Froylan Carlos Cruz
Expediente 1066/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Froylan Carlos Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se puso a disposición de la parte quejosa el billete de depósito de número N 917482, expedido por el Banco del Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $16,000.00 (dieciséis mil pesos, cero centavos, moneda nacional), ofrecido por la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida, indicándosele al quejoso que contaba con noventa días para recogerlo; sin embargo, conforme al artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, los billetes de depósito prescriben en favor del erario federal en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida su devolución; por tanto, mientras este plazo no fenezca la parte quejosa se encuentra en aptitud de presentarse a este órgano jurisdiccional a reclamarlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme al numeral 2°, se regulariza el procedimiento y por tanto, dígase a la parte quejosa que queda a su disposición en la secretaría de este juzgado el referido billete de depósito; en el entendido de que a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto empezará a contar el plazo de dos años que establece la Ley de Tesorería de la Federación, para la prescripción de esa garantía a favor del Erario Federal, y que la depuración de este expediente se llevará a cabo cuando se devuelva el billete de referencia o en su caso se declare prescrita dicha garantía. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo 1066/2021; que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, salvo el billete de depósito ********************, que ampara la cantidad ******************** que la quejosa exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida en auto de uno de octubre de la presente anualidad, guardado en la caja de valores de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que en este incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, del artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, por lo que debe conservarse el auto de uno de octubre del año en curso, que concedió la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En diverso aspecto, de esta incidencia se desprende que el disidente exhibió el billete de depósito ********************, que ampara la cantidad ******************** que la quejosa exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional guardado en la caja de valores de este órgano jurisdiccional. En tal sentido, dado que en el juicio constitucional de donde deriva este incidente se encuentra firme la sentencia que sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, notifíquese este auto de manera personal al quejoso para que acuda ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con las precisiones que se le señalan en los párrafos que preceden, con identificación oficial y dentro de un plazo de noventa días, a recoger el referido documento exhibido en esta incidencia. De igual manera comuníquesele que a partir de que surta sus efectos la notificación de este acuerdo empezará a contar el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de dicha garantía a favor del Erario Federal. Se hace del conocimiento a la parte quejosa que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a partir del tres de agosto del año en curso, se dio inicio a la tercera etapa de reactivación, en la cual se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, aunque con algunos ajustes que requieran de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de las personas justiciables al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. De tal forma que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesaria para enfrentar la contingencia, por lo que se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En seguimiento a esas directrices, como una medida que se adopta con la finalidad de proteger tanto a los servidores públicos, como a los justiciables y al público en general de los efectos del virus Covid-19, para comparecer a recibir el billete de depósito ********************, ordenado su devolución en párrafos que anteceden, se encuentra constreñida a agendar una cita dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, rubro en el cual podrán generar la cita correspondiente a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su comparecencia, por lo cual deberán observar todas las medidas sanitarias implementadas para ingresar al inmueble que alberga este Juzgado Federal, además, guardar en todo momento la sana distancia. En consecuencia, dígase al promovente del amparo que previamente a acudir a este órgano jurisdiccional a recibir el certificado de depósito ********************, deberá solicitarlo mediante escrito, a efecto de señalarle fecha y hora en la que habrá de comparecer a recibir el mismo, y para lo cual se le entregará la impresión del código QR para su ingreso a este recinto jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1066/2021, promovido por Froylan Carlos Cruz. El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto es el siguiente: debe determinarse si se vulneraron en perjuicio del quejoso los derechos humanos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el dictado de los actos que en esta vía reclama. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables (jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Penal del distrito judicial del Centro, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; juez Segundo Mixto de Primera Instancia y juez de Control ambos con sede en Miahuatlán, Oaxaca; Tribunal de Enjuiciamiento y juzgado de Ejecución, con sede en la Sierra Sur), pretenden privarlo de la libertad personal, sin haber cometido delito alguno y ese mandamiento aprehensorio, pretende ser ejecutado por el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, comisionado de la Policía Estatal, secretario de Protección Ciudadana, jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones, comandante de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento de la Agencia Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad y jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigación destacamentado en Miahuatlán, Oaxaca). TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Ante dichas circunstancias, Froylan Carlos Cruz, presentó un escrito el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden privativa de libertad emitida en su contra y su ejecución material. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y por auto de uno de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de que se trata; asimismo la registró bajo el expediente 1066/2021; solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado la intervención legal que le compete. En proveído de seis y trece de octubre de esta anualidad, se dejaron de tener como responsables al comandante de la fuerza policial de alto rendimiento de la Agencia Estatal de Investigaciones y al secretario de Protección Ciudadana en el Estado, con residencia en esta ciudad, por lo que no se hará pronunciamiento alguno respecto al acto reclamado a dichas autoridades en esta resolución. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que el quejoso reclama: i) La orden la orden privativa de libertad dictada en su contra. ii) La ejecución material de la orden de captura. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, como a continuación se evidencia: AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ TERCERO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ CUARTO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE MIAHUATLÁN, OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ DE CONTROL DE MIAHUATLÁN, OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES, CON SEDE EN TANIVET, OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES, OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA SIERRA SUR, CON SEDE EN MIAHUATLÁN, OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS COORDINADOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES ENCARGADO DEL GRUPO DE APREHENSIONES NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA ESTATAL NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS JEFE DE GRUPO DE AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DESTACAMENTADO EN MIAHUATLÁN, OAXACA NEGÓ LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Froylan Carlos Cruz, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. Notifíquese.
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