Gabriel Alejandro Guardia Dzib
Expediente 1222/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Alejandro Guardia Dzib
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
DOM PARTE QUJEJOSA POR LISTA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1222/2022-III-B, promovido por GABRIEL ALEJANDRO GUARDIA DZIB, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció GABRIEL ALEJANDRO GUARDIA DZIB a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de la prevención realizada al quejoso, por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número de expediente 1222/2022-III-B; se solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo diferimiento, tuvo lugar en los términos que constan en el acta levantada al efecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de acuerdo a lo señalado por la parte quejosa en la demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, en el cual se ordena la desocupación del predio ciento cuarenta y cinco, de la calle diecinueve por veintidós, de la localidad de Tixcuytún, (denominado "finca el kini"), de esta ciudad de Mérida, Yucatán; y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman de la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir sus correspondientes informes justificados; lo que se corrobora con las constancias del juicio natural que remitió la primera autoridad nombrada con su informe de ley. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si, en el caso, se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio constitucional, la hagan valer o no las partes, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del ordenamiento legal en cita, interpretado a contrario sensu, ya que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Los preceptos legales antes relacionados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." El motivo de improcedencia en cuestión descansa en el principio de irreparabilidad, lo cual significa, que por regla general no pueden reclamarse en el amparo indirecto actos intraprocesales o intraprocedimentales, aún en ejecución, pues debe esperarse a que se dicte la última resolución. En efecto, dicha porción normativa prevé, el juicio de amparo es improcedente tratándose del periodo de ejecución de sentencia, cuando el acto reclamado no constituya la última resolución dictada en el mismo. De acuerdo con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107 de la Ley de Amparo, se entiende por "última resolución" ?que se dicte en la fase ejecutiva de una sentencia?, aquélla por la cual se declara el cumplimiento total de lo sentenciado, se demuestra la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la misma, o bien, el auto o resolución en la cual se ordena el archivo definitivo del asunto. Por lo tanto, debe decirse que esa última resolución será la reclamable en amparo y no las que la precedan; es decir, no son susceptibles de impugnación a través del juicio constitucional, las resoluciones intermedias que no conllevan de manera directa la ejecución del acto; ni los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir la sentencia. En el presente asunto, el quejoso alega que en su calidad de persona ajena al juicio ordinario civil 789/2017, con el acto reclamado se vulnera en su perjuicio su derecho fundamental de audiencia, pues afirma que sin ser oído y vencido en el procedimiento, se le pretende privar de la posesión que tiene del predio número ciento cuarenta y cinco, de la calle diecinueve por veintidós, de la localidad de Tixcuytún, (denominado "finca el kini"), de esta ciudad de Mérida, Yucatán. De las documentales exhibidas por la Juez responsable, a las cuales se les otorga plena eficacia probatoria conforme con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se desprende lo siguiente: 1. Que en fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio ordinario civil 789/2017, promovido por Carlos Raúl Sánchez Castro, Álvaro de Jesús Zavala Alonso, Ramiro Joaquín Fernández López y Mauricio Chami Lizárraga; a través de sus apoderados, en contra de César Augusto May Chí, de quien reclamaron el pago y cumplimiento de diversas prestaciones. 2. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por contestada la demanda por parte de César Augusto May Chí; asimismo, se admitió la reconvención de la demanda que planteó y se ordenó correr traslado a la parte actora. 3. Mediante resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que entre otras cuestiones, se condenó al demandado César Augusto May Chí, al pago de las prestaciones reclamadas y se absolvió a Carlos Raúl Sánchez Castro, Álvaro de Jesús Zavala Alonso, Ramiro Joaquín Fernández López y Mauricio Chami Lizárraga, de la contrademanda interpuesta en su contra. 4. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se fijó el término de tres días al demandado César Augusto May Chí, para que cumpliera con el punto resolutivo cuarto de la sentencia definitiva ejecutoriada por ministerio de ley, esto es, para que desalojara el predio número ciento cuarenta y cinco, de la calle diecinueve por veintidós, de la localidad de Tixcuytún, (denominado "finca el kini"), de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por otra parte, de las constancias que acompañó el aquí quejoso Gabriel Alejandro Guardia Dzib, a su escrito de demanda, se desprende que el once de febrero de dos mil veintidós, celebró contrato de comodato con el demandado en el procedimiento natural César Augusto May Chí, respecto del bien inmueble materia de la litis; en consecuencia, es lógico afirmar que el solicitante del amparo promueve juicio de amparo ostentándose como tercero extraño a juicio, pues no es parte en el juicio de origen. Con motivo de lo expuesto, es esencial determinar que