Gabriel Aguilar Tovar
Expediente 553/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Aguilar Tovar
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Pátzcuaro, Mich
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
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Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO Agréguese únicamente a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 1658, a través del cual se le hizo de su conocimiento que la sentencia dictada en autos había causado ejecutoria y a la que se anexó las constancias que remitió al rendir su informe justificado, lo anterior para los efectos legales procedentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintitrés.********************CAUSA EJECUTORIA NIEGA********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de nueve de enero de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo promovido por ********************por sí y en cuanto apoderado de las diversas coherederas********************de apellidos********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE DEVUELVEN CONSTANCIAS.********************Devuélvanse a las autoridades señaladas como responsables Magistrado de la Sexta Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, las documentales consistentes en el toca ********************y juicio sucesorio testamentario******************** que acompañaron al rendir su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. ********************ARCHIVO.********************Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO.********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal, y concedido la suspensión provisional y definitiva solicitadas; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente.********************TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE********************Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos.********************DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE.********************En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha.********************SE DEBERÁ DE ESTAR A LO ACORDADO.********************Por otro lado, visto el escrito de cuenta signado por la tercero interesada María Eugenia********************, a través del cual solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en autos, atento a ello dígasele que se deberá de estar a lo acordado en los párrafos que preceden, lo anterior para los efectos legales procedentes.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ********************, contra actos que reclama del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós (fojas 2 a 5), ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ******************** (nombre correcto de las personas que son representadas por el accionante), promovió demanda de amparo contra las siguientes autoridades y respecto del acto que enseguida se enuncia: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Magistrada de la Segunda Sexta (sic) Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (.). 2. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán (.)." "IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables del numeral anterior reclamo de la primera la resolución de fecha 29 de abril del 2022 dentro del toca número ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito en contra de la sentencia interlocutoria de 03 tres de marzo del 2022 dos mil veintidós del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, resolución que causa agravio a la sucesión, misma que me fuera notificada el 02 dos de mayo del 2022 dos mil veintidós." En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, el que en auto de veinticinco de mayo del año próximo pasado, previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda (fojas 6 a 10). Presentados que fueron los escritos aclaratorios, en auto de once de julio de dos mil veintidós (foja 50), al estimar que no se cumplió con la prevención, se tuvo por no presentada la demanda. Inconforme con la referida determinación el apoderado de la parte quejosa interpuso recursos de revisión y queja (fojas 53 a 57 y 61), medios de impugnación que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, y registró como revisión civil ********************y queja civil ********************; desechando la primera y admitiendo el recurso de queja. En sesión de ocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 73 a 94), se resolvió la queja, la cual fue declarada fundada, por lo que en cumplimiento a la referida resolución, este juzgado en auto de veintisiete de septiembre pasado (fojas 95 a 97), admitió a trámite la demanda de amparo indirecto; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 49 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en la medida en que se reclama una determinación dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, y su ejecución atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en la presente vía: La resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de tres de marzo del año próximo pasado, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en el juicio sucesorio testamentario ********************, sobre rendición de cuentas en la tercera sección del juicio sucesorio de mérito. Determinación en la que se resolvió desestimar los agravios planteados por el solicitante del amparo y se confirmó la sentencia de primera instancia. