Francisco Marín Hernández
Expediente 1309/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Marín Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. SE DA CUENTA CON ACUSE DE RECIBO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado electrónicamente por la Asistente de Despacho Judicial en ausencia de la Encargada de Despacho Logístico Administrativo y del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 15497, a través del cual se le notificó que el presente expediente causó ejecutoria; asimismo, se le adjuntó el tomo de pruebas que se formó con la carpeta administrativa ********************, y el disco óptico que contiene el acto reclamado. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de dieciséis de julio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvase a la Asistente de Despacho Judicial, con motivo de la ausencia de la encargada de Despacho Logístico Administrativo y del Administrador de este Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, la carpeta administrativa 500/2019, y el disco óptico donde se contienen las audiencias del acto reclamado, solicitando se sirva acusar recibo de estilo. PROMOCIÓN Finalmente, agréguese a los autos el oficio remitido por la Asistente de Despacho Judicial, con motivo de la ausencia de la encargada de Despacho Logístico Administrativo y del Administrador de este Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, por el cual solicita este juzgado informe si ha causado ejecutoria la resolución emitida en los presentes autos, lo cual mediante el oficio que al efecto se libre del presente auto, se le hace del conocimiento que en esta data se emitió el presente auto para declarar que ha causado ejecutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación a la parte quejosa, de la sentencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa, no obstante que en esa misma sentencia fue ordenada su notificación personal a la parte promovente del amparo. SE ORDENA NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA A PARTE QUEJOSA. En consecuencia, se ordena a cualquiera de los actuarios adscrito a este órgano jurisdiccional realizar la notificación de manera personal a la parte quejosa de la sentencia dictada dentro del presente juicio, en el domicilio que para tal efecto se encuentre señalado en autos. SE RECIBE OFICIO Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, atento a su contenido dígasele que a la fecha no ha causado ejecutoria la sentencia emitida en autos; sin embargo, en cuanto ello acontezca, de inmediato se hará de su conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1309/2019-II, promovido por Francisco Marín Hernández por propio derecho, contra actos del: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Francisco Marín Hernández por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridad responsable que precisó en los siguientes términos: "(.) 2. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como AUTORIDAD RESPONSABLE al JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, quien lleva la causa penal número 500/2019 POR EL DELITO CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN SIMPLE DE METANFETAMINA Y POR ROBO CON VIOLENCIA DE UN VEHÍCULO TERRESTRE EN GRADO DE TENTATIVA quien tiene su domicilio ubicado Avenida Camelinas número 3550 primer piso colonia club campestre de esta Ciudad Capital. 3. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la AUTORIDAD RESPONSABLE LA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, YA QUE LA CAPTURA FUE VIOLATORIA AL ARTÍCULO 11 Y 12 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Violando con lo anterior el derecho fundamental a la Justicia y a una defensa y Asesoría Jurídica adecuada e inmediata como lo establece la Ley antes en mención. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, previo cumplimiento a la prevención que fue realizada al quejoso en diverso de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías que se atiende; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró el once de mayo de dos mil veintiuno, al tenor del acta que al efecto fue levantada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se considera dicha competencia porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto que tiene ejecución material dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". De igual manera, resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: 1.- El auto de vinculación a proceso pronunciado por la responsable el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal número 500/2019, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: * PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81 en relación con el 9, fracción I del Código Penal Federal; y, * CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE METANFETAMINA, previsto y sancionado en el artículo 195 bis, del Código Penal Federal. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad. Aceptó el acto que la parte quejosa le atribuyó. Tal afirmación se vio corroborada con las constancias así como los discos compactos relativos a la causa penal 500/2019, que el juez responsable acompañó respectivamente a su informe. Medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece." "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Causas de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, no se estudiará el fondo del asunto porque se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente cuando se promueve fuera de los plazos que prevé la Ley de Amparo. Por su parte, del artículo 17 de la ley en la materia se advierte que la demanda deberá presentarse en el término de quince días salvo las excepciones que el propio numeral contempla. Mientras que, del numeral 18 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se colige que los plazos en el juicio de amparo se computaran a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto reclamado, cuando haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Ahora bien, del artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el proceso penal inicia con la audiencia inicial. De ahí que, aún cuando el quejoso se encuentre privado de su libertad, el término para la presentación de la demanda de amparo contra el auto de vinculación a proceso reclamado es de quince días, puesto que tal acto tuvo lugar dentro del procedimiento penal y, como resultado de ello, quedan excluidos de los supuestos de excepción en la oportunidad previstos en el artículo 17 de la ley de Amparo, dado que, si bien en su fracción IV, posibilita promover el juicio de amparo en cualquier tiempo contra actos que impliquen ataques a la libertad personal, ello sólo acontece cuando es fuera de procedimiento. Ahora bien, de las actuaciones de la causa penal 500/2019, grabadas en el disco compacto remitido a este órgano jurisdiccional como complemento del informe justificado, se aprecian como antecedentes los siguientes: El siete de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia inicial con detenido, en la que se calificó de legal la detención del ahora quejoso Francisco Marín Hernández y otro, quienes estuvieron asesorados por su defensor particular, ratificándose la legalidad de la retención ministerial, se hizo de su conocimiento el motivo por el cual se encontraba detenido, las circunstancias del hecho considerado por la ley como delito, las personas que declararon