en el caso concreto, entre el quejoso Gabriel Alejandro Guardia Dzib y César Augusto May Chí, demandado en el juicio de donde deriva el acto que se reclama en la presente vía constitucional, opera la figura jurídica de la causahabiencia. Ello es así, considerando que con el término "causahabiente" se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Pues bien, la anterior reseña permite concluir que el aquí quejoso Gabriel Alejandro Guardia Dzib, tiene el carácter de causahabiente de César Augusto May Chí, quien figuró como demandado en el el juicio ordinario civil 789/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y con tal carácter reclama la orden de desalojo emitida el diecisiete de enero de dos mil veintidós; lo que pone en evidencia que en realidad no tiene la calidad de tercero extraño a juicio en la que basa su reclamo constitucional. En efecto, el amparista alega que obtuvo la posesión del inmueble que defiende, precisamente de parte del demandado en el juicio de origen, mediante el contrato de comodato que supuestamente celebraron el treinta de enero de dos mil catorce, el cual anexó a su demanda en copia certificada; sin embargo, para efectos del juicio de amparo la fecha que se debe tener por cierta es la de once de febrero de dos mil veintidós, cuando fue protocolizado ante el Notario Público Número 7 del Estado de Yucatán, pues fue cuando adquirió la calidad de fecha cierta, dicho documento; lo que ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el impetrante, sea oponible al actor en el juicio de origen, a partir de la fecha que presentó el documento para su protocolización. En efecto, cabe señalar que el documento en el que se funde el derecho a poseer debe ser de fecha cierta, porque sólo de ese modo el juzgador tiene la certeza de que el documento de que se trata no es utilizado con fines contrarios a derecho y que existe seguridad jurídica acerca de su origen. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que se incorpora o se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, o bien, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente, a partir de la muerte de cualesquiera de los firmantes; de ahí, que si no se actualiza alguno de estos supuestos el documento privado que incumpla con esos requisitos no merece ningún valor probatorio en relación con terceros. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 63, Volumen LXVI, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Materia Civil, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." De manera que el título en que se funda la acción de amparo y que adquirió certeza el once de febrero de dos mil veintidós, se celebró con posterioridad al inicio e incluso de la orden de desalojo decretada en el juicio ordinario civil 789/2017, que lo fue el diecisiete de enero de dos mil veintidós. En esas condiciones, se concluye que el justiciable realmente es causahabiente del demandado César Augusto May Chí, en el juicio civil de que se habla, del que se dice extraño, de modo que está sujeto a las resultas de esta última, pues adquirió la posesión del inmueble que pretende defender con posterioridad a la orden de desalojo emitida en el juicio de origen, y su comodante fue oído y vencido en ese litigio. Como apoyo de lo anterior, se invoca la tesis XVII.1o.C.T.54 C, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2341, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, materia común y civil, con número de registro 2008678, que establece: "CAUSAHABIENTE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CUANDO EL QUEJOSO NO DEFIENDE UN ESTADO JURÍDICO DIVERSO DEL OSTENTADO POR SU CAUSANTE SINO, INCLUSO, UNO DE RANGO MENOR (POSEEDOR POR COMODATO RESPECTO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD MATERIA DEL JUICIO NATURAL). Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio respecto del que se ostenta tercero extraño a juicio y aduce ser causahabiente del propietario del bien inmueble adjudicado, con quien dijo haber celebrado un contrato de comodato del que dedujo sus derechos, es evidente que el quejoso carece de legitimación en la causa para solicitar el respeto de derechos que ya fueron defendidos por su causante a través de la misma vía, sin obtener resolución favorable, pues sería inadmisible permitir que se ejerciera dos veces el juicio de amparo por la misma persona, al evidenciarse que el quejoso no defiende un estado jurídico diverso del ostentado por su titular sino, incluso, uno de rango menor (poseedor a título de comodatario sobre un derecho de propiedad que ya fue defendido en juicio por su causante); consecuentemente, el amparo indirecto promovido bajo ese supuesto, resulta improcedente." Asimismo, por analogía, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 684 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, segunda parte-2, julio-diciembre de 1989, Materia Civil, Octava Época, con número de registro 227689, que dice: "ARRENDAMIENTO. EL ARRENDATARIO NO ES TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO INSTAURADO EN CONTRA DE SU ARRENDADOR, POR SER CAUSAHABIENTE DE ESTE EN EL CONTRATO DE. Cuando el contrato de arrendamiento, por virtud del cual entró en posesión del inmueble el quejoso, es celebrado con fecha posterior a la en que se pronunció sentencia definitiva por el juez de primera instancia, a través de la cual se condenó al arrendador, a la restitución y desocupación de la vivienda, el que fue oído y vencido en juicio, es inconcuso que lo resuelto en éste, repercute en el arrendatario, dada la causahabiencia que lo une con aquél." Por tanto, el causahabiente, ahora quejoso, recibió el bien en las condiciones en las que se encontraba su causante César Augusto May Chí, y que