Gabriel Aguilar Tovar

Expediente 329/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
329/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Aguilar Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por Gabriel Aguilar Tovar; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Gabriel Aguilar Tovar, atento a su contenido, se tiene al promovente, cumpliendo con lo requerido en proveído de diecinueve de abril del año en curso, al haber atendido los puntos de prevención contenidos en el referido acuerdo; por ende, se provee lo siguiente. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Una vez revisado en su totalidad el libelo inicial y el escrito aclaratorio, válidamente puede concluirse que lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, conforme a lo previsto en el artículo 113, en relación con la fracción XVIII del artículo 61de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no observó el principio de definitividad. El artículo 113 de la Ley de Amparo, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tendría sentido substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, tal improcedencia no podría superarse ni con más argumentos o pruebas, tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto encuadra exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Por otra parte, la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Tal exigencia, de que previamente a la promoción del juicio de garantías, deben interponerse los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento, se dirige a aquellos que son parte formal en el contradictorio de origen o quienes hayan comparecido a juicio a gestionar y les haya sido reconocido algún carácter, por tanto, en términos de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente se exceptúan de tal obligación los terceros extraños al juicio, quienes al no tener el carácter de parte, tampoco pueden hacer uso de los medios de defensa para lograr su intervención en el procedimiento, tal como quedó establecido en la tesis de jurisprudencia VI.2ºC J/282, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1557, tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS". Ahora bien, en la especie, el acto reclamado consiste en el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que el juez de origen decretó la inadmisión del recurso de apelación interpuesto en contra del desechamiento del incidente de nulidad de notificaciones, todo ello dentro del juicio sucesorio testamentario 551/2009. Al respecto, el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece que el recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento. II. Contra la denegación de apelación. III. En los demás casos fijados por la ley. Como se observa, en contra del proveído que constituye el acto reclamado en el presente asunto procede el recurso de queja. Apoya lo anterior, la tesis aislada XX.96 C, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, visible a página 373, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACION EN EL JUICIO CIVIL. ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE QUEJA PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). Contra el acuerdo que desecha un recurso de apelación planteado en un juicio civil, procede el recurso de queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 697, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, que pudo haber revocado, modificado o anulado el acto reclamado, por tanto, si no se agota el recurso en comento tratándose del desechamiento señalado, es incuestionable que no se agotó el principio de definitividad; y, por ende, resulta improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXX, Julio de 2009, página 1860, que dice: APELACIÓN. EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA PUEDE DESECHAR DICHO RECURSO POR EXTEMPORÁNEO, AUN CUANDO NO EXISTA NORMA JURÍDICA QUE ASÍ LO ESTABLEZCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 699, 704, 705 y 730, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán abrogado, se advierte que el Juez de primera instancia tiene facultades para desechar el recurso de apelación, entre otros supuestos, cuando no se haga valer oportunamente, en razón de que del contenido de las normas jurídicas citadas, deriva que: si el apelante no señala y aporta las constancias, en el término legal, el recurso no será admitido; la apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció la sentencia o auto, por escrito, dentro de nueve días si la sentencia fuere definitiva y dentro de seis si fuere auto o interlocutoria; en el auto que se pronuncie respecto del escrito de interposición del recurso, el Juez expresará si lo admite en ambos o en un solo efecto; y, el recurso de queja procede contra la denegación de apelación. Lo anterior significa que los supuestos normativos contemplados en los preceptos mencionados, para que tengan una aplicación coherente y funcional, deben interpretarse en el sentido de que facultan al Juez para desechar el recurso de apelación cuando, entre otros requisitos de procedibilidad, no se interponga oportunamente, puesto que aunque ninguna de dichas normas expresamente establece la facultad del juzgador para desechar el medio de impugnación de referencia, es procedente interpretar, a contrario sensu, que si el citado artículo 704 establece el término en que debe interponerse la apelación, es válido concluir que si ésta no se presenta en ese lapso, el Juez está facultado para desecharla por extemporánea pues, de no interpretarlo así, se llegaría al absurdo de que nunca tendría aplicación la procedencia de la queja contra la denegada apelación, sin que sea obstáculo para ello, que la Sala de segunda instancia también pueda desecharla en definitiva cuando el Juez la hubiera admitido indebidamente. No obstante, de lo narrado por el propio peticionario del amparo se obtiene que tal medio de defensa no fue agotado; y, en su lugar, se acudió directamente al juicio de amparo. Cabe precisar que los hechos relatados por el peticionario de la protección constitucional pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen; además, tal narrativa se realizó bajo protesta de decir verdad, como lo sustenta la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 2613 Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, que dispone: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Por consiguiente, si en contra del proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno, en el que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Pátzcuaro, Michoacán, determinó la inadmisión del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra del desechamiento del incidente de nulidad de notificaciones, procede el recurso de queja que establece el artículo 696, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado; y éste no fue agotado, resulta patente que se soslayó el principio de definitividad, que parte de la premisa fundamental de que el acto reclamado esté revestido de firmeza, en la medida en que no sea factible impugnarlo a través de un recurso ordinario o medio de defensa que tenga por objeto revocarlo, anularlo o modificarlo; lo que conlleva la obligación de que además de impugnarlo, al hacerlo se aleguen todas las irregularidades que se adviertan, so pena de que, lo ahí no hecho valer como motivo de impugnación, ya no es factible invocarlo en el juicio de amparo. Sustenta tal consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, junio de 2004, visible en la página 1432, que dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Máxime porque el quejoso es parte en el juicio de origen, y no acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño al procedimiento de origen; por ende, es evidente que no se actualiza el supuesto de la fracción XVIII, inciso c), del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, mayormente porque no se advierte que el promovente del amparo se encuentre en alguna de las excepciones a esa causa de improcedencia, establecidas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del invocado artículo 61; a saber: No se trata de un acto que importe "peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales"; Tampoco consiste en "órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal"; Ni se ostentó "persona extraña al procedimiento", pues dicha cuestión ya quedó desvirtuada, pues la quejosa es parte demandada en el juicio de origen. Consecuentemente, es indudable que debe desecharse de plano la demanda de garantías promovida por Gabriel Aguilar Tovar, con fundamento en lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.fgb

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Gabriel Aguilar Tovar. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de cuenta, con apoyo en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que se les notifique el presente acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, consciente de la pena a que se refiere el numeral 261 de la legislación en la materia, para el caso que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que le consten; aclare su demanda sobre los siguientes puntos: 1.- Narre de manera completa y cronológica los antecedentes del acto reclamado, esto es, todo lo acontecido en el juicio de origen, ya que su narración resulta incompleta, lo que además deberá hacer bajo protesta de decir verdad, por ser éste un requisito formal establecido por la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, dado que si bien en su demanda realiza manifestaciones en torno a los antecedentes del acto reclamado, estos resultan incompletos, además de que no se narran bajo protesta de decir verdad, siendo que resulta necesario para este juzgador conocer los antecedentes en relación a todo lo acontecido en el juicio de origen. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis I.7º.A.100 K en la página 990, del Tomo XXIII, abril de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." 2.- Para que de su escrito aclaratorio, exhiba las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una cada autoridad responsable, dos para los terceros interesados, dos para el incidente de suspensión y otra más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de no cumplir con lo anteriormente requerido, dentro del término que se le concede, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Rogelio Coria Chávez, con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que los acredita como Licenciado en Derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gerardo Francisco Barragán Estrada, hasta en tanto acredite encontrarse facultado para ejercer la aludida profesión. Asimismo, se le tiene designando únicamente para oír y recibir notificaciones a Rogelio Coria Tenorio. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las catorce horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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