Fredy Guzmán Gazga

Expediente 182/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 28 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
182/2016
Año
2016
Actuaciones
28
Última actuación
06/12/2017

Partes del expediente

  • Fredy Guzmán Gazga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que las partes quejosa y tercera interesada no se inconformaron dentro del término legal con el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido, debiéndose glosar a este expediente, el original del incidente de suspensión glósese y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que durante el término legal de tres días otorgado al quejoso FREDY GUZMAN GAZGA, por auto que antecede, en el que se ordenó dar vista con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, no hizo manifestación alguna, a pesar de su legal notificación; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por el Juez responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veintidós de julio de dos mil dieciséis (fojas 87 a 109), se concedió el amparo al quejoso FREDY GUZMAN GAZGA, para el efecto de que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente, únicamente por lo que se refiere al aquí quejoso, la orden de aprehensión reclamada de uno de julio de dos mil quince, dictada en la causa penal número 83/2015, de su índice. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior o en sentido diverso; en el entendido que si la autoridad responsable nuevamente consideraba acreditado el delito que se imputa al indiciado debería: a) Explicara con qué pruebas acreditó que el vehículo de motor robado "sea objeto de registro" conforme a la ley de la materia. b) Estableciera el elemento normativo jurídico "ajeno" como parte integrante de los elementos del tipo penal, y además, llevara a cabo su comprobación; y, c) Determinara, conforme a los hechos atribuidos al quejoso, si los mismos correspondían a los denominados instantáneos, permanentes o continuados, conforme a los hechos que se le imputan. Además, debería especificar con qué pruebas se justificaba lo anterior, el valor que le merecían y la debida motivación. Una vez que causó ejecutoria la sentencia (fojas 263 y 264), se requirió su cumplimiento al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien por oficios números 6490 y 6593 (fojas 273 y 280 a 289), transcribió el acuerdo que dictó el nueve de octubre de dos mil diecisiete y la resolución que dictó el dieciséis siguiente, en la causa penal 83/2015 de su índice, en la que, en el primero de ellos, dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de uno de julio de dos mil quince, librada en la causa penal número 83/2015 de su índice, en contra del quejoso de mérito, como probable responsable en la comisión del delito de robo de vehículo; así también, ordenó su cancelación y esa circunstancia hizo del conocimiento, por oficio, del Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Y, en la resolución de mérito, determinó que no se acreditó el cuerpo del delito de robo de vehículo, previsto y sancionado por el artículo 376 Bis, en relación con los diversos 367 y 369 del Código Penal Federal, negando librar orden de aprehensión en contra del quejoso FREDY GUZMAN GAZGA. Para arribar a la anterior determinación, la autoridad judicial, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, estimó literalmente lo siguiente (fojas 282 a 289): ".QUINTO.- ANÁLISIS DEL CUERPO DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO. El segundo párrafo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, dispone: "Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en caso de que la descripción típica lo requiera". Del análisis y valoración de los elementos de prueba que integran el sumario, mismos que quedaron reseñados en el considerando CUARTO al ser sujetos primeramente a una valoración individual, para luego adminicularlos entre sí y correlacionados en su conjunto, como lo disponen las normas que rigen la valoración de la prueba judicial contenidas en el Capítulo IX del Título Sexto del Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con las consideraciones y argumentaciones valorativas que se expondrán a continuación, llevan a concluir que los datos que arroja la averiguación previa no son bastantes para comprobar el cuerpo del delito de ROBO DE VEHÍCULO, previsto y sancionado por el artículo 376 Bis, en relación con el 367 y 369 del Código Penal Federal, que preceptúan: "Artículo 367.