Francisco Morales Merino

Expediente 1278/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1278/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2017

Partes del expediente

  • Francisco Morales Merino

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente Francisco Morales Merino, no desahogó el requerimiento que le fue formulado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de garantías.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda presentado por Francisco Morales Merino, por propio derecho, contra actos del 1. Procurador General de la República y otras autoridades; fórmese expediente de amparo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1278/2017-D. Signifíquese que la demanda de cuenta se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I y IV, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, computado legalmente, bajo protesta de decir verdad manifieste lo siguiente: PRIMERO. Precise los actos reclamados en la presente instancia constitucional y a qué autoridades se los atribuye. Lo anterior es así, ya que en el primer párrafo de dicho apartado, el promovente señaló lo siguiente "El dictado o mandato de cualquier orden de comparecencia, orden de búsqueda, orden de localización, orden de presentación.". Y en el segundo refiere que igualmente reclama: ".la falta de citación, notificación para declarar en cualquier averiguación previa instruida en su contra, falta de mandato de comparecencia para declarar en cualquier averiguación previa, omisión de ordenar la declaración ministerial y la indebida consignación." De las anteriores transcripciones, se advierte oscuridad en la demanda, pues la parte quejosa, en primer término dice reclamar a las autoridades ordenadoras la emisión de una orden de comparecencia o presentación en su contra (acto positivo) y en segundo, reclama a las mismas la omisión o falta de citación o presentación para declarar en alguna investigación (acto negativo u omisivo) y la indebida consignación, y dado que tales actos se excluyen entre sí, deberá precisar a cuáles autoridades les señala cada acto, pues, no pueden coexistir dentro de la litis constitucional. De igual forma, la parte quejosa pretende reclamar: ".la indebida formación o elaboración de cualquier dictamen técnico contable, práctica de orden de revisión, cuantificación o manifestación de perjuicio fiscal, dictamen contable, registro de cadena de custodia elaborado en su contra." Sin embargo, no proporciona el número de expediente administrativo, orden de visita o de dictamen del que emanan dichos actos y a qué autoridades de todas las que señala se lo atribuye. Bajo ese tenor, el promovente deberá manifestar con precisión los citados actos reclamados y a que autoridades se los atribuye, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. SEGUNDO.- Deberá narrar, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos relativos a la ".la indebida formación o elaboración de cualquier dictamen técnico contable, práctica de orden de revisión, cuantificación o manifestación de perjuicio fiscal, dictamen contable, registro de cadena de custodia elaborado en su contra." y señalar a las autoridades a quienes se los atribuye. Lo anterior es así, ya que los señalados actos, comúnmente, son emitidos por autoridades fiscales administrativas en ejercicio de sus facultades de comprobación fiscal. Lo que de forma aislada, no guarda relación con los antecedentes que narra, respecto a que elementos policiales manifestaron contar con una orden para privarlo de su libertad. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por ella misma, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se apercibe al promovente que de no cumplir con lo requerido en los puntos primero y segundo de este proveído en el término indicado (cinco días), se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el numeral 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Ya que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no constituyen un domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones por medio de lista. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ricardo Serrano Bustillos, Nathan Escamilla Hernández, Álvaro Martínez Gómez, Cinthya Itzel Herrera Campillo, pues la parte quejosa no proporciona las cédulas profesionales o número de registro respectivos. Además, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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