Francisco Miguel Garcidueñas Soto
Expediente 982/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ciudad
- Francisco Miguel Garcidueñas Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta del promovente -, por el que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, e informa que se encuentra imposibilitado para transcribir el auto reclamado, toda vez que le fue notificado mediante cédula de notificación con imagen digitalizada que ya anexó a su demanda de amparo. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, pronunciado dentro del toca de apelación -, por el que el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación en contra del proveído de veintinueve de junio del año en curso, pronunciado por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del incidente de cumplimiento o incumplimiento de convenio judicial, relativo al Juicio Ordinario Civil -, que desechó la prueba testimonial ofrecida por el hoy promovente. Actos, respecto de los cuales, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, éste a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que establece como actos de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El artículo 172 de la Ley de Amparo, tiene señaladas qué actuaciones son consideradas como violaciones al procedimiento, y que afectan las defensas del quejoso cuya impugnación debe hacerse al reclamar la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, mediante el juicio de amparo directo. Dentro de esas violaciones al procedimiento, se destaca que el promovente señala como el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés, pronunciado dentro del toca de apelación -, por el que el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación en contra del proveído de veintinueve de junio del año en curso, pronunciado por la Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, dentro del Juicio Ordinario Civil -, que desechó la prueba testimonial ofrecida por el hoy promovente. De ahí que, los citados proveídos, no son actos de procedimiento que lo dejen sin defensa, ya que sólo tienen efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el aquí promovente obtenga resolución favorable dentro del incidente de cumplimiento o incumplimiento del convenio judicial, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Cobra aplicación a lo anterior por similitud, la tesis con número de registro 171240, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 3102, Tomo XXVI, Octubre de 2007, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE UNA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE UN INCIDENTE DE NULIDAD POR VICIOS EN EL EMPLAZAMIENTO, SE DEBE ATENDER AL SENTIDO Y A LOS EFECTOS QUE A CADA PARTE LE PRODUCE. La resolución que declara fundado un incidente de nulidad de emplazamiento y que ordena la reposición del procedimiento, sí puede producir en perjuicio de la parte actora una afectación en grado predominante y superior, por lo que ese acto debe ser considerado como de ejecución de imposible reparación. Esto es así, en razón de que en ese caso, la reposición del procedimiento obliga al actor a pasar de nuevo por todas las etapas procesales, desde el momento en que se ordene la reposición del procedimiento, y lo obliga a soportar de nuevo el desgaste procesal y económico correlativos, lo cual no sería reparable aun obteniendo sentencia favorable a sus intereses, dado que el proceso ya habrá sido repuesto; de modo que en ese caso, la resolución que declara fundado un incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la diligencia de emplazamiento, sí puede ser objeto de control constitucional en la vía de amparo indirecto. En cambio, la resolución que declara la validez del emplazamiento no produce una afectación en grado predominante y superior, en contra de la parte demandada, porque en este caso, subsiste la posibilidad de que obtenga sentencia favorable a sus intereses, y de no ser así, puede combatir la resolución del incidente de nulidad de emplazamiento, en amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que lo anteriormente considerado, no implica desequilibrio en el acceso a la tutela constitucional de los actos de autoridad dictados dentro de juicio, ya que como se ha evidenciado, para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado sea la interlocutoria que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones por vicios en el emplazamiento, se debe tomar en cuenta el sentido del acto impugnado y los efectos que, para cada una de las partes, produce esa resolución.". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, a contrario sensu; se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Finalmente, se le tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala en su demanda para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacan, diecinueve de julio de dos mil veintitres. Vista la demanda de amparo que suscribe -, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número Vl-982/2023-1. Ahora bien, previo a proveer lo conducente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad y apercibida de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos, cumpla lo siguiente: Como señala como acto reclamado la determinación del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad, emitido en el toca de apelación -, del cual realizó una transcripción, empero, ésta no se encuentra completa; por lo que se le requiere para que transcriba completos los motivos dados por la responsable al emitir el acto reclamado, o bien, exhiba copia simple, o imagen digitalizada de la resolución de mérito. Para que acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se necesita una para cada autoridad responsable, dos para los cuadernos incidentales, y una más, para el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado. Precisiones que son necesarias a fin de estar en condiciones de requerir los informes respectivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." En la inteligencia que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se formula, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral 114 de la ley de la materia, esto es, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite?correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del?Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.??? En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por otra parte, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Asimismo, se tiene por autorizado, en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************cuya cédula profesional fue localizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como se desprende de la constancia secretarial. Igualmente, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente.
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