Francisco Olivier Cruz
Expediente 908/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Olivier Cruz
- Eduardo Benitez Juarez (Promovente)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de trece de octubre de dos mil veintidós, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que con independencia que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, lo que patenta a este expediente susceptible de destrucción; también lo es que, se concedió la suspensión de plano, por lo que, de acuerdo con lo que señala el Acuerdo General referido, en relación con el capítulo 7.4, del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en lo relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, se determina que el presente asunto debe valorarse como depurable, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese; personalmente al quejoso -en el lugar donde se encuentra recluido-; por lista a su defensor público; por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 908/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Eduardo Benítez Juárez, a favor de ***; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, recibido en esa data por el secretario de guardia de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula (foja 2), Eduardo Benítez Juárez, solicitó el amparo favor de ***; contra las autoridades y actos siguientes: " (.) AUTORIDADES RESPONSABLES.- COMO ORDENADORAS.- El Director y el Consejo Técnico Interdisciplinario; y, COMO EJECUTORA.- El subdirector y o Jefe de Seguridad y Custodia, todos del Centro Penitenciario (San Miguel) del Estado de Puebla. ACTOS RECLAMADOS.- La orden de mantenerlo incomunicado. (.)" El promovente, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del Juicio. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno (fojas 6 a 11), se ordenó formar expediente y registrarlo con el número 908/2022, que es el que les correspondió en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. En dicho auto se concedió la suspensión de plano en relación con el acto reclamado y se requirió al directo quejoso para que manifestara si ratificaba la demanda de amparo promovida en su nombre, lo que ocurrió el veinticuatro de agosto siguiente (foja 16). Debido a ello, el veinticuatro de agosto siguiente (fojas 17 a 20), se admitió a trámite la demanda, se solicitaron los informes justificados de las autoridades responsables y se dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Publio adscrito (foja 51). TERCERO. Defensor público. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós (fojas 57 a 59), con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6, fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se nombró como Defensor Público Estatal adscrito a la Defensoría Pública en el Estado de Puebla del quejoso ***, a José Antonio García Paredes, quien a través de la diligencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, aceptó y protestó el cargo conferido para asistirlo jurídicamente en este asunto (foja 68). CUARTO. Cita para audiencia. En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (fojas 100 y 101), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, e informes justificados, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso, *** esencialmente reclama de las autoridades responsables, la incomunicación de la que supuestamente sufrió por parte de las responsables. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia- a las autoridades responsables siguientes: No. de orden Autoridad responsable Sentido del informe 1. Directora del Centro Penitenciario de Puebla. Negó 2. Directora y Presidenta del Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla. Negó 3. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla. Negó 4. Coordinador de la Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla. Negó Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte la diligencia de veinticuatro de agosto pasado, de la que se desprende que al cuestionar el fedatario de la adscripción al quejoso sobre haber sufrido algún acto de los previstos en el artículo 22 Constitucional, el propio quejoso manifestó no haber sido torturado y que no estaba incomunicado pues le habían permitido comunicarse con su familia (foja 16). Asimismo, de las constancias que anexaron las autoridades responsables a sus informes justificados 1. Directora del Centro Penitenciario de Puebla (fojas 89 a 93); 2. Directora y Presidenta del Comité Técnico del Centro Penitenciario de Puebla (fojas 95 a 99); 3. Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla (fojas 74 a 78); y, 4. Coordinador de la Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla (fojas 80 a 84), se obtiene que el hoy quejoso ha tenido visitas en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad - Centro Penitenciario de Puebla- por parte de sus familiares - hijos- el seis, diez y diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De lo que se sigue que el acto reclamados es inexistente. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ***, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa -en el lugar en el que se encuentra recluido-; por lista al defensor público; y mediante oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintidós. INFORMES JUSTIFICADOS. Intégrense a los autos los informes justificados de las autoridades responsables siguientes: 3.Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla.4.Coordinador de la Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Puebla.Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. -PRUEBAS. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de las citadas autoridades responsables las que acompañan al oficio de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. RESERVA NOTIFICACIÓN Resérvese la notificación del presente proveído al quejoso, hasta en tanto obren en autos la totalidad de los informes justificados. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintidós. DESIGNA DEFENSOR Intégrese a los autos, el oficio de la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, mediante el cual informa que, en atención al requerimiento efectuado por esta autoridad el dos de septiembre pasado, designó al licenciado José Antonio García Paredes como Defensor Público del promovente Francisco Olivier Cruz, de lo que queda enterado el suscrito juez de Distrito, para los efectos legales conducentes. II. ACEPTACIÓN DE CARGO. Agréguese a las presentes actuaciones la diligencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual José Antonio García Paredes, acepta y protesta el cargo de defensor público del quejoso Francisco Olivier Cruz, para asistirlo jurídicamente en este asunto; en consecuencia, se tiene por conferido dicho cargo, para los efectos legales procedentes. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a José Antonio García Paredes, con las constancias que integran el presente juicio, a efecto de que se encuentre en posibilidad de imponerse de autos. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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