Francisco Pérez Aguilar
Expediente 1970/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1970/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/01/2022
Partes del expediente
- Francisco Pérez Aguilar
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, por medio del cual comunica el auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el amparo indirecto ********************, de su índice, mediante el cual dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, cuya incompetencia se planteó mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. En tales condiciones, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado, archívese el presente expedientillo de antecedentes, como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio vía interconexión del Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que solicita el acuse de recibo del testimonio de la ejecutoria dictada en el expediente Q- 118/2021, promovido contra del auto dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dentro del presente juicio de amparo. Atento a su contenido, como lo solicita, acúsese el recibo del testimonio de la ejecutoria dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en el expediente Q- 118/2021, vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. ...
- Principal
S E N T E N C I A, en el juicio de amparo indirecto 1254/2021; y, A N T E C E D E N T E S : PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en línea el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido al día hábil siguiente, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno por razón de turno, a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la persona moral denominada Servicios Empresariales Especializados GUME, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Sonia Argüello Trinidad, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad responsable y acto reclamado que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. La Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa [.]. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. De la H. Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se reclama la emisión del acuerdo de fecha 05 de julio 2021, mediante el que dicha Sala responsable desechó de plano la solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado dentro del juicio contencioso administrativo federal con número de expediente 1652/21-12-02-3." SEGUNDO. Prevención. Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito radicó la demanda con el número 1254/2021; y previno a la parte quejosa para que realizara la protesta de decir verdad, de que el documento electrónico consistente en digitalización del instrumento notarial veinticuatro mil ochocientos sesenta y siete pasado ante la fe del Notario Público Ocho del Distrito Judicial de Puebla, era copia fiel e inalterada del documento impreso. TERCERO. Desahogo de prevención y admisión. Por escrito presentado en línea el uno de septiembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa formuló la protesta de que la digitalización del documento antes referido es copia inalterada de su original; por lo que el tres de septiembre siguiente este juzgado admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; dio al Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito la intervención legal que le compete; y, señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda. Rendido el informe justificado, el trece de octubre de dos mil veintiuno se requirió a la parte quejosa, para que en el término de quince días indicara si señalaba como autoridad responsable al Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercer Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones de Magistrado por Ministerio de Ley. Por escrito presentado en línea el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercer Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones de Magistrado por Ministerio de Ley. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional en este juicio -previo diferimiento- se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en lo dispuesto en los Acuerdos Generales 8/2013 y 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades en materia administrativa con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de amparo. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, su ampliación, informes justificados y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa señala el siguiente: - El auto de cinco de julio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta de suspensión del juicio contencioso administrativo 1652/21-12-02-3, promovido por Servicios Empresariales Especializados GUME, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Sonia Argüello Trinidad (quejosa), en el que el Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desechó de plano la solicitud de la suspensión de la ejecución del crédito fiscal determinado en la resolución originalmente recurrida, contenida en el oficio SPF-SI-CGENyASF-DF-SRF "2" 8238/20, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, al no advertir la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución tendiente a hacerlo efectivo, aunado a que la práctica de los actos de ejecución de dicha resolución no podían considerarse inminentes. Lo anterior se precisa de esa manera, toda vez que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Consideraciones que encuentran fundamento en la jurisprudencia P./J. 40/2000, siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de actos. