FRANSISCO JAVIER ARANDA ARENALES y Otros.
Expediente 1314/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- FRANSISCO JAVIER ARANDA ARENALES y Otros.
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula, así como en el libro de gobierno relativo y las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número 2103, signado por la Encargada de Despacho por ministerio de Ley del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia e Yautepec, de Zaragoza, registrado con folio 22719, por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 463/2019, con número de origen 185/2019 del índice de este Órgano Federal; por los motivos vertidos en la razón de falta de notificación de quince de octubre de dos mil diecinueve. En consecuencia, atento a la imposibilidad de realizar la notificación de referencia a la parte quejosa de manera personal en el domicilio señalado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase a la parte quejosa la notificación de que se trata, y las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******** y *******, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades; por tanto se provee como sigue: 1).- Registro de demandas. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Acumulación. Ahora, vista la demanda de amparo 1314/2019, promovida por ****** y *******, contra actos del Juez de Primera Instancia de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades; en la que señala como acto reclamado esencialmente: "a).- La orden de aprehensión y/o presentación y detención en contra de los quejosos". "b).- Auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal ********, por el cual, entre otras cosas, ordenó citar a los quejosos para la audiencia de formulación de la imputación, apercibidos de que en caso de no hacerlo sería librar la ilegal Orden de Aprehensión y/o presentación y detención". "c).- La ejecución de la orden de aprehensión y/o presentación y detención". Así, tomando en consideración que la demanda referida guarda estrecha relación con la diversa demanda 1315/2019, promovida por los mismos quejosos ******* y ***********, por las consideraciones que más adelante se precisarán; se ordena acumular la misma. Así, el artículo 66 de la Ley de Amparo, dispone que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente dicha Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. Asimismo, dispone que el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. De igual forma, el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, dispone que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. En la especie, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como un hecho notorio que este Juzgador Federal puede invocar de manera oficiosa, se advierte que en el escrito de cuenta se reclama de la Juez de Primera Instancia, Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos (*******) y otras autoridades, los mismos actos reclamados, consistentes en: "La orden de aprehensión y/o presentación y detención en contra de los quejosos". "b).- Auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal ********, por el cual, entre otras cosas, ordenó citar a los quejosos para la audiencia de formulación de la imputación, apercibidos de que en caso de no hacerlo sería librar la ilegal Orden de Aprehensión y/o presentación y detención". "c).- La ejecución de la orden de aprehensión y/o presentación y detención". De lo anterior, se desprende que los actos reclamados en la demanda de amparo 1315/2019, promovida por ****** y *********, esencialmente versan sobre los mismos actos derivados de la causa penal **********, seguida en contra de los quejosos, cuyo vínculo deriva en que los quejosos se duelen de los mismos actos, orden de aprehensión y/o presentación y detención en contra de los quejosos, auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal ********, así como su ejecución; por tanto, constituyen relaciones jurídicas derivadas del mismo hecho; por lo que, se colman los extremos previstos tanto en el artículo 66 de la Ley de Amparo, como en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa del ordinal 2°. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia número P./J.24/2015 (10ª.) , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL." En esas condiciones, toda vez que el artículo 66 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional, para determinar si se resuelve de plano la acumulación de juicios; en estricto acatamiento al principio de economía procesal y con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, se decreta de plano la acumulación de la demanda de amparo 1315/2019, promovida por ******* y ********* a la diversa 1314/2019-4, por ser la más antigua. Por lo antes expuesto, elabórese una sola carátula que identifique a los juicios de amparo de que se trata. 3).- Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo , este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, y 6° todos de la Ley de Amparo , porque la ausencia de firma electrónica representa la falta de voluntad de los quejosos. En efecto, los mencionados artículos de la Ley de Amparo, regulan la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 3 de la Ley de Amparo , prevé como una opción para el justiciable, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente. Si decide presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, destacando que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo se destaca el contenido de los artículos 72 , 73 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se establece que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. Asimismo, se establece que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. Ahora bien, en el caso en concreto la demanda de amparo que se provee, según se aprecia de lo asentado en la certificación secretarial, carece de la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas de los directos quejosos, por ende, no es posible advertir en ella la manifestación de la voluntad de los promoventes, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3°, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; entonces la omisión de los promoventes de ingresar al sistema con su firma electrónica implica la ausencia de voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia: P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Así, con relación a la certificación secretarial hecha respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos antes esgrimidos, se advierte que no se les puede dar valor probatorio alguno a las promociones (demandas) de cuenta por haber sido presentadas sin firma electrónica de los quejosos (evidencia criptográfica). Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tienen ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma de los promoventes, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de quienes al parecer promovieron las demandas, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo, de ahí que, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dichos juicios, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En la inteligencia de que no se encuentra en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo electrónica, sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integral de las demandas, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no obstante que los promoventes señalen como uno de los actos reclamados "solicitud de orden de aprehensión, presentación y detención", pues del contenido de las demandas se advierte que se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de los quejosos, pues solo es una simple comunicación del juez, a petición de la fiscalía, en el sentido de requerir su presencia para la audiencia de formulación de imputación en la que podrán o no ser vinculados a proceso y en su caso, sometidos a una medida cautelar; y esto último o en su caso la eventual orden de comparecer forzosamente son actos futuros de realización incierta. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que la demanda si contenga una firma electrónica, pero de la lectura de la evidencia criptográfica se advierte que corresponde al autorizado de los quejosos quien ni siquiera se ostenta con el carácter de defensor, ni los quejosos se encuentran en ninguna de las hipótesis de excepción. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desechan de plano las demandas de amparo con las que se dio cuenta. 3).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Ahora, toda vez que la demanda de amparo se desechó, y los quejosos señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en **********, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Civil en turno de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del estado, con residencia en Yautepec, Morelos, para que por conducto del personal a su cargo y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio antes indicado; debiendo entregarle copia autorizada del presente acuerdo; requiriéndolo para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, señalen domicilio en esta ciudad de Cuernavaca, para oír y recibir notificaciones, derivadas del presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal, conforme el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Se le habilita para que ordene cuanta diligencia sea necesaria con el propósito de lograr la notificación de referencia, asimismo, para que la diligencia encomendada, se realice aún en horas y días inhábiles, es decir, puede ser fuera del horario de labores del Juzgado requerido; una vez hecho lo anterior, remita de inmediato a este Órgano de Control Constitucional las constancias de emplazamiento relativas. Se tienen por autorizadas las personas que menciona en el escrito de cuenta en los términos que señala . 4).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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