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley". "Artículo 369.- Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada; aun cuando la abandone o la desapoderen de ella. En cuanto a la fijación del valor de lo robado, así como la multa impuesta, se tomará en consideración el salario en el momento de la ejecución del delito". "Artículo 376 bis.- Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa". En ese contexto, de la transcripción de los citados dispositivos legales se advierte que el delito en estudio se compone de los siguientes elementos: d)La existencia de un bien mueble, en el caso, dos vehículos automotores terrestres. e)Que ese bien mueble sea ajeno; y f)Que alguien se apodere de ellos, sin derechos y sin consentimiento de la persona que puede disponer del mismo con arreglo a la ley. Cabe señalar que el artículo 376 Bis del Código Penal Federal, contempla la punibilidad a la que habrá de hacerse acreedor quien realice la conducta constitutiva del delito de robo, atendiendo a la forma de comisión del mismo, en el caso, el tipo de objeto material sobre el cual recayó la conducta atribuida al sujeto activo, como lo es dos vehículos automotores terrestres que sean objeto de registro conforme a la ley de la materia. Ahora bien, el primer elemento del delito que se analiza, así como la circunstancia relativa a que dichos bienes sean objetos de registro conforme a la ley de la materia, se encuentra comprobado en autos con las copias certificadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador, de las facturas de fechas diecisiete de diciembre de dos mil diez (fojas 84-85), expedidas por GM México, Súper Camiones y Autos de Silao, S.A. de C.V., a favor de la Comisión Federal de Electricidad, respecto del vehículo Silverado, con número de inventario 658/2011, número de serie 3GCNC9CXXBG222117, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205 y vehículo Silverado, con número de inventario 650/2011, número de serie 3GCNC9CX7BG222625, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205. (.) .Por principio cabe acotar que por "ajenidad" el Diccionario de la Lengua Española, define dicho término, señalando que ajeno es lo que pertenece a otro, lo que e4n (sic)el particular, se encuentra acreditado de manera medular con la denuncia formulada mediante oficio OJZTH-111/2013, de nueve de marzo de dos mil trece (fojas 11-15), por lrma Maldonado Sosa, Apoderada Legal de la Comisión Federal de Electricidad, personalidad que acreditó con la copia certificada del instrumento notarial número doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco, del volumen diez mil seiscientos dieciocho, pasado ante la fe de la notaría pública número doscientos siete, licenciada Georgina Schila Olivera González, asociada al Notario Público número diez, del Distrito Federal, licenciado Tomás Lozano Molina, quien formuló denuncia y/o querella en contra de Paulino Álvarez Díaz, Sifredo Guzmán Guzmán, Rafael Guerrero Días, Fredy Guzmán Gazga y Ricardo Ortiz Hernández, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador, al establecer que para dar cumplimiento con las actividades que le han sido encomendadas a su representada, cuenta con oficinas denominadas agencias comerciales, establecidas en puntos estratégicos a fin de celebrar contratos de suministro de energía eléctrica con los usuarios; que para realizar labores de mantenimiento a las líneas y redes eléctricas, la zona de distribución Tehuantepec, cuenta con áreas de distribución, las cuales están asignadas una delimitación territorial en la región del istmo, entre las cuales se encuentra el área de distribución Juchitán, integrada por trabajadores linieros y como titular de dicha oficina se encuentra el Jefe de Área de Distribución, ingeniero Rafael Castillejos Cabrera; que el ocho de marzo de dos mil trece, fueron retenidos los trabajadores de su representada Mario Marcos Ramos y Leonardo Fidel Montero, quienes se dirigían a la población de Guevea de Humbolt en cumplimiento de las órdenes de trabajo recibidas para entregar el oficio número SZTHT/0050/2013 y en ejercicio de sus funciones, quienes al llegar al puente ubicado a la entrada de la población de Guevea de Humbolt, una camioneta Pick-up, color gris bloqueó el paso del personal, descendiendo una persona del sexo masculino, identificándose como presidente de Bienes comunales, quien les manifestó que la camioneta quedaría detenida, obligando a los trabajadores de su mandante a