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y determinar, en primer término, la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 212775 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: XVII.2o. J/10 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 76, Abril de 1994, página 68 Tipo: Jurisprudencia ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de su Presidente, manifestó ser parcialmente cierto el acto reclamado, aclarando que el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta de suspensión del juicio contencioso administrativo 1652/21-12-02-3, no fue dictado en forma colegiada por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino por el Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Frente a esto, la parte quejosa omitió exhibir medios probatorios tendentes a desvirtuar la negativa propuesta no obstante que en términos de los artículos de la Ley de Amparo invocados y del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, le correspondía la carga de la prueba para acreditar el dictado del auto de cinco de julio de dos mil veintiuno que atribuyó a la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sino que por el contrario, de constancias de autos, en concreto de las copias certificadas que remitió el Presidente de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo- se advierte que en el juicio contencioso administrativo 1652/21-12-02-3, el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno en la carpeta de suspensión, fue emitido por el Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no así por la Sala en cita, como órgano colegiado. En razón de lo anterior, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, respecto del acto que se reclamó de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que la parte quejosa no probó la existencia de dicho acto; lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "Registro digital: 1002350 Instancia: Pleno Sexta Época Materias(s): Común Tesis: 284 Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305 Tipo: Jurisprudencia INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que establece: "Registro digital: 187728 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.A.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903 Tipo: Aislada PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Resulta de apoyo adicional a lo considerado, la tesis de título y contenido siguientes: "Registro digital: 198320 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.1o.C.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 433 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." CUARTO. Certeza de actos. Por su parte, el Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley, manifestó ser cierto el acto reclamado. Lo cual se corrobora con las copias certificadas que acompañó a su informe el Presidente de la Segunda Sala Regional de Oriente, previamente valoradas y analizadas. QUINTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar las cuestiones de improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, no se hicieron valer causas de improcedencia ni se advierten oficiosamente. SEXTO. Antecedentes. De las constancias que remitieron las autoridades responsables relativas al juicio contencioso administrativo 1652/21-12-02-3, incluida la carpeta de suspensión -valoradas en párrafos previos- se advierte lo siguiente: 1. El dos de julio de dos mil veintiuno, Servicios Empresariales Especializados GUME, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Sonia Argüello Trinidad, demandó ante las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nulidad de: 1.1. La resolución contenida en el oficio SPF-PF-DAFL-(56)-1096/2021, de treinta de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, mediante la cual se resolvió confirmar la resolución contenida en el oficio SPF-SI-CGENyASF-DF-SRF "2" 8238/2020, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte; 1.2. La resolución determinante contenida en el oficio SPF-SI-CGENyASF-DF-SRF "2" 8238/2020, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual la Directora de Fiscalización de la Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistémico Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, determinó un crédito fiscal a cargo de Servicios Empresariales Especializados GUME, Sociedad Anónima de Capital Variable, en cantidad de $207,857,476.57 (doscientos siete millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis pesos cincuenta y siete centavos moneda nacional), por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, así como un reparto de utilidades por el importe de $22,835,171.66 (veintidós millones ochocientos treinta y cinco mil ciento setenta y un pesos sesenta y seis centavos moneda nacional). Asimismo, solicitó la ejecución de los actos impugnados. 2. Por auto de cinco de julio de dos mil veintiuno (acto reclamado) el Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley, desechó de plano la solicitud de suspensión de la ejecución, en virtud que de autos no se advertía la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución tendiente a hacer efectivo el crédito fiscal determinado en la resolución originalmente recurrida, aunado a que la práctica de los actos de ejecución de dicha resolución no podían considerarse inminentes. Textualmente indicó: "San Andrés Cholula, Puebla, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales de Oriente el dos de julio de dos mil veintiuno, a través del cual, Sonia Argüello Trinidad, en supuesta representación legal de la empresa citada al rubro, solicita la suspensión de la ejecución del crédito fiscal determinado en la resolución fiscal originalmente recurrida. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 24, segundo párrafo, y 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 36, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vigente a partir del diecinueve de julio de dos mil dieciséis, SE DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN, en virtud de que de autos no se advierte la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución tendiente a hacer efectivo el crédito fiscal determinado en la resolución originalmente recurrida. Al respecto, se precisa que la suspensión, como medida cautelar prevista en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, impide que los actos realizados por la autoridad, encaminados a hacer efectiva una resolución, continúen surtiendo sus efectos hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, con el objeto de, como lo prevé el primer párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se mantenga la situación de hecho existente que impida que la ejecución de la resolución pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor. Bajo esa directriz, la suspensión únicamente puede decretarse en contra de actos ciertos que implican una privación o molestia, realizados con el objeto de hacer efectiva una determinación de la autoridad, verbigracia, el cobro de los créditos fiscales o multas que se fijan en cantidad líquida en una determinada resolución; pues evidentemente solo los actos con esas características son susceptibles de paralizarse. Partiendo de lo anterior y a contrario sensu, la suspensión no puede ordenarse en actos futuros e inciertos cuya realización no ha acontecido y que por ende no pueden interrumpirse o detenerse ni mucho menos dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable a la actora, propósito medular de la suspensión prevista como medida cautelar en los numerales 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así, la procedencia de la suspensión instituida en los numerales referidos se encuentra condicionada, en principio e invariablemente, a la existencia de actos de ejecución de la resolución controvertida en el juicio; lo que en el caso a estudio no ocurre al no existir constancia alguna que demuestre fehacientemente la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución, encaminado al cobro de la multa determinada en contra de la parte actora, el cual pudiera paralizarse. En consecuencia, en el presente juicio, resulta improcedente la solicitud de mérito formulada por la actora, al no existir un procedimiento administrativo de ejecución que pueda suspenderse; máxime que la práctica de actos de ejecución, por parte de la demandada, no puede considerarse inminente, pues ello depende de que esa autoridad, en el ejercicio de sus facultades legales, determine si inicia o no ese procedimiento. NOTIFÍQUESE." 3. El dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, el propio Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley, admitió a trámite la demanda, previo desahogo de requerimiento relacionado con la personalidad de la promovente. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. De los conceptos de violación que se hacen valer, resultan fundados pero inoperantes en una parte y esencialmente fundados en otra. La parte quejosa sostiene por un lado que en el auto reclamado no se funda ni motiva la competencia de la autoridad. Agrega que igualmente, la autoridad responsable no funda ni motiva de manera específica el desechamiento de la solicitud de suspensión de la ejecución de los actos impugnados vía juicio de nulidad, destacando que en el acto reclamado no se invoca el precepto legal que disponga que al no demostrarse fechacientemente la existencia de un acto del procedimiento administrativo de ejecución, la solicitud de suspensión del acto se torna improcedente y da lugar a su desechamiento. Añade que ninguno de los preceptos invocados en el acto reclamado disponen que la procedencia o concesión de la suspensión se encuentra condicionada a la existencia de actos de ejecución de la resolución controvertida en el juicio, ni aún que se pueda desechar de plano una solicitud de suspensión. Señala también que la afirmación de la autoridad responsable en el sentido de que la suspensión no podía ordenarse por tratarse de actos futuros e inciertos, no está fundada ni motivada, toda vez que la responsable no precisó las razones ni los fundamentos legales que la hicieron arribar a tal conclusión, toda vez que no señaló precepto jurídico o interpretación judicial de aplicación obligatoria que definiera aquellos actos que debían considerarse futuros e inciertos, así como tampoco expuso las circunstancias o razones particulares que se adecuaran a aquella posible definición. Entonces, como se adelantó, los conceptos de violación recién sintetizados devienen fundados pero inoperantes en una parte y esencialmente fundados en otra, para conceder el amparo solicitado. El concepto de violación relacionado con la falta de fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad es fundado pero inoperante por las siguientes razones: La autoridad responsable Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley, fundó su competencia legal en los artículos 36 y 48, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tales preceptos disponen: "Artículo 36. Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones: [.] VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala; [.]." "Artículo 48. Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la República por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno General, para que se proceda a los nombramientos de los Magistrados que las cubran. Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo. [.]" De tales preceptos, deriva que los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán dentro de sus atribuciones admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala. Asimismo, que las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento. Sin embargo, ninguno de los preceptos invocados faculta a la autoridad responsable para dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (como sí lo permite la fracción IX del artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), si se toma en cuenta que el acto reclamado se trata de uno dictado en la carpeta de suspensión del juicio contencioso administrativo 1652/21-12-02-3, que desecha de plano la solicitud de la suspensión de la ejecución del crédito fiscal determinado en la resolución originalmente recurrida, contenida en el oficio SPF-SI-CGENyASF-DF-SRF "2" 8238/20, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por