Gabino o Gavino Maciel López

Expediente 987/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
987/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Gabino o Gavino Maciel López
  • Cristian Adrián Torres Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Desiste de demanda de amparo. Vista la diligencia practicada por la Actuaria de la adscripción el cinco del mes y año en curso, de la cual se obtiene que el quejoso Rigoberto Sandobal Sandobal, manifestó que es su deseo desistir de la tramitación del presente juicio de control constitucional; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Como lo solicita el promovente, se le tiene desistido en su perjuicio de la demanda que dio origen al presente juicio, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene apoyo a lo anterior, por contener el principio jurídico invocado, la jurisprudencia de contexto literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192108 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 33/2000 Página: 147 DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Amparo en revisión 3496/97. Roberto González Becerra. 25 de febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 1464/98. Jorge Andrés Garza García. 21 de agosto de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Amparo en revisión 273/99. Francisco Alatorre Urtuzuástegui. 12 de mayo de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 1395/99. Ana María Castellón Romero. 8 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Amparo en revisión 2089/99. Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple. 4 de febrero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez". Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. No pasa por alto el contenido de la jurisprudencia por contradicción, aprobada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "Tesis: 2a./J. 119/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 174481 Segunda Sala Tomo XXIV, Agosto de 2006 Página 295 Jurisprudencia (Común) DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Contradicción de tesis 14/2006-PL. Entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado (actualmente en Materia Civil) del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". Sin embargo, este órgano jurisdiccional tiene la certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, en atención a que se colma el referido requisito indispensable, al haber manifestado su deseo de desistir de la tramitación del presente asunto ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública. Los criterios que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Informes en relación a suspensión de plano. En otro orden de ideas, agréguense a los autos los oficios de cuenta a través de los cuales las autoridades que los suscriben, rinden el informe en relación a la suspensión de plano que les fue requerido en auto de cinco de los actuales; de lo anterior este tribunal toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Razón actuarial. Finalmente, agréguese únicamente la razón actuarial de cinco de septiembre actual, de la cual se obtiene la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito de entregar el oficio 13264 dirigido al Comisionado de la Policía Federal, con sede en esta ciudad; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, por lo expuesto en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Auto de radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta, signado por Rigoberto Sandobal Sandobal, Gavino y/o Gabino Maciel López, Francisco Aurelio Hernández Melgoza, Cristian Adrián Torres Sánchez, Jesús Alberto Guízar Martínez y Enrique Rodríguez Gálvez. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Separación de autos. Ahora, en el caso acuden al amparo los seis quejosos citados supralíneas, a reclamar del Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, y otras autoridades, la orden de traslado del aludido centro de reclusión, así como su ejecución; por tanto, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, sin necesidad de aperturar el incidente respectivo, por tratarse de un asunto que corresponde al conocimiento de este órgano jurisdiccional, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. "Época: Novena Época Registro: 197671 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 76/97 Página: 118 SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación. Contradicción de tesis 6/96. Entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito. 7 de agosto de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Luis Ignacio Rosas González". Así como la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del siguiente tenor. "Época: Décima Época Registro: 2009070 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.72 K (10a.) Página: 2356 SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: ´SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.´, a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí. Amparo en revisión 61/2014. Alma Margarita Cerón Flores. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro". En razón de lo anterior, se ordena la separación de juicios en los siguientes términos: En el presente expediente de amparo se resolverá respecto al acto reclamado únicamente por Rigoberto Sandobal Sandobal, en virtud a que dicha persona es la que figura como el primer quejoso en el escrito de demanda; por tanto, se ordena obtener copia certificada de la papeleta, así como del escrito de demanda, a fin de que en juicio separados se resuelva en relación a los diversos promoventes. En consecuencia, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre los cinco nuevos expedientes que se formarán con motivo de la presente separación de autos, y realice el turno correspondiente a los diversos promoventes Gavino y/o Gabino Maciel López, Francisco Aurelio Hernández Melgoza, Cristian Adrián Torres Sánchez, Jesús Alberto Guízar Martínez y Enrique Rodríguez Gálvez. Se desecha parcialmente la demanda. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 108, fracción III y 113, todos de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos transcritos, en lo que interesa, se tiene que la demanda inicial del juicio de amparo debe examinarse a efecto de establecer si al respecto se actualiza alguna causa de improcedencia; que las causas de improcedencia de deben analizar de manera oficiosa; así como, que una causa de improcedencia puede derivar del contenido de la Ley de Amparo. Asimismo, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora, del escrito de demanda, se obtiene que la parte promovente del amparo pretende reclamar de los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", Número 2 "Occidente", Número 3 "Noreste", Número 4 "Noroeste", Número 5 "Oriente", Número 6 "Sureste", Número 7 "Nor-noroeste", Número 8 "Nor-poniente", Número 11 "Sonora", Número 12 "Guanajuato", Número 13 "Oaxaca", Número 14 "Durango", Número 15 "Chiapas", Número 17 "Michoacán" y Número 18 "Ramos Arispe", "[.] respecto a los aludidos 15 titulares de los Centros de Reclución (sic) Federales, se les reclama la aceptación inmediata de los internos que se les destinen, respectivamente a cada centro que administran". Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, únicamente respecto a los actos atribuidos a las referidas autoridades responsables. Lo anterior, debido a que el ahora quejoso manifiesta que no tiene conocimiento respecto a que en realidad alguna de las autoridades referidas haya emitido la orden de traslado; de hecho, sólo puede obtenerse convicción de que el Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, podría estar afectando su esfera jurídica, debido al hecho de que ahí guarda reclusión. En la inteligencia de que, de advertirse que el acto reclamado, fue emitido por alguna de las autoridades ordenadoras indicadas supralíneas o que éstas son partícipes, se le dé vista al quejoso para que manifieste si es su deseo ampliar el libelo constitucional. En ese sentido, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Rigoberto Sandobal Sandobal, por su propio derecho, únicamente por lo que ve a los actos reclamados a los Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", Número 2 "Occidente", Número 3 "Noreste", Número 4 "Noroeste", Número 5 "Oriente", Número 6 "Sureste", Número 7 "Nor-noroeste", Número 8 "Nor-poniente", Número 11 "Sonora", Número 12 "Guanajuato", Número 13 "Oaxaca", Número 14 "Durango", Número 15 "Chiapas", Número 17 "Michoacán" y Número 18 "Ramos Arispe". Admisión de la demanda. Por otra parte, admítase la demanda de amparo promovida por Rigoberto Sandobal Sandobal, contra actos del Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, y otras autoridades, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicitud de informes justificados. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicite, asimismo deberán acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a las autoridades responsables para que informen si alguna de las partes, ha tramitado diverso juicio de amparo contra actos derivados del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se autoriza la consulta vía electrónica. Además, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la fiscal adscrita la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario pepin; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Emplazamiento de tercero interesado. Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de las autoridades responsables. Suspensión de plano. Ahora, dada la naturaleza de los actos reclamados, se procede a proveer de oficio sobre la medida suspensiva solicitada, consistentes en la orden de traslado del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, así como su ejecución, en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el veintiuno de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del veintiuno de junio de ese año, en su artículo 48, fracción IX, se establece como asunto urgente para su turno, entre otros, la orden de traslado, pero sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO en favor del quejoso Rigoberto Sandobal Sandobal, para el efecto de que no se lleve a cabo la orden de traslado, es decir, que no sea trasladado del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, en el que refiere encontrarse actualmente, a cualquier otro centro penitenciario o de reclusión del país o de esta entidad federativa, quedando a disposición de las autoridades competentes para la continuación del proceso (si fuere el caso) o para la compurgación de la pena a que haya sido condenado. Es pertinente señalar que la integridad física y moral, así como la seguridad, custodia y guarda del quejoso en el lugar donde se encuentra interno, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades a cuya disposición se encuentran, quienes deberán tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto atendiendo la naturaleza y circunstancia del asunto. Tienen aplicación en lo conducente los criterios que se reproducen a continuación: "Tesis: I.5o.P.5 P Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 191264 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XII, Septiembre de 2000 Página 781 Tesis Aislada (Penal) ORDEN DE TRASLADO. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, AUN CUANDO OBEDEZCA A RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES. Cuando el acto reclamado se hace consistir en la orden de traslado del quejoso a otro centro de reclusión, debe concederse la suspensión provisional, aun cuando dicho traslado obedezca a razones de seguridad o alguna otra hipótesis de las que previene el artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales, y sin que deba señalarse como requisito de efectividad de la medida cautelar, el que esa orden se haya emitido en razón de la competencia excepcional de un Juez de Distrito distinto al del lugar de comisión del delito, por las razones que el propio precepto establece, pues en términos del artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, al concederse la suspensión deberán tomarse las medidas necesarias para preservar la materia del juicio de garantías, en el que se analizará la constitucionalidad del acto reclamado. Queja 185/2000. 4 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretaria: Martha María del Carmen Hernández Álvarez." "Tesis: VIII.1o.16 P Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 199764 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Enero de 1997 Página 557 Tesis Aislada (Penal) SUSPENSION, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA EL TRASLADO DE REOS. El Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al haber negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que al consistir éstos en el traslado del reo de una ciudad a otra, debió de considerarse que se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 136 de la Ley de Amparo, es decir, el de estimar que la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, por lo que hace a la continuación del proceso penal, debiendo suspenderse el traslado del quejoso al lugar donde se le está instruyendo el proceso, mientras se resuelve el fondo del amparo. Amparo en revisión 570/96. Iván Rodolfo Reyes Barrón. 