Fredy Alberto Martinez Estrada

Expediente 747/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
747/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
19/07/2021

Partes del expediente

  • Fredy Alberto Martinez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el treinta de junio del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 747/2021-V-A, promovido por Guillermo Alejandro Acevedo Sánchez, a favor de Fredy Alberto Martínez Estrada, respecto de los actos que atribuyó al Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito de demanda presentado por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, el uno de mayo de dos mil veintiuno, compareció Guillermo Alejandro Acevedo Sánchez, a favor de Fredy Alberto Martínez Estrada, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra actos reclamados del Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, así como del Director de la Policía Municipal de Mérida, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo auto que decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y ordenó la ratificación de la demanda (uno de mayo de dos mil veintiuno), por acuerdo de tres de mayo siguiente, entre otras cuestiones, se admitió la demanda, la que quedó previamente registrada con el número 747/2021-V-A. Se hizo la aclaración de que no se tramitaría el incidente de suspensión respectivo, toda vez que ya se había decretado la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal), incomunicación y actos prohibidos del 22 constitucional. Igualmente, al advertirse de la constancia de notificación actuarial de ratificación, que el directo quejoso Fredy Alberto Martínez Estrada, se encontraba recluido en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (autoridad que no fue señalada como responsable en el escrito inicial de demanda), se previno a la parte quejosa para que dentro del término previsto en el artículo 17 y 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba su demanda, señalando como nueva autoridad responsable a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Ello, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, no se tendría a dicha autoridad como responsable en el presente asunto y el mismo se resolvería únicamente respecto de las inicialmente señaladas. También, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Por no designada autoridad responsable. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por no designada a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, al haber transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese manifestado si ampliaba su demanda de amparo; por lo que se determinó que el presente asunto se resolverá únicamente respecto de las autoridades responsables inicialmente señaladas. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La incomunicación, actos prohibidos del 22 constitucional y la detención del directo quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos la totalidad de los actos reclamados al Director de la Policía Municipal de Mérida, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por otra parte, no son ciertos los actos reclamados al Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán, consistentes en la incomunicación y actos prohibidos del 22 constitucional, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que el quejoso desvirtuara sus negativas. En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de dichos actos reclamados a las citadas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia trescientos diez, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página doscientos nueve, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto relativo a la detención, reclamado al Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó en su informe justificado. De igual forma, es cierto el acto reclamado citado, al Director de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, no obstante, lo hubiese negado el encargado del departamento jurídico de dicha dependencia, al rendir su informe justificado; toda vez que hace manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia. Resulta de explorado derecho que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo es de orden público y su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, como en seguida se pasa a demostrar. Al respecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." [.]." En efecto, en la especie se estima que se surte la causal de improcedencia del juicio de amparo, por virtud del cambio de situación jurídica respecto del acto relativo a la detención reclamado por el aquí quejoso Fredy Alberto Martínez Estrada. Lo anterior es así, toda vez que en el presente asunto, el nombrado peticionario del amparo, señaló como acto reclamado detención ilegal. Sin embargo, de las constancias remitidas por el encargado del departamento jurídico de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con su informe justificado y en su oficio número SSP/SPEI/DPEI/1096/2021. A las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo. Se advierte que el directo quejoso Fredy Alberto Martínez Estrada, fue puesto a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Robo, lo que motivó se iniciara la carpeta de investigación R1/52/2021. Siendo que el día tres de mayo pasado, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad ministerial fue trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán y puesto a disposición del Juez de Control en turno del Primer Departamento Judicial del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para la realización de la audiencia inicial. Lo anterior, por la probabilidad de su autoría en la comisión de los hechos señalados en la ley como delito de robo calificado, previsto y sancionado en los numerales 330, 333, fracción I, 335 fracción XIII, todos del Código Penal del Estado de Yucatán en vigor, denunciado por Luis Alberto Echeverría Navarro, apoderado legal de "Centro de Estudios C.T.M" Asociación Civil. Por tanto, con la puesta a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Robo y posteriormente al Juez de Control en turno del Primer Departamento Judicial del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Yucatán, se advierte claramente que cambió la situación jurídica del quejoso en el procedimiento de origen. Por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que en su caso se hubieren cometido con la ejecución de la privación de la libertad reclamada, porque no se puede decidir sobre dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica, aunque persistieran las violaciones que se aducen. Bajo esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo XXVII, Junio de 2008, Tesis 1a./J. 17/2008, en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Guillermo Alejandro Acevedo Sánchez, a favor de Fredy Alberto Martínez Estrada, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Director de la Policía Municipal de Mérida, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad en los términos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Guillermo Alejandro Acevedo Sánchez, a favor de Fredy Alberto Martínez Estrada, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en los términos precisados en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del oficio que se relacionó en proveído de cuatro de junio del año en curso; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista de estrados y cúmplase. Así lo acordó y firmó el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número SSP/SPEI/DPEI/1096/2021, signado por el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por medio del cual cumple con el requerimiento efectuado por acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso, remitiendo copia certificada de las constancias con las que se acreditan que el directo quejoso Fredy Alberto Martínez Estrada, fue trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán y puesto a disposición del Juez de Control en turno del Primer Departamento Judicial del Sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para la realización de la audiencia inicial. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de dicho oficio y relaciónese en la audiencia constitucional relativa. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable hubiese indicado en el oficio de referencia lo siguiente: "Se rinde Informe Previo"; toda vez que no fue tramitado en el presente asunto, el incidente de suspensión respectivo, máxime que se advierte que el oficio se encuentra dirigido en respuesta al requerimiento efectuado en estos autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria que autoriza y da fe.

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