FRANCISCO SANCHEZ LARA y Otros.

Expediente 1119/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1119/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
04/10/2016

Partes del expediente

  • FRANCISCO SANCHEZ LARA y Otros.
  • Jonathan Garcia Ramirez
  • Francisco Sanchez Lara
  • x x x y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez, por conducto de su defensor particular Rodolfo de Pascual Jiménez, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto; con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Homicidios Mesa Vespertina para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable las documentales que acompaña a su informe de cuenta, en términos del numeral 119 del ordenamiento legal antes citado, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en este expediente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que los quejosos Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez, a través de su defensor particular Rodolfo de Pascual Jiménez, señalaron como acto reclamado el acuerdo dictado el trece de julio de dos mil dieciséis dentro de la averiguación previa 1825/2016/SACHO/AEHOM, en el que la representación social desechó diversos elementos de convicción ofrecidos por los quejosos. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Homicidios Mesa Vespertina, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, ya que en la agencia a su cargo se encuentra radicada la averiguación previa 1825/2016/SACHO/AEHOM. Por otro lado, indicó que el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, ejerció acción penal en contra de Jonathan García Ramírez y Francisco Sánchez Lara, como probables responsables en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de José Agustín Merlo Verdín, indagatoria que correspondió radicar, por razón de turno al Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitiendo copia certificada del pliego consignatorio de dicha fecha en el que obra el sello de acuse de recibo de la Oficialía Común de los Juzgados Penales de la ciudad de Puebla, con hora y fecha de turno al Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla las trece horas con catorce minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Documental a la que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga pleno valor probatorio. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Atento a lo anterior, resulta inconcuso que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Homicidios Mesa Vespertina al dictar el acuerdo reclamado, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. Esto es, la averiguación previa originaria, se encuentra ahora ante un juzgado penal, razón por la cual no podría analizarse la constitucionalidad del acuerdo dictado el trece de julio de dos mil dieciséis por el Ministerio Público (autoridad responsable) toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica de los impetrantes ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tiene a su cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en este sumario la constitucionalidad de dicho acto, sin afectar la nueva situación jurídica generada por la consignación; de ahí que, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Cobra aplicación al caso, la tesis aislada IV.2o.P.43 P, de rubro y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." Así como la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con diez minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido mediante auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa de Trámite Vespertina de la Agencia Especializada en Homicidios, rinda su informe justificado, pues dicho proveído se le notificó por oficio -reexpedido- el quince de agosto de dos mil dieciséis (foja 31), surtió sus efectos ese mismo día y transcurre del dieciséis de agosto al cinco de septiembre de dos mil dieciséis, previo descuento de los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, tres y cuatro de septiembre, todos de la presente anualidad por ser inhábiles. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con diez minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. En otro sentido, agréguese a los autos la comunicación del Agente del Ministerio Público de la Mesa de Trámite Vespertina de la Agencia Especializada en Homicidios, por medio de la cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado el veintidós de julio de dos mil dieciséis, remite copia certificada de la diligencia de aceptación de defensor particular de los quejosos Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez, celebrada por Rodolfo de Pascual Jiménez; por lo que, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, téngasele por reconocida su personalidad.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL REGISTRO: 25109 En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1119/2016-I-C (foja 35), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistida de Nahieli Avendaño Palacios, secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Rodolfo de Pascual Jiménez, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez (fojas 1 a 5) y auto de veintidós de julio de dos mil dieciséis (suspensión provisional, fojas 12 a 15). Por otro lado, da cuenta con el pedimento 383/2016 suscrito por la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes. Visto el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se niegue la suspensión definitiva; y, 3. Se le expida copia de la interlocutoria que se dicte en este incidente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 131 de la Ley de Amparo abrogada; y, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en vía de alegatos; solicitando que se niegue la suspensión definitiva; y, en su momento, expídasele a su costa copia simple de la interlocutoria que se dicte en este incidente. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria da cuenta con las documentales que ofreció la parte quejosa en la presentación de su escrito de demanda (fojas 6 a 10); y la jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza los citados elementos de convicción; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los expresados por la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción en el pedimento 383/2016. A lo anterior, la jueza acuerda: Se tienen por expresadas las alegaciones vertidas en el pedimento de cuenta. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1119/2016-I-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Rodolfo de Pascual Jiménez, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintidós de julio de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Rodolfo de Pascual Jiménez, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. Por auto de doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 34 a 35) se reservó la audiencia incidental, fijándose como fecha para su celebración las nueve horas con quince minutos del diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, el acto reclamado en el presente asunto es: I. El acuerdo dictado el trece de julio de dos mil dieciséis dentro de la averiguación previa 1825/2016/SACHO/AEHOM, en el que la representación social desechó diversos elementos de convicción ofrecidos por los quejosos. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 Agente del Ministerio Público Encargado del Turno Vespertino de la Agencia Especializada en la Investigación de Homicidios. Acepta 41 La autoridad responsable señalada, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que se robustece con las documentales aportadas por la parte queosa en su escrito de demanda (fojas 6 a 11), las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de fotocopias certificadas, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada. CUARTO. Improcedencia de la suspensión. Se estima que al acto reclamado en esta incidencia le reviste el carácter de consumado por tratarse de un acuerdo ya emitido, y contra este tipo de actos es improcedente otorgar la suspensión provisional solicitada, pues de concederse, se les darían efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia de amparo o resolución definitiva con la que culmine el juicio de amparo del que emana el incidente de suspensión en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo" . QUINTO. Procedencia de la suspensión. Desde una perspectiva anticipada y provisional de los derechos constitucionalmente reconocidos en favor del inculpado en un proceso penal, en términos del artículo 20, apartado A, fracciones V, VII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, los cuales deben observarse desde la averiguación previa, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa para el efecto de que una vez agotadas las diligencias correspondientes en la averiguación previa 1825/2016/SACHO/AEHOM, no se ejerza la acción penal (si en el caso resultara procedente), pues, de ser así, haría imposible restituirla en el goce del derecho público subjetivo que estima violado -garantía de defensa, dado que a la parte quejosa le fueron desechados diversos elementos de convicción-. Entonces, los alcances de la medida cautelar implican que, sin paralizar la integración de la indagatoria por ser de orden público, el Ministerio Público no podrá realizar la consignación para no agotar esa etapa sin permitir a la quejosa el ejercicio de su derecho de defensa que constitucionalmente se reconoce desde ese periodo, ya que de lo contrario conllevaría el peligro de que dicha fase concluya sin que aquélla haya ejercido el aludido derecho. Orienta el criterio de la suscrita Juez Federal, la tesis aislada III.2o.P.88 P (10a.), de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO A POSIBILITAR UNA DEFENSA ADECUADA DURANTE EL TRÁMITE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. AUN CUANDO DICHA DENEGACIÓN CONSTITUYE UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS RESPECTO DEL CUAL, POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESA MEDIDA, DEBE OTORGARSE PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ AGOTADAS LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES EN LA INDAGATORIA, DE PROCEDER EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, ÉSTE NO SE LLEVE A CABO. Tratándose de la suspensión provisional de actos negativos con efectos positivos, como lo es la negativa del Ministerio Público a posibilitar una defensa adecuada durante el trámite de una averiguación previa, aunque por regla general la medida suspensional es improcedente; no obstante, desde una perspectiva anticipada y provisional de los derechos constitucionalmente reconocidos en favor del inculpado en un proceso penal, en términos del artículo 20, apartado A, fracciones V, VII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma de 18 de junio de 2008, los cuales deben observarse desde la averiguación previa, es inconcuso que la negativa a que el quejoso ejerza una adecuada defensa en la indagatoria de origen, compromete esos derechos; por lo que existe la necesidad urgente de su protección en tanto que su inobservancia conlleva el peligro de que dicha fase concluya sin que aquél haya ejercido su derecho de defensa, con el consecuente cambio de su situación jurídica, todo lo cual justifica la procedencia de la medida suspensional, para el efecto de que una vez agotadas las diligencias correspondientes en la averiguación previa, no se ejerza la acción penal -si en el caso resultara procedente- pues, de ser el caso, haría imposible restituirlo en el goce del derecho público subjetivo que estima violado. Así, los alcances de la medida cautelar implican que, sin paralizar la integración de la indagatoria por ser de orden público, el Ministerio Público no podrá realizar la consignación para no agotar esa etapa sin permitir al quejoso el ejercicio de su derecho de defensa que constitucionalmente se reconoce desde ese periodo." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez, por conducto de su defensor particular Rodolfo de Pascual Jiménez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable ahí indicada. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Francisco Sánchez Lara y Jonathan García Ramírez, por conducto de su defensor particular Rodolfo de Pascual Jiménez, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria.

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