Francisco Piscil Bueno
Expediente 1001/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1001/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2023
Partes del expediente
- Francisco Piscil Bueno
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se precisa que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo del Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en su representación el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Puebla, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en su oficio y por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica en el mismo. En términos de lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Asimismo, se tienen por recibidas las constancias que acompaña a su oficio. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad oficiante anexas a su informe justificado, se advierte que el Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante oficio ********************, de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dio respuesta al escrito de ********************-aquí quejoso- presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante dicha autoridad responsable; lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso ********************, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dar contestación a su escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el Subdelegado de Prestaciones de dicho Instituto, mediante oficio ********************, de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dio respuesta al escrito de mérito. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dado contestación por parte del Subdelegado de Prestaciones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante oficio ********************, de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, al escrito presentado por ********************, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante la responsable, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Delegada de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada del diverso SEP-4.2.4-DRM/1489/2023 de veinte de junio de dos mil veintitrés, dirigido a José Alfonso Villanueva y García Administrador único de "Refacciones y Servicio Vehicular Either" sociedad anónima de capital variable del que se advierte en lo que interesa que: -La Directora de Recursos Materiales de la citada Secretaria, adjuntó el dictamen Técnico Administrativo de treinta de marzo de dos mil veintiuno y le hizo del conocimiento a la parte quejosa, el citado oficio, como se advierte al calce de la firma, que lo recibió el veintiuno de junio del año que transcurre. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días legalmente computado, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la autoridad responsable; apercíbase a las partes que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por escrito presentado el buzón judicial el trece de diciembre de dos mil veintidós, registrado en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y, remitido al día hábil siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, Juan Carlos Ánimas Serafín, por propio derecho, promovió juicio de amparo, en contra del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla por el acto consistente en la resolución interlocutoria de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio de divorcio 56/2011, de su índice, por medio de la cual aprobó parcialmente la planilla de liquidación de alimentos presentada por la aquí tercera interesada Pamela Ibarra Velázquez. Seguidos los trámites de ley, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "(.)- Deje insubsistente la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintidós y emita otra con libertad de jurisdicción, pero con base en lo aquí expuesto, atienda al aspecto efectivamente planteado por Juan Carlos Animas Serafín, relativo a la figura jurídica de prescripción y, en el caso de reiterar que el plazo de cinco años se interrumpió con las manifestaciones vertidas por el aquí quejoso, deberá justificar dicha decisión." En consecuencia, una vez transcurrido el término sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, y se requirió a la autoridad responsable, para que en el término de tres días informara a este juzgado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas. Mediante el oficio 1654 recibido en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito el ocho de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió copias certificadas de las constancias conducentes para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Tales documentales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente de la Ley de Amparo. Con las anteriores constancias, por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, pues del acuerdo emitido el diez de abril de dos mil veintitrés, si bien dejó insubsistente la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintidós; y, emitió una nueva, en la que abordó la excepción que le fue propuesta, lo cierto es que de tal determinación, se aprecia que realizó diversos argumentos relativos a que los alimentos son imprescriptibles y en enseguida, señaló lo siguiente: ".se concluye que es infundada la figura de prescripción planteada por el deudor alimentario, no obstante que haya transcurrido el plazo de cinco años que establece el artículo 430 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, para que la accionante solicitará (sic) la ejecución de la sentencia, pues es materia de alimentos contra la ejecución de una sentencia definitiva no se admite más excepción que la de pago, aunado a que los alimentos, son imprescriptibles e irrenunciables y por tanto pueden ser reclamados en cualquier momento en ejecución de sentencia, por el acreedor alimentario por sí o través de su representante legal" De lo anterior, se aprecia que el juez responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues el fallo emitido en el presente juicio tenía como efecto tomar en consideración lo ahí vertido, que en el caso, lo que destaca dice: "de ahí que se estime necesario que el juez responsable analice la excepción efectivamente planteada, en el sentido de dilucidar si efectivamente el plazo multicitado ya había transcurrido o no. " Lo anterior, implicaba que el juez responsable precisara si en el caso el plazo de cinco años ya había transcurrido o no, [con independencia de los argumentos que sostuvieran su decisión dada la libertad de jurisdicción que tenía] y no limitarse a señalar que no obstante que ese plazo hubiera transcurrido no se actualizaba la prescripción porque los alimentos son imprescriptibles. Esto, porque no se advierte con precisión si se refiere a que aun en el supuesto de que ese plazo haya transcurrido no era procedente o bien, si en el caso en concreto sí transcurrió ese plazo, lo cual no se aprecia porque el juez no hace ninguna cómputo o asentó algún argumento para tener la certeza si se refería al caso en especial o a una hipótesis. Lo que no puede pasar inadvertido, pues ese fue precisamente el efecto del juicio de amparo. Ello, porque entonces sería considerar que la parte del fallo correspondiente a otorgarle libertad de jurisdicción al considerar que la figura de prescripción no procedió porque los alimentos son imperceptibles, subsume el efecto consistente en decretar si en el juicio de origen transcurrió o no el plazo de cinco años que prevé la legislación aplicable. Es decir, los argumentos que vertió en el sentido de que la figura de prescripción no procedió porque los alimentos son imperceptibles, no podrían analizarse en el presente juicio en materia de cumplimiento, porque fueron emitidos con base en la libertad de jurisdicción otorgada, de ahí que se haga necesario que la responsable acate el fallo primero, lo concerniente a si el plazo aludido transcurrió o no, porque en caso de que a la parte que no le resulte favorable, si así lo estimara conveniente combatiera los nuevos argumentos [relativos a que la figura de prescripción no procedió porque los alimentos son imperceptibles] a través de los medios respectivos, partiría de incertidumbre jurídica de no conocer si en el caso, había transcurrido o no el plazo de cinco años, lo cual como se indicó, fue precisamente parte del efecto de la presente sentencia. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, dado lo aquí precisado. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Dado lo expuesto, no se hace mayor pronunciamiento con relación a las manifestaciones de la parte quejosa al contestar la vista otorgada, pues hace valer precisamente que el fallo no se encuentra cumplido. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
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