no advertir la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución tendente a hacerlo efectivo, aunado a que la práctica de los actos de ejecución de dicha resolución no podían considerarse inminentes. Esto es, en el caso concreto, el auto aquí reclamado se relaciona con las medidas cautelares que se pueden emitir en un juicio contencioso administrativo federal, con base en los lineamientos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, el acto reclamado no se trata de uno que admita, deseche o tramite algún incidente o recurso, como los que se establecen en la fracción VI, previamente transcrita, sino que se trata de uno relativo a las medidas cautelares provisionales dictadas en un juicio contencioso administrativo federal, con remisión expresa a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como lo precisa la fracción IX, del propio artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De ahí que asiste la razón a la parte quejosa cuando afirma que el acto reclamado no esté fundado ni motivado en cuanto a la competencia de la autoridad que lo dictó, ya que en el caso concreto, los preceptos en que se apoyó nada tienen qué ver con admitir, desechar o tramitar un incidente o recurso de su competencia. Sin embargo, aunque fundado, el argumento es inoperante, dado que la autoridad jurisdiccional responsable tiene competencia legal para emitir el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, conforme a la fracción IX, del propio artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues dicha porción normativa le faculta dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales dentro de un juicio contencioso administrativo federal, como en el caso aconteció. Lo que corrobora la inoperancia apuntada, pues a nada práctico conduciría conceder el amparo para que la autoridad responsable fundara su competencia para emitir el acto reclamado, si está demostrado que está facultado para hacerlo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 1003215 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Tesis: 1336 Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, página 1499 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Por otro lado, el Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley, en el auto aquí reclamado, sostuvo que desechaba la solicitud de suspensión de los actos impugnados bajo la noción de que: a) No se advertía de autos la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución tendiente a hacerlos efectivos; y, b) La práctica de los actos de ejecución de la resolución originalmente recurrida no podían considerarse inminentes. A partir de ello estimó que la suspensión, como medida cautelar prevista en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, impide que los actos realizados por la autoridad, encaminados a hacer efectiva una resolución, continúen surtiendo sus efectos hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, con el objeto de que se mantenga la situación de hecho existente que impida que la ejecución de la resolución pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor. Asimismo, consideró que la suspensión únicamente puede decretarse en contra de actos ciertos que implican una privación o molestia, realizados con el objeto de hacer efectiva una determinación de la autoridad, verbigracia, el cobro de los créditos fiscales o multas que se fijan en cantidad líquida en una determinada resolución; pues -siguió diciendo- solo los actos con esas características son susceptibles de paralizarse. Continuó razonando que a contrario sensu, la suspensión no puede ordenarse en actos futuros e inciertos cuya realización no ha acontecido y que por ende no pueden interrumpirse o detenerse ni mucho menos dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable a la actora, propósito medular de la suspensión prevista como medida cautelar en los numerales 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Concluyó que la procedencia de la suspensión instituida en los numerales referidos se encuentra condicionada, en principio e invariablemente, a la existencia de actos de ejecución de la resolución controvertida en el juicio; lo que no ocurría al no existir constancia alguna que demostrara fehacientemente la existencia de un procedimiento administrativo de ejecución, encaminado al cobro de la multa determinada en contra de la parte actora, el cual pudiera paralizarse. Abundó que la práctica de actos de ejecución, por parte de la demandada, no podía considerarse inminente, pues ello dependía de que esa autoridad, en el ejercicio de sus facultades legales, determinara si iniciaba o no ese procedimiento. Luego, del estudio comparativo que se hace de las argumentaciones expresadas en el auto reclamado y los conceptos de violación en los que se aduce que no se invoca el precepto legal que disponga que al no demostrarse fechacientemente la existencia de un acto del procedimiento administrativo de ejecución, la solicitud de suspensión del acto se torna improcedente y da lugar a su desechamiento y, que ninguno de los preceptos invocados en el acto reclamado disponen que la procedencia o concesión de la suspensión se encuentra condicionada a la existencia de actos de ejecución de la resolución controvertida en el juicio; se arriba a la consideración que la autoridad responsable no fundó ni motivó su resolución en esos aspectos. Adicionalmente -como esencialmente lo aduce la parte quejosa- la responsable no precisó las razones ni los fundamentos legales que la hicieron concluir que la suspensión no puede ordenarse respecto de actos futuros e inciertos, toda vez que no señaló base jurídica que soporte tal decisión, así como tampoco expuso las circunstancias o razones particulares que se adecuaran al caso concreto. Sino que la autoridad responsable se limitó a desechar la solicitud de suspensión de los actos impugnados, con base en los artículos 24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que disponen: "ARTÍCULO 24.