Francisco Perez Toledo
Expediente 523/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Francisco Perez Toledo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de junio de dos mil diecinueve (fojas 10 a 13), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
Primero. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Atanacio Trejo Garrido, Pablo Trejo Garrido, Floriano Trejo Ortega, Erasto Trejo González y Erasto Trejo Garrido, contra los actos reclamados a la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución, Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla (Rosa Celia Pérez González), precisados en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el diverso séptimo de este fallo constitucional. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE JUNIO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 523/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso Francisco Pérez Toledano reclama a la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad, el citatorio de ocho de mayo de dos mil diecinueve, girado para que comparezca ante las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el seis de junio del presente año, para el desarrollo de una diligencia de carácter ministerial en relación con los hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación 7815/2019/ZC. Respecto de dicho acto reclamado se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 5, fracción I de la misma legislación y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "(.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" Del análisis de los preceptos constitucionales y legales transcritos se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o los tratados internacionales en los que Estado Mexicano sea parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, no sólo se reconoce el derecho de las personas que tengan un interés jurídico reconocido en una norma para acudir al juicio de amparo, sino también de aquellos que aludan tener un derecho legítimo derivado de su situación especial frente al orden jurídico; pero, tratándose de actos o resoluciones provenientes de una autoridad penal administrativa (como ocurre en el caso), el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por consiguiente, en este último supuesto, para acudir al juicio de derechos fundamentales es necesario que exista un acto que el gobernado estime violatorio de sus derechos consagrados en la Constitución o en los tratados internacionales en los que los que México sea parte, pero además resulta indispensable que el peticionario de garantías acredite que el acto que reclama efectivamente afecta su esfera jurídica. Luego, si el acto reclamado emana de una autoridad ministerial, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de garantías, exige los elementos siguientes: la existencia de un derecho subjetivo establecido en una norma jurídica y la titularidad de ese derecho por parte de una persona. Tales consideraciones se encuentran robustecidas con la jurisprudencia número 854 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En este entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida en que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Además, es de señalarse que el interés jurídico de que se habla debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 16/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Con base en lo anterior, es dable afirmar que la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en los derechos subjetivos públicos del promovente al momento de la presentación de la demanda, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto, esto es, cuando no existe un agravio personal y directo contra el gobernado. Hecho el estudio anterior, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente resaltar que en el citatorio reclamado, fue girado por la 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que el quejoso comparezca ante las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el seis de junio del presente año, para el desarrollo de una diligencia de carácter ministerial en relación con los hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación 7815/2019/ZC; acto que no supone una afectación cierta e irreparable a sus derechos sustantivos. Se afirma lo expuesto, porque el promovente no manifestó si el citatorio combatido en este juicio de amparo contiene apercibimiento, en caso de no presentarse a la diligencia respectiva. Además, del documento que anexo a su demanda de garantías, consistente en el citatorio reclamado, no se advierte apercibimiento alguno por parte de la autoridad ministerial. Por tanto, el citatorio no es más que la simple citación a comparecer ante el Ministerio Público, lo que cualquier persona (sea indiciado, testigo, perito, etc.), en caso de atenderlo, lo hace por propia voluntad. Así entonces, el citatorio emitido por la responsable no es un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa. También, son aplicables la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10ª) y la tesis aislada I.6o.P.118 P (10ª), con rubros y textos siguientes: "ORDEN DE CITACIÓN
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