trasladar el vehículo oficial número 103281 a la oficina de bienes comunales y obligándoles a entregar las llaves del vehículo; asimismo, que el nueve de marzo de dos mil trece, el ingeniero Rafael Castillejos Cabrera, en su carácter de Jefe de la oficina de Área de Distribución Salina Cruz, a bordo del vehículo oficial número 103280, acudió a la comunidad de Guevea de Humbolt, para entrevistarse con las autoridades de bienes comunales y municipales, quienes de manera arbitraria detuvieron el vehículo en el que se trasladó dicho trabajador. (.) .Medios de convicción de los que se colige que el vehículo Silverado con número de inventario 658/2011. Número de serie 3GCNC9CXXBG222117, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205, con número oficial 103281 y vehículo Silverado con número de inventario 650/2011, número de serie 3GCNC9CX7BG22625, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205, con número económico 103280, son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y por tanto, son bienes destinados al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, y por ende ajeno al agente del delito. Sin embargo, el tercero de los elementos del cuerpo del delito, no se encuentra demostrado en autos, al no quedar demostrado "el apoderamiento con ánimo de someter la cosa al propio poder de disposición", es decir, que el sujeto activo hubiera querido apropiarse de aquélla. De una interpretación conjunta del artículo 367, que describe el tipo básico del delito de robo genérico y del 380, que describe el delito de robo "de uso" con una penalidad menor, ambos del Código Penal Federal; se advierte que aun cuando en el primero no se contiene expresamente el elemento subjetivo, consistente en el ánimo de apropiación por parte del sujeto activo al allegarse del bien mueble ajeno, debe considerarse como un elemento implícito, toda vez que el segundo numeral mencionado, que se refiere al delito de robo de uso, exige para su configuración que el apoderamiento se realice "con carácter temporal y no para apropiárselo o venderlo", lo que conlleva a estimar que la figura penal de robo genérico sí exige que ese apoderamiento tenga como finalidad su apropiación, ya sea para disfrutarlo o disponer de él y no con carácter temporal. Ahora, el artículo 380 del Código Penal Federal, invocado, dispone lo siguiente: "Al que se le imputare el hecho de haber tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legitimo poseedor y acredite haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le aplicarán de uno a seis meses de prisión o de 30 a 90 días multa, siempre que justifique no haberse negado a devolverla, si se le requirió a ello. Además, pagará al ofendido, como reparación del daño, el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada." En efecto, por apoderarse, se entiende el tomarla, cogerla o detentar la posesión material y objetiva de la cosa o del bien, esto es, se traslada la posibilidad de disposición respecto de dicho objeto del sujeto pasivo al activo del delito. El apoderamiento, entonces, es el acto de hacer llegar una cosa a nuestro poder; por el término "poder", se entiende la facultad de disposición sobre la cosa para fines propios, siendo, ante todo, la facultad de disponer, un acto de voluntad, por el que actuamos sobre la cosa, deliberada y conscientemente. En este orden de ideas, el apoderamiento, está constituido por dos aspectos, uno que es objetivo y el otro subjetivo. El aspecto objetivo, requiere el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia del bien o de la cosa, implicando quitarla de la esfera de custodia, es decir, la esfera dentro de la que el tenedor puede disponer de ella; por ende, existe desapoderamiento, cuando la acción del sujeto activo, al quitar la cosa de aquella esfera de custodia, impide que el tenedor ejerza sobre la misma sus poderes de disposición. En relación al aspecto subjetivo, está constituido por la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, ya que no es suficiente el querer desapoderar al tenedor, sino que es necesario querer apoderarse de aquélla; el aspecto subjetivo del apoderamiento, consiste en la simple disposición del bien inmueble, para fines propios o ajenos del agente, cualquiera que ellos sean; consiste en disponer de la cosa con el ánimo de apropiársela (propósito de apoderarse de lo que es ajeno), de usarla, de disponer de ella, según el arbitrio personal del delincuente. Pues bien, de los anteriores elementos