- Una vez iniciado el juicio contencioso administrativo, salvo en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, y con el fin de asegurar la eficacia de la sentencia, el Magistrado Instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, a fin de mantener la situación de hecho existente en el estado en que se encuentra, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause un daño irreparable al actor. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se tramitará y resolverá exclusivamente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 28 de esta Ley. Las demás medidas cautelares se tramitarán y resolverán de conformidad con el procedimiento previsto en la presente disposición jurídica y los artículos 24 Bis, 25, 26 y 27 de esta Ley. Durante los periodos de vacaciones del Tribunal, en cada región un Magistrado de Sala Regional cubrirá la guardia y quedará habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares o suspensión del acto impugnado, relacionadas con cuestiones planteadas en la demanda." "ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." De los que destaca -al caso concreto- la facultad de decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado a fin de mantener en el estado en que se encuentra la situación de hecho existente, así como la facultad de decretar todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o que se cause un daño irreparable al actor. Y para ello, se establecen las reglas para otorgar o negar la suspensión. Sin que de dichos artículos se desprendan las bases legales sobre las cuales la autoridad responsable apoye su desechamiento de la solicitud de suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio de nulidad, atinentes a que la procedencia de la suspensión se encuentra condicionada a la existencia de actos de ejecución de la resolución controvertida en el juicio y que la suspensión no puede ordenarse respecto de actos futuros e inciertos. Todo lo cual, evidencia que la autoridad responsable no fundó ni motivó su determinación relativa a desechar la suspensión solicitada, ni las premisas que empleó tienen sustento legal en el auto reclamado. Se estima así, porque el primer párrafo, del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: "Art. 16.-.Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." De conformidad con lo dispuesto en el precepto constitucional transcrito, cualquier acto de autoridad que cause molestia a un particular debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que deben citarse con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Luego, a fin de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, tomadas en consideración y que sirven de sustento a la respectiva resolución. En otras palabras, es necesaria la existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el asunto concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos invocados como fundamentación, debiendo establecerse la relación existente entre uno y otro. Por su parte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, esto es, aunque esté fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria y el caso específico en el cual va a operar o surtir sus efectos. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "Registro digital: 238212 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así como la diversa jurisprudencia: "Registro digital: 238717 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Administrativa, Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 48, Tercera Parte, página 51 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, AMPARO EN CASO DE LA GARANTIA DE. Si el acto reclamado no es intrínseca y radicalmente anticonstitucional porque no evidencia en sí mismo la falta de norma alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería, por ejemplo, respecto de un acto dictado sin competencia constitucional) para obtener, de modo indubitable, una conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, que yendo más allá de su aspecto formal trascendiera al fondo, esto es, a su contenido, sería preciso hacer un estudio exhaustivo de todas las leyes y reglamentos, a fin de poder determinar si existe o no alguna disposición que le sirva de apoyo, estudio que no es dable realizar en el juicio de amparo. Llámese violación procesal o formal (los dos términos se han empleado indistintamente en la jurisprudencia, aunque el primero, en verdad, no con intachable propiedad) a la abstención de expresar el fundamento y motivo de un acto de autoridad, lo cierto es que tal abstención impide juzgar el acto en cuanto al fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ello, pues desconocidos tales fundamento y motivo, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. La reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal; pero no juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo concernientes a su fundamentación y motivación ya expresados. Si bien no puede impedirse a la autoridad que reitere el acto, con tal que lo funde y motive, tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. En consecuencia, la concesión del amparo contra un acto no fundado ni motivado únicamente constriñe a la responsable a dejarlo insubsistente, mas no a reiterarlo purgando esos vicios formales." Entonces, a fin de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, tomadas en consideración y que sirven de sustento a la respectiva resolución. En otras palabras, es necesaria la existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el asunto concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos invocados como fundamentación, debiendo establecerse la relación existente entre uno y otro. En específico, la motivación indica que las circunstancias y modalidades encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, esto es, aunque esté fundado. En el