Franisco Alvarado Linares

Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
797/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Franisco Alvarado Linares
  • Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. ...Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal el veintinueve de junio de dos mil veintitrés; mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. 1) Se recibe informe y constancia remitida en alcance. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y oficio signado por dicho Presidente, por medio del cual remite copia certificada de la notificación realizada a la parte quejosa respecto al acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designa y por señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba que ofrece en el informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por cuanto a la utilización de aparatos electrónicos, se deberá de estar a lo decretado en el auto admisorio, en el que se acordó dicha autorización. Asimismo, este Juzgado de Distrito toma nota, del correo electrónico y números de telefonía que proporciona a fin de, en su caso, establecer comunicación en términos del artículo con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 2) Se sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, vistos los actos reclamados, contenidos en las constancias anexas por la responsable, este juzgado de oficio advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no se tratan de una resolución final en el procedimiento de ejecución, no gozan de autonomía con éste, ni afectan derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución y, por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata; y b) actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Los razonamientos recién precisados, los sostuvo en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Con fundamento en lo expuesto, en el caso concreto, los autos reclamados no constituyen un acto autónomo al procedimiento de ejecución de sentencia, tampoco se tratan de la última resolución dictada en el juicio ni son de imposible reparación -por no violentar directamente derechos sustantivos-. En ese contexto, el juicio de amparo es improcedente, ya que el quejoso -actor en el juicio de origen- reclama los dos acuerdos de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en los cuales, el [1] Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dentro del juicio laboral 01/1218/2013, en el primero, dictó auto de ejecución en contra de la autoridad condenada en dicho controvertido, y la requirió para que reinstalara al accionante en cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, y en el segundo dictó auto de requerimiento de pago y embargo en su contra, ambos con el apercibimiento de que en caso de no acatarlos, se le aplicaría la medida de apremio contenida en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consistente en una multa. Sin que se inadvierta que en su capítulo de acto reclamado refiera como tal el incumplimiento de aplicar la sanción estipulada en el artículo 124 fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual había solicitado en distintos escritos, no obstante, se tiene en los acuerdos referidos se resolvió sobre dicha petición, en los cuales proveyó la solicitud del quejoso presentada el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que peticionó la imposición de dicha medida de apremio, y al respecto determinó el referido auto de ejecución, en el que precisó además que en virtud de la sentencia dictada en el amparo 652/2022, por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, en diverso juicio de amparo, se había desincorporado de la esfera jurídica del Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, el artículo 124, fracción I, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de ahí que se tenga como acto reclamado el acuerdo de referencia. En esos términos, es que por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De lo que válidamente se puede concluir que dichos acuerdos no constituyen el final en la ejecución y tampoco causan una afectación directa a un derecho sustantivo del quejoso, pues contrario a ello, se tratan actuaciones que forman parte de la etapa de ejecución del laudo, contra las cuales solo procede el amparo ante un juzgador constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. Además, se insiste en que no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que solo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, pues únicamente procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Aunado a lo anterior, no debe soslayarse que, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la inconformidad por parte del quejoso radica en los términos en que fueron dictados los acuerdos reclamados, ya que sostiene que la autoridad responsable debió haber impuesto una medida de apremio distinta, como lo es la destitución de la autoridad condenada -de conformidad con la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos-, toda vez que ya había apercibido con multa anteriormente y aun así no había dado cumplimiento al laudo dictado en el juicio de origen, por lo que al imponerse diversas medidas de apremio podría generarse dilación en la ejecución del laudo dictado en el juicio de origen. Por tanto, se observa que la queja del impetrante de amparo radica en la mecánica de ejecución o la forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen; de modo que, dada la materia del acto reclamado, es factible concluir que dicho acto se emitió después de concluido el juicio y que constituye un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución del laudo, que lleva por finalidad el cumplimiento del mismo, pues incluso el quejoso pretende que se aplique una sanción contenida en un precepto -124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos-, la cual ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas controversias constitucionales, como las 332/2019, 173/2016 y 121/2017. Además de ello, en el presente caso, no se actualiza la excepción de procedencia del amparo indirecto contra los acuerdos de la responsable en que requirió el cumplimiento del laudo a la autoridad condenada, con apercibimiento de imponerle la medida de apremio prevista en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado -multa-, si se considera que para calificarse como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que pudiese reclamarse como violación durante el procedimiento de ejecución que hubiere dejado sin defensa al impetrante y trascendido al resultado de la resolución conclusiva. Por lo que, las resoluciones de requerimiento de pago y de ejecución con los apercibimientos de mérito no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afectan derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrán impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En tales términos, al tratarse los actos reclamados de un auto de requerimiento de pago y embargo, así como uno de ejecución, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, resultando aplicable por analogía la jurisprudencia PC.XVIII. J/10 L (10a.), del Pleno del Decimoctavo Circuito, con registro 2010430, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, página 1492, que establece: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia." Finalmente, los