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 103 y 104, así como la 111). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas de las constancias del toca de apelación ******************** que el Magistrado responsable remitió junto con su informe con justificación, así como las remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, relativas al juicio sucesorio testamentario de donde emana el acto reclamado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A efecto de lograr una mayor claridad en la presente resolución, conviene precisar los principales antecedentes del acto reclamado, los que se desprenden de las constancias remitidas por el Magistrado responsable al rendir su informe justificado: 1. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, se radicó el juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************2. Dentro de la tercera sección del juicio sucesorio aludido, mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós (fojas 32 a 103 del cuaderno de pruebas tomo I), ********************, albacea definitiva de la sucesión en cita, compareció ante el juez de los autos a rendir cuenta de administración correspondiente al mes de enero del mencionado año. 3. A la referida promoción recayó el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós (fojas 104 y 105 ídem), auto en el que se le tuvo por rindiendo la cuenta mensual correspondiente y exhibiendo los cheques y depósitos descritos, los cuales se dejaron a disposición de los beneficiarios a fin de que comparecieran a recogerlos o a manifestar lo que a su interés legal convenga. 4. ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de ********************y otras, mediante escrito presentado ante el juez de los autos el once de febrero de dos mil veintidós (fojas 106 a 108 ídem), compareció a manifestar su inconformidad, objeción y oposición a la cuenta de administración rendida por la albacea definitiva ********************. 5. A dicho escrito recayó el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós (foja 109 ídem), en el cual se ordenó dar vista a la albacea definitiva a fin de que el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera; asimismo se mandó citar a las partes para que comparecieran a ese juzgado a las diez horas del veinticuatro de febrero del referido año, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia de aprobación o reprobación de la cuenta de administración del mes de octubre del año en curso (sic), rendida en los autos del juicio sucesorio en mención. 6. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 116 a 120 ídem), ********************en cuanto apoderado de la albacea definitiva compareció a dar contestación a la inconformidad, objeción y oposición a la cuenta de administración rendida por su representada, ocurso que fue acordado de conformidad en auto de veinticuatro de febrero del año próximo pasado (foja 121 ídem). 7. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (foja 122 ídem), se llevó a cabo la audiencia de aprobación o reprobación de la cuenta de administración del mes de enero del referido año. 8. El tres de marzo de dos mil veintidós (fojas 125 a 129 ídem), se resolvió la interlocutoria relativa al incidente aludido, declarando infundadas las manifestaciones realizadas por el coheredero ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las coherederas ********************, por consecuencia, se aprobó la cuenta de administración correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós, rendida por la albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ********************. 9. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado ante el juez de los autos el quince de marzo de dos mil veintidós (fojas 1 a 5 ídem), ******************** interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de tres de marzo pasado, ocurso que fue acordado de conformidad en auto de dieciocho del mes y año en cita (foja 6 ídem). 10. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho medio de impugnación al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el cual registró como toca número ******************** (foja 137 ídem). 11. Medio de impugnación que fue resuelto el veintinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 145 a 152 ídem), en la que se desestimaron los agravios planteados por el apelante, por lo que se confirmó la interlocutoria apelada en que se aprobó la cuenta de administración relativa al mes de enero del año próximo pasado decretada en primera instancia. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente medio de control constitucional. QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por el inconforme, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, se abordará el estudio de la procedencia del presente juicio, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en el numeral 61 de la legislación en consulta, haría imposible el examen de la litis constitucional. En el presente caso, las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni este órgano de control constitucional, de oficio, advierte la actualización de alguna que conlleve al sobreseimiento del presente juicio; por tanto, se procederá al examen relativo de la constitucionalidad de la resolución interlocutoria reclamada. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los motivos de disenso planteados por el quejoso resultan infundados, por ende, insuficientes para conceder la protección constitucional solicitada. En su demanda de amparo el promovente alega medularmente que en la resolución reclamada el Magistrado responsable: Omitió valorar correctamente el agravio que se hizo valer en su escrito de apelación, bajo el argumento de que no es indispensable, declarando que resultan infundados e insuficientes, pero que en la resolución combatida sólo refiere las inconformidades y las transcribe, pero no realiza un análisis puntual; aunado a que el albacea tampoco refiere o da contestación a las mismas. Asimismo, que en la sentencia que se combate, la responsable refiere que el juez no hizo manifestaciones referente a las objeciones con relación al mes de enero de dos mil veintidós, pero que la responsable tampoco lo hace, por lo que no funda ni motiva dicha resolución para ser clara y precisa, por qué razón y qué puntos de la cuenta no estuvieron satisfechos. También se violan sus derechos humanos y de sus coherederos por la oscuridad en la resolución interlocutoria, la cual no es de acuerdo a lo que establece la ley, por lo que se violan en su perjuicio los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en la foja tres sí se hace mención a las cuentas detalladas y la responsable nunca refiere porque están conforme a derecho, lo cual lo deja en estado de indefensión. Conceptos de violación que, como ya se adelantó, resultan ineficaces, como se explica a continuación. En efecto, contrario a lo referido por el peticionario del amparo, de las consideraciones que sustentan la determinación reclamada se obtiene que el magistrado responsable sí llevó a cabo el análisis del único agravio que hizo valer el quejoso en su recurso de apelación, sin que en el caso el quejoso explique por qué dichos razonamientos revelan un estudio superficial de sus argumentos. Para justificar lo anterior, es necesario precisar las consideraciones expuestas por el Magistrado responsable en su resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, con base en las cuales desestimó el agravio planteado por el ahora quejoso. Ciertamente, el magistrado responsable indicó que arribó a esa determinación, porque el quejoso adujo que la resolución impugnada le causaba agravio tanto a él como a sus representados, por el hecho de que el juez de origen no dio respuesta las objeciones que hizo valer con relación a la cuenta de administración del mes de enero de dos mil veintidós que rindió la albacea de la sucesión, las cuales transcribió. Señaló que tales afirmaciones no eran correctas, porque bastaba remitirse al considerando segundo de la interlocutoria apelada, para advertir que la resolutora del primer grado sí se ocupó de analizar esas objeciones que dijo haber esgrimido y que quedaron transcritas, desestimándolas bajo el argumento de que: Las manifestaciones del inconforme resultaron infundadas, porque el artículo 1082 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, únicamente exige que la cuenta mensual se acompañen los justificantes que procedan; Añadió que si la albacea ********************, al rendir la cuenta de su administración correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós, había adjuntado los justificantes que acreditaban su rendición de cuentas, ello era suficiente para tenerla por cumpliendo con el requisito que le impone el numeral en cita, bastando que tales justificantes se encontraran elaborados por las personas de quienes se recibieron los servicios, o los bienes necesarios para la conservación o correcta administración del haber hereditario, pues estos no necesitan de requisitos fiscales, robusteciendo su criterio con la tesis de rubro: "RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA SUCESIÓN. LOS COMPROBANTES DE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR EL ALBACEA NO NECESITAN DE REQUISITOS FISCALES PARA TENER POR CUMPLIDA ESA OBLIGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; Aseveró también que, contrario a lo sostenido por el incidentista, los gastos realizados por el albacea para la conservación y mantenimiento de los bienes hereditarios, son válidos hasta en tanto los herederos no se pongan de acuerdo en fijar la porción que la misma deba emplear para ello, en términos de los artículos 882, 883, 885 y 887 del Código Civil de Michoacán. (Hasta aquí lo resuelto por el juez natural). Motivos por los cuales el Tribunal de Alzada declaró infundadas las manifestaciones realizadas por el coheredero, aquí quejoso ********************, por sí y en cuanto apoderado de las coherederas ********************. Asimismo, desestimó el argumento planteado por el apelante en el sentido de que la decisión de primera instancia no se fundó ni motivó, pues al efecto indicó que los razonamientos vertidos por el juez natural, deben entenderse tácitamente consentidos a la luz de los artículos 93 y 95, segundo párrafo, del Código Adjetivo Civil local, ya que no los controvirtió con propiedad en el motivo de inconformidad planteado, donde además de sostener que no se dio respuesta a sus afirmaciones, se concreta a señalar que se le dejó en estado de indefensión junto a sus mandantes, debido a que las dudas no habían sido aclaradas, citando al efecto las tesis de voz "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE.", y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE AUTORIDAD." Añadió que esto último, además de que no implica estar combatiendo argumentos expuestos por la a quo, tampoco tiene el alcance de revocar el sentido de revocar el sentido de la determinación impugnada. Lo anterior porque ningún precepto de la ley obliga al albacea a que acuda a la audiencia de aprobación de cuentas para que dé las explicaciones que pretendan los demás interesados, menos aún condiciona la aprobación de las cuentas a su asistencia, pues sólo impone la obligación de que la rinda, de manera que si así lo hizo -señaló- y a juicio del juez del conocimiento, si a dichas cuentas se acompañaron los comprobantes inherentes, es claro que debía permanecer incólume su aprobación, al igual que las desestimación de las objeciones vertidas sobre el particular por el quejoso, insistiendo en que no combatió con propiedad los argumentos expuestos por la resolutora de origen para arribar a esa determinación, puesto que la simple cita de las tesis no implica estar formulando un verdadero agravio, de ahí que consideró insuficiente su agravio. (Hasta aquí las consideraciones que sustentan la resolución reclamada). Hasta aquí las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. Con esas bases, se corrobora que opuesto a lo que aduce el quejoso en sede constitucional, el magistrado responsable sí se pronunció respecto del único motivo de agravio planteado en segunda instancia. Efectivamente, en principio, la sala responsable examinó el único motivo de inconformidad hecho valer por el apelante, aquí quejoso, respecto del cual determinó que sus afirmaciones no eran correctas pues bastaba remitirse al considerando segundo de la interlocutoria apelada para advertir que la juez natural sí se ocupó de analizar las objeciones que hizo valer, las cuales desestimó por infundadas, dado que el artículo 1082 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, únicamente exige que a la cuenta mensual se acompañen los justificantes que procedan. A más de que bastaba la sola exhibición de tales justificantes para cumplir el requisito legal impuesto con base en el criterio jurisprudencial citado; aunado a que tales razonamientos fueron consentidos tácitamente por el inconforme, aquí quejoso. Argumentos torales de los que se desprende que la responsable sí valoró correctamente el agravio que se hizo valer en su escrito de apelación, pronunciándose también respecto de las manifestaciones referentes a las objeciones hechas valer a la cuenta de administración rendida, fundado y motivando su proceder, pues al efecto citó los preceptos legales aplicables al caso, los criterios jurisprudenciales y las razones que lo llevaron a resolver de la manera en que lo hizo. De ahí que sí atendió la violación alegada respecto de los principios de seguridad jurídica y legalidad contemplados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Consideraciones que, además, no fueron combatidas por el aquí quejoso en sede constitucional, de manera que con independencia de ser acertadas o no, continúan rigiendo en el acto reclamado por no haber sido cuestionada su legalidad en el presente juicio de amparo, toda vez que el promovente se limitó a afirmar que la sala responsable omitió valorar correctamente el agravio que hizo valer, pero sin explicar si los argumentos vertidos en la sentencia de segundo grado eran correctos o no. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. En otro tenor, es inoperante lo que se arguye en el sentido de que la sala omitió pronunciarse sobre los agravios expuestos en el escrito de apelación que enderezó contra la consideración de la interlocutoria de administración de cuentas relativa al mes de enero de dos mil veintidós. Ello es así porque no alude, en concreto, qué agravios son los que dejó de resolver la sala, lo que incumple la mínima causa de pedir requerida para que tales argumentos sean analizados por este juzgado federal. Máxime que el presente asunto se regula bajo el principio de estricto derecho, porque no se configura alguno de los supuestos para suplir la queja, previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2011781 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 59/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 827 Tipo: Jurisprudencia AMPARO DIRECTO. NO CONSTITUYE UN FORMALISMO O RIGORISMO JURÍDICO EXIGIR AL QUEJOSO QUE SEÑALE EXPRESAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EL PERJUICIO LO CAUSA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE PRONUNCIARSE SOBRE DETERMINADO PLANTEAMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). En los asuntos en los que es improcedente la suplencia de la queja deficiente, debe combatirse expresamente la omisión de la responsable de analizar un argumento en la sentencia definitiva reclamada, debiendo estimarse inoperantes los planteamientos que tiendan a repetir aquello sobre lo que no hubo pronunciamiento, porque es obligación del quejoso señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, pues de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar lo que, de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que éste realice, al ir más allá del alcance que tiene la figura de atender a la causa de pedir; sin que ese requisito constituya un formalismo o rigorismo jurídico, toda vez que sólo se trata de una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia. Aunado al hecho de que no se impone cierta forma para hacer valer el agravio respectivo, ya que, por ejemplo, podrá el quejoso señalar que existe una omisión de estudio, o que el acto reclamado carece de congruencia y exhaustividad en el estudio de los argumentos planteados; es decir, que de cualquier forma indique qué perjuicio se le causa." En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado por ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ********************. