Francisco Romero Calihua

Expediente 993/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
993/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Puebla
  • Francisco Romero Calihua
  • FRANCISCO ROMERO CALIHUA y Otros.
  • Agente del Ministerio Público de la Federación de la Adscripción

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a los autos el escrito signado por Pastor Toscano Lozano, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa y, en su atención, téngasele solicitando nuevamente el acceso al expediente electrónico; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en donde se le hizo saber que no procedía acordar de conformidad su petición, por los siguientes motivos: "Tomando en consideración que en términos de los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, según lo dispuesto por el primer numeral, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, debiendo cumplir las formalidades que señala dicho artículo; sin embargo, la autorización formulada por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, deberá contener expresamente tal facultad. Similar situación ocurre con lo dispuesto por el artículo 55, del mencionado Acuerdo General, que dispone que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpliendo con los lineamientos que señala el segundo párrafo del citado numeral 55. Ahora, conforme al contenido del artículo 12 de la Ley de Amparo , el quejoso o el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien solo quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. De lo anterior, tenemos que el promovente - autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, cuenta con las facultades que dicho precepto le otorga; sin embargo, no cuenta con las diversas, de forma expresa, en el sentido de poder solicitar el acceso al expediente electrónico; por tanto resulta improcedente autorizar su petición en ese sentido. (.)." Y, si bien, el promovente indica se autorice al aquí quejoso el acceso al expediente electrónico, dicha petición deberá realizarla éste. En cuanto a que dicha solicitud se realiza para agendar día y hora para la devolución del billete de depósito, dígasele al ocursante que en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, el incidente se tramita por cuerda separada. Notifíquese por lista al promovente Pastor Toscano Lozano, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto intégrese a los autos el escrito presentado vía electrónica por Pastor Toscano Lozano, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa y, en su atención, téngasele solicitando el acceso al expediente electrónico; al respecto, se provee: Dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, tomando en consideración que en términos de los artículos 35 y 55, del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, según lo dispuesto por el primer numeral, las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, debiendo cumplir las formalidades que señala dicho artículo; sin embargo, la autorización formulada por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, deberá contener expresamente tal facultad. Similar situación ocurre con lo dispuesto por el artículo 55, del mencionado Acuerdo General, que dispone que las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello, conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cumpliendo con los lineamientos que señala el segundo párrafo del citado numeral 55. Ahora, conforme al contenido del artículo 12 de la Ley de Amparo , el quejoso o el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien solo quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. De lo anterior, tenemos que el promovente - autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa- cuenta con las facultades que dicho precepto le otorga; sin embargo, no cuenta con las diversas, de forma expresa, en el sentido de poder solicitar el acceso al expediente electrónico; por tanto resulta improcedente autorizar su petición en ese sentido. Notifíquese por lista al promovente, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 -reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. CAUSA ESTADO. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. No es obstáculo, que no obren los acuses de recibo de los oficios por los cuales se ordenó la notificación de la referida resolución a las autoridades responsables 4. Karen Elizabeth Velazco Ortiz, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra, las Mujeres en Tehuacán, Puebla, 5. Ana Karen González Valerdi, Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres Subdirección Delegación Tehuacán, Puebla y 6. Guadalupe Pérez Espinoza, Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres Subdirección Delegación Tehuacán, Puebla, en razón de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLVER BILLETE. En diverso aspecto, toda vez que en párrafos precedentes se ordenó el archivo del presente expediente; en virtud de lo anterior, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 868470, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $3,900.00 (tres mil novecientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de las doce horas a las doce horas con treinta minutos, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes; y, durante la vigencia del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, deberá ajustarse a las condiciones previstas en el propio Acuerdo, para la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese personalmente al quejoso; y, por oficio a las autoridades responsables, y a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, mismos que contienen los oficios 132/2021-4 y 132/2021-5, de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que se giraron a las autoridades responsables: 4. Karen Elizabeth Velazco Ortiz, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres en Tehuacán, Puebla y 5. Ana Karen González Valerdi, Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres Subdirección Delegación Tehuacán, Puebla, por los motivos que se asientan en los mismos; sin que sea el caso de realizar mayor proveído al respecto, toda vez que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en el presente controvertido Constitucional. Cúmplase.

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