actos impugnados no son autónomos en relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitieron, dado que no se advierte que se haya cumplido el laudo emitido en el procedimiento de origen, declarado la imposibilidad de cumplimiento, ni ordenado el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, además como ya se precisó, la pretensión de la parte quejosa va encaminada a cambiar la mecánica de ejecución ya emprendida por la autoridad reclamada, de lo que incluso se desprende que dicho reclamo no implica la violación de un derecho sustantivo, pues la impetrante de amparo no se duele de una omisión por parte de la responsable de hacer cumplir su determinación, sino de una cuestión de forma, en el sentido de que, a su consideración, debe ser otro el modo en que la autoridad responsable procure el cumplimiento de su laudo, sin que sea además relevante que dicha impetrante sea la vencedora en el procedimiento de origen, en términos de lo establecido por la jurisprudencia 1ª./J.36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Ello además, porque de no razonarlo así, se desvirtuaría la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, la cual para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, es interpretada en sentido contrario, lo que pone de manifiesto que la promoción del juicio de amparo respecto de actos dentro de la etapa de ejecución, es exclusivamente respecto de esas hipótesis excepcionales, establecidas para ese efecto, en tanto que la finalidad de ello, es evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la sustanciación de los juicios, de tal suerte, que en estos casos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, y por ello es que sólo se puede promover juicio de amparo en casos específicos permitidos por la norma, y en contraste, la restante generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusivas, tornan improcedente el juicio de amparo en cuestión. Y se dice que se desvirtuaría dicha hipótesis de improcedencia, pues bastaría que el actor se inconformara contra cada uno de los actos de ejecución, impugnando la mecánica de ejecución y/o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, para hacer procedente el juicio constitucional, pues podría generar su procedencia exclusivamente mediante la presentación de escritos en los que señalara dicha circunstancia, pudiendo impugnar por ello cada auto en el que no se le otorgara la razón. Lo cual no fue pretendido por el legislador, al establecer la hipótesis de procedencia en estudio, respecto a los actos en ejecución. Es importante precisar que, tampoco hace procedente su reclamo, las manifestaciones en cuanto a que tales actos afectan a la parte quejosa en su derecho sustantivo de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, ya que aun cuando señala que la ejecución del laudo se ha prolongado un tiempo excesivo, el derecho de acceso a una justicia pronta -como derecho sustantivo- implica una violación autónoma que sólo puede ser producida en el procedimiento de ejecución, cuando la dilación en una actuación específica ha producido una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, de allí que tampoco pueda justificar la procedencia del juicio de amparo el argumento que hace depender de forma secundaría tal afectación, con la emisión de un acto específico de ejecución, el cual se considera dilatorio. Pues, de asumir tal hipótesis -que se puede reclamar como dilatorio cada acto específico de ejecución de forma secundaria-, conllevaría a que bastaría que la parte quejosa se inconformara en contra de cada auto, alegando que con la forma en que fue emitido el mismo, se está permitiendo la dilación de la ejecución del laudo, para que fuera procedente el juicio constitucional, amparado en una violación al acceso a una justicia pronta, cuestión que es contraria a la teleología del supuesto de procedencia en estudio, con el cual, se insiste, pretendió el legislador evitar el abuso del juicio constitucional contra los actos emitidos en ejecución, y que por tanto, su procedencia no sea la regla, sino la excepción en aquellos casos específicos permitidos por la normativa. En las relatadas condiciones, es que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, respecto de los actos reclamados, porque aun de continuarse substanciando el presente juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que los acuerdos reclamados se tratan de actuaciones contra las cuales resulta improcedente el juicio constitucional, al no ser los últimos actos de ejecución, ni afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, es decir, no es necesario terminar de substanciar este juicio y celebrar su audiencia para advertir la causa de improcedencia que se actualiza, porque de las propias constancias que integran este asunto -entre las cuales ya obran los acuerdos reclamados-, resultan suficientes para advertir la causa de improcedencia aludida. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, tal como lo permite la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 184572, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Cabe señalar que similares criterios fueron sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en los amparos en revisión 42/2023, 68/2021, 72/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en las quejas 121/2020, y 138/2020, 159/2017, los cuales constituyen un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2º de esta última, al haber sido consultado del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), como lo permite la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2017123, de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En tales términos, ante lo aquí decidido, se dejan sin efecto las medidas y determinaciones decretadas en este expediente, así como el señalamiento de la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Mac Quetzin Murillón Duarte, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de junio de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, [3] Ayuntamiento Constitucional y [4] Tesorera municipal, ambos del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".1) La Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza, restituya a la quejosa la cantidad que acredite haber enterado por derecho de alumbrado público y que hubiese ingresado al Municipio responsable, correspondiente al derecho de alumbrado público, respecto del contrato o servicio de la persona moral quejosa del establecimiento comercial ubicado en Sabinas, Estado de Coahuila de Zaragoza, por el periodo reclamado -febrero de dos mil veintidós-, que a continuación se señalan: ... Devolución que debe realizarse en términos de previsto en el Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza, esto es, deberá devolverse la cantidad debidamente actualizada. En el entendido que el ayuntamiento responsable, deberá en el ámbito de sus atribuciones, obligar a la Tesorera Municipal, a cumplir con lo anterior, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, para conseguir su cumplimiento." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a las responsables que, en caso de desacato, se le impondrá multa de cincuenta veces el valor de la unidad de medida y actualización. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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