Francisco Olvera Rodríguez
Expediente 1105/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Francisco Olvera Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de doce de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 1105/2017-I, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto en el que se desechó la demanda en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicho auto y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del doce de diciembre de dos mil diecisiete, que en la parte que intresa dice: Visto el escrito de cuenta mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, manifiesta bajo protesta de decir verdad que los actos que se reclaman en su demanda de garantías, los hace consistir en: El auto de cuatro de septiembre del año en curso, dictado por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el toca administrativo 66/2017 de su índice, por el que reconoció la personalidad del Presidente, Secretario y Tesorero, todos del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala sin que obre copia certificada u original que acredite dicha situación; así como la admisión de prueba documental privada consistente en copia simple del escrito de renuncia de quince de febrero de dos mil diecisiete. Por tanto, una vez precisado lo anterior, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Para poder explicar lo anterior, es menester señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesiones de veinte y veinticuatro de marzo de dos mil catorce, una mayoría de seis ministros se pronunció, en lo que interesa En conclusión, la resolución reclamada no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ni constituye una violación procesal relevante. Así, la materia de la resolución reclamada es un tema que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que sólo ocasiona que reconozca la personalidad con la que se ostentan el Presidente, Secretario y Tesorero del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, así como se valoren pruebas ofrecidas por estas, hecho que bien podría repararse si la sentencia resulta favorable a las pretensiones del impetrante del amparo. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable a través del medio de impugnación o juicio correspondiente, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales promovida por Francisco Olvera Rodríguez.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete y remite copia certificada de toca administrativo 66/2017 de su índice, así como del proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete dictado en el mismo; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que aún no transcurre el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en dicho auto.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete: Vista la demanda de cuenta que promueve Francisco Olvera Rodríguez; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1105/2017-I. En principio, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra el establecido en la fracción IV que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. (.)." Sentado lo anterior, cabe destacar que del capítulo relativo al acto reclamado se advierte que la parte quejosa señala lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO. Se hace consistir en las violaciones al Procedimiento, falta de Fundamentación y motivación, violación a la Seguridad Jurídica, y retardo en la impartición de Justicia y demás relativas, constantes en el auto de fecha 04 cuatro de septiembre del año del dos mil diecisiete dentro del Toca Administrativo número 66/2017 de los que se ventilan ante la citada autoridad responsable, acto con los que se me están violentando mis garantías de Seguridad, de Libertad y de Legalidad, en total contravención a derecho; toda vez que su emisión trasciende al Resultado final del juicio promovido y causa hechos de imposible o muy difícil reparación en agravio y perjuicio del suscrito. Por otra parte, en el capítulo correspondiente a sus antecedentes y conceptos de violación se aprecia que la parte quejosa señala que mediante auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el cual origina su presente demanda de garantías, la autoridad señalada como responsable, tuvo al Presidente, Secretario y Tesorero, todos del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, rindiendo en tiempo y forma legal su respectivo informe reconociéndoles la personalidad con la que se ostentan sin obrar alguna copia certificada u original que acredite el carácter con el que se ostenta; así como por ofrecida, admitida y desahogada, la prueba consistente en la documental privada --copia simple de la renuncia de quince de febrero de dos mil diecisiete--. Atento a lo anterior, existe incertidumbre jurídica respecto del acto que reclama la parte quejosa, en razón a lo anterior, este Juzgado Federal considera que es necesario que aclare su acto reclamado para el efecto de fijar la litis constitucional del presente juicio de amparo. En consecuencia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad, cumpla con las siguientes prevenciones: Precise si reclama como acto destacado el reconocimiento de la personalidad del Presidente, Secretario y Tesorero, todos del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por parte de la autoridad responsable sin que obre copia certificada u original que acredite dicha situación; así como la admisión de la prueba documental privada consistente en la copia simple del escrito de renuncia de quince de febrero de dos mil diecisiete, actos contenidos en el auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Así como bajo protesta de decir verdad señale la etapa procesal en la que se encuentra el toca administrativo 66/2017, del índice de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de justicia del Estado de Tlaxcala. Además, con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, se le requiere para que al momento de desahogar la prevención anteriormente indicada exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio, para estar en aptitud de correr traslado a cada una de las partes. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En consecuencia, se previene a la parte quejosa a fin de que aclare su demanda en los términos apuntados y dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, en el entendido de que de no hacerlo así SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA, en términos del artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Magistrado de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días contadas a partir de que reciban el oficio por el que se le comunique este proveído, remita copia certificada del toca administrativo 66/2017 de su índice. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Miguel Villa Andrade y/o David Olvera Rodríguez y/o Juan Javier Rodríguez Flores y/o Ernesto Bernal Salazar en virtud de así solicitarlo expresamente en su demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las mismas se publiquen sin supresión de datos.
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