Francisco Rios Barrera

Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Francisco Rios Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Como según certificación que antecede se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha veintitrés de febrero del presente año, en que se DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, HA CAUSADO ESTADO el proveído de mérito. Asimismo, tomando en consideración que de la constancia secretarial se desprende que no existe determinación pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, se ordena el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, el presente asunto se valora como DESTRUIBLE, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** en contra del acto reclamado al ******************** por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número ********************y fórmese el cuaderno respectivo. Ahora, tanto del análisis integral de la demanda de amparo, como de las constancias que adjuntó a la misma, se advierte que el acto reclamado por el quejoso, se hace consistir en: La orden de retención de la menor de iniciales ********************emitida dentro de la carpeta de investigación -, número único de caso -, por el ********************de su ejecución, así como la omisión de actuar en defensa de la menor en cita. Actos respecto de los cuales el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es por sentirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo ********************, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. El artículo 113 de la Ley de Amparo, prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Haciendo un análisis integral de la demanda de garantías, se evidencía que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo ********************, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, (.)" La fracción invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las omisiones de las autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado -principio de definitividad- supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios y/o medios de defensa tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, es necesario precisar que el acto que aquí se reclama constituye la orden de retención de la menor de iniciales ********************emitida dentro de la carpeta de investigación -, número único de caso -, por el ********************de su ejecución, así como la omisión de actuar en defensa de la menor en cita. En atención a lo anterior, debe decirse que en contra de tales actos procede el medio de impugnación previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de que la parte quejosa ejercite la acción de control constitucional del juicio de amparo, dado que el legislador ponderó que antes de aperturar el juicio de amparo el gobernado debe agotar todo cuanto medio de defensa ordinario tenga a su alcance a fin de privilegiar el carácter extraordinario que debe tener el juicio de amparo, lo que en la especie no ocurre así porque el acto reclamado no lo constituye la determinación que hubiere recaído a dicho medio de impugnación, previsto en el citado numeral. Por tanto, si la parte accionante constitucional no agotó el medio de impugnación previsto en el numeral en cita, inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 27/2018, emitida por la Primera Sala, Libro 57, Agosto 2018, Tomo I, pagina 945, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la jurisprudencia 28/2018, emitida por la Primera Sala, Libro 57, Agosto 2018, Tomo I, pagina 943, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Entonces, al surtirse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, así como autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado ********************virtud a que el mismo se encuentra dentro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa que refiere, toda vez que no se encuentra dentro del aludido registro en el entendido de que el mismo es un trámite de carácter personal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia secretarial y toda vez que la parte quejosa no desahogó la vista que se le dio con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, se procede a dictar la resolución relativa en términos del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000 de la Novena Época, Segunda Sala, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, página doscientos cuarenta y tres, que al rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Atento a la constancia secretarial, se obtiene que los efectos de la concesión de amparo a - consistieron en que la autoridad responsable, declarara nulo el emplazamiento ilegalmente practicado el diecinueve de enero de dos mil veinte en el juicio sumario hipotecario - y todo lo actuado con posterioridad, y, consecuencia de ello, reponer el procedimiento a partir de la citada diligencia de emplazamiento y ordenar nuevamente emplazar al quejoso -, pero atendiendo a todas las exigencias previstas en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, y, las demás que resulten aplicables. Por su parte, Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, informó que mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintitrés, ordenó declarar nulo el emplazamiento de diecinueve de enero de dos mil veinte en el juicio sumario hipotecario - y todo lo actuado con posterioridad, de igual manera, reponer el procedimiento a partir de la citada diligencia de emplazamiento y ordenó emplazar nuevamente al quejoso Juan Ochoa Rodríguez, con todas las exigencias previstas en el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y, las demás que resulten aplicables. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, al no advertirse excesos ni defectos en su acatamiento, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de que el quejoso esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra lo manifestado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN, lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo séptimo, fracción I, artículo 18, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de pruebas que anexó a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Notifíquese personalmente.

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