Gabriel Arcángel Castillo Baeza
Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel Arcángel Castillo Baeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese a este expediente el oficio 79, signado por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Con el que esencialmente acusa recibo del diverso oficio de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, del índice de este Juzgado, mediante el cual se le devolvió el juicio ejecutivo mercantil ********************. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y toda vez que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno se declaró que causó ejecutoria la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal y se ordenó el archivo de este asunto como totalmente concluido. En consecuencia, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el juicio ejecutivo mercantil ********************, que la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió al rendir su correspondiente informe justificado; por tanto, devuélvase el mismo a la citada autoridad, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho término transcurrió del veintiuno de junio al dos de julio del año actual. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 713/2021-II-A, promovido por ********************, contra los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Remisión a la autoridad responsable en términos del artículo 176 de la Ley de Amparo. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con fundamento en el artículo 176 de la Ley de Amparo, ordenó se remitiera la aludida demanda a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que procediera a devolverla en términos del artículo 178 de la misma legislación. TERCERO. Incompetencia. Mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, tuvo por recibido el informe justificado de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por medio del cual remitió la demanda promovida por ********************, y en atención a que el quejoso se ostentaba tercero extraño por equiparación al juicio de origen, por no haber sido emplazado al mismo, declaró su legal incompetencia para conocer del asunto. Por lo que una vez que causa estado dicho proveído, ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno, a fin de que procediera a su conocimiento. CUARTO. Se reciben los autos. Por oficio 2293, de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, recibido en la misma fecha, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, remitió la aludida demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mismo que por razón de turno fue remitido a este Juzgado de Distrito. QUINTO. Se avoca al conocimiento de la demanda y se admite. Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la que se registró con el número 713/2021-II-A, y en atención a lo determinado por la Superioridad, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento de la misma. Y previo cumplimiento dado al requerimiento efectuado en el citado proveído, por auto de once de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda, y se tuvo como autoridades responsables, además de las señaladas en la demanda, al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado En tal virtud, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el quejoso reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 677/2018 del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y como consecuencia la retención salarial por disposición judicial. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, el último por conducto de su apoderado legal. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Así, al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello. Además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte peticionaria del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, motivo por el cual se le negará el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En sus conceptos de violación el quejoso alega que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que la diligencia practicada por el actuario responsable, resulta ilegal, ya que no cumple con los requisitos de ley, lo que ocasionó que se llevara a cabo un juicio a sus espaldas, pues no tuvo oportunidad de defenderse. En primer término, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la Juez responsable (anexo I), que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Que en fecha uno de junio de dos mil dieciocho, la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil que promovió Juan Gabriel Álvarez Cano por conducto de su endosatario en procuración, en contra del aquí quejoso ********************, de quien reclamó el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, el cual quedó registrado con el número de expediente 677/2018, y se ordenó, entre otras cuestiones, el emplazamiento del demandado antes señalado en el domicilio proporcionado para ello por la actora. 2. Mediante diligencia actuarial de once de septiembre de dos mil dieciocho, la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares señalado como responsable, hizo constar que se constituyó en el predio marcado con el número cuatrocientos treinta y nueve, de la calle cuarenta y uno, de la colonia Industrial, en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a fin de emplazar al demandado ********************, y verificó y/o realizó el emplazamiento del señalado, tal y como se desprende de las constancias levantadas. 3. Por auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, la Juez responsable, en atención a que el demandado Gabriel Arcángel Castillo Baeza no dio contestación a la demanda instaurada en su contra, se le tuvo por perdido su derecho para hacerlo; asimismo se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la parte actora. 4. Seguido el juicio en sus diversas etapas procesales, en fecha tres de abril de dos mil diecinueve, la Juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que condenó al demandado Gabriel Arcángel Castillo Baeza, al pago de diversas prestaciones. Sentado lo anterior, debe precisarse que el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho humano que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que las rige. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior se sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, cuyo rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Lo reseñado, pone de relieve que en el particular, el notificador responsable observó lo dispuesto en el numeral y criterios jurisprudenciales transcritos, tal y como enseguida se demuestra. Así las cosas, en principio es necesario hacer alusión a lo establecido por los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio aplicable al momento que inició el juicio natural y que rigen la materia del acto reclamado, los cuales señalan las reglas para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado en el juicio ejecutivo mercantil; refiriendo que, una vez presentada la demanda, se dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que sea requerido de pago el deudor, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda principal y accesorios. Asimismo, se señala que al momento de realizar la diligencia en comento, de no encontrarse al deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, previo cercioramiento de ser el domicilio de aquél, debe dejarse citatorio, fijándose hora hábil dentro del lapso de las seis y setenta y dos horas posteriores y de no esperar, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas que para el embargo señala el Código Federal de Procedimientos Civiles. Finalmente, el último artículo en mención, cita que la diligencia de embargo se iniciaría con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entendiera la diligencia, y que de no hacerse el pago, debe requerirse al demandado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, y de no hacerlo, el derecho para señalarlos pasará al actor. Acto seguido se emplazará al demandado, entregándole cédula en la que se contendrá la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de la demanda, de los documentos base de la acción y demás anexos. Siendo lo anterior, las únicas formalidades establecidas por el Código de Comercio vigente en el tiempo en que se inició el procedimiento mercantil de origen. Establecido lo anterior, debe decirse que el actuario responsable sí cumplió con los requisitos establecidos en los artículos antes transcritos, ya que se cercioró que efectivamente en el lugar donde se constituyó, tenía su domicilio el demandado, aquí quejoso, y para poner de manifiesto tal afirmación, se transcribe lo asentado en la diligencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho, misma que es del tenor siguiente: "En la ciudad de Mérida, Yucatán, a once de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las doce horas con treinta minutos, Yo, la Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciada en Derecho Heidi Rinelda Pech Cabrera, me constituyo en unión de la parte actora ARMANDO ISMAEL COBOS CANUL, como endosatario en procuración al cobro del señor JUAN GABRIEL ALVAREZ CANO, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía con número de clave CBCNAR74102323H501, cuyos rasgos físicos coinciden con la fotografía impresa en dicho documento, mismo documento oficial que después de cotejarlo se le devuelve en ese acto; PREDIO MARCADO CON EL NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE, DE LA CALLE CUARENTA Y UNO, DE LA COLONIA INDUSTRIAL DE ESTA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, domicilio señalado en autos para notificar a la parte demandada GABRIEL ARCANGEL CASTILLO BAEZA, y una vez cerciorada de la veracidad del exacto domicilio porque así me lo indica la nomenclatura oficial de la calle y colonia visible en placas metálicas instaladas en las esquinas por el Ayuntamiento de Mérida, por el dicho de los vecinos del rumbo de la calle principal señalada y por el número exterior visible puesta en el frente del predio, así como que efectivamente, en dicho predio tiene su domicilio laboral la parte demandada, por el dicho de una persona que se encuentra en el interior del inmueble en la que se encuentra establecido la Clínica T1 y específicamente en el área de mantenimiento y que dice llamarse GABRIEL ARCANGEL CASTILLO BAEZA, y quien bajo formal protesta de decir verdad me manifiesta que dicho inmueble es donde labora, pero no hay ningún inconveniente legal alguno de entender la diligencia con la suscrita, en tal virtud, se identifica con su credencial de elector expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral con número de clave CSBZGB82031831H100, cuyos rasgos físicos coinciden con la fotografía impresa en dicho documento, la cual después de cotejar, le devuelvo en éste momento, ante quien me identifico como Actuaria Judicial con mi gafete oficial, el cual le exhibo y la entero del objeto de la diligencia, leyéndole íntegramente y en alta voz el auto de exequendo de fecha uno de junio del año dos mil dieciocho y diverso auto de fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho, al efecto poniéndole a la vista la copia certificada del pagaré base de la acción ejercitada, en virtud de que el original se encuentra en el resguardo del juzgado, le requiero para que en este acto pague a nombre de la parte demandada a la parte actora presente, la cantidad de CIENTO VEINTE MIL PESOS CIN CENTAVOS MONEDA NACIONAL, en concepto de capital; los intereses moratorios al tipo pactados del diez por ciento mensual y los gastos y costas que se originen con motivo del presente juicio o en su defecto señale bienes de su propiedad para embargar, que sean suficientes para cubrir la indicada cantidad endeudada y en caso de no hacerlo lo hará la parte actora en su nombre, y la persona requerida manifiesta que no paga ni tampoco señala bienes; por consiguiente, la parte Actora, haciendo uso del derecho que la ley le confiere señala que se reserva el derecho para señalar bienes propiedad de la parte demandada para su embargo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de los mismos. Acto continuo, emplazo a la parte demandada, para que dentro del término de ocho días ocurra ante el Juzgado que conoce del presente juicio a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse a la ejecución, si tuvieren para ello excepciones y defensas que hacer valer, y le hago entrega de un juego de copias de la demanda exhibida, misma que tienen copias de los pagarés base de la acción y demás documentos, debidamente cotejadas y sellados, la cual recibe de conformidad, y a solicitud de la parte demandada, le entro también la cédula de notificación que contiene la orden de embargo decretada en su