Francisco Pineda Gutierrez
Expediente 599/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Pineda Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, al que la citada autoridad anexa los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite testimonio de la resolución dictada siete de octubre de dos mil veintiuno, en el que determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto que desechó la demanda de amparo. En relación con lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, atento a la constancia secretarial, de la que se desprende que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni documentos que devolver, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, téngase a la citada autoridad por informando que en proveído de diecinueve de agosto pasado, la citada Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, uno de julio de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial se advierte que no se listó ni publicó el acuerdo dictado el treinta de junio del año en curso en el presente juicio de amparo; por tanto, se ordena publicar el citado proveído en esta fecha. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número II-599/2021-1. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso, reclama actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, consistentes en la orden verbal de cambio de adscripción de la unidad de venta 210 en esta ciudad, a una tienda en la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la cual que tuvo conocimiento al comparecer a la Unidad Jurídica de SUPERISSSTE, Delegación Morelia, Michoacán, donde le informaron que se ordenó su readscripción de centro de trabajo, sin que a la fecha le haya sido notificada tal determinación. Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo1, que en lo medular refieren que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, de oficio, analizará las causas de improcedencia y si existiera alguna de modo manifiesto e indudable, desechará de plano la demanda, este juzgador advierte que se actualiza en la especie de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales se regirán: Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general, todo contrato de trabajo; [.] XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. [.]". De las porciones legales y constitucionales transcritas, deriva, en lo que interesa y en su orden, que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley; y que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas. Disposición esta última, que debe entenderse referida en la actualidad, a los tribunales laborales federales o locales, como es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, hasta en tanto no se creen y entren en función los tribunales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas a que hace alusión la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos Quinto y Sexto Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva2, de uno de mayo de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, cabe reiterar que el acto reclamado por el quejoso, lo es la readscripción de su centro de trabajo en esta ciudad, a la Ciudad de México. Asimismo, de una revisión a los conceptos de violación planteados en la demanda se advierte que éstos están encaminados a evidenciar que el acto reclamado vulnera su derecho fundamental a la vida, a la salud, a la integridad personal y a contar con un trabajo digno, toda vez que las autoridades responsables le exigen laborar en un centro de trabajo (tienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) que se ubica en la Ciudad de México, misma que se encuentra en semáforo amarillo y lo que le implica un riesgo de contagiarse por el virus SARS-CoV2, pues tiene una edad de más de sesenta años; de dichos argumentos se obtiene que, en lo sustancial, la naturaleza del acto reclamado deriva de una relación laboral, en razón a que el probable cambio de adscripción mediante orden verbal, entraña diferencias o conflictos entre los trabajadores y su patrón y, por ende, de naturaleza laboral, en razón de que la situación respecto de la cual se inconforma el solicitante de amparo, deriva específicamente de un vínculo de trabajo, lo que incluso se corrobora con las documentales que adjuntó a su libelo, consistentes en el original de un acta de nacimiento y un recibo de nómina, así como copias simples de diversos recibos de nómina. Consecuentemente, al derivar el acto que reclama el quejoso de diferencias o conflictos de trabajo, resulta innegable que tales desacuerdos deben ventilarse ante las autoridades laborales correspondientes, quienes son las únicas competentes constitucionalmente, conforme a lo que expresamente establece el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa y similitud jurídica sustancial, el criterio aislado sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS. La situación jurídica de las personas que prestan sus servicios al Estado Federal, quedó definida, como garantía social, con la inclusión del Apartado "B" del artículo 123 de la Constitución, que entró en vigor a partir del seis de diciembre de mil novecientos sesenta. El dispositivo anterior quedó colocado bajo el rubro general del propio artículo 123 que establece que el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: "B". Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. El susodicho Apartado "B" contiene las normas básicas aplicables a las relaciones de trabajo de todas las personas que presten sus servicios a las diferentes dependencias que integran el Gobierno Federal, con la única excepción contenida en la fracción XIII que señala que los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal de servicio exterior se regirán por sus propias leyes. La reglamentación de las bases anteriores está contenida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La fracción XIV del apartado constitucional en cita estableció que la ley reglamentaria determinará los cargos que serán considerados como de confianza, y agregó que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social a que el propio precepto constitucional se refiere. Lo anterior significa, por una parte, que las personas que desempeñen cargos de confianza son trabajadores cuya calidad se encuentra reconocida por el propio Apartado "B", y que gozarán de los derechos derivados de los servicios prestados en los cargos que ocupan, pues debe entenderse que la protección al salario debe hacerse extensiva, en general, a las condiciones laborales según las cuales deba prestarse el servicio, e igualmente a los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social que les es aplicable, de lo que resulta que la situación jurídica de estos trabajadores de confianza es la de estar protegidos por la propia disposición de la Carta Magna, excepto en lo relativo a derechos de carácter colectivo, y por lo que respecta a los derechos que derivan de la relación individual de trabajo sólo se encuentran excluidos de las normas que protegen a los trabajadores de base en cuanto a la estabilidad en el empleo, ya que estos derechos se encuentran consignados en la fracción IX del propio precepto en cita. En otras palabras, los trabajadores de confianza al servicio de los Poderes de la Unión gozan de los derechos que la Constitución concede a todos los trabajadores del Estado Federal, en lo que concierne a la relación individual de trabajo, excepto los relativos a la estabilidad en el empleo. Por otra parte, la disposición constitucional establece que los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo previene la ley reglamentaria, con excepción de los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, que serán resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia las controversias derivadas de la relación de trabajo entre los titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión y los trabajadores de confianza al servicio de las mismas, deben ser resueltos por el mencionado tribunal que es el único competente, constitucionalmente, para dirimir dichos conflictos, ya que el precepto en comento no los excluye y deben quedar comprendidos en el campo de su jurisdicción"3. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo, por los motivos precisados en líneas que anteceden. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Asimismo, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta a la parte promovente con el nombre de usuario - en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que tenga acceso al expediente electrónico y se le practiquen las notificaciones del presente asunto por la misma vía. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por oponiéndose a la publicación datos personales; por lo tanto en caso de resultar procedente la publicación de las resoluciones emitidas en este expediente se suprimirán los datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; lo anterior con independencia de que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; por lo tanto, al existir oposición expresa de la parte quejosa, publíquense las resoluciones que se emitan en este asunto, en los términos ya precisados Notifíquese personalmente de manera electrónica.
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