Franciso Javier Lopez Vargas
Expediente 1271/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/06/2022
Partes del expediente
- Franciso Javier Lopez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de junio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de sentencia de trece de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, ya que se sobreseyó en este asunto. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Cuadernos incidentales. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, puesto que se determinó, por una parte negar, y por otra, conceder la suspensión definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Imposibilidad de notificación. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a la parte tercero interesado la resolución de fecha trece de noviembre pasado, por los motivos que en la misma se exponen. Por otra parte, toda vez que los terceros interesados Grupo Famsa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; Suministro Especial de Personal, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en avenida Ferrocarril Kilómetro 14.5 bodega 60 parque industrial Los Pinos III de esta ciudad, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante estar debidamente notificados del auto en el que se les requirió el mismo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado, notificar a los referidos terceros interesados, por lista que se fije en los estrados de este juzgado, la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, el presente auto, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se practica la notificación de las determinaciones de trece y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, a los terceros interesados Grupo Famsa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; Suministro Especial de Personal, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en avenida Ferrocarril Kilómetro 14.5 bodega 60 parque industrial Los Pinos III de esta ciudad, por medio de lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso a este Juzgado: "...R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Francisco Javier López Vargas, por conducto de su apoderado legal Lorenzo Álvarez Valle, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite del juicio. El treinta de octubre de dos mil diecinueve, la demanda se radicó bajo el número de expediente 1271/2019-II, la cual previa aclaración el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se desechó de plano la demanda de amparo. En contra de dicha determinación, la parte quejosa promovió recurso de queja, el cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el número de recurso de queja laboral 205/2019, en el cual en ejecutoria terminada de engrosar el diez de enero de dos mil veinte, se determinó fundado el recurso de queja y revocar el auto recurrido para que se admitiera la demanda de amparo, lo cual ocurrió el quince de enero del presente año. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se aprecia que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables Acto reclamado 1 Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California. El auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en el cual: La responsable cambió la vía ordinaria del juicio natural a la vía especial. Señaló una fecha muy distante para la continuación de la sustanciación del juicio. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, la autoridad responsable, en su denominación correcta, rindió su informe con justificación, tal como se precisa a continuación: No. Autoridad responsable Sentido del Informe Foja 1 Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana. Cierto 58 Del recuadro que precede se advierte que la autoridad responsable indicada al rendir su informe justificado aceptó expresamente la existencia del acto que se le reclama. Lo que se corrobora con las pruebas documentales que la responsable remitió y que obra en el presente juicio de amparo, ya que en las mismas aporta elementos de convicción relacionados con su actuación respecto al acto que aquí se le reclama, las que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, adquieren valor probatorio pleno. Cuarto. Causas de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado; y, en acatamiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, resulta imperativo para este órgano jurisdiccional analizar las constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin de determinar si en la especie se actualiza motivo de improcedencia que origine decretar el sobreseimiento del juicio, sea que las partes lo hagan valer o no; pues el estudio de dichas causales es de orden público y preferente a las cuestiones de fondo de la contienda planteada. En ese sentido, quien resuelve advierte de manera oficiosa, que en el caso se actualizaron las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XVI y XXIII, en relación 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En efecto, en el acto reclamado la junta responsable, por un lado determinó que una vez que la parte actora dio cumplimiento a la prevención que le formuló, advertía que el procedimiento encuadraba en lo establecido en el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que citó a las partes a una audiencia en sus etapas de demanda y excepciones, pruebas y resolución lo que significó la orden de cambiar la vía ordinaria del juicio natural a la vía especial. Respecto de dicha determinación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que no es un acto de imposible reparación; y el juicio de amparo contra actos en juicio, sólo procede cuando causen una ejecución de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, toda vez que el último de los preceptos antes transcritos, es claro en establecer lo que debe entenderse como un acto que causa una ejecución de imposible reparación, se reitera, los que materialmente afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (vida, libertad, propiedad, posesión e integridad personal), lo que se actualiza en la medida que sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que la persona que los sufre obtenga una resolución favorable, es decir, el perjuicio del derecho sustantivo se resiente de manera inmediata, mientras que los actos que no son de imposible reparación, sólo afectan derechos adjetivos que producen efectos de carácter intraprocesal que pueden extinguirse en la realidad si la parte agraviada obtiene resolución benéfica a sus intereses y sólo trascenderían en el caso de que la sentencia o en su caso, la resolución definitiva fuese contraria y en ese momento será cuando la violación de que se duele deba de combatirse mediante el juicio de amparo directo. Ahora, dentro de la expresión de imposible reparación nunca se podrán ubicar las violaciones que recaen sobre cuestiones procesales, como la aquí reclamada, debido a que no afectan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales, ni dejan huella en la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 39/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: PROCEDIMIENTO LABORAL. SU TRAMITACIÓN EN LA VÍA INCORRECTA CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO, CON TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO, QUE PARA SER ESTUDIADA, DEBE SER PLANTEADA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes se ocuparon de dilucidar si la tramitación de un juicio laboral en la vía incorrecta constituye una violación a las normas del procedimiento, que para ser estudiada, debe ser planteada en los conceptos de violación, en los que la parte quejosa deba -o no- expresar los motivos por los cuales considera que esa infracción trascendió, en su perjuicio, al resultado del fallo; lo anterior en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo. Al respecto, ambos tribunales de amparo llegaron a soluciones contrarias. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que la tramitación de un juicio laboral en la vía equivocada constituye una infracción a las normas del procedimiento, que para ser analizada debe plantearse en los conceptos de violación de la demanda de amparo, en los que se expresen las razones por las cuales se considera que tal violación trascendió al sentido del fallo en perjuicio del quejoso; ello en apego a lo que dispone el artículo 174 de la Ley de Amparo. Justificación: Esta Segunda Sala concluye que la tramitación de un juicio laboral en la vía incorrecta constituye una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso, con trascendencia al resultado del fallo en su perjuicio y que por tal motivo amerita la reposición del procedimiento; en el entendido de que conforme lo dispone el artículo 174 de la Ley de Amparo, en aquellos casos en los que sea improcedente suplir la deficiencia de la queja, el quejoso se encuentra obligado a hacer valer esa infracción al procedimiento, vía conceptos de violación, en los que deberá explicar la manera en la que esa violación trasciende en su perjuicio, en el sentido del fallo reclamado, sin perjuicio de que al examinar dichos argumentos, el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de atender a la causa de pedir. (énfasis añadido) En la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia se aprecia que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló lo siguiente ".De esta forma, como ha quedado establecido, la vía es un presupuesto procesal, por lo que debe seguirse necesariamente la establecida por la ley para el caso concreto, de ahí que en principio, deba estimarse que causa agravio a las partes el que se siga un procedimiento en una vía que no es la correcta; sin embargo, para que dicho agravio constituya uno de los que puedan examinarse en el amparo directo, es preciso establecer, si a partir de que la autoridad lleva a cabo un procedimiento en vía incorrecta, constituye una violación que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, sobre el particular esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 410/2010, se pronunció en el sentido de que el hecho de que la autoridad correspondiente tramite un procedimiento en la vía incorrecta, constituye una violación a las normas del procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que trasciende al resultado del fallo reclamado, en su perjuicio. Por lo que se reúnen los requisitos para que dicha infracción al procedimiento pueda ser reclamada en amparo directo.". En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el trámite de un procedimiento en la vía incorrecta constituye una violación a las normas del procedimiento que se debe reclamar en amparo directo, es decir, no constituye un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto. De ahí que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que consiste en el acuerdo del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, del expediente laboral 2238/2019-1C, en el cual la responsable cambió la vía ordinaria del juicio natural a la vía especial, no se causa al actor en el procedimiento de origen, aquí quejoso, un perjuicio de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo indirecto, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales que no afectan de manera directa ninguno de sus derechos fundamentales los que, de ser el caso, podrán ser combatidos en el juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo, de ser éste desfavorable a sus intereses. En ese aspecto, se considera que el cambio de l vía que ordenó la junta responsable se trata de una violación procesal que, como se dijo, puede alegarse al momento de promover el juicio constitucional vía directa en contra de la resolución que se emita en el procedimiento laboral. Ahora, por lo que respecta a la determinación contenida en el acto reclamado consistente para "la continuación del procedimiento", como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos consumados de modo irreparable. Lo anterior es así porque en el proveído combatido -de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve- la junta señaló para que tuviera verificativo la audiencia de demanda y excepciones, pruebas y resolución (a que se refiere el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo) las nueve horas del veintinueve de enero de dos mil veinte, fecha que ya pasó. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación. Mientras que por actos consumados de forma irreparable se entienden aquellos que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Siendo que, en la especie, la violación practicada dentro de juicio se estima consumada de forma irreparable, pues ya aconteció la data que la junta responsable señaló para la audiencia prevista en el artículo 892 de la ley laboral en el auto reclamado, de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (veintinueve de enero de dos mil veinte). Razón por la que se determina la actualización notoria y manifiesta de la causa de improcedencia en estudio. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXIII, en relación 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63 fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Javier López Vargas, por conducto de su apoderado legal Lorenzo Álvarez Valle, en contra del acto de autoridad precisado en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente.... "... Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Imposibilidad de notificación. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a la parte tercero interesado la resolución de fecha trece de noviembre pasado, por los motivos que en la misma se exponen. Por otra parte, toda vez que los terceros interesados Grupo Famsa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; Suministro Especial de Personal, Sociedad Anónima de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en avenida Ferrocarril Kilómetro 14.5 bodega 60 parque industrial Los Pinos III de esta ciudad, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante estar debidamente notificados del auto en el que se les requirió el mismo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado, notificar a los referidos terceros interesados, por lista que se fije en los estrados de este juzgado, la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, el presente auto, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio para tal efecto. Notifíquese....
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos. Agréguese a los autos el escrito signado por los apoderados Lorenzo Álvarez Valle y Verónica Hernández Rodea, mediante el cual renuncian al poder de la representación de la parte quejosa Francisco Javier López Vargas; atento a su contenido, dígaseles que en relación a la signante señalada en segundo término, la misma no cuenta con carácter reconocido en el presente juicio de amparo, por lo que respecta al primero de los mencionados tampoco es dable acordar de conformidad, toda vez que la relación jurídica de representación con la que cuenta es ajena al presente juicio de amparo, pues se promovió en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, es decir, se promovió por contar con personalidad reconocida ante la autoridad responsable y en su caso, deberá de exhibir la revocación del poder otorgado ante la autoridad responsable, por ser ante dicha autoridad donde se le otorgó. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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