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al juez natural, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ********************, contra los actos reclamados al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA notifico a la parte tercero interesado J. LUIS RIVERA GARCIA, APODERADO DE MARIA EUGENIA AGUILAR TOVAR, ESTA ÚLTIMA POR SI Y EN CUANTO ALBACEA DE LA SUCESIÓN A BIENES DE CLEMENTINA TOVAR TOVAR, lo siguiente; Morelia, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ********************, contra actos que reclama del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós (fojas 2 a 5), ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ******************** (nombre correcto de las personas que son representadas por el accionante), promovió demanda de amparo contra las siguientes autoridades y respecto del acto que enseguida se enuncia: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Magistrada de la Segunda Sexta (sic) Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (.). 2. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán (.)." "IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables del numeral anterior reclamo de la primera la resolución de fecha 29 de abril del 2022 dentro del toca número ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito en contra de la sentencia interlocutoria de 03 tres de marzo del 2022 dos mil veintidós del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio sucesorio testamentario número ********************, resolución que causa agravio a la sucesión, misma que me fuera notificada el 02 dos de mayo del 2022 dos mil veintidós." En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, el que en auto de veinticinco de mayo del año próximo pasado, previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda (fojas 6 a 10). Presentados que fueron los escritos aclaratorios, en auto de once de julio de dos mil veintidós (foja 50), al estimar que no se cumplió con la prevención, se tuvo por no presentada la demanda. Inconforme con la referida determinación el apoderado de la parte quejosa interpuso recursos de revisión y queja (fojas 53 a 57 y 61), medios de impugnación que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, y registró como revisión civil ********************y queja civil ********************; desechando la primera y admitiendo el recurso de queja. En sesión de ocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 73 a 94), se resolvió la queja, la cual fue declarada fundada, por lo que en cumplimiento a la referida resolución, este juzgado en auto de veintisiete de septiembre pasado (fojas 95 a 97), admitió a trámite la demanda de amparo indirecto; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diversos diferimientos tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y el diverso numeral 49 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en la medida en que se reclama una determinación dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, y su ejecución atribuida al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama en la presente vía: La resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de tres de marzo del año próximo pasado, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, en el juicio sucesorio testamentario ********************, sobre rendición de cuentas en la tercera sección del juicio sucesorio de mérito. Determinación en la que se resolvió desestimar los agravios planteados por el solicitante del amparo y se confirmó la sentencia de primera instancia. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 103 y 104, así como la 111). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las copias certificadas de las constancias del toca de apelación ******************** que el Magistrado responsable remitió junto con su informe con justificación, así como las remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, relativas al juicio sucesorio testamentario de donde emana el acto reclamado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. A efecto de lograr una mayor claridad en la presente resolución, conviene precisar los principales antecedentes del acto reclamado, los que se desprenden de las constancias remitidas por el Magistrado responsable al rendir su informe justificado: 1. Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, se radicó el juicio sucesorio testamentario número ********************, a bienes de ********************2. Dentro de la tercera sección del juicio sucesorio aludido, mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós (fojas 32 a 103 del cuaderno de pruebas tomo I), ********************, albacea definitiva de la sucesión en cita, compareció ante el juez de los autos a rendir cuenta de administración correspondiente al mes de enero del mencionado año. 3. A la referida promoción recayó el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintidós (fojas 104 y 105 ídem), auto en el que se le tuvo por rindiendo la cuenta mensual correspondiente y exhibiendo los cheques y depósitos descritos, los cuales se dejaron a disposición de los beneficiarios a fin de que comparecieran a recogerlos o a manifestar lo que a su interés legal convenga. 4. ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de ********************y otras, mediante escrito presentado ante el juez de los autos el once de febrero de dos mil veintidós (fojas 106 a 108 ídem), compareció a manifestar su inconformidad, objeción y oposición a la cuenta de administración rendida por la albacea definitiva ********************. 5. A dicho escrito recayó el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós (foja 109 ídem), en el cual se ordenó dar vista a la albacea definitiva a fin de que el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera; asimismo se mandó citar a las partes para que comparecieran a ese juzgado a las diez horas del veinticuatro de febrero del referido año, a efecto de que tuviera verificativo la audiencia de aprobación o reprobación de la cuenta de administración del mes de octubre del año en curso (sic), rendida en los autos del juicio sucesorio en mención. 6. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós (fojas 116 a 120 ídem), ********************en cuanto apoderado de la albacea definitiva compareció a dar contestación a la inconformidad, objeción y oposición a la cuenta de administración rendida por su representada, ocurso que fue acordado de conformidad en auto de veinticuatro de febrero del año próximo pasado (foja 121 ídem). 7. El veinticuatro de febrero de dos mil veintidós (foja 122 ídem), se llevó a cabo la audiencia de aprobación o reprobación de la cuenta de administración del mes de enero del referido año. 8. El tres de marzo de dos mil veintidós (fojas 125 a 129 ídem), se resolvió la interlocutoria relativa al incidente aludido, declarando infundadas las manifestaciones realizadas por el coheredero ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las coherederas ********************, por consecuencia, se aprobó la cuenta de administración correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós, rendida por la albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ********************. 9. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito presentado ante el juez de los autos el quince de marzo de dos mil veintidós (fojas 1 a 5 ídem), ******************** interpuso recurso de apelación en contra de la interlocutoria de tres de marzo pasado, ocurso que fue acordado de conformidad en auto de dieciocho del mes y año en cita (foja 6 ídem). 10. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho medio de impugnación al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el cual registró como toca número ******************** (foja 137 ídem). 11. Medio de impugnación que fue resuelto el veintinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 145 a 152 ídem), en la que se desestimaron los agravios planteados por el apelante, por lo que se confirmó la interlocutoria apelada en que se aprobó la cuenta de administración relativa al mes de enero del año próximo pasado decretada en primera instancia. Determinación que constituye el acto reclamado en el presente medio de control constitucional. QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por el inconforme, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, se abordará el estudio de la procedencia del presente juicio, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en el numeral 61 de la legislación en consulta, haría imposible el examen de la litis constitucional. En el presente caso, las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni este órgano de control constitucional, de oficio, advierte la actualización de alguna que conlleve al sobreseimiento del presente juicio; por tanto, se procederá al examen relativo de la constitucionalidad de la resolución interlocutoria reclamada. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Los motivos de disenso planteados por el quejoso resultan infundados, por ende, insuficientes para conceder la protección constitucional solicitada. En su demanda de amparo el promovente alega medularmente que en la resolución reclamada el Magistrado responsable: Omitió valorar correctamente el agravio que se hizo valer en su escrito de apelación, bajo el argumento de que no es indispensable, declarando que resultan infundados e insuficientes, pero que en la resolución combatida sólo refiere las inconformidades y las transcribe, pero no realiza un análisis puntual; aunado a que el albacea tampoco refiere o da contestación a las mismas. Asimismo, que en la sentencia que se combate, la responsable refiere que el juez no hizo manifestaciones referente a las objeciones con relación al mes de enero de dos mil veintidós, pero que la responsable tampoco lo hace, por lo que no funda ni motiva dicha resolución para ser clara y precisa, por qué razón y qué puntos de la cuenta no estuvieron satisfechos. También se violan sus derechos humanos y de sus coherederos por la oscuridad en la resolución interlocutoria, la