, en cuanto a la celeridad procesal; máxime que prueba alguna variaría el sentido de la presente determinación. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, que no se haya emplazado al tercero interesado que se tuvo en el presente juicio REYCO RENOVABLES S.A. DE C.V. (no obstante que se giró el despacho 348/2021, orden 483/2021), pues lo cierto es que ello en nada afectaría el sentido de la presente determinación y, por el contrario, dicha circunstancia retrasaría la impartición de justicia en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 17 Constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 151/2015 (10a.), registro 2010513, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 24, Noviembre de 2015, página 1293, Decima Época, de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A PESAR DE QUE ÉSTAS SE HAYAN COMETIDO, SI SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DECRETADA POR EL JUEZ DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el procedimiento de amparo debe reponerse sólo cuando la violación cometida trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues lo contrario provocaría llegar al extremo de retardar la resolución del juicio sin resultado práctico. Asimismo, ha subrayado la trascendencia de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, al tratarse de cuestiones de orden público que ha lugar a analizar de oficio y, por tanto, son de estudio preferente. Sobre esa base, si en la revisión el ad quem examina la improcedencia decretada por el Juez de Distrito y advierte la existencia de elementos suficientes que conducen a confirmar su existencia, ello provoca que la reposición del procedimiento por violaciones procesales sea innecesaria, pues a pesar de que el Juez de Distrito subsane la violación cometida, llegará a la misma conclusión de improcedencia, lo que provocaría la tramitación innecesaria del proceso, con la consecuente dilación en la resolución del asunto, en detrimento del derecho a la justicia pronta y expedita reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, ello opera bajo la lógica de que la violación procesal cometida no se relacione con el supuesto de improcedencia que tenga por actualizado el Juez de Distrito pues, en ese caso, deberá privilegiarse el estudio de las violaciones procesales y ordenarse la reposición del procedimiento." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las quince horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de julio de esta anualidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y vía oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que no obra constancia de emplazamiento a juicio del tercero interesado ***, ordenado el nueve de junio del año en curso mediante despacho 348/2021, orden 483/2021, girado al Juez Civil de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A efecto de dar margen a lo anterior, y no irrogar perjuicio a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose para su celebración las quince horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de julio de esta anualidad, siendo factible que se lleve a cabo sin su asistencia, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Es aplicable a lo anterior, la tesis IX.1o.26 C, registro 195180, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII (noviembre de 1998), página 580, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de texto y rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." Notifíquese
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