Francisco Saul Rocha Gomez

Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
553/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Francisco Saul Rocha Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que la ley concede al promovente para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que él o su defensa lo hubiesen interpuesto. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó la secretaria actuante al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de agosto de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal concedido a la parte quejosa en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, sin que al momento de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días otorgado, se haya presentado promoción alguna con la que hubiese dado cumplimiento a la prevención formulada en el presente juicio de amparo. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a su defensa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Designa asesores jurídicos. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Coordinadora Penal Zona Costa Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizzbeth García, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Francisco Saúl Rocha Gómez. Atento a lo anterior, se tienen como defensores públicos del quejoso a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizzbeth García; por lo que, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente darles vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Domicilio. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto el funcionario oficiante proporciona en su oficio de cuenta. Autorizados. Ahora, por lo que hace a la diversa solicitud, téngaseles como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona para tales efectos, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso y a sus defensores públicos.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de junio de dos mil veintitrés. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso Francisco Saúl Rocha Gómez, mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, para que nombrara un defensor que lo represente, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, al que se deberá anexar copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.43/2019 (10ª), de rubro y contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano