Freddy Israel Aranda Cuytun
Expediente 982/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Freddy Israel Aranda Cuytun
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha treinta de agosto último, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del seis al doce de los corrientes; en tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, se tiene a ********, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Director, Inspectores (********y ****) y Coordinadora del Departamento de Denuncia Ciudadana, todos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Fórmese expediente, regístrese con el número 982/2018-IV-A que le corresponde y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone que este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad ordenadora: La orden de inspección y suspensión realizada al predio que aduce es de su propiedad, el + + Y por lo que corresponde a las autoridades ejecutoras: La ejecución y notificación de la orden de inspección y suspensión ordenada por el Director de Desarrollo Urbano, así como la imposición de sellos de suspensión temporal total realizada al inmueble descrito. Este resolutor advierte que respecto de los actos antes señalados, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El invocado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; . ." Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en sus artículos 2 y 4; así como los numerales 1°, 16, 23, 24, 25, 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, establecen que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, es competente legalmente para conocer y resolver juicios contenciosos administrativos respecto de las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública y los particulares; así como contra de los actos de naturaleza administrativa que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios. Así también, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, el suscrito estima que la presente demanda de amparo es improcedente, porque cuando la ley concede a las partes, recursos o medios de defensa legal, como en el presente caso, a fin de que el acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades de la Administración Pública o del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios, en agravio de personas físicas o morales, se modifique, revoque o nulifique, antes de acudir al juicio de amparo, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, en virtud de que en contra del acto reclamado por el quejoso que lo constituye la orden de inspección y suspensión realizada al predio número cuatrocientos veinticinco, de la calle cincuenta letra "A", por veintisiete y veintinueve de la colonia Nuevo Yucatán, de esta ciudad, ordenada por el Director de Desarrollo Urbano y su ejecución, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, en términos de lo dispuesto en el artículo 126, tercer párrafo de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, así como en contra de la ejecución y notificación de la orden de inspección, e imposición de sellos de suspensión temporal total realizada al predio en cuestión. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 16, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, la que se acordará de manera inmediata a la presentación del escrito de demanda, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. En estas condiciones, es claro que la suspensión de los actos que reclama el quejoso, de convenir a sus intereses, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser la orden de inspección y suspensión, ordenada por el Director de Desarrollo Urbano, y su ejecución, el acto reclamado por la parte quejosa de carácter administrativo en agravio del promovente, debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; lo que hace que el presente juicio sea improcedente, en términos del numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no cumplió el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (IV Región)2o.10 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de La Cuarta Región, visible en la foja 2932, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2014947, que precisa: "MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN O SU REGLAMENTO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, PREVIO AL AMPARO, AL NO ESTABLECER LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL UN PLAZO MAYOR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN QUE EL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática de los artículos 16 y 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, se colige que el tribunal admitirá la demanda "tan luego" le sea presentada, y que en el mismo auto en que ello ocurra, el Magistrado instructor deberá acordar la suspensión de los actos reclamados. En ese orden, de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el vocablo "luego", consiste en un adverbio de tiempo que tiene, entre otras acepciones, "sin dilación" o "inmediatamente". Así, al emplear el legislador local la frase "tan luego", que se concibe necesariamente como aquello que debe ocurrir en forma inmediata o sin tardanza, debe entenderse que el juzgador mencionado debe admitir la demanda y, por tanto, acordar la suspensión en el juicio de nulidad de manera inmediata a la presentación de dicho escrito. De ahí que si la legislación indicada, que rige el procedimiento contencioso administrativo, prevé que la suspensión de los actos impugnados debe decretarse de manera inmediata a la presentación de la demanda, no establece un plazo mayor que el previsto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, el cual dispone que el Juez de Distrito deberá proveer sobre la suspensión provisional dentro del plazo de veinticuatro horas, contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada al órgano jurisdiccional y, por ende, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Entonces, si pretende impugnarse una multa impuesta por infracción a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán o su reglamento debe acudirse, previo al amparo, al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que resulta procedente contra ese tipo de actos, en términos del artículo 64, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en correlación con los numerales 2, 3 y 22, fracción XI, del Código de la Administración Pública, ambas disposiciones de la entidad federativa señalada, por provenir de autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo de ésta, las cuales son parte de la administración pública centralizada." Por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185065, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad". De igual manera apoya a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, en la página 152, con número de registro 223170, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATAN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." En tales circunstancias, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por JESÚS ANTONIO BASTO SANTOS, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Arturo Javier Molina Lugo, y con las limitaciones a que se refiere el propio dispositivo en su segundo párrafo, parte final, a la diversa persona que menciona, hasta que acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.
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