fueron afectadas en el juicio de origen; motivo por el cual, una vez acreditada la causahabiencia del promovente de esta vía de acción constitucional, respecto a los derechos del bien inmueble que fue motivo de controversia en el juicio natural, esa eventualidad lo excluye de que pueda ser considerado como tercero extraño en el juicio, en el que fue llamado e intervino como parte demandada su causante. Lo anterior, trae como consecuencia que los actos de afectación no lo son propiamente como lo pretende hacer notar la impetrante, esto es, en todo el juicio de origen, sino el procedimiento de ejecución de una sentencia judicial de naturaleza civil que se encuentra firme de toda conformidad, que no se vislumbra como la "última resolución" de dicho procedimiento. En efecto, la causa de improcedencia en comento se encuentra prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ésta fracción interpretada a contrario sensu, ya que en tratándose de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; requisito que tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", expresión que nuestro Máximo Tribunal del País, ha interpretado como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia ejecutoria. En ese tenor, se hace patente que el hoy quejoso es causahabiente del demandado en el juicio de origen César Augusto May Chí, por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V, del diverso numeral 63 de ese ordenamiento legal. Sin que sea óbice a lo anterior, que aunque la causahabiencia no es en sí misma una causa de improcedencia del juicio de amparo, lo relevante es que al causahabiente, por ubicarse en una posición idéntica que su causante, le afectan los mismos motivos de inejercitabilidad que le afectarían a éste. Lo anterior se robustece con lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/2002-SS, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 34/2003, al señalar lo siguiente: ".Por tanto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el juicio de amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. De lo anterior se desprende que aun cuando exista causahabiencia, si no concurren causales de improcedencia que hayan afectado al causante el juicio no debe sobreseerse y debe entrarse al estudio de los conceptos de violación." Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, dado que el causahabiente asumió la misma posición que su causante, por lo que, al no tener la calidad de tercer extraño, le afectan los mismos motivos de improcedencia que afectarían a éste en caso de que intentara la acción de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución reclamados a la diversa autoridad actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, con residencia en esta ciudad, al reclamarse en vía de consecuencia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde con lo establecido por los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GABRIEL ALEJANDRO GUARDIA DZIB, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio signado mediante el uso de la FIREL del Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite la resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca relativo al incidente de revisión 221/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Gabriel Alejandro Guardia Dzib, en contra de la resolución interlocutoria de dos de junio de dos mil veintidós; ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la resolución interlocutoria recurrida. SEGUNO.- Se niega a Gabriel Alejandro Guardia Dzib, la suspensión definitiva del acto que reclama respecto de la autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria." Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de segunda instancia y acúsese el recibo de rigor; asimismo, realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que de los mismos se advierte que hasta la presente fecha no se ha logrado el emplazamiento de los terceros interesados Carlos Raúl Sánchez Castro, Álvaro de Jesús Zavala Alonso, Ramiro Joaquín Fernández López y Mauricio Chami Lizárraga, al presente juicio. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que se encuentra reservado proveer lo que en derecho corresponda respecto del emplazamiento de los mencionados terceros interesados al presente juicio, hasta en tanto obraran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, lo cual ya aconteció; por tanto, provéase lo conducente. Con fundamento en el artículo 26 fracción I inciso b) de la Ley de Amparo, se comisiona a alguno de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal para que se constituya en el domicilio advertido de las constancias adjuntadas al informe justificado rendido por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, relacionado en proveído de trece de junio de los corrientes; esto es, el predio número quinientos ochenta y nueve letra "C", de la calle cuarenta y seis letra "B" por ciento tres y ciento tres "A", de la colonia Santa Rosa de esta ciudad, y proceda a notificar a los nombrados terceros interesados, el contenido de este auto; haciéndoles de su conocimiento la existencia del presente juicio constitucional, emplazándolos a juicio, con entrega de copia del escrito de demanda, escrito aclaratorio, autorizada del auto de prevención, admisorio y del presente proveído. Asimismo, hacerle de su conocimiento que por acuerdos de trece y veintinueve de junio del presente año, se pusieron a la vista de las partes los informes justificados rendidos por la Juez Segundo Civil y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, respectivamente. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Notifíquese personalmente a los terceros interesados y cúmplase.
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