de convicción únicamente se desprende que Fredy Guzman Gazga, integrante del Comisariado de Bienes Comunales de Guevea de Humbolt, con el único propósito de no permitir que en San Juan Mazatlán se conectara la línea trifásica, con quien tienen problemas de límites territoriales ya que la instalación de esa línea está en territorio de Guevea de Humbolt, se apoderaron de las camionetas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, argumentando que no las entregarían sino hasta que llegara un representante de la Comisión Federal de Electricidad y un representante del gobierno, como medida de presión para resolver el problema. Luego, si los elementos probatorios señalados, demuestran que los sujetos activos se apoderaron de las camionetas de que se trata, como medida para presionar a las autoridades con la finalidad de que no se realizara la conexión de la línea trifásica en San Juan Mazatlán, ya que esa población y Guevea de Humbolt tienen problemas de límites territoriales, es evidente que Fredy Guzman Gazga, no tuvo voluntad de someter los vehículos mencionados a su poder de disposición, pues se insiste, se apoderó en unión de otras personas de los vehículos únicamente con la finalidad de presionar a las autoridades competentes en la forma señalada; en consecuencia, no se satisface el elemento subjetivo específico que integra el cuerpo del delito de robo de vehículo en mención, al evidenciarse que no quiso apoderarse de tales unidades de motor, es decir, disponer de ellas con la intención de apropiárselas. Se invoca en apoyo, la tesis II.2°.P. 141 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito4, del tenor literal siguiente: "ROBO GENÉRICO. EL "ÁNIMO DE APROPIACIÓN" POR PARTE DEL SUJETO ACTIVO ES UN ELEMENTO SUBJETIVO IMPLÍCITO EN EL TIPO BÁSICO DEL DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). (La transcribe)". Así, de conformidad con lo aquí considerado, se puede válidamente colegir que no se encuentra acreditado el tercero de los elementos del cuerpo del delito en estudio, debido a que el resultado de la conducta realizada por Fredy Guzman Gazga, es atípico, por la falta de adecuación de dicha conducta a la descrita en los artículos 376 Bis, en relación con los diversos 367 y 369, todos del Código Penal Federal, ya que no concurrieron en el hecho los elementos del cuerpo del delito descrito en la ley, particularmente, que hubiera tenido la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, esto es, que hubiera querido apoderarse de aquélla; por tanto, resulta innecesario hacer el estudio del análisis de su probable responsabilidad en la comisión del delito. En ese contexto, por las razones expuestas y como se adelantó, lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada, en contra de Fredy Guzman Gazga, como probable responsable del delito de Robo de Vehículo, previsto y sancionado por el artículo 376 Bis, en relación con los diversos 367 y 369, todos del Código Penal Federal; por lo cual una vez que esta determinación cause estado deberá devolverse copia certificada de la averiguación previa AP/PGR/OAX/SC/II/332/2014, al Agente del Ministerio Público de la Federación consignador, por conducto de la Fiscal Federal de la adscripción, para el trámite a que se refiere el artículo 142 del citado cuerpo de leyes" (sic). De lo anterior, se advierte que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, acató la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente, únicamente por lo que se refiere al quejoso, la orden de aprehensión que libró en su contra el uno de julio de dos mil quince, en la causa penal número 83/2015 de su índice y, ordenó hacer tal circunstancia del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para el efecto de que no ejecutara dicho mandamiento de captura. Así también, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, con plenitud de jurisdicción, determinó que no se actualizó el elemento subjetivo específico que integra el cuerpo del delito de robo de vehículo, al evidenciarse que el quejoso no quiso apoderarse de las unidades de motor, es decir, disponer de ellas con la intención de apropiárselas; por tal motivo, negó librar orden de aprehensión en su contra por la comisión del ilícito que le atribuyó el Agente del Ministerio Público de la Federación; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de las autoridades responsables para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente al quejoso y a la representante legal de la tercera interesada. Notifíquese. III-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que durante el término legal de tres días otorgado al quejoso FREDY GUZMAN GAZGA, por auto que antecede, en el que se ordenó dar vista con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, no hizo manifestación alguna, a pesar de su legal notificación; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por el Juez responsable. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veintidós de julio de dos mil dieciséis (fojas 87 a 109), se concedió el amparo al quejoso FREDY GUZMAN GAZGA, para el efecto de que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente, únicamente por lo que se refiere al aquí quejoso, la orden de aprehensión reclamada de uno de julio de dos mil quince, dictada en la causa penal número 83/2015, de su índice. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara una nueva resolución, la cual podría ser en el mismo sentido de la anterior o en sentido diverso; en el entendido que si la autoridad responsable nuevamente consideraba acreditado el delito que se imputa al indiciado debería: a) Explicara con qué pruebas acreditó que el vehículo de motor robado "sea objeto de registro" conforme a la ley de la materia. b) Estableciera el elemento normativo jurídico "ajeno" como parte integrante de los elementos del tipo penal, y además, llevara a cabo su comprobación; y, c) Determinara, conforme a los hechos atribuidos al quejoso, si los mismos correspondían a los denominados instantáneos, permanentes o continuados, conforme a los hechos que se le imputan. Además, debería especificar con qué pruebas se justificaba lo anterior, el valor que le merecían y la debida motivación. Una vez que causó ejecutoria la sentencia (fojas 263 y 264), se requirió su cumplimiento al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien por oficios números 6490 y 6593 (fojas 273 y 280 a 289), transcribió el acuerdo que dictó el nueve de octubre de dos mil diecisiete y la resolución que dictó el dieciséis siguiente, en la causa penal 83/2015 de su índice, en la que, en el primero de ellos, dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de uno de julio de dos mil quince, librada en la causa penal número 83/2015 de su índice, en contra del quejoso de mérito, como probable responsable en la comisión del delito de robo de vehículo; así también, ordenó su cancelación y esa circunstancia hizo del conocimiento, por oficio, del Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Y, en la resolución de mérito, determinó que no se acreditó el cuerpo del delito de robo de vehículo, previsto y sancionado por el artículo 376 Bis, en relación con los diversos 367 y 369 del Código Penal Federal, negando librar orden de aprehensión en contra del quejoso FREDY GUZMAN GAZGA. Para arribar a la anterior determinación, la autoridad judicial, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, estimó literalmente lo siguiente (fojas 282 a 289): ".QUINTO.- ANÁLISIS DEL CUERPO DEL DELITO DE ROBO DE VEHÍCULO. El segundo párrafo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, dispone: "Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en caso de que la descripción típica lo requiera". Del análisis y valoración de los elementos de prueba que integran el sumario, mismos que quedaron reseñados en el considerando CUARTO al ser sujetos primeramente a una valoración individual, para luego adminicularlos entre sí y correlacionados en su conjunto, como lo disponen las normas que rigen la valoración de la prueba judicial contenidas en el Capítulo IX del Título Sexto del Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con las consideraciones y argumentaciones valorativas que se expondrán a continuación, llevan a concluir que los datos que arroja la averiguación previa no son bastantes para comprobar el cuerpo del delito de ROBO DE VEHÍCULO, previsto y sancionado por el artículo 376 Bis, en relación con el 367 y 369 del Código Penal Federal, que preceptúan: "Artículo 367.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley". "Artículo 369.- Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada; aun cuando la abandone o la desapoderen de ella. En cuanto a la fijación del valor de lo robado, así como la multa impuesta, se tomará en consideración el salario en el momento de la ejecución del delito". "Artículo 376 bis.- Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa". En ese contexto, de la transcripción de los citados dispositivos legales se advierte que el delito en estudio se compone de los siguientes elementos: d)La existencia de un bien mueble, en el caso, dos vehículos automotores terrestres. e)Que ese bien mueble sea ajeno; y f)Que alguien se apodere de ellos, sin derechos y sin consentimiento de la persona que puede disponer del mismo con arreglo a la ley. Cabe señalar que el artículo 376 Bis del Código Penal Federal, contempla la punibilidad a la que habrá de hacerse acreedor quien realice la conducta constitutiva del delito de robo, atendiendo a la forma de comisión del mismo, en el caso, el tipo de objeto material sobre el cual recayó la conducta atribuida al sujeto activo, como lo es dos vehículos automotores terrestres que sean objeto de registro conforme a la ley de la materia. Ahora bien, el primer elemento del delito que se analiza, así como la circunstancia relativa a que dichos bienes sean objetos de registro conforme a la ley de la materia, se encuentra comprobado en autos con las copias certificadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador, de las facturas de fechas diecisiete de diciembre de dos mil diez (fojas 84-85), expedidas por GM México, Súper Camiones y Autos de Silao, S.A. de C.V., a favor de la Comisión Federal de Electricidad, respecto del vehículo Silverado, con número de inventario 658/2011, número de serie 3GCNC9CXXBG222117, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205 y vehículo Silverado, con número de inventario 650/2011, número de serie 3GCNC9CX7BG222625, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205. (.) .Por principio cabe acotar que por "ajenidad" el Diccionario de la Lengua Española, define dicho término, señalando que ajeno es lo que pertenece a otro, lo que e4n (sic)el particular, se encuentra acreditado de manera medular con la denuncia formulada mediante oficio OJZTH-111/2013, de nueve de marzo de dos mil trece (fojas 11-15), por lrma Maldonado Sosa, Apoderada Legal de la Comisión Federal de Electricidad, personalidad que acreditó con la copia certificada del instrumento notarial número doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco, del volumen diez mil seiscientos dieciocho, pasado ante la fe de la notaría pública número doscientos siete, licenciada Georgina Schila Olivera González, asociada al Notario Público número diez, del Distrito Federal, licenciado Tomás Lozano Molina, quien formuló denuncia y/o querella en contra de Paulino Álvarez Díaz, Sifredo Guzmán Guzmán, Rafael Guerrero Días, Fredy Guzmán Gazga y Ricardo Ortiz Hernández, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Investigador, al establecer que para dar cumplimiento con las actividades que le han sido encomendadas a su representada, cuenta con oficinas denominadas agencias comerciales, establecidas en puntos estratégicos a fin de celebrar contratos de suministro de energía eléctrica con los usuarios; que para realizar labores de mantenimiento a las líneas y redes eléctricas, la zona de distribución Tehuantepec, cuenta con áreas de distribución, las cuales están asignadas una delimitación territorial en la región del istmo, entre las cuales se encuentra el área de distribución Juchitán, integrada por trabajadores linieros y como titular de dicha oficina se encuentra el Jefe de Área de Distribución, ingeniero Rafael Castillejos Cabrera; que el ocho de marzo de dos mil trece, fueron retenidos los trabajadores de su representada Mario Marcos Ramos y Leonardo Fidel Montero, quienes se dirigían a la población de Guevea de Humbolt en cumplimiento de las órdenes de trabajo recibidas para entregar el oficio número SZTHT/0050/2013 y en ejercicio de sus funciones, quienes al llegar al puente ubicado a la entrada de la población de Guevea de Humbolt, una camioneta Pick-up, color gris bloqueó el paso del personal, descendiendo una persona del sexo masculino, identificándose como presidente de Bienes comunales, quien les manifestó que la camioneta quedaría detenida, obligando a los trabajadores de su mandante a trasladar el vehículo oficial número 103281 a la oficina de bienes comunales y obligándoles a entregar las llaves del vehículo; asimismo, que el nueve de marzo de dos mil trece, el ingeniero Rafael Castillejos Cabrera, en su carácter de Jefe de la oficina de Área de Distribución Salina Cruz, a bordo del vehículo oficial número 103280, acudió a la comunidad de Guevea de Humbolt, para entrevistarse con las autoridades de bienes