Francisco Ricardo Zoto Arellano

Expediente 812/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
812/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Francisco Ricardo Zoto Arellano
  • Director del Ce.Re.So de Tijuana Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Del contenido de la constancia actuarial de cuenta, se advierte que al momento de notificar al quejoso de la determinación de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, este manifestó que no ha sido trasladado al Centro de Reinserción Social Tijuana, tal y como lo ordenó el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, en la audiencia celebrada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, dentro del cuaderno de ejecución 856/2020, de su índice. En consecuencia, con copia de la constancia actuaria de mérito, gírese oficio al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, a fin de que acuerde lo correspondiente a lo manifestado por el quejoso y lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que, en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que los Defensores Públicos, licenciados NIDIA MARCELA VERA LÓPEZ Y GABRIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el cinco de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de veintiséis de febrero del año en curso, dictado en el Juicio de Amparo 812/2019-II, del índice de esta Juzgado: "...Tijuana, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa a fin que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en proveído de diez de noviembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Sin embargo, el procedimiento se encontraba pausado; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antecedentes. El trece de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Francisco Ricardo Zoto Arellano o Francisco Ricardo Soto Arellano, para el efecto que la autoridad responsable Subsecretario del sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, realizara lo siguiente: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con apoyo en el artículo 74, fracción V, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, al tratarse de un vicio de fondo, a fin de restituir a la parte quejosa en sus derechos fundamentales transgredidos, se concede el amparo y la protección federal para lo siguiente: El Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, deberá: Dejar insubsistente el oficio SSEP/1743/2012 de seis de agosto de dos mil doce, mediante el cual instruyó al Director de Centros de Reinserción Social y de Adolescentes del Estado de Baja California, para que llevara a cabo el traslado del interno, aquí quejoso Francisco Ricardo Zoto Arellano o Francisco Ricardo Soto Arellano, del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro de Reinserción Social "El Hongo", con residencia en Tecate, Baja California. En su lugar, deberá emitir otro en el que resuelva que carece de competencia legal para pronunciarse respecto a la solicitud de traslado; empero, dada la situación particular del quejoso -que ya fue trasladado-, delegue al Juez de ejecución competente para que sea éste quien determine si ha lugar o no a ordenar la devolución material del aquí quejoso al centro de reclusión de origen. Sustenta lo anterior la tesis XXII.P.A.16 P (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1599, registro electrónico 2016277, de rubro y de contenido: "TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SEA EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS COMPETENTE QUIEN DECIDA SOBRE LA EVENTUAL DEVOLUCIÓN MATERIAL DEL REO QUEJOSO AL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ORIGEN, NO VULNERA EL EFECTO RESTITUTORIO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2012 (10a.), de rubro: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", estableció que el traslado de un reo de un centro penitenciario a otro está reservado al Poder Judicial, conforme a los reformados artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que la concesión del amparo, cuando se trata de un acto de carácter positivo, implica la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin embargo, cuando se concede el amparo a un reo que reclamó de una autoridad administrativa la autorización de su traslado, ya consumado, de un centro penitenciario a otro, los efectos restitutorios de la concesión de amparo no implican la devolución del quejoso al centro de reclusión de origen, si existen indicios que permitan presumir que se pone en riesgo la seguridad nacional y, en ese caso, es pertinente añadir, al efecto de la protección constitucional dispensada, en estricto apego a la tesis jurisprudencial citada, la delegación al Juez de ejecución competente para que decida si ha lugar o no a ordenar la devolución material del reo al centro de reclusión de origen. Lo anterior no se traduce en la permisión para que las autoridades administrativas actúen fuera del marco constitucional de su competencia, supuesto que, de llegar a materializarse, les irrogaría, al menos, responsabilidades que podrían ser propias del efecto de la concesión del amparo.". Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables Director de Centros de Reinserción Social del Estado de Baja California con sede en Mexicali y Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, por las razones que se exponen en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.- La ejecución que lleven a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional". Por auto de siete de enero de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia de amparo y se requirió a las responsables por su cumplimiento; posteriormente, mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios con número de registro 10516 y 10570, con los cuales se tuvo por recibido el disco que contenía la audiencia la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, celebrada dentro del cuaderno de ejecución 856/2020, del índice del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, en la que éste ordenó la devolución material del quejoso del centro de reinserción social en que se encontraba, al Centro de Reinserción Social Tijuana. Documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: Primero. Que el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, en su calidad de autoridad ordenadora, el quince de enero de dos mil veinte, dejó insubsistente el oficio SSEP/1743/2012 de seis de agosto de dos mil doce, únicamente por lo que refiere al aquí quejoso. Segundo. En esa misma data, giró los oficios SGG/SSEP/296/2020 y SGG/SSEP/297/2020 dirigidos al Director de Centros de Reinserción Social y al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, en los cuales les informó que dejó sin efecto el oficio SSEP/1743/2012 de seis de agosto de dos mil doce, y en relación a la solicitud de traslado del aquí quejoso, se declaró incompetente. Tercero. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, giró el oficio SGG/SSEP/1345/2020, al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, para hacer de su conocimiento los efectos de la sentencia dictada en autos y que éste, por ser el competente, determine si ha lugar o no ordenar la devolución del quejoso al centro de reclusión de origen. Cuarto. Posteriormente, mediante auto de trece de marzo de dos mil veinte, se reconoció al Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, como autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo y se le requirió por el mismo. Quinto. El diez de noviembre de dos mil veinte, se recibieron los oficios con número de registro 10516 y 10570, con los cuales se tuvo por recibido el disco que contiene el audio y video la audiencia la audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, celebrada dentro del cuaderno de ejecución 856/2020, del índice del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, en Tecate, de la cual se puede advertir en el minuto 18:02, que el Juez determinó lo siguiente: ".voy a ordenar en consecuencia la devolución material del privado de la libertad, señor Francisco Ricardo Soto Arellano, del Centro de Reinserción Social El Hongo 1, en el cual se encuentra actualmente, al Centro de Reinserción Socia de la ciudad de Tijuana." Sexto. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó al quejoso en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos, toda vez que se dejó sin efectos el oficio SSEP/1743/2012 de seis de agosto de dos mil doce, en el que se ordenó su traslado involuntario y en audiencia de cuatro de noviembre de dos mil veinte, el juez de ejecución de penas con sede en Tecate, Baja California, ordenó la devolución material del quejoso al lugar donde se encontraba recluido por estimar que el traslado involuntario no cumplió con las exigencias del artículo 52 de la Ley de Ejecución de Penas, por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectúa sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto del acto reclamado, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veinte. Cumple requerimiento. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo que remite el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, mediante el cual en respuesta a lo que se le requirió en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, informa que se señalaron las once horas del treinta de octubre de dos mil veinte, para para la celebración de la audiencia pública en donde se determinará si ha lugar o no ordenar la devolución material del quejoso ******************** al centro de reclusión de origen, es decir, al Centro de Reinserción Social de Tijuana, Baja California. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad compareciente informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante que se han informado las gestiones realizadas a fin de cumplir con dicho fallo; con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, para que en el plazo de tres días, siguiente a la celebración de audiencia reseñada con antelación, informe a este Juzgado de Distrito, el resultado de la misma. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante deje el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.

  4. Principal

    Cambio de Titular. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

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