16 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Arredondo Elías, secretario en funciones de Magistrado. Secretario: Francisco J. Rocca Valdez." "Tesis Aislada (Penal): Semanario Judicial de la Federación Séptima Época Número de identificación 248194 Tribunales Colegiados de Circuito Volumen 205-216, Sexta Parte Página 510 SUSPENSION DE PLANO, ALCANCES DE LA. TRASLADO DE REOS. Si en la demanda de garantías se reclama la extracción de los quejosos del lugar de su reclusión, en donde se encuentran a disposición del Juez de su causa, para trasladarlos a sitio diferente y en éste causarles molestias sin motivo legal, incomunicarlos y torturarlos para declarar en su contra, fue correcta la determinación del Juez de Amparo de suspender de plano los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República y para evitar que éstos se realizaran, que también suspendiera de plano el traslado citado, pues de no haberlo hecho así, sería nugatorio y sin ningún efecto jurídico su mandato, por existir la posibilidad de que el mismo no fuera acatado y, por ende se actuó conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo en vigor. Amparo en revisión 177/85. Rafael Caro Quintero y otro. 18 de enero de 1986.. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: Rubén Márquez Fernández. Amparo en revisión 178/85. Ernesto Rafael Fonseca Carrillo y otro. 18 de enero de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: Rubén Márquez Fernández". Requerimiento sobre su cumplimiento Por otro lado, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; además, se hace de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 206 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, así como 215 del Código Penal Federal. Asimismo, en este mismo acto, se solicita a las responsables que al rendir sus informes respecto de la suspensión de plano decretada, manifiesten si existe algún otro motivo que sustente el acto que reclama el quejoso, respecto a ser trasladado del lugar en el que actualmente se encuentra recluido. La suspensión concedida no surtirá efecto alguno, en el supuesto de que el promovente ya hubiere sido trasladado del mencionado centro de reclusión en donde refiere encontrarse, a cualquier otro; o bien, si el acto reclamado emana de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Todo lo anterior es así, salvo que el traslado a que se alude se deba a una segregación impuesta al quejoso como medida de seguridad para salvaguardar el orden en el interior de ese penal o la propia integridad física del promovente, o bien, que se trate de una sanción correctiva que le fue impuesta por violaciones al reglamento legal de ese complejo penitenciario; o que dicha SUSTRACCIÓN Y/O SEGREGACIÓN en área de tratamientos especiales, haya ocurrido desde su ingreso al Centro de Readaptación Social de marras; o bien, se trate de una orden de traslado emitida por una autoridad judicial. Además, la suspensión concedida tampoco surtirá efectos cuando obedezca a cuestiones de seguridad de la prisión o cuando se ponga en riesgo ésta, así como la gobernabilidad del centro penitenciario, en cuyo caso, la determinación así tomada deberá ser notificada al juez competente, tal como lo establece el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se precisa que esta suspensión no veda el derecho de las autoridades penitenciarias dentro del centro de reinserción social para verificar y aplicar las medidas disciplinarias que la normatividad les exige, con la finalidad de preservar el orden y la seguridad del centro de reclusión a su cargo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice: "Tesis: II.2o.P.85 P Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 183133 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Octubre de 2003 Pag. 909 Tesis Aislada (Penal) CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, LA MEDIDA DE CONTAR EN LOS, CON ÁREAS ESPECIALES DE UBICACIÓN DE INTERNOS, NO PUEDE CONSIDERARSE EN SÍ MISMA COMO DE SEGREGACIÓN O AISLAMIENTO. Si desde su ingreso al Centro Federal de Readaptación Social el quejoso ha permanecido en el área de "tratamientos especiales", dicha estancia, lejos de considerarse una "decisión arbitraria y unilateral" de las autoridades de ese centro, obedece al resultado de los estudios en las diversas disciplinas y áreas que se precisan en el acta de designación de estancia reclamada, exámenes mediante los cuales se determina periódicamente la peligrosidad y avance readaptatorio del quejoso y, si en el caso, acorde con las motivaciones que sustentan tal acto, aquél ha revelado una capacidad de expansión criminógena, con conocimiento de los sistemas y procedimientos de seguridad que operaban en el centro penitenciario de su procedencia, esas características lo hacen un sujeto potencialmente de alto riesgo para la seguridad de la institución; por consiguiente, su permanencia en aquella sección atiende a la inconveniencia, por el momento, de que conviva con el resto de la comunidad del centro de reclusión de mérito. Amparo en revisión 382/2002. 31 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo Sánchez Valencia. Secretaria: Gabriela González Lozano." Se establece que la presente medida suspensiva tendrá vigencia hasta una vez que la sentencia que se emita en el presente juicio cause ejecutoria. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Notificaciones a la parte quejosa. Se ordena notificar a la parte quejosa en el centro penitenciario en el que guardan reclusión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Requerimiento al quejoso. Por otra parte, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción, a fin de que prevenga al quejoso Rigoberto Sandobal Sandobal, para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia correspondiente, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación; bajo apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional proveerá lo que conforme a derecho corresponda. Por los motivos que expone, tiene aplicación al particular, el criterio de jurisprudencia de siguiente contenido. "Época: Décima Época Registro: 2020495 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 23 de agosto de 2019 10:31 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 1a./J. 43/2019 (10a.) TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Contradicción de tesis 187/2017. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 27 de marzo de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretarios: Alejandro González Piña y Carlos Eduardo Michel Regalado". Requerimiento a las partes. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. Autorización a los actuarios adscritos. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. Horario para notificaciones en el local de este juzgado. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. Notificaciones a las responsables. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Medidas sobre publicación de datos personales. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

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