Francisco Palestina Montiel
Expediente 532/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Francisco Palestina Montiel
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veinte. Causa estado auto que desechó la demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del quince de octubre de dos mil veinte (fojas 273 a 278), en el que desechó la demanda de amparo promovida por Francisco Palestina Montiel, Valente Carmona Garcia y Fidel López Briones; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos originales. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Razón actuarial, se ordena notificar por lista de acuerdos. Agréguese a los autos la razón de cuenta elaborada por el actuario adscrito a este juzgado, en atención a su contenido, se le tiene manifestando la imposibilidad de notificar al quejoso el auto de quince de octubre de dos mil veinte, emitido en el presente juicio, por los motivos que indica en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el citado acuerdo, así como el presente y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal ACUERDO DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE: Apizaco, Tlaxcala, quince de octubre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de este Juzgado, a través del cual en cumplimiento al auto de ocho de octubre de dos mil veinte, dictado en autos del diverso juicio de amparo 844/2019-II, del índice de este órgano jurisdiccional (por el cual se ordenó la separación de juicios), remite copia certificada de la totalidad de las constancias del mismo, de la que se advierte la demanda de amparo que promueve Francisco Palestina Montiel, Valente Carmona García y Fidel López Briones, contra actos del Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala y anexos. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 532/2020-II. Acto reclamado. Ahora bien, de un análisis a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad responsable siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: "1.- Ayuntamiento de Terrenate Tlaxcala [.] ACTO RECLAMADO: 1.- Del H. Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala, la omisión y en consecuencia el abuso de autoridad, por no haber acatado y dado cumplimiento al Laudo dictado el 1 de abril de 2014, por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, dentro del expediente del Juicio Laboral 227/2005-C, promovido por los aquí quejosos, en el que se le condenó al pago de diversas prestaciones previstas en los resolutivos del mencionado Laudo.". [.] (sic) Desechamiento de demanda. Establecido lo anterior, debe indicarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 203196, de rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados al Ayuntamiento del Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley de amparo. Los arábigos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, primer párrafo, de la propia Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 116/2014, analizó el supuesto en que los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán son parte demandada dentro del juicio laboral, en su carácter de patrón, y se les reclama el incumplimiento a un laudo dictado por el Tribunal Burocrático, en el que se supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, por lo que actúan en un plano de igualdad que se extiende a la ejecución del laudo, y concluyó que el Ayuntamiento no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclama la omisión de dar cumplimiento al laudo dictado dentro de un procedimiento laboral, el cual se puede obtener a través de los instrumentos legales con que cuentan, tal y como se corrobora en la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), impresa en la página 699, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007066, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor". Establecido lo anterior, cabe recordar que los quejosos Francisco Palestina Montiel, Valente Carmona García y Fidel López Briones, reclaman del Ayuntamiento del Municipio de Terrenate, Tlaxcala: La omisión de cumplir con el laudo dictado el uno de abril de dos mi catorce, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala en el expediente 227/2005-C. Sin embargo, el Ayuntamiento del Municipio de Terrenate, Tlaxcala, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del amparo, en virtud de que es parte demandada dentro del juicio laboral 227/2005-C, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que supone que se ubica en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, el Ayuntamiento del Municipio de Terrenate, Tlaxcala demandado no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con los actores, además de que el Tribunal laboral cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr su cumplimiento y ejecución, lo que los excluye del carácter de autoridad responsable, con lo que se patentiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a decretar el desechamiento de la presente demanda de amparo. Se cita sobre el particular por identidad de razones el criterio que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, consultable en la página 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), impresa en la página 1956, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". Y finalmente la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la hoja 966, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda. Autorizados. Por otra parte, se tienen como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Ramírez González, Concepcion Arciniega Olvera, Pino Aldama Benítez, Raúl Héctor Zepeda Ramírez, Eustasio Suárez Peña, José Gilberto Negrete Santos, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alan Rodrigo Negrete Castañeda, Felipe de Jesús Negrete Santos, Salvador Villafuerte Díaz, Hugo Ángel Navarro Acosta, Ignacio Campos Domínguez, Irineo Pineda Guerrero, Fernando Rodríguez Peralta, Manuel Peña Zamora, José Juan Peña Uribe, José Vega Rosales, Diego Suárez Pérez, Luis Ángel Ángeles Pérez y Jorge Guillen Reyes, por no contar con dicho registro y así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Representante común. Por otro lado, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la materia, téngase a Francisco Palestina Montiel, como representante común de la parte quejosa en el juicio de amparo en que se actúa. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Se ordena notificación personal. A fin de que las partes queden debidamente enteradas de la presente determinación, por conducto del actuario de este juzgado, notifíqueseles de manera personal, lo cual deberán realizar dentro de los plazos contemplados en el artículo 24 de la Ley de Amparo, además conforme lo permitan las cargas de trabajo, con excepción de los casos previstos en el artículo 2, fracciones III y IV del invocado Acuerdo General 21/2020, los cuales se regirán por dicho precepto y a los que específicamente ya se hizo referencia en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.
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