contra, misma que concedo por no haber impedimento legal alguno, quien la recibe de conformidad. Asimismo entrego a la parte actora y a la parte demandada una copia sellada de la presente actuación. Con lo que doy por concluida la presente diligencia, levantando para constancia la presente acta, que previa su lectura en voz alta, no firma la parte demandada por no querer hacerlo, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, firmo la presente acta en su nombre, y la cual no firma la parte actora. Anexo copia de la cédula de notificación, la cual sí firma de recibido el citado demandado. Doy fe. De dicha constancia se desprende que el funcionario señalado como responsable, cumplió con los requisitos establecidos en los numerales antes transcritos, pues asentó en su razón que a las doce horas con treinta minutos del once de septiembre de dos mil dieciocho, se constituyó en el domicilio número cuatrocientos treinta y nueve, de la calle cuarenta y uno, de la colonia Industrial, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en donde se encuentra establecida la Clínica T1, concretamente en el área de mantenimiento, donde se cercioró previamente de encontrarse en el domicilio correcto, y que en ese lugar podía encontrar al demandado GABRIEL ARCANGEL CASTILLO BAEZA, ya que fue atendido precisamente por éste, el cual se identificó con su credencial de elector, y quien le informó que en ese lugar laboraba, y que no existía impedimento alguno para atender la diligencia. En dicha diligencia expresó la actuaria que se cercioró del domicilio por la nomenclatura oficial instalada en las esquinas de las calles y por el dicho de la persona con quien entendió la diligencia; que al encontrarlo, procedió a efectuar la notificación del auto de exequendo con el propio demandado, a quien le requirió para que en el acto de la diligencia pagara a la actora las sumas reclamadas, o que en su defecto señalara bienes de su propiedad para su embargo, suficientes para cubrir las citadas prestaciones, más las costas y gastos del procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, el derecho pasaría a la parte actora. También se advierte que el funcionario judicial, asentó que el demandado manifestó que no pagaba y que tampoco señalaba bienes para su embargo, y que la parte actora, en uso del derecho conferido, se reservó su derecho de señalar bienes para su embargo. Acto seguido el actuario hizo del conocimiento de la persona que lo atendió, que el demandado tenía ocho días, para constituirse ante el juzgado de origen para pagar lo reclamado o para oponerse a su ejecución y le entregó copias simples de la demanda y de los documentos base de la acción y anexos exhibidos debidamente cotejados, junto con la cédula de notificación con el proveídos de uno de junio y dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictados por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, documentación la cual, asentó la funcionaria judicial, recibió la persona que lo atendió, la cual firmó de recibido en la copia del citatorio. Luego, si como se dejó visto, la actuaria judicial cumplió al pie de la letra lo expresado en el numeral 1394 del Código de Comercio aplicable, es inconcuso que, contrario a lo estimado por el quejoso, la actuación de aquella funcionaria fue legal, pues la diligencia se llevó a cabo en el domicilio señalado por la parte actora en el juicio de origen, y al haberse cerciorado de que efectivamente en el mismo laboraba el demandado, aquí quejoso, procedió a llevar a cabo la diligencia condigna con dicha persona, para lo cual, en primer término, le notificó el auto de exequendo y el proveído de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, dictados por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y le requirió del pago de las prestaciones reclamadas o que en su defecto señalara bienes propiedad de la demandada, la apercibió con que de no hacerlo, ese derecho pasaría a la actora, por lo que al no hacer pago y no señalar bienes de su propiedad para embargarlos, el actor tuvo tal derecho, el cual se reservó; y acto seguido emplazó al demandado, entregándole la cédula conteniendo insertos los autos dictados por la Juez responsable, corriéndole traslado con las copias de la demanda así como con copia del documento base de la acción. Sin que el ahora quejoso haya aportado probanza alguna que evidenciara que la funcionaria judicial no se hubiera apersonado a ese domicilio, a lo cual se encontraba obligado, tomando en consideración que los actuarios están investidos de fe pública, aunado a que sus actuaciones se tratan de documentos públicos y por tanto, hacen prueba plena respecto de los hechos que en ellos se consignan, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en la época en que se llevó a cabo la diligencia combatida. Tiene aplicación al respecto la tesis visible en le página 202, del Tomo XI, Marzo de 1993, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de la literalidad siguiente: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Así como la tesis I.6o.T.93 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página trescientos treinta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, que indica lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario." En las relacionadas consideraciones, al haber quedado de manifiesto que los actos reclamados no resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión impetrados. Negativa que se hace extensiva a los actos posteriores al emplazamiento, así como al acto de ejecución reclamado, ya que del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, no se advierte que los impugne por vicios propios sino como consecuencia del supuesto ilegal emplazamiento. Siguiendo igual suerte, en cuanto a la sentencia dictada en juicio principal, pues de la demanda de amparo no se advierte una real intención del quejoso de reclamar la sentencia definitiva de manera destacada, sino igualmente sólo como consecuencia del ilegal emplazamiento, por lo que en el caso no opera la figura de la jurisdicción escalonada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, en la página 1785, con número de registro 2003568, que señala lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclama de la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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