Gabriel Alfonso Hau Pech
Expediente 381/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Alfonso Hau Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial y turnado ese propio día por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Roxana de Jesús González Quijano a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de Gabriel Alfonso Hau Pech, en contra de los actos que reclamó del Director del Hospital T1 Ignacio García Téllez del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director de la Unidad Médica Familiar Número 20, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO. En proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano al directo quejoso a fin de que las autoridades responsables de inmediato cesen en los actos que ponen en peligro la salud del quejoso, debiendo darle la atención médica integral valorando si efectivamente resultaba indispensable el cambio de sonda requerido, y de ser así se realizara a la brevedad, facilitándole con la misma prontitud los tratamientos, procedimientos quirúrgicos de ser procedentes previa a su valoración médica, y demás actos que resulten necesarios para la atención integral de ese padecimiento médico que le aqueja; y si no los tuvieren procedan a su subrogación; en el entendido que de haber sido ya intervenido para el cambio de la sonda uretral que señala, únicamente se le deberá dar el seguimiento médico que corresponda para su recuperación sobre dicho padecimiento. De igual manera, se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda y se precisó que respecto del acto reclamado como inciso b) consistente en la falta de proporcionar material sanitario y medicamentos especializados a favor del quejoso; no se daría trámite a la demanda como si se tratara de un acto urgente, por cuanto dicho acto ya había sido motivo de estudio en autos del diverso juicio de amparo 928/2022-VIII-B, del índice de este Juzgado. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57 fracción IV, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclamó: a) La omisión de proporcionar al directo quejoso el servicio de atención médica especializada para el cambio de sonda en uretra, así como la operación que requiere acorde con su padecimiento. b) La negativa a subrogar los servicios médicos para la cirugía urgente. CUARTA. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto atribuido al Director del Hospital T1 Ignacio García Téllez del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director de la Unidad Médica Familiar Número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Ahora bien, atendiendo al contenido de los artículos 63, fracción IV, 115 y 117 de la Ley de Amparo, la negativa de las autoridades responsables no es determinante para declarar la inexistencia del acto reclamado, toda vez que ese extremo puede ser acreditado por las partes a través de los medios de prueba reconocidos por la ley o, incluso, puede ser apreciado directamente por el juzgador si así se desprendiera de las constancias procesales. Por tal motivo, con el propósito de verificar la certeza o falsedad de dicha negativa, se analizaron íntegramente las constancias procesales, sin que se advirtiera prueba en contrario. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa reclamó de la responsable, la omisión de proporcionarle atención médica especializada para el cambio de sonda en uretra, así como la operación que requiere acorde con su padecimiento. Sin embargo, con las constancias y pruebas allegadas al sumario, como se indicó, no se desvirtúa la negativa de las autoridades responsables, y por el contrario, de ellas, particularmente de las constancias que fueron remitidas por las responsables, se desprende que, el ocho de marzo del presente año el ahora quejoso Gabriel Alfonso Hau Pech, acudió a la Unidad Médica Familiar Número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para cambió de sonda supra púbica, la cual refiere cambio de la misma cada 10 días, realizando dicho procedimiento por personal de enfermería, se le retira la sonda anterior y al colocar la nueva sonda por orificio abdominal, notan que no pasa, por lo que el médico verifica la sonda y no pasa, por lo que refiere enviarlo al Hospital Juárez, para su valoración. Para lo cual la autoridad responsable remitió junto con su informe la siguiente documentación: En esa misma fecha, ocho de marzo de dos mil veintitrés, se observa que la diversa responsable Hospital T1 Ignacio García Téllez del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, registró la llegada al área de Urgencias del mencionado nosocomio del quejoso Gabriel Alfonso Hau Pech, como se desprende de la documental consistente en la hoja diaria del Servicio de Urgencias-TRIAGE, en donde se asentó como diagnóstico: retención urinaria aguda, como se desprende de la siguiente documental: Aunado a lo anterior, se observa como anexo al informe justificado, el resumen clínico realizado por la autoridad responsable el diez de abril del año en curso, dando seguimiento al padecimiento del quejoso, como se advierte de las siguientes documentales: Las anteriores constancias gozan de valor probatorio en términos de los artículos 202 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°; de las cuales se pone de manifiesto la inexistencia del acto atribuido a las responsables. Por tanto, de las constancias mencionadas en párrafos precedentes, se evidencia que contrario a lo señalado por el quejoso, las autoridades responsables no han incurrido en la omisión de brindarle atención médica que les atribuye, pues quedó demostrado que, al acudir el ocho de marzo del año en curso a la Unidad Médica Familiar Número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para cambió de sonda supra púbica, al no ser posible realizarla se le canalizó a un segundo nivel de atención, que lo fue en la clínica T1 Ignacio García Téllez del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se le realizara el cambio requerido, para ello se emitió la nota de Triage (proceso de valoración clínica preliminar que clasifica a los pacientes según orden de gravedad o urgencia) y que al momento de realizar el ingreso del quejoso este ya no se encontraba en dicho lugar. Por tanto, al negar las autoridades responsables los actos reclamados, aportando pruebas que apoyan tal negativa, de las que se observa que el amparista ha estado recibiendo atención médica solicitada y no existió negativa de éstas de realizar el cambio de sonda, sino que se le estuvo canalizando a otro nivel de atención al no poder realizar el cambio en la Unidad Médica Familiar por lo que se le envió al Hospital T1 Ignacio García Téllez del Instituto Mexicano del Seguro Social, y si bien ahí se le valoró, decidió retirarse de dicho hospital para acudir a un médico privado, es claro que el acto reclamado es inexistente. Lo propio cabe decir respecto del diverso acto reclamado consiste en la negativa de la autoridad responsable de subrogar los servicios médicos de cirugía urgente, consultas y todo aquel medio posible para la atención médica del quejoso, ya que como acreditó la responsable con la documental que adjuntó a su informe justificado, fue hasta el diez de abril del año en curso cuando el ahora quejoso presentó trámite de queja administrativa para el reintegro de gastos por la cantidad de treinta y cinco mil pesos, moneda nacional, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diez de marzo del año en curso, no existía el acto reclamado. En este punto, igual debe precisarse, que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. En consecuencia, al no desvirtuarse la negativa formulada por las autoridades responsables, y por el contrario, al haberse constatado la inexistencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, página 236, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". QUINTA. Protección de datos personales. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************en contra de los actos que reclamó al Director del Hospital T1 Ignacio García Téllez del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director de la Unidad Médica Familiar Número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se ordena agregar el informe justificado aclaratorio rendido mediante el uso de la FIREL de ********************, apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director de la Unidad Médica Familiar Número 20 y del Director del Hospital T1 "Ignacio García Téllez", ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la citada Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte, la documental que adjunta a su escrito de cuenta; la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se reservan para ser tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la cuenta que antecede, se acuerda: visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que al rendir sus informes justificados el Director de la Unidad Médica Familiar Número 20 y el Director del Hospital T1 "Ignacio García Téllez", ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, reconocieron el acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar al directo quejoso el servicio de atención médica especializada para el cambio de sonda en uretra, así como la operación que requiere acorde con su padecimiento, sin pronunciarse respecto a la negativa de subrogar los servicios médicos para la cirugía urgente, que también reclamó la parte quejosa. Por tal motivo, mediante oficio que para tal efecto se gire, a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclaren el contenido de sus informes justificados, respecto de la totalidad de los actos que les atribuyó el quejoso, debiendo remitir en copia certificada, completa y legibles las constancias conducentes que acrediten su dicho, en su caso. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en los numerales 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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