cual no es de acuerdo a lo que establece la ley, por lo que se violan en su perjuicio los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en la foja tres sí se hace mención a las cuentas detalladas y la responsable nunca refiere porque están conforme a derecho, lo cual lo deja en estado de indefensión. Conceptos de violación que, como ya se adelantó, resultan ineficaces, como se explica a continuación. En efecto, contrario a lo referido por el peticionario del amparo, de las consideraciones que sustentan la determinación reclamada se obtiene que el magistrado responsable sí llevó a cabo el análisis del único agravio que hizo valer el quejoso en su recurso de apelación, sin que en el caso el quejoso explique por qué dichos razonamientos revelan un estudio superficial de sus argumentos. Para justificar lo anterior, es necesario precisar las consideraciones expuestas por el Magistrado responsable en su resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, con base en las cuales desestimó el agravio planteado por el ahora quejoso. Ciertamente, el magistrado responsable indicó que arribó a esa determinación, porque el quejoso adujo que la resolución impugnada le causaba agravio tanto a él como a sus representados, por el hecho de que el juez de origen no dio respuesta las objeciones que hizo valer con relación a la cuenta de administración del mes de enero de dos mil veintidós que rindió la albacea de la sucesión, las cuales transcribió. Señaló que tales afirmaciones no eran correctas, porque bastaba remitirse al considerando segundo de la interlocutoria apelada, para advertir que la resolutora del primer grado sí se ocupó de analizar esas objeciones que dijo haber esgrimido y que quedaron transcritas, desestimándolas bajo el argumento de que: Las manifestaciones del inconforme resultaron infundadas, porque el artículo 1082 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, únicamente exige que la cuenta mensual se acompañen los justificantes que procedan; Añadió que si la albacea ********************, al rendir la cuenta de su administración correspondiente al mes de enero de dos mil veintidós, había adjuntado los justificantes que acreditaban su rendición de cuentas, ello era suficiente para tenerla por cumpliendo con el requisito que le impone el numeral en cita, bastando que tales justificantes se encontraran elaborados por las personas de quienes se recibieron los servicios, o los bienes necesarios para la conservación o correcta administración del haber hereditario, pues estos no necesitan de requisitos fiscales, robusteciendo su criterio con la tesis de rubro: "RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA SUCESIÓN. LOS COMPROBANTES DE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR EL ALBACEA NO NECESITAN DE REQUISITOS FISCALES PARA TENER POR CUMPLIDA ESA OBLIGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; Aseveró también que, contrario a lo sostenido por el incidentista, los gastos realizados por el albacea para la conservación y mantenimiento de los bienes hereditarios, son válidos hasta en tanto los herederos no se pongan de acuerdo en fijar la porción que la misma deba emplear para ello, en términos de los artículos 882, 883, 885 y 887 del Código Civil de Michoacán. (Hasta aquí lo resuelto por el juez natural). Motivos por los cuales el Tribunal de Alzada declaró infundadas las manifestaciones realizadas por el coheredero, aquí quejoso ********************, por sí y en cuanto apoderado de las coherederas ********************. Asimismo, desestimó el argumento planteado por el apelante en el sentido de que la decisión de primera instancia no se fundó ni motivó, pues al efecto indicó que los razonamientos vertidos por el juez natural, deben entenderse tácitamente consentidos a la luz de los artículos 93 y 95, segundo párrafo, del Código Adjetivo Civil local, ya que no los controvirtió con propiedad en el motivo de inconformidad planteado, donde además de sostener que no se dio respuesta a sus afirmaciones, se concreta a señalar que se le dejó en estado de indefensión junto a sus mandantes, debido a que las dudas no habían sido aclaradas, citando al efecto las tesis de voz "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE.", y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ACTOS DE AUTORIDAD." Añadió que esto último, además de que no implica estar combatiendo argumentos expuestos por la a quo, tampoco tiene el alcance de revocar el sentido de revocar el sentido de la determinación impugnada. Lo anterior porque ningún precepto de la ley obliga al albacea a que acuda a la audiencia de aprobación de cuentas para que dé las explicaciones que pretendan los demás interesados, menos aún condiciona la aprobación de las cuentas a su asistencia, pues sólo impone la obligación de que la rinda, de manera que si así lo hizo -señaló- y a juicio del juez del conocimiento, si a dichas cuentas se acompañaron los comprobantes inherentes, es claro que debía permanecer incólume su aprobación, al igual que las desestimación de las objeciones vertidas sobre el particular por el quejoso, insistiendo en que no combatió con propiedad los argumentos expuestos por la resolutora de origen para arribar a esa determinación, puesto que la simple cita de las tesis no implica estar formulando un verdadero agravio, de ahí que consideró insuficiente su agravio. (Hasta aquí las consideraciones que sustentan la resolución reclamada). Hasta aquí las consideraciones que sustentan la resolución reclamada. Con esas bases, se corrobora que opuesto a lo que aduce el quejoso en sede constitucional, el magistrado responsable sí se pronunció respecto del único motivo de agravio planteado en segunda instancia. Efectivamente, en principio, la sala responsable examinó el único motivo de inconformidad hecho valer por el apelante, aquí quejoso, respecto del cual determinó que sus afirmaciones no eran correctas pues bastaba remitirse al considerando segundo de la interlocutoria apelada para advertir que la juez natural sí se ocupó de analizar las objeciones que hizo valer, las cuales desestimó por infundadas, dado que el artículo 1082 del Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, únicamente exige que a la cuenta mensual se acompañen los justificantes que procedan. A más de que bastaba la sola exhibición de tales justificantes para cumplir el requisito legal impuesto con base en el criterio jurisprudencial citado; aunado a que tales razonamientos fueron consentidos tácitamente por el inconforme, aquí quejoso. Argumentos torales de los que se desprende que la responsable sí valoró correctamente el agravio que se hizo valer en su escrito de apelación, pronunciándose también respecto de las manifestaciones referentes a las objeciones hechas valer a la cuenta de administración rendida, fundado y motivando su proceder, pues al efecto citó los preceptos legales aplicables al caso, los criterios jurisprudenciales y las razones que lo llevaron a resolver de la manera en que lo hizo. De ahí que sí atendió la violación alegada respecto de los principios de seguridad jurídica y legalidad contemplados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Consideraciones que, además, no fueron combatidas por el aquí quejoso en sede constitucional, de manera que con independencia de ser acertadas o no, continúan rigiendo en el acto reclamado por no haber sido cuestionada su legalidad en el presente juicio de amparo, toda vez que el promovente se limitó a afirmar que la sala responsable omitió valorar correctamente el agravio que hizo valer, pero sin explicar si los argumentos vertidos en la sentencia de segundo grado eran correctos o no. De ahí lo infundado de los conceptos de violación. En otro tenor, es inoperante lo que se arguye en el sentido de que la sala omitió pronunciarse sobre los agravios expuestos en el escrito de apelación que enderezó contra la consideración de la interlocutoria de administración de cuentas relativa al mes de enero de dos mil veintidós. Ello es así porque no alude, en concreto, qué agravios son los que dejó de resolver la sala, lo que incumple la mínima causa de pedir requerida para que tales argumentos sean analizados por este juzgado federal. Máxime que el presente asunto se regula bajo el principio de estricto derecho, porque no se configura alguno de los supuestos para suplir la queja, previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2011781 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 59/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 827 Tipo: Jurisprudencia AMPARO DIRECTO. NO CONSTITUYE UN FORMALISMO O RIGORISMO JURÍDICO EXIGIR AL QUEJOSO QUE SEÑALE EXPRESAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EL PERJUICIO LO CAUSA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE PRONUNCIARSE SOBRE DETERMINADO PLANTEAMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA). En los asuntos en los que es improcedente la suplencia de la queja deficiente, debe combatirse expresamente la omisión de la responsable de analizar un argumento en la sentencia definitiva reclamada, debiendo estimarse inoperantes los planteamientos que tiendan a repetir aquello sobre lo que no hubo pronunciamiento, porque es obligación del quejoso señalar el perjuicio que le causa el acto reclamado, pues de lo contrario, se deja la carga al juzgador de interpretar en qué consiste el agravio a estudiar lo que, de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, no es factible que éste realice, al ir más allá del alcance que tiene la figura de atender a la causa de pedir; sin que ese requisito constituya un formalismo o rigorismo jurídico, toda vez que sólo se trata de una exigencia mínima que no lesiona la sustancia del derecho del acceso a la justicia. Aunado al hecho de que no se impone cierta forma para hacer valer el agravio respectivo, ya que, por ejemplo, podrá el quejoso señalar que existe una omisión de estudio, o que el acto reclamado carece de congruencia y exhaustividad en el estudio de los argumentos planteados; es decir, que de cualquier forma indique qué perjuicio se le causa." En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo solicitado por ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ********************. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al juez natural, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso ********************, por propio derecho y en cuanto apoderado de las diversas coherederas ********************, contra los actos reclamados al Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy nueve de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
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