caso, de la lectura del acto reclamado de cinco de julio de dos mil veintiuno, se advierte que carece del requisito esencial de fundamentación y motivación del que se habla, al no establecer los fundamentos y razones por los que a juicio de la autoridad responsable se puede desechar la solicitud de suspensión de los actos impugnados en juicio por no estar demostrados los actos tendientes a su ejecución y por no tener el carácter, dichos actos, de inminentes, siendo exactamente aplicables los artículos que se invocaron el auto recurrido (24 y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). De ahí que se estime que la resolución impugnada carezca de fundamentación y motivación en esos aspectos. Lo anterior es así, porque motivación no se circunscribe a exponer de manera unilateral las normas y razones que se considera se ajustan a la determinación adoptada, sino que deben ser bastantes para que tengan la fuerza convictiva de un verdadero acto de autoridad, acompañadas de los fundamentos en los que descansen los argumentos empleados. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "Registro digital: 176546 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162 Tipo: Jurisprudencia FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En conclusión, el auto dictado por la autoridad responsable el cinco de julio de dos mil veintiuno que desechó la solicitud de suspensión de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo 1652/21-12-02-3, es ilegal, porque la fundamentación y motivación de una resolución se encuentra apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En suma, la autoridad responsable emitió un pronunciamiento sin fundamentación ni motivación sobre la aplicabilidad de las premisas en que apoyó su proceder. En mérito de lo anterior, toda vez que el auto reclamado transgrede los derechos de la parte quejosa, en concreto los relativos a la seguridad jurídica, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Servicios Empresariales Especializados GUME, Sociedad Anónima de Capital Variable; para el efecto de que el Primer Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de la Segunda Sala Regional de Oriente, con funciones jurisdiccionales de Magistrado por Ministerio de Ley: - Deje insubsistente el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno dictado en la carpeta de suspensión del juicio contencioso administrativo 1652/21-12-02-3; y, - En su lugar, emita una nueva determinación en la que, de manera fundada y motivada, desarrolle la base legal para proveer sobre la medida cautelar solicitada. Sin que esté por demás señalar que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de sustituir válidamente a la autoridad responsable, pues al desconocerse los motivos en que se sustenta la resolución reclamada, no puede justipreciar la validez de las conclusiones, y por ende, emitir pronunciamiento alguno sobre su constitucionalidad en cuanto al fondo, pues no debe perderse de vista que, de acuerdo con la técnica del amparo, la autoridad que conoce de éste debe limitarse a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales de instancia, como es la fijación de los hechos y su adecuación a las normas aplicadas, pero todo ello, debidamente fundado y motivado. Resulta aplicable la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 220403 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 1o. J/69 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Febrero de 1992, página 107 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIAS DE AMPARO. SE CONCRETAN A RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO. Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común." Ante la violación formal señalada, este órgano jurisdiccional está imposibilitado para proceder al estudio de fondo, por carecer de los elementos necesarios, ya que desconocidos los elementos y motivos del acto reclamado, no puede ser objeto de apreciación jurídica alguna. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "Registro digital: 238603 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 60, Tercera Parte, página 40 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACION POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." De igual forma, tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que establece: "Registro digital: 214258 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: V.2o. J/80 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 71, Noviembre de 1993, página 69 Tipo: Jurisprudencia VIOLACIONES FORMALES. SI SE DECLARAN FUNDADAS, EL AMPARO DEBE CONCEDERSE PARA QUE SE SUBSANEN, SIN ENTRAR AL FONDO. Si se declara procedente un concepto de violación de carácter formal, debe concederse el amparo para el efecto de que se subsane, sin entrar al fondo de la cuestión planteada en el juicio de garantías, pues en todo caso ese fondo será materia de un nuevo juicio de amparo que en su caso se promueva en caso de subsistir la pretensión de inconstitucionalidad del acto, por parte del quejoso, una vez que se repare la violación formal." En diverso aspecto, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." OCTAVO. Firma Electrónica (FIREL). Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presente sentencia se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1254/2021, respecto del acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, conforme a las razones plasmadas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Servicios Empresariales Especializados GUME, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del acto reclamado y por la autoridad responsable precisados en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas y para los efectos establecidos en el considerando séptimo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistida de Alejandro Toledo Martínez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
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