Freddy Fernanado Garcia Tejeda
Expediente 893/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Freddy Fernanado Garcia Tejeda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho órgano colegiado, correspondiente al recurso de queja 280/2022, interpuesto por Freddy Fernando García Tejeda, contra el auto de desechamiento de treinta de mayo de dos mil veintidós dictada por este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso d) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de una demanda desechada, que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no se advierten documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante el que se desechó la demanda de amparo interpuesta. En esas condiciones, a fin de que el órgano colegiado determine lo procedente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101, párrafo segundo, de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el aludido escrito, ríndase informe con justificación, adjuntando copia del auto impugnado, y de las constancias que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Haciéndose saber al órgano revisor que es cierto el hecho que se atribuye; empero el mismo fue dictado conforme a derecho. Notifíquese.
- Principal
Juicio de amparo: 1238/2021 Quejoso: Jordi Martínez Díaz Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Marco Antonio García Cortez S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1238/2021, y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Morelos, a este órgano jurisdiccional, el cual lo recibió ese mismo día, se tiene que Jordi Martínez Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra del acto atribuido al [1] Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, todas con residencia en la Ciudad de México, entre tales actos se aprecia el procedimiento legislativo que dio emisión a la normativa que reclama, y su primer acto de aplicación, consistente en la emisión del oficio 213301EL351372 de seis de agosto de dos mil veintiuno, el cual refiere el quejoso que, bajo protesta de decir verdad, le fue notificado el uno de septiembre de ese año y mediante el cual se le negó la autorización sanitaria para el consumo de estupefacientes. De ahí que el solicitante del amparo estima que ello vulneró sus derechos humanos previstos en los artículos 1, 4, 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros. 2. Trámite del juicio. Previo desahogo de la prevención realizada en autos, mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado admitió la demanda, y pidió a las autoridades responsables sus informes justificados. Además, hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -la parte quejosa expresamente se opuso a la publicación de sus datos personales-, y dio intervención a la representante social de la adscripción. Asimismo, tuvo por hechas las manifestaciones realizadas por el quejoso, relativas a que ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos se tramita la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, radicada bajo el número de expediente 1/2021 del índice de dicho órgano jurisdiccional, la cual tiene relación con la presente demanda de amparo, en tanto que refiere que el propio quejoso ahí combate la misma normativa respecto de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, con motivo de su aplicación. En otro aspecto, se tiene que, por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo saber a las partes que, mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó, la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. Una vez sustanciado el juicio en cuestión, la audiencia constitucional se celebró el día nueve de marzo de dos mil veintidós, y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación [vigente], así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido contra una norma cuyo acto de aplicación también reclamado por vicios propios, tiene ejecución material en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal, en tanto que se trata de la negativa de otorgar una autorización sanitaria para el quejoso, la cual conforme lo señaló el amparista, al tener domicilio en el Estado de Morelos, es que la misma produce sus efectos en este lugar. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en esta instancia se reclama a las autoridades responsables lo siguiente: Del [1] Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; [2] Titular de la Secretaría de Salud; [3] Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud; [4] Titular de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud; [7] Secretario de Gobernación; [8] Director del Diario Oficial de la Federación, así como las Cámaras de [9] Diputados y [10] Senadores, ambas del Congreso de la Unión, en su respectivo ámbito competencial: [a] Los artículos 235, 237, 245, fracciones I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, los cuales refiere el quejoso que son materia del pronunciamiento contenido en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello es así, en razón de que, del contenido de la demanda de amparo y sus aclaraciones, destaca el quejoso que son las porciones normativas en que tiene sustento el acto reclamado que señaló como el acto de aplicación de las mismas. Del [5] Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y [6] Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): [b] El oficio 213301EL351372, de seis de agosto de dos mil veintiuno, que contiene la negativa a la autorización sanitaria solicitada mediante escrito presentado en el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el día catorce de mayo de dos mil veintiuno, relativo a la solicitud de autorización para el consumo individual de estupefacientes. III. Causales de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, por lo que se procede a su estudio en este apartado. En el presente caso, respecto a lo reclamado por el quejoso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por haberse consentido tácitamente, en tanto que la demanda fue presentada en forma extemporánea. Precisamente, el artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; mientras que, el artículo 18, de la misma ley, señala que los plazos para presentar la demanda de amparo se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, se tiene que la ley que rige el acto es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual en su artículo 38 precisa lo siguiente: "Artículo 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado la que conste en el acuse de recibo. En las notificaciones por edictos se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en el territorio nacional." En esas condiciones, se tiene que del contenido del escrito inicial de demanda se desprende que el aquí quejoso bajo protesta de decir verdad refirió que el acto reclamado le fue notificado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, como lo reitera en su escrito aclaratorio. Lo anterior, constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en este juicio y que además goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a la jurisprudencia 446 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200094, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Dicha afirmación se concatena con el contenido de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, relativas a las constancias de la notificación practicada a Jordi Martínez Díaz, aquí quejoso, respecto del oficio 213301EL351372 de seis de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancia Químicas, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, con las cuales se robustece la afirmación del quejoso realizada en este juicio de amparo en el sentido de que el acto reclamado le fue notificado el uno de septiembre de dos mil veintiuno. De lo anterior, se tiene que en el presente asunto el quejoso tuvo conocimiento de lo que en esta instancia combate a partir de esa fecha -uno de septiembre de dos mil veintiuno-, por lo que el plazo general de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, fue excedido, esto es así, porque el plazo comenzó a computar al día siguiente de que le fue notificado el acto reclamado. Por tanto, el periodo para la promoción del juicio de amparo transcurrió del dos al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, descontando los días cuatro, cinco, once, doce, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve y veinticinco de septiembre del año en mención, al tratarse de días inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si la demanda de amparo fue recibida el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno [como se aprecia de la evidencia criptográfica correspondiente], es inconcuso, que su presentación fue fuera del plazo con que contaba para ello, tal como se representa en el siguiente cuadro: Septiembre 2021 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 [Notificación y surte efectos] 2 [1] Inicia plazo 3 [2] 4 5 6 [3] 7 [4] 8 [5] 9 [6] 10 [7] 11 12 13 [8] 14 [Inhábil] 15 [Inhábil] 16 [Inhábil] 17 [9] 18 19 20 [10] 21 [11] 22 [12] 23 [13] 24 [14] 25 26 27 [15] Vence plazo 28 29 [Presentación de demanda] 30 De allí que resulta extemporánea la promoción del juicio constitucional, por lo que acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente asunto. Aunado a ello, cabe precisar como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con base en las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por el propio quejoso Jordi Martínez Díaz, que ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos se tramita la Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, radicada bajo el número de expediente 1/2021 del índice de dicho órgano jurisdiccional, la cual tiene relación con la presente demanda de amparo, en tanto que refiere el propio quejoso que combate la misma normativa respecto de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, y su aplicación. Ello, se corrobora con la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del cual se aprecian los acuerdos emitidos en el referido expediente 1/2021, del índice del juzgado homólogo, de contenido siguiente: "Núm. de Expediente: 1/2021 Fecha del Auto: 21/09/2021 Fecha de publicación: 22/09/2021 Síntesis: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a declaratoria general de inconstitucionalidad, presentada por Jordi Martínez Díaz, contra actos del Comisionado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con domicilio en la ciudad de México y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de denuncia por incumplimiento a declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. [.] Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la presente determinación se registra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el nombre: "DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A DECLARATORIA. SE DA TRAMITE". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe." "Núm. de Expediente: 1/2021 Fecha del Auto: 27/10/2021 Fecha de publicación: 28/10/2021 Síntesis: Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe relativo a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, que rinde la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en cumplimiento a los oficios 23653/2021 y 23654/2021. [.] Por otro lado, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, requiérase a la autoridad antes citada, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del presente acuerdo, remita copia certificada completa y legible del oficio 213301EL351372, suscrito por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual le fue negada, al aquí denunciante, la autorización sanitaria para el consumo individual de estupefacientes; asimismo, deberá remitir copia certificada de todas y cada una de las constancias que se hayan tenido en cuenta para su emisión, o bien, del expediente administrativo que, en su caso, se hubiere formado para la emisión del oficio antes citado. [.] Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe." Del texto transcrito, se obtiene que lo sujeto a debate en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, es el actuar de la autoridad o autoridades denunciadas, consistente en la negativa de emitir autorización sanitaria para el consumo individual de estupefacientes, conforme al contenido del oficio 213301EL351372, suscrito por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios -aquí señalado como acto de aplicación de la norma impugnada-, lo que el ahí denunciante Jordi Martínez Díaz, aquí quejoso, estimó que incumplía lo resuelto en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello, que aun de ser oportuna la presentación de la demanda de amparo, pudo ser improcedente el presente juicio constitucional, dada la existencia de diverso asunto en trámite que versa sobre la misma materia que en el presente amparo indirecto, el cual incluso fue presentado previo a la promoción del presente asunto, es decir, la referida Denuncia por Incumplimiento a Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2021, se presentó previo al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno -al tomar en consideración la fecha del acuerdo que se cita- y el presente juicio de amparo, fue instado el veintinueve de septiembre siguiente; ello, con independencia del resultado de la determinación que ahí adopte el órgano jurisdiccional homólogo. Ahora bien, en virtud de que no puede desvincularse el estudio de la norma del que concierne a su aplicación, en tanto que el acto de aplicación es precisamente el que causa perjuicio al quejoso, lo que imposibilita analizar la norma en abstracto, es que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende también a la ley, tal como establece la jurisprudencia P. XVII/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 194092 y de contenido: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En consecuencia, al haberse decretado el sobreseimiento respecto del primer acto de aplicación de las normas reclamadas, se decreta también en cuanto a los artículos 235, 237, 245, fracciones I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud. Lo sostenido, máxime que respecto a dicha normativa se actualiza también la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, respecto de tales preceptos normativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. En por ello que se actualiza también en el caso, la improcedencia del juicio de amparo en contra de normas generales respecto de la cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubiese emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el capítulo VI, título IV, de la Ley de Amparo, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, a través de una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. En el caso se aprecia que el veintiocho de junio de dos mil veintiuno el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno), en relación con los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo, (previos a la reforma efectuada por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno); respecto de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de Ley General de Salud. De los puntos resolutivos contenidos en la citada declaratoria, se obtiene lo que se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Es procedente y fundada la presente declaratoria general de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', y 247, párrafo último, en su porción normativa 'sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y', de la Ley General de Salud para los alcances establecidos en esta ejecutoria, la cual surtirá efectos generales a partir de la notificación de estos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esta decisión." Determinación que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno; de ahí que también se actualizaría la causa de improcedencia invocada por lo que hace a tales preceptos normativos. Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: Único. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Jordi Martínez Díaz, en contra de las autoridades y actos precisados en el segundo punto considerativo, por las razones expuestas el último de ellos, todos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, Secretario que autoriza y da fe, hoy treinta de mayo de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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