comunales y municipales, quienes de manera arbitraria detuvieron el vehículo en el que se trasladó dicho trabajador. (.) .Medios de convicción de los que se colige que el vehículo Silverado con número de inventario 658/2011. Número de serie 3GCNC9CXXBG222117, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205, con número oficial 103281 y vehículo Silverado con número de inventario 650/2011, número de serie 3GCNC9CX7BG22625, procedencia Nacional, marca Chevrolet, Cabina Regular, modelo 2011, clave vehicular 1032205, con número económico 103280, son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, y por tanto, son bienes destinados al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, y por ende ajeno al agente del delito. Sin embargo, el tercero de los elementos del cuerpo del delito, no se encuentra demostrado en autos, al no quedar demostrado "el apoderamiento con ánimo de someter la cosa al propio poder de disposición", es decir, que el sujeto activo hubiera querido apropiarse de aquélla. De una interpretación conjunta del artículo 367, que describe el tipo básico del delito de robo genérico y del 380, que describe el delito de robo "de uso" con una penalidad menor, ambos del Código Penal Federal; se advierte que aun cuando en el primero no se contiene expresamente el elemento subjetivo, consistente en el ánimo de apropiación por parte del sujeto activo al allegarse del bien mueble ajeno, debe considerarse como un elemento implícito, toda vez que el segundo numeral mencionado, que se refiere al delito de robo de uso, exige para su configuración que el apoderamiento se realice "con carácter temporal y no para apropiárselo o venderlo", lo que conlleva a estimar que la figura penal de robo genérico sí exige que ese apoderamiento tenga como finalidad su apropiación, ya sea para disfrutarlo o disponer de él y no con carácter temporal. Ahora, el artículo 380 del Código Penal Federal, invocado, dispone lo siguiente: "Al que se le imputare el hecho de haber tomado una cosa ajena sin consentimiento del dueño o legitimo poseedor y acredite haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le aplicarán de uno a seis meses de prisión o de 30 a 90 días multa, siempre que justifique no haberse negado a devolverla, si se le requirió a ello. Además, pagará al ofendido, como reparación del daño, el doble del alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada." En efecto, por apoderarse, se entiende el tomarla, cogerla o detentar la posesión material y objetiva de la cosa o del bien, esto es, se traslada la posibilidad de disposición respecto de dicho objeto del sujeto pasivo al activo del delito. El apoderamiento, entonces, es el acto de hacer llegar una cosa a nuestro poder; por el término "poder", se entiende la facultad de disposición sobre la cosa para fines propios, siendo, ante todo, la facultad de disponer, un acto de voluntad, por el que actuamos sobre la cosa, deliberada y conscientemente. En este orden de ideas, el apoderamiento, está constituido por dos aspectos, uno que es objetivo y el otro subjetivo. El aspecto objetivo, requiere el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia del bien o de la cosa, implicando quitarla de la esfera de custodia, es decir, la esfera dentro de la que el tenedor puede disponer de ella; por ende, existe desapoderamiento, cuando la acción del sujeto activo, al quitar la cosa de aquella esfera de custodia, impide que el tenedor ejerza sobre la misma sus poderes de disposición. En relación al aspecto subjetivo, está constituido por la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, ya que no es suficiente el querer desapoderar al tenedor, sino que es necesario querer apoderarse de aquélla; el aspecto subjetivo del apoderamiento, consiste en la simple disposición del bien inmueble, para fines propios o ajenos del agente, cualquiera que ellos sean; consiste en disponer de la cosa con el ánimo de apropiársela (propósito de apoderarse de lo que es ajeno), de usarla, de disponer de ella, según el arbitrio personal del delincuente. Pues bien, de los anteriores elementos de convicción únicamente se desprende que Fredy Guzman Gazga, integrante del Comisariado de Bienes Comunales de Guevea de Humbolt, con el único propósito de no permitir que en San Juan Mazatlán se conectara la línea trifásica, con quien tienen problemas de límites territoriales ya que la instalación de esa línea está en territorio de Guevea de Humbolt, se apoderaron de