Fredy Alberto Martínez Estrada

Expediente 751/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
751/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Fredy Alberto Martínez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto lo informado por el actuario judicial adscrito, en su razón actuarial de quince de junio del año en curso, en relación a la imposibilidad de entregar el oficio 14704/2021 al Personal Encargado del Área de Separos de la Fiscalía General del Estado, se acuerda: toda vez que por auto de dos de mayo último, se determinó no tener como autoridad señalada como responsable en este asunto, a la nombrada con anterioridad, en razón de que al realizar el quejoso dicha designación, se consideró que ésta resultaba ambigua y genérica, de modo tal, que no permitía determinar con certeza a quién se refería. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el oficio librado a la autoridad nombrada con antelación, para los fines legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Sin que sea obstáculo para declarar destruible este expediente, que en el presente asunto SE HAYA DECRETADO DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados, toda vez que dicha suspensión no se ubica en alguno de los supuestos que establece el referido Acuerdo General sin número, para calificar como depurable este expediente. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se declaró sin materia la suspensión definitiva solicitada que genera la misma consecuencia jurídica a que hubiera sido negada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 379/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el veinticinco del actual mes, se dictó la sentencia definitiva en este juicio. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, la copia certificada del oficio 1634, signado por la Subsecretaria de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, que contiene el testimonio de la ejecutoria dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en el incidente de inejecución 92/2020; que obra en autos del juicio de amparo 635/2015-III-B, del índice de este Juzgado Federal. Ahora bien, tomando en consideración que dicho juicio de amparo es análogo al presente asunto, al encontrarse ambos en la etapa procesal de ejecución de sentencia, por no haberse logrado aún el pago liso y llano de la cantidad condenada en el laudo de origen a la parte actora, aquí quejosa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tómese como un hecho notorio la resolución dictada en el referido incidente de inejecución 92/2020, siguiendo los lineamientos plasmados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México. Al respecto, debe decirse que del artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán; numerales 166, 167, 168, y 169, de la Ley de Hacienda del Estado de Yucatán, y ordinal 5° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, entre otros relativos y aplicables, se obtiene que el Municipio como ente público, constituye un orden de gobierno investido de personalidad jurídica y maneja su patrimonio conforme a la ley; además, goza de diversas facultades para allegarse de recursos, tales como: contratar obligaciones a corto plazo; contratar empréstitos; solicitar una ampliación presupuestal; o bien, la implementación o ampliación de una partida presupuestal para hacer frente al endeudamiento por virtud de los laudos emitidos por el Tribunal burocrático. Sin embargo, para realizar cualquiera de las posibles alternativas, se requiere de la autorización del Cabildo del Ayuntamiento correspondiente, del Congreso Local, así como la participación del Gobernador del Estado, como superior jerárquico, o de cualquier otra que de acuerdo a sus funciones deba vigilar el debido cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, es dable vincular al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en el presente asunto a las siguientes autoridades: a) Congreso, b) Secretario de Gobierno, c) Secretario de Administración y Finanzas (antes denominado Secretario de Hacienda del Gobierno), todos del Estado de Yucatán y al d) Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico. Ello, para que dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del momento en que legalmente cuenten con los datos necesarios para realizar las gestiones pertinentes en el ámbito de sus facultades, auxilien al Ayuntamiento Municipal de Tekax, Yucatán, brindándole los medios necesarios para la obtención de recursos, ya sea mediante una ampliación presupuestal, o bien la autorización para la adquisición de empréstitos o créditos para cumplir con la sentencia de amparo, para lo cual se les envía copia de la referida resolución para su conocimiento. Además, al Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, se le instruye, para que una vez recibida la petición del Ayuntamiento para que con cuenta del Municipio, realice el pago adeudado al quejoso con cargo a las participaciones que en ingresos federales les corresponda, lleve a cabo el trámite correspondiente en breve término, para que se efectúe el pago relativo adeudado al quejoso; o bien, en el caso de que surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruye para que busque alguna otra opción para satisfacer lo solicitado. Al Gobernador del Estado de Yucatán, se le instruye en su carácter de superior jerárquico, para que conmine y supervise el cumplimiento a lo determinado en esta resolución, tomando en cuenta que, en caso de inobservancia a este deber, tanto a él como al Secretario de Administración y Finanzas, se procederá en aplicación de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Al Congreso del Estado de Yucatán, se le requiere para que en auxilio del referido Municipio de Tekax, Yucatán, facilite, estudie y analice el presupuesto de dicha municipalidad, así como la implementación de los medios para la obtención de recursos con cargo a la cuenta del Municipio, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento a las autoridades vinculadas que no efectuar las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro del plazo concedido, e informarlo a este juzgado federal, se seguirá el trámite de ejecución previsto en la Ley de Amparo, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, y el Acuerdo Plenario 5/2013, modificado mediante instrumento normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Por tanto, a fin de que este Juzgado de Distrito se encuentre en aptitud de requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades vinculadas, así como al Síndico, Tesorero y Presidente Municipal en su carácter de autoridades responsables, y Cabildo, en su carácter de superior jerárquico, para que realicen el pago de la cantidad actualizada motivo de la sentencia de amparo, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo: Prevéngase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, continúe requiriendo a las autoridades responsables y actualizando las cantidades pendientes de pago por el Ayuntamiento de Tekax, Yucatán; hecho lo anterior, lo comunique a este juzgado, con las constancias conducentes que así lo acrediten, a fin de que este órgano jurisdiccional proceda a acordar lo conducente. Asimismo, requiérase al referido Ayuntamiento Municipal, para que se pronuncie respecto a la propuesta hecha valer en la sesión de cabildo celebrada el catorce de diciembre de dos mil veinte, en el que se informó que se iba a presentar un plan de pago periódico a la actora, hasta el total cumplimiento del laudo, el cual fue atendido por acuerdo de trece de abril del año en curso. Para atender adecuadamente, el referido Ayuntamiento deberá mencionar los medios a través de los cuales se van a obtener dichos recursos y la periodicidad del pago de la parte quejosa, en los términos precisados por el Máximo Tribunal. Lo que deberán informar a este Juzgado el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán y el Ayuntamiento Municipal de Tekax, Yucatán dentro del plazo de diez días hábiles legalmente computados, para lo cual remítaseles copia certificada de la resolución correspondiente al incidente de inejecución de sentencia 92/2020, dictada el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, para su conocimiento. Se apercibe a dichas autoridades, que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa por el valor de cien unidades de Medida y Actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Notifíquese personalmente.

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