Frida Ruiz Vasquez
Expediente 496/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Frida Ruiz Vasquez
- Claudio Horacio Jimenez Martinez
- CLAUDIO HORACIO JIMENEZ MARTINEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés En atención al estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se indicó que este expediente era destruible; sin embargo, esa apreciación es inexacta, debido a que se concedió a la parte directa quejosa la suspensión de plano en el auto inicial. Atento lo anterior, como dicha circunstancia constituye una anomalía atendible, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y tomando en cuenta que en el auto inicial se otorgó a la parte quejosa la suspensión de plano respecto de las actuaciones combatidas, la cual tuvo efectos definitivos y su vigencia abarcó hasta que se declaró firme la resolución emitida en este asunto, por lo que acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General se estima que este asunto es conservable en términos de lo estatuido por el diverso 17, fracción III, inciso b), del propio acuerdo de observancia general, aplicado por analogía en el caso, dada la concesión de la medida suspensional señalada. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que este juicio de amparo se resguardará íntegramente en este órgano jurisdiccional durante el plazo de tres años previsto por el ordinal 17, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la notificación de este auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese lapso de conservación en términos de lo señalado por el diverso 26 del Acuerdo General indicado se solicitará la transferencia de este expediente al Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese por lista.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil veintitrés Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 496/2023, promovido por *** a favor de *** y ***, en contra actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES De las constancias que obran en el sumario, se advierte que el catorce de mayo de dos mil veintitrés, elementos de la policía municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca, realizaron el arresto de *** y ***, por probables faltas administrativas en el Municipio de San Agustín Yatareni, Oaxaca [escándalo en la vía pública y andar en estado de ebriedad]. Posteriormente, al ser trasladados al Palacio Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca, los elementos policiacos ingresaron a *** y *** a la cárcel municipal para que compurgaran sus faltas administrativas y remitieron el parte informativo 28/2023 al síndico municipal para poner a los quejosos a su disposición. El síndico municipal justificó y aplicó la falta administrativa de veinticuatro horas de arresto en contra de los quejosos, con fundamento en lo acordado mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo, celebrada el once de enero de dos mil veintitrés, donde por unanimidad de votos acordaron la aplicación de sanciones administrativas. En cumplimiento a la suspensión de plano emitida por este Juzgado Federal, el quince de mayo siguiente, se dejó en libertad a los referidos quejosos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, a favor de *** y ***, el catorce de mayo de dos mil veintitrés, presentó una demanda de amparo ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien se encontraba de guardia en esa data, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La demanda se registró con el consecutivo 496/2023 y una vez ratificada aquélla por los directos quejosos, este juzgador: i) admitió a trámite; ii) solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; iii) otorgó intervención conducente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y iv) señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de parte de las autoridades responsables lo siguiente: Del Presidente Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca. Del Encargado de la Policía Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca. La aplicación de la falta administrativa de veinticuatro horas de arresto que les fue impuesta el catorce de mayo de dos mil veintitrés. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO No es cierto el acto reclamado al presidente Municipal y al encargado de la Policía Municipal, ambos de San Agustín Yatareni, Oaxaca, debido a que de las constancias que acompañó el síndico de dicho municipio, las cuales tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se advierte que fue éste quien impuso la falta administrativa de veinticuatro horas de arresto a los directos quejosos, no así los entes mencionados en primer término. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En este contexto, aunque los impetrantes del amparo tuvieron conocimiento del informe con justificación de la responsable con la debida anticipación, no aportaron prueba idónea para desvirtuar la negativa de ésta, con relación a la existencia del acto que de ellas reclaman. Por consiguiente, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, como se indicó en el apartado que antecede, el síndico Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca impuso la falta administrativa a los quejosos el catorce de mayo de dos mil veintitrés, consistente en el arresto de veinticuatro horas en la cárcel municipal. Circunstancia que se acredita con las documentales que acompañó al rendir el informe justificado en representación del presidente Municipal y del encargado de la Policía Municipal, ambos de San Agustín Yatareni, Oaxaca, a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene la certeza del acto reclamado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, debido a que así lo exige el orden público; y de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial II.1o.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya tenido por cierto el acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, con el número de registro 394239, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Ahora, en el caso particular, a juicio de este órgano de control constitucional, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, numerales que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" [Lo resaltado es propio] Como se advierte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo será igualmente improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo, por lo que, si el artículo 108, fracción III, del mismo ordenamiento, impone el deber de señalar como autoridades responsables a las que se hayan emitido o ejecutado el acto reclamado, se tiene entonces que el juicio de amparo será improcedente en el supuesto de que no se satisfaga dicho requisito. En el caso concreto, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos se duelen esencialmente de la aplicación de la falta administrativa de veinticuatro horas de arresto que les fue impuesta el catorce de mayo de dos mil veintitrés. Empero, de las constancias que obran en este asunto, no se advierte que los promoventes del amparo hayan señalado como autoridad responsable al síndico Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca, no obstante que en proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se les requirió para que dentro del término de quince días, manifestaran si era su deseo señalar como autoridad responsable al citado síndico, por ser quien impuso la falta administrativa de veinticuatro horas de arresto el catorce de mayo de dos mil veintitrés, pese a estar debidamente notificados. Consecuentemente, si en el caso concreto la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al anteriormente mencionado, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. En efecto, pues la imposición de la falta administrativa reclamada en esta instancia, le es atribuible al síndico Municipal de San Agustín Yatareni, Oaxaca, de manera que si los impetrantes no lo designó como autoridad responsable en este juicio, no es posible analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, pues el hecho de que los quejosos no hayan señalado como autoridad responsable al aludido síndico quien les impuso la falta administrativa, impide su análisis en este juicio de amparo, ya que no se le otorgó la oportunidad de defender la constitucionalidad de su actuar. Es aplicable la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 67, Tomo 74, Febrero de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 213345, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." En estas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracciones V, del mismo ordenamiento. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." DECISIÓN Consecuentemente, al no acreditar la parte quejosa la existencia de la imposición de la falta administrativa reclamada y actualizarse la causal de improcedencia antes señalada, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** y ***, en los términos precisados en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que para esta fecha fenece el plazo concedido en proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa a efecto que -de ser su deseo- amplíe la demanda de amparo respecto de la autoridad a la que se le indicó. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar fijan las doce horas con diez minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.
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