en su contra, los hechos que acreditan su probable responsabilidad en la comisión del supuesto antijurídico; cuestionado sobre el derecho a declarar, el imputado se reservó hacerlo. A continuación el agente del Ministerio Público solicitó se vinculara a proceso al imputado y, requerido éste último, sin que se solicitara la ampliación del plazo constitucional, continuó la audiencia con la argumentación y datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, sin que la defensa e imputado hicieran uso de ese derecho; a continuación el juez de control resolvió la situación jurídica del imputado Francisco Marín Hernández, únicamente vinculándolo a proceso por el hecho que la ley señala como delito de: * PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, previsto y sancionado por el artículo 81 en relación con el 9, fracción I del Código Penal Federal; y, * CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE METANFETAMINA, previsto y sancionado en el artículo 195 bis, del Código Penal Federal. Dichas constancias, con el valor probatorio previamente otorgado, demuestran que el quejoso y su defensa particular fueron notificados del auto de vinculación a proceso de manera personal en la misma fecha de su pronunciamiento, siete de septiembre de dos mil diecinueve. Es así, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los acuerdos tomados en las audiencias del proceso penal acusatorio y oral, quedan formalmente notificados a los intervinientes en ellas; supuesto jurídico que se actualiza en la especie, pues como consta del registro correspondiente de la audiencia inicial, tanto el imputado como su defensor estuvieron presentes en ella. Notificaciones que, conforme a lo dispuesto por el artículo 82, último párrafo, en relación con la fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, surten efectos al día siguiente en que fueron practicadas; y por tanto, el término para la presentación de la demanda empieza a correr al día siguiente hábil en que surte efectos la notificación, por disposición del artículo 18 de la Ley de Amparo. De ahí que se estime que el quejoso contaba con el plazo de quince días para promover el juicio de derechos fundamentales, porque el acto reclamado aconteció dentro del procedimiento penal, de conformidad con el numeral 170, último párrafo, de la ley en la materia; por consiguiente, no se encuentra entre alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Entonces, si el quejoso fue notificado personalmente el siete de septiembre de dos mil diecinueve de la audiencia relativa a la vinculación a proceso, ésta surtió efectos hasta el diez de septiembre de dos mil diecinueve, en virtud a que fue inhábil el día siguiente de la celebración de tal audiencia. Por lo que, si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda empieza a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que surtió efectos, el plazo para interponer la demanda de amparo, le transcurrió para reclamar la audiencia de vinculación a proceso del once de septiembre al tres de octubre ambos de dos mil diecinueve, plazo del que se descuentan los días catorce, quince, dieciséis, veintiuno, veintidós, veintiocho, veintinueve y treinta, por haber sido inhábiles. En consecuencia, al haberse presentado la demanda el de garantías motivo de este juicio el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, como se advierte del sello que obra en el escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, es indudable que a esa data ya había fenecido el término de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el agraviado pudiera interponer la demanda de amparo, contra el acto mencionado, lo que actualiza la causa de improcedencia antes mencionada. Sin que obste a lo anterior, el señalamiento del quejoso a través del escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el sentido de que el auto de vinculación a proceso fue emitido el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve y le fue notificado el veinte del mismo mes y año; toda vez que contrario a su señalamiento, de las constancias que constituyen el tomo de prueba, específicamente de la audiencia de vinculación a proceso contenida en el disco compacto enviado a este órgano jurisdiccional por la responsable, se advierte que la audiencia de vinculación a proceso motivo de su reclamo constitucional, fue celebrada el siete de septiembre de dos mil diecinueve y al concluir la misma, las partes quedaron debidamente notificadas de lo ahí acordado, lo que también fue asentado en la versión escrita que obra en el tomo de prueba que se acompañó al informe justificado. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y localización siguientes: "Décima Época Registro: 2009174 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 12/2015 (10a.) Página: 38 AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. Contradicción de tesis 248/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del Sexto Circuito y Tercero del Vigésimo Circuito. 13 de noviembre de 2014. Mayoría de seis votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Encargada del engrose: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver la queja 35/2014, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 342/2013. El Tribunal Pleno, el siete de mayo en curso, aprobó, con el número 12/2015 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. Esta tesis se publicó el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 25 de mayo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." No escapa la atención, la circunstancia de que el artículo 17 de la Ley de Amparo, prevé diversas excepciones a la regla general para el plazo de la presentación de la demanda de amparo; sin embargo, en el caso, no se actualiza ninguna de dichas hipótesis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Francisco Marín Hernández, respecto del acto reclamado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Por último, cabe señalar que dentro del diverso juicio de amparo II-1310/2019, de índice de este propio juzgado, promovido por Vicente Marín Hernández, coinculpado del ahora quejoso en la propia causa penal 500/2019, también se impugnó el auto de vinculación a proceso, materia de reclamo en este juicio de amparo, dentro del cual en sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto del dos mil veinte, se sobreseyó dicho juico, por la misma causal y motivos antes expuestos; y aunque fue recurrida a través del recurso de revisión 150/2020, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, en sesión celebrada el veintiuno de enero de dos mi veintiuno, resolvió confirmar la sentencia recurrida y sobreseer dicho juicio de amparo. PRECISIÓN DE LA FIRMA FÍSICA Y ELECTRÓNICA. Se hace la precisión de que la presente sentencia se firma de manera autógrafa por el titular del juzgado que la dicta y la secretaria que autoriza y da fe, en la fecha de su emisión, con independencia de que los mismos las firmen electrónicamente con posterioridad únicamente para efectos de su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Francisco Marín Hernández, contra los actos y autoridades precisados en el considerando primero, y por los motivos a que se refiere el diverso cuarto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hoy dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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