Fredy Uriel López Santos
Expediente 927/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fredy Uriel López Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. De este sumario se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria, respecto de las autoridades precisadas. Ahora, del estado procesal de los autos, se advierte que el pasado trece de octubre del año en curso, la autoridad responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria, por lo que, el dieciséis siguiente se ordenó dar vista a la parte con las citadas documentales, sin que dentro del plazo concedido hiciera manifestación alguna. En ese contexto, se procede analizar el cumplimiento dado por el Juez Calificador Municipal del Primer Turno de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. I. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Como se recordará, la protección constitucional se concedió para que el Juez Calificador Municipal del Primer Turno de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, realice lo siguiente: ".para el efecto de que el juez Calificador en Turno comisionado al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, deje insubsistente la determinación de arresto administrativo dictada en contra del aquí quejoso el quince de septiembre de dos mil veintitrés, en el caso de considerarlo oportuno, inicie el procedimiento en su caso, brindando al quejoso la oportunidad de defensa tutelada por el artículo 14 constitucional, y dicte el fallo que corresponda conforme a sus atribuciones" II. ACTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE LLEVAR A CABO PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR. a) Dejar insubsistente la determinación de arresto administrativo dictada en contra del aquí quejoso el quince de septiembre de dos mil veintitrés. b) En el caso de considerarlo oportuno, inicie el procedimiento en su caso, brindando al quejoso la oportunidad de defensa tutelada por el artículo 14 constitucional, y dicte el fallo que corresponda conforme a sus atribuciones. III. ACCIONES QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ PARA ACATAR LA SENTENCIA. Ahora bien, de una revisión de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que el pasado trece de octubre del año en curso, el Juez Calificador en turno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, remitió la resolución emitida el seis de octubre del presente año, donde se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efecto la boleta de arresto emitido contra el disidente del amparo, así como la ejecución del mismo. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO. Del informe de cumplimiento de la sentencia y las constancias recibidas por el Juez Calificador en turno del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se desprende que el seis de octubre del presente año, dejó sin efecto la boleta de arresto emitido contra el disidente del amparo, así como la ejecución del mismo. Con dichas documentales a juicio de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable acredita de forma fehaciente haber acatado la sentencia de amparo. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, número 2a./J. 201/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nove Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, localizable a página 301 del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y el anexo señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora, en relación al oficio del Juez Calificador Municipal del Primer Turno de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, se aprecia que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con dicho oficio y su anexo, para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.
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"Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 927/2023, promovido por ****, a favor de ****, en contra del arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad ejecutado el quince de septiembre de dos mil veintitrés, que le reclama al Presidente Municipal Constitucional, al Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y al Juez Calificador en Turno, todos ellos adscritos al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en verificar si previo a la imposición del arresto administrativo, se colmaron las exigencias legales establecidas a nivel jurisprudencial por el Pleno del Décimo Tercer Circuito. RESULTANDOS I. ANTECEDENTES En la parte informativa del oficio ***/***/*** y ***/**/**/*** el primero suscrito por el Director de Seguridad Pública y el segundo por el Juez Calificador, ambos de fecha dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés, narraron los hechos acontecidos el quince de septiembre del presente año y manifestaron que elementos de vialidad adscritos al Municipio de Santa Lucia del Camino, pusieron a disposición del Juez Calificador en turno, al quejoso Fredy Uriel López Santos, por haber incurrido en una falta administrativa consistente en conducir en estado de ebriedad, privándolo de su libertad en los separos del Municipio. Circunstancia que es la materia del juicio. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *******, promovió el presente juicio de amparo a favor de ******** el quince de septiembre de esta anualidad, porque no está de acuerdo con la imposición de dicho arresto, precisamente porque previo a su emisión se dejaron de cumplir las formalidades establecidas en los artículos 14 párrafo segundo y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa demanda se ratificó por el directo quejoso el quince de septiembre del presente año, ante el fedatario de este órgano. El quejoso señala como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 párrafo segundo y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue presentada directamente ante este juzgado en horas inhábiles, donde quedó registrada con el número 927/2023 y fue admitida previa ratificación el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDOS I. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido presuntamente por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que produce efectos dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. II. OPORTUNIDAD Se presentó la demanda de amparo, el día en que se ejecutó el acto reclamado y con motivo de éste; por ello, el juicio de amparo fue promovido en tiempo. III. LEGITIMACIÓN *****, está legitimado para promover el presente juicio de amparo a favor del directo quejoso *******, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, pues al encontrarse el directo agraviado privado de su libertad personal, cualquier persona se encuentra facultada para promover el amparo a su favor. Máxime que la demanda se ratificó por el directo agraviado ante el actuario de este Juzgado el quince de septiembre de dos mil veintitrés. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el presente asunto, la lectura de la demanda de amparo, permite establecer como actos reclamados, los siguientes: La privación de la libertad fuera de procedimiento, de la que fue objeto el quejoso directo Fredy Uriel López Santos, ordenada y ejecutada por el Presidente Municipal Constitucional, el Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y el Juez Calificador en Turno, todos ellos adscritos al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Presidente Municipal de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, sin que dicha negativa fuera desvirtuada por el quejoso con prueba alguna; razón por la cual, por inexistencia de tal acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo por lo que refiere a las citadas autoridades. Máxime que, de las constancias que obran en autos no existe en la relación de los hechos la participación del Presidente Municipal de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, como autoridad ordenadora o ejecutora. VI. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto atribuido, al Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y al Juez Calificador en Turno, ambos adscritos al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, esto es porque si bien, en su informe justificado negaron la existencia del hecho que se les atribuye, esa negativa se desvirtúa a pesar de las manifestaciones que realizó para justificar su conducta. Lo anterior, toda vez que, de las constancias que obran en autos, las cuales adquieren valor probatorio pleno en su carácter de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende la existencia del acto que les reprocha ******** -disidente en este sumario-. Esto es así, pese a que las autoridades indican que no incurrieron en la privación de la libertad fuera de procedimiento, toda vez en su informe justificado de fecha veintiuno de septiembre de esta anualidad, refieren que el quejoso actualmente se encuentra en libertad, sin embargo; afirman que al momento de la presentación de la demanda (15 de septiembre de 2023) dicho quejoso si se encontraba privado de su libertad por una falta administrativa, en el cual no se tiene constancias donde se le haya concedido su garantía de audiencia o existe expediente alguno para la falta administrativa. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. VII. PROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. En sentido, las autoridades responsables Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y al Juez Calificador en Turno, ambos adscritos al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, argumentan que se actualiza lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado en relación al arresto administrativo que se le ejecuto al aquí quejoso, es un acto consumado de modo irreparable, ya que se han producido todos sus defectos y no es posible restituirle al quejoso su derecho violado. Dichos argumentos, tendentes a acreditar que se actualiza la improcedencia del juicio en términos del precepto que se invoca, deben desestimarse, toda vez que guardan estrecha relación con el estudio de fondo, determinación que encuentra apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI (enero de 2002), Materia Común, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE". Hecho el anterior pronunciamiento respecto de las causas de improcedencia, sin que el suscrito resolutor advierta que se actualice alguna diversa, procede el análisis de los motivos de inconformidad. VIII. SÍNTESIS INCESESARIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Si bien el artículo 74 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia de amparo debe contener una fijación clara y precisa del acto reclamado, la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, los fundamentos legales en que se apoye para sobreseer en el juicio o en su caso para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, así como los puntos resolutivos correspondientes, lo cierto es que en él no se exige que en la sentencia se haga una transcripción de los conceptos de violación. Luego, como esa exigencia tampoco se deriva de algún otro precepto de ese ordenamiento legal, y además la lectura de los conceptos de violación en confrontación con el acto reclamado, permite advertir que nos encontramos en presencia de un caso en el que es necesario suplir la deficiencia, este juzgador estima que por economía procesal es innecesario transcribir o sintetizar el contenido de los conceptos de violación. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". IX. RAZONES POR LAS QUE SE EXTIMA QUE ES NECESARIO SUPLIR LA QUEJA De los antecedentes narrados en la presente sentencia, se aprecia que la controversia gira en torno a la imposición de un arresto administrativo contra la quejosa por conducir en estado de ebriedad. En ese orden de ideas, como en el fondo del asunto subyace una afectación a la esfera jurídica de un gobernado, contra quien existe una violación manifiesta de la ley que lo dejó sin defensa por no respetarse su derecho de audiencia, en el caso cobra aplicación lo dispuesto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, el cual ordena suplir la deficiencia de la queja cuando se advierta una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al impetrante, como en el caso. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J 16/98, visible en la página 34 del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil". X. ESTUDIO DE FONDO El conjunto de razones que fundamentan la conclusión de este juzgador sobre la necesidad de suplir la queja deficiente se basan en las consideraciones emitidas por el Pleno del Decimotercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2016, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito; y los Tribunales Colegiados del Décimo Tercer Circuito (en Materias Penal y Administrativa; en Materias de Trabajo y Administrativa; y, en Materias Civil y Administrativa), en los amparos en revisión 497/2014, 515/2014, 520/2014 y 833/2015; 305/2014; y, 57/2016. En esos cinco precedentes el Pleno del Décimo Tercer Circuito, estableció que tratándose del acto privativo de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con motivo del arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, para que la defensa sea adecuada y efectiva, debe ser previa a la imposición de tal sanción, a efecto de garantizar eficazmente ese bien constitucionalmente protegido a través del artículo 14 Constitucional. La existencia de la jurisprudencia PC.XIII.J/5 A (10ª), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el libro 40, marzo de 2017, tomo III, lo demuestra: "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, previsto en el artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, por sí mismo persigue la privación de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con efectos definitivos. Luego, al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumpla las formalidades esenciales del procedimiento". Se transcriben las consideraciones más relevantes de las ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia recién citada: "[.] En ese sentido, tratándose del acto privativo de la libertad personal ambulatoria del gobernado, con motivo del arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, para que la defensa sea adecuada y efectiva, debe ser previa a la imposición de tal sanción, a efecto de garantizar eficazmente ese bien constitucionalmente protegido a través del mencionado artículo 14. En efecto, previo a la imposición de la sanción administrativa de que se trata, por la infracción al artículo 158, fracción I, del Reglamento de la Ley de Tránsito para el Estado de Oaxaca, el presunto infractor debe ser escuchado, en el momento oportuno, a fin de que manifieste lo que a su defensa convenga, por tanto, dicho propósito sólo se puede lograr a través del respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a las cuales hace referencia el artículo 14 constitucional. Sin que lo anterior se contraponga al artículo 21 de la Constitución Federal, pues si bien es cierto que este precepto establece la facultad de las autoridades administrativas para sancionar la transgresión a reglamentos gubernativos y de policía, también lo es, que no prohíbe la intervención del particular, previo a la imposición del arresto, esto es, no prevé algún caso de excepción a la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal; de ahí que los citados preceptos, en el apartado respectivo, se complementan en beneficio de los gobernados otorgándoles la protección más amplia, como lo estatuye el artículo 1o., párrafo segundo, de la mencionada Ley Suprema. Es así, pues un entendimiento democrático y expansivo de los derechos de los presuntos infractores a los reglamentos gubernativos y de policía, permite considerar que antes de imponer una sanción que prive de la libertad personal ambulatoria, se hace indispensable escuchar al supuesto infractor, a través del respeto a la garantía de audiencia previa. De no ser así, sería tanto como regresar a un sistema propiamente inquisitivo en el cual se imponía la sanción, sin dar oportunidad de defensa al probable infractor; lo cual, desde luego, contravendría el principio de progresividad contenido en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal, al cual están obligados a respetar, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. [.]" Por ende, al existir jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del arresto administrativo por conducir en estado de ebriedad, pues al tratarse de un acto privativo de la libertad, previo a su imposición debe respetarse la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, a fin de que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, este juzgador ya no necesita mayor argumento para justificar el sentido de esta sentencia. El Pleno de este Circuito ya dijo que dicho arresto desatiende los postulados que derivan del artículo 14 Constitucional; y esa conclusión debe prevalecer en este fallo, por su carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. XI. DECISIÓN En esas condiciones, en aplicación de la jurisprudencia referida, se impone conceder a ******, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado, para el efecto de que el juez Calificador en Turno comisionado al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, deje insubsistente la determinación de arresto administrativo dictada en contra del aquí quejoso el quince de septiembre de dos mil veintitrés, en el caso de considerarlo oportuno, inicie el procedimiento en su caso, brindando al quejoso la oportunidad de defensa tutelada por el artículo 14 constitucional, y dicte el fallo que corresponda conforme a sus atribuciones. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, contra el acto reclamado al Presidente Municipal de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, en los términos precisados en el considerando V de esta sentencia. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, contra el acto reclamado al Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal y al Juez Calificador en Turno, ambos adscritos al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. El amparo se concede únicamente para los efectos precisados en el considerando XI de esta sentencia. Notifíquese."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese los comunicados señalados en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Atento a sus contenidos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene al Juez Calificador del Primer turno, y al Director de Seguridad Pública y Vialidad, ambos del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, rindiendo su informe en relación a la suspensión de plano decretada a favor del directo agraviado ********************. Notifíquese.
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