Francisco Mixcoatl Chiquito
Expediente 1048/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2023
Partes del expediente
- Francisco Mixcoatl Chiquito
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios con anexos de cuenta, del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de los Magistrados que lo integran, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de laudo dictado dentro del juicio laboral ********************, de su índice. Ahora, del escrito de demanda se advierte que Francisco Mixcoatl Chiquito, representante común de la parte quejosa, señaló como acto reclamado la interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En esas condiciones, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la diversa interlocutoria de diecisiete de mayo del año en curso, relativa al incidente de liquidación de laudo dictado dentro del juicio laboral ********************, de su índice; y, en su lugar, dictó otra siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada en el diverso ******************** del índice de este Juzgado. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]. Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que por resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se dejó insubsistente la diversa interlocutoria de diecisiete de mayo del año en curso, relativa al incidente de liquidación de laudo dictado dentro del juicio laboral ********************, de su índice; y, en su lugar, se dictó otra siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada dentro del diverso juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado. En este sentido, se actualiza la causal de improcedencia antes precisada, en el supuesto de sustitución procesal, ya que de las constancias reseñadas, se advierte que la interlocutoria reclamada a la autoridad responsable -diecisiete de mayo del año en curso- fue sustituida por la interlocutoria dictada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, relativa al incidente de liquidación de laudo dictado dentro del juicio laboral ********************, del índice de la responsable, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo dictada dentro del diverso juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado. De ahí, que al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, por sustitución procesal, resulta ocioso examinar su constitucionalidad; toda vez que ya no están surtiendo sus efectos, al ser la interlocutoria dictada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la que rige la situación jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Igualmente aplicable resulta el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con el número III.3o.C.23 K, aparece publicado en la página 410, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta minutos del catorce de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta de la Síndica y Representante Legal del Ayuntamiento Constitucional de Huehuetla, Puebla, por el cual, en cumplimiento al auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, manifiestan que no han incumplido los efectos de la medida suspensional decretada en autos, dado que el Ayuntamiento de su adscripción acreditó con documentos idóneos la propiedad del inmueble que actualmente se encuentra poseyendo, el cual es distinto al que reclama el quejoso. En tales condiciones, se ordena dar vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga con lo manifestado por la autoridad oficiante.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifiesta lo siguiente: Informa que el trece de abril de dos mil veintitrés, los sistemas digitales con los que cuenta su representada -CONAGUA EN LÍNEA, CONAGUA DIGITAL y SISTEMA AMARA-, sufrieron un atentado cibernético a nivel nacional, por tal motivo, se encuentra imposibilitado para cumplir con la ejecutoria de amparo. Y, acompaña a su dicho, copia del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, se toma como hecho notorio que el doce de junio de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el siguiente acuerdo: "ACUERDO por el que se prorroga por cuarta ocasión el diverso por el que se suspenden los términos y plazos de los procedimientos que lleve a cabo la Comisión Nacional del Agua, por existir causas de fuerza mayor originadas por el incidente de seguridad informática ocurrido el 13 de abril de 2023": Por lo que indica que en los términos y plazos no transcurrirán los días del cinco al veintitrés de junio de dos mil veintitrés, lo anterior, a efecto de que se tome en consideración al momento de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que en el plazo de tres días posteriores al veintitrés de junio de dos mil veintitrés, cumpla con la ejecutoria de mérito, la cual, se concedió para el siguiente efecto: "(.) Una vez que cause ejecutoria el presente fallo, expidan el título de concesión relativo a la nueva concesión de aguas nacionales del subsuelo mediante el equipamiento y operación del pozo profundo ubicado en el predio denominado ******************** de la localidad ********************, ********************, a favor de la sociedad aquí quejosa, autorizada mediante oficio ********************, de seis de agosto de dos mil ocho, dentro del expediente ********************. Con relación a la concesión del amparo, no está demás apuntar que resultan obligadas todas aquellas autoridades competentes, como las encargadas de las áreas especializadas para emitir el título de concesión respectivo, pues aun cuando no hayan sido designadas como responsables en el juicio, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de esta sentencia protectora, para que logre vigencia real y eficacia práctica." Lo que deberá informar a este juzgado y remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado. Por tanto, se apercibe a la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Director General del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta signado por el Director de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que en atención al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, informa que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, en su carácter de superior jerárquico de la Dirección Local Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo conminó para que cumpla con el fallo protector dictado en el presente asunto, tal y como lo acredita con la impresión de correo electrónico que adjunta para tal efecto. Atento a lo anterior, agréguese para que obre como corresponda sin que haya lugar a formular mayor pronunciamiento en virtud de lo acordado en párrafos que antecede. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido vía electrónica el escrito de cuenta de la parte quejosa ********************, por el cual desahoga la vista concedida mediante auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que del escrito de cuenta se advierten, mismas que serán valoradas al momento de proveer sobre el cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/5 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, Tomo III, página 1922, de rubro siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DE NO ESTIMARSE CUMPLIDA LA SENTENCIA AMPARADORA, DEBE PRECISARSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ALCANCE DE LA CONCESIÓN Y REQUERIRLA PARA QUE EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO DE TRES DÍAS DÉ CUMPLIMIENTO, EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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