Francisco Romano Pérez
Expediente 1136/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Francisco Romano Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
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Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad acusa. Agréguese el oficio signado por el Juez Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por medio del cual acusa recibo del expediente 216/2016, de su índice, en ese sentido se le tiene a la autoridad oficiante, acusando recibo de las constancias referidas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
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Apizaco, Tlaxcala, dos de enero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el doce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción l, inciso a), del mismo Acuerdo; por tanto, es susceptible de depuración. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo (tres años), dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá depurarse el citado incidente; por lo que se conservará la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
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ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo **************************************** promovido por Francisco Ro**************************************** en términos de los considerandos tercero y sexto de esta resolución.
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Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintidós. Se desecha ampliación de demanda. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Francisco Romano Pérez; por lo que, en cuanto a su contenido, debe decirse que no ha lugar dar trámite a la ampliación de demanda de amparo, toda vez que de autos se desprende, en específico del escrito inicial de demanda de amparo señalo como actos reclamados los que a continuación se reproducen: En tal virtud, al haber señalado como actos reclamados todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente Juicio Sumario Civil 216/2016, es menester, estudiar los actos reclamados en la forma y términos planteados, es decir, se debe analizar la falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio de origen 216/5016, hasta la resolución emitida el seis de enero de dos mil veinte, pues ello constituye parte del procedimiento del juicio de origen que afecta los intereses de la parte quejosa, y por lo que en caso de prosperar el juicio de amparo se podría anular todo el procedimiento. En efecto, si lo que se pretende con la tramitación del presente juicio es anular todo lo actuado en el juicio de origen así como la resolución que puso fin al juicio y sus consecuencias jurídicas, ante esto, al señalar a la responsable y mencionar dichos actos, se tiene que examinar la constitucionalidad de los mismos, y en caso de ser procedente la falta de emplazamiento sería jurídicamente factible anular todo el procedimiento de origen. Se afirma lo anterior, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si la persona extraña al juicio es titular del derecho o del bien que debaten el actor y demandado en el juicio, sufre el perjuicio desde el momento en que se inició el procedimiento sin haber sido emplazado o haberse realizado el emplazamiento con vicios tales que le impidieron comparecer a defender los derechos de que es titular; si en esas condiciones se sigue el juicio, todo el procedimiento le causa perjuicio, inclusive la sentencia definitiva y su ejecución en el supuesto de que hasta tales puntos se hubiese llegado. Por ende, cuando la persona extraña es afectada por todo el procedimiento llevado sin darle oportunidad de ser oído, resultarán responsables todas las autoridades que dictaron, ordenaron, ejecutaron o tratan de ejecutar los actos correspondientes y que hayan concurrido para producir la afectación a la persona extraña, que serían, en su caso, el Juez, Secretario y actuarios respectivos (este último, obviamente, cuando el emplazamiento ordenado no se hubiere llevado a cabo, o se hubiere realizado incorrectamente); en el supuesto de que la afectación se haya producido porque el Juez no ordenó el emplazamiento, sólo éste sería responsable y, por último, en su caso, lo será también el tribunal de segunda instancia que dictó resolución en ese viciado procedimiento y que culminó con la afectación. Por lo anterior, lo procedente es desechar la ampliación de demanda planteada respecto de los actos referidos en cuestión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Priscila Rivera Valera, Secretaria que autoriza y da fe.
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