las camionetas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, argumentando que no las entregarían sino hasta que llegara un representante de la Comisión Federal de Electricidad y un representante del gobierno, como medida de presión para resolver el problema. Luego, si los elementos probatorios señalados, demuestran que los sujetos activos se apoderaron de las camionetas de que se trata, como medida para presionar a las autoridades con la finalidad de que no se realizara la conexión de la línea trifásica en San Juan Mazatlán, ya que esa población y Guevea de Humbolt tienen problemas de límites territoriales, es evidente que Fredy Guzman Gazga, no tuvo voluntad de someter los vehículos mencionados a su poder de disposición, pues se insiste, se apoderó en unión de otras personas de los vehículos únicamente con la finalidad de presionar a las autoridades competentes en la forma señalada; en consecuencia, no se satisface el elemento subjetivo específico que integra el cuerpo del delito de robo de vehículo en mención, al evidenciarse que no quiso apoderarse de tales unidades de motor, es decir, disponer de ellas con la intención de apropiárselas. Se invoca en apoyo, la tesis II.2°.P. 141 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito4, del tenor literal siguiente: "ROBO GENÉRICO. EL "ÁNIMO DE APROPIACIÓN" POR PARTE DEL SUJETO ACTIVO ES UN ELEMENTO SUBJETIVO IMPLÍCITO EN EL TIPO BÁSICO DEL DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). (La transcribe)". Así, de conformidad con lo aquí considerado, se puede válidamente colegir que no se encuentra acreditado el tercero de los elementos del cuerpo del delito en estudio, debido a que el resultado de la conducta realizada por Fredy Guzman Gazga, es atípico, por la falta de adecuación de dicha conducta a la descrita en los artículos 376 Bis, en relación con los diversos 367 y 369, todos del Código Penal Federal, ya que no concurrieron en el hecho los elementos del cuerpo del delito descrito en la ley, particularmente, que hubiera tenido la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, esto es, que hubiera querido apoderarse de aquélla; por tanto, resulta innecesario hacer el estudio del análisis de su probable responsabilidad en la comisión del delito. En ese contexto, por las razones expuestas y como se adelantó, lo procedente es negar la orden de aprehensión solicitada, en contra de Fredy Guzman Gazga, como probable responsable del delito de Robo de Vehículo, previsto y sancionado por el artículo 376 Bis, en relación con los diversos 367 y 369, todos del Código Penal Federal; por lo cual una vez que esta determinación cause estado deberá devolverse copia certificada de la averiguación previa AP/PGR/OAX/SC/II/332/2014, al Agente del Ministerio Público de la Federación consignador, por conducto de la Fiscal Federal de la adscripción, para el trámite a que se refiere el artículo 142 del citado cuerpo de leyes" (sic). De lo anterior, se advierte que el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, acató la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente, únicamente por lo que se refiere al quejoso, la orden de aprehensión que libró en su contra el uno de julio de dos mil quince, en la causa penal número 83/2015 de su índice y, ordenó hacer tal circunstancia del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para el efecto de que no ejecutara dicho mandamiento de captura. Así también, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, con plenitud de jurisdicción, determinó que no se actualizó el elemento subjetivo específico que integra el cuerpo del delito de robo de vehículo, al evidenciarse que el quejoso no quiso apoderarse de las unidades de motor, es decir, disponer de ellas con la intención de apropiárselas; por tal motivo, negó librar orden de aprehensión en su contra por la comisión del ilícito que le atribuyó el Agente del Ministerio Público de la Federación; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y de las autoridades responsables para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; personalmente al quejoso y a la representante legal de la tercera interesada. Notifíquese. IIIA-A

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta firmado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista al quejoso Fredy Guzmán Gazga, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; y personalmente al quejoso. IIIA.A

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano