Francisco Javier Villagómez Murillo

Expediente 1244/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 65 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1244/2022
Año
2022
Actuaciones
65
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Francisco Javier Villagómez Murillo
  • Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán y Otros.
  • Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 65.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. SE PROVEE RAZÓN Y SE ORDENA NOTIFICACIÓN POR LISTA Vista la razón levantada por la actuaria adscrito a este juzgado en la cual hace constar que no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada Mónica Matilde Guiza Abrego, por si o por conducto de representante legal, la resolución de diecisiete de noviembre pasado, dictada por este juzgado, por las razones a que alude, por lo tanto, se ordena efectuar la notificación de dicha resolución así como los subsecuentes, por medio de lista, que se fije en los estrados de este Órgano de Control Constitucional, con apoyo en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Avpb*Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    . V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1244/2022, promovido por Francisco Javier Villagómez Murillo, contra actos de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el diez de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Villagómez Murillo, contra actos de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades, por considerar que carecía de legal competencia por razón de turno para conocer de ella. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número VIII-1244/2022; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada. Cabe precisar que por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (foja 133 a 134) se tuvo por ampliada la demanda de garantías en lo que respecta a la autoridad ejecutora Jefe de Desarrollo de Personal de la Delegación Regional Morelia del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad jurisdiccional en materia civil residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama: La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario. Y, como consecuencia de ello, todo lo actuado. La notificación del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, practicada el nueve de dicho mes y año. La resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, relativa al incidente de liquidación de sentencia dictada en el citado expediente. La ejecución del oficio 3013/2023, girado al Titular de la Jefatura de Desarrollo de Personal de la Delegación Regional Morelia del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retenga el excedente del 30% del salarioi del quejoso. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que aceptan la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto la jueza responsable y el Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, también remitieron copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL NÚMERO 1. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito estima que es improcedente el presente juicio de garantías y debe sobreseerse en los términos que a continuación se especifican, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]" De lo que se colige que, cuando el acto reclamado en un juicio haya sido materia de una ejecutoria en otro asunto promovido por el mismo quejoso, aunque por violaciones diversas, el juicio de amparo es improcedente. Ahora bien, en el presente juicio de garantías el quejoso reclama la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario. Por otro lado, constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; así como que de los informes justificados rendidos por la Jueza y la Actuaria adscritas al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y de las documentales que obran en el presente juicio de amparo, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que con antelación a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el aquí quejoso promovió el diverso IV-1150/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, contra actos de la Jueza y Actuaria, ambas adscritas al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que se reclamó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario. Ahora bien, de la captura del diverso juicio de amparo IV-1150/2022, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registrándolo bajo el número 25/2023, de su índice. Siendo que de la captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se evidencia que en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés, el tribunal de alzada determinó confirmar el sobreseimiento decretado por este órgano jurisdiccional. Datos que se obtienen del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes atento a la tesis con registro 2009758 de rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.". En esas circunstancias, y tomando en consideración que los actos señalados y que se reclaman en este juicio, lo constituye la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario, el cual como ya se vio, fue materia de pronunciamiento en el diverso juicio de amparo IV-1150/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por el propio quejoso, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al Titular d ela Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL NÚMERO 2. En el particular, respecto del acto reclamado consistente en la notificación del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, practicada el nueve de dicho mes y año, quien resuelve estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Primero es de precisarse que el amparo es un juicio extraordinario; su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad vertical del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, la propia Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir, sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. La regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por algún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. El principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de garantías en términos de la propia Ley de Amparo, en su artículo 61, fracciones XVIII, XIX y XX, en las que establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, de la siguiente manera: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de garantías debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio trae como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la fracción XVIII del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos ordinarios que puedan interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de garantías. Por su parte, la fracción XIX, a la que resulta de la circunstancia de que en el momento de la instauración del juicio se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal contra el acto reclamado que pudiera revocar o nulificar dicho acto. Y la fracción XX a los casos en que tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o sean impugnables mediante algún recurso o medio por el que pudieran ser revocados o modificados. En todos estos supuestos el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. Ahora, como premisa, cabe referir que al haberse tenido por compareciendo al juicio natural, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño; lo que se corrobora con lo resuelto de manera firme por este juzgado federal, en los autos del juicio de amparo 1150/2022; así como por lo aquí resuelto en el considerando previo. De ahí que debe sujetarse a las reglas ordinarias de procedencia del amparo, entre ellas, cumplir el principio de definitividad vertical. Por otro lado, de la demanda de garantías se advierte que el promovente del amparo tilda de ilegal la notificación del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, practicada el nueve de dicho mes y año por la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Siendo que, como se adelantó, respecto de dicho acto reclamado se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en contra de la aludida notificación debió agotarse previamente el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, según su numeral 1054, que al efecto establecen: Código Federal de Procedimientos Civiles "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Código de Comercio "Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." Lo anterior a fin de acatar el principio de definitividad a que se ha hecho referencia en el cuerpo de esta sentencia. De lo que se desprende que en el caso particular, el acto que constituye materia de reclamo era susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos transcritos. De ahí que en su contra el quejoso debía promover en su momento el citado medio de impugnación a que alude el mencionado precepto legal, previamente a promover el juicio de garantías, ello dado que a través de dicho medio de impugnación podía lograr la modificación o revocación del acto recurrido, pues nada impedía que el incidente de nulidad fuera interpuesto por la parte quejosa, ya que estaba legitimada para interponer dicho medio ordinario de defensa al ser parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 181/2016. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que también haya reclamado tanto en el presente juicio de amparo como en el diverso IV-1150/2022, el emplazamiento al controvertido de origen, toda vez que en la sentencia de este último, confirmada por el Tribunal colegiado respectivo, se determinó que el quejoso no contaba con el carácter de tercero extraño, toda vez que incluso compareció al controvertido 181/2016 a contestar la demanda entablada en su contra. De ahí que para efectos del presente juicio, se insiste, tampoco cuenta con dicho carácter y, por tanto, era menester que previo a acudir a esta instancia constitucional a reclamar la multicitada notificación debía agotar el incidente de nulidad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2026118 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 4/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, página 2052 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil. En ese sentido, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción a la obligación de interponer dicho recurso a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es la que específicamente regula el caso; pues: No se reclama alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional; No se combate algún mandamiento de captura ni algún acto que afecte la libertad personal; Menos aún el quejoso tiene la calidad de tercero extraño en el juicio, porque compareció a dar contestación a la demanda; y, No se requiere interpretación adicional ni el fundamento del incidente es insuficiente. Luego, si el incidente de nulidad de mérito no se agotó antes de la promoción del juicio de garantías, es incontrovertible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe acotar que al haberse actualizado en el presente juicio de garantías la citada causal de improcedencia, resulta innecesario atender alguna diversa, pues el hecho de que opere o no es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución. Siendo improcedente el juicio de amparo, lo que se impone es sobreseer en el mismo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, entre ellos, el relativo a que no se corrió traslado al quejoso con la demanda incidental de liquidación. El sobreseimiento decretado impide que este juzgado federal aborde el estudio de fondo de los conceptos de violación expuestos. Al no acreditarse una diversa causal de improcedencia respecto del acto reclamado marcado con el número 3, procede el análisis del fondo material controvertido. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Es inoperante el concepto de violación aducido por el quejoso, por los motivos que más adelante se expondrán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego promovieron demanda en la vía ejecutiva mercantil sobre pago de pesos y otras prestaciones, frente a Francisco Javier Villagómez Murillo (foja 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. El conocimiento del asunto correspondió, por razón de turno, al Juzgado Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, el que mediante auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, lo admitió a trámite en el expediente 181/2016, para requerir personalmente al reo sobre el pronto y efectivo pago de las prestaciones exigidas o, en su defecto, garantizarlas con suficientes bienes de su propiedad (foja 9 a 12 del tomo de pruebas). 3. Previo citatorio que al efecto se dejó, el dos de agosto de dos mil dieciséis tuvo lugar la diligencia de mérito, en la que, al no contar con la presencia del demandado, se entendió con la persona ahí presente. En ese acto se requirió sobre el pago de ciento setenta mil pesos y, ante su omisión, se procedió a la etapa de embargo en la que la parte actora señaló el 30% del excedente del salario percibido por el deudor, quedando desde ese momento formalmente trabado solo en cuanto baste y sea suficiente para garantizar lo reclamado. Luego, se emplazó al demandado -por conducto de la persona ahí presente- corriéndole traslado con copia simple de la demanda, documentos anexos, cédula y copia al carbón del proveído relativo, a efecto de que produjera su contestación dentro del término de ocho días hábiles (foja 13 a 22 del tomo de pruebas). 4. Ante el juzgado del conocimiento, el doce de agosto de dos mil dieciséis, Francisco Javier Villagómez Murillo presentó su escrito de contestación relativo en el que toralmente negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y opuso excepciones y defensas (foja 23 a 27 del tomo de pruebas). Por auto de diecisiete de ese mes y año, se tuvo por contestada oportunamente la demanda y se ordenó dar vista a la contraria (foja 28 del tomo de pruebas). 5. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el demandado exhibió el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a favor de Samuel Orduña Mambo, para los efectos legales conducentes. 6. El veinticuatro siguiente tuvo lugar audiencia de conciliación entre las partes, a la que únicamente asistió el demandado Francisco Javier Villagómez Murillo. 7. El dieciocho de noviembre siguiente el demandado formuló los alegatos que estimó pertinentes. 8. Seguido el juicio por todas sus etapas, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia que declaró procedente la acción ejercida y condenó al reo al pago de la suerte principal reclamada, así como al pago de intereses moratorios a razón del 3.27% mensual. Además, tomando en consideración el embargo trabado por el excedente del 30% del salario mínimo percibido por el deudor, en ejecución, se ordenó informar a la fuente de trabajo que continuara haciendo los descuentos relativos (foja 30 a 53 del tomo de pruebas). 9. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, Yasnaya Torres Fernández formuló planilla de liquidación (foja 57 del tomo de pruebas). Por lo que en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, la jueza responsable admitió a trámite el citado incidente y mandó dar vista al demandado mediante notificación personal, con la copia de traslado respectiva (foja 62 del tomo de pruebas). Una vez seguido el incidente por sus trámites legales, el once de octubre de dos mil veintidós, sin que el incidentado, aquí quejoso, desahogara la vista que se le dio con la planilla respectiva, se dictó resolución interlocutoria en el incidente de liquidación de sentencia, en el que se condenó al demandado al pago de $270,052.95 (doscientos setenta mil cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios, del uno de febrero de dos mil dieciséis al uno de septiembre de dos mil veintidós (foja 65 a 67 del tomo de pruebas). La que le fue notificada por cédula al reo, el doce de octubre de dos mil veintidós. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, como se adelantó, el concepto de violación aducido por el quejoso resulta inoperante. Por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por el quejoso, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado al quejoso sin defensa. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, en relación con el concepto de violación formulado por el quejoso, se surte el primer supuesto genérico de inoperancia identificado con el inciso a), pues el quejoso no ataca las consideraciones del fallo reclamado y, por el contrario, incorpora una cuestión novedosa que no fue expuesta ante la jueza responsable. Ello es así, virtud a que, como ya se dijo, está desvirtuada la calidad de tercero extraño con la que el quejoso se ostenta, de ahí que al corrérsele traslado con la planilla respectiva debió desahogar la vista que se le dio en el incidente y hacer valer la cuestión que ahora plantea en la que señala que la planilla de liquidación también debió suscribirse por la diversa actora Mónica Matilde Guiza Ábrego y no únicamente por Yasnaya Torres Fernández y, por tanto, al no haberlo hecho así la jueza responsable debió desechar el incidente de liquidación, en razón de que el litisconsorcio activo no permite accionar a una de las actoras por sí sola. Por tanto, como ya se dijo, dicho argumento debió exponerse ante la autoridad responsable a fin de estuviera en aptitud de pronunciarse en torno a ello; de tal forma que al no haber procedido de esa manera el quejoso, es inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar dicha circunstancia en este juicio de amparo al no haberse expresado así ante la jueza responsable y, por lo tanto, no haber sido parte de la Litis en su momento. De tal modo que si el concepto de violación expuesto en el presente juicio resulta una cuestión novedosa y los argumentos expresados por la autoridad responsable en la resolución interlocutoria reclamada de ninguna manera fueron atacados por el quejoso en sus conceptos de violación, este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar, de oficio, la constitucionalidad de las argumentaciones esgrimidas por la jueza responsable. Ello en razón de que en el caso resulta improcedente la suplencia de la queja, amén de que no se está ante un asunto donde se controviertan derechos de menores de edad; tampoco se advierte que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; menos se observa alguna violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa a la parte agraviada, todo lo cual conduce a determinar que los razonamientos que en aquel sentido expuso la jueza responsable, que no se atacan, ameriten quedar incólumes para todos los efectos de ley inherentes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 176604 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 150/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52 Tipo: Jurisprudencia AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Lo anterior al margen de que, contra lo afirmado por la parte quejosa no existe disposición legal alguna que obligue a la parte actora, aun cuando fueran dos o más a presentar la incidencia en forma conjunta. Incluso, no debe soslayarse que en la sentencia ejecutoriada se constituyó el derecho a favor de ambas actoras y por ende cualquiera de las dos estaba legitimada como titular de ese derecho a solicitar la liquidación; en la inteligencia de que el pago que, en su momento se realice, será a favor de ambas actoras y no solo de la promovente de la incidencia. Luego, ante lo inoperante del concepto de violación hecho valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra del acto que reclamó de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra de los actos reclamados a la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en las razones expuestas en el cuarto y quinto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra del acto que reclamó de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MÓNICA MATILDE GUIZA ÁBREGO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1244/2022, promovido por Francisco Javier Villagómez Murillo, contra actos de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el diez de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Villagómez Murillo, contra actos de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades, por considerar que carecía de legal competencia por razón de turno para conocer de ella. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa aclaración del escrito inicial de demanda y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número VIII-1244/2022; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada. Cabe precisar que por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés (foja 133 a 134) se tuvo por ampliada la demanda de garantías en lo que respecta a la autoridad ejecutora Jefe de Desarrollo de Personal de la Delegación Regional Morelia del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 y 107, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad jurisdiccional en materia civil residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado; ."; es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama: La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario. Y, como consecuencia de ello, todo lo actuado. La notificación del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, practicada el nueve de dicho mes y año. La resolución interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, relativa al incidente de liquidación de sentencia dictada en el citado expediente. La ejecución del oficio 3013/2023, girado al Titular de la Jefatura de Desarrollo de Personal de la Delegación Regional Morelia del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que retenga el excedente del 30% del salarioi del quejoso. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que aceptan la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto la jueza responsable y el Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, también remitieron copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL NÚMERO 1. Ahora bien, sentado lo anterior y establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El suscrito estima que es improcedente el presente juicio de garantías y debe sobreseerse en los términos que a continuación se especifican, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]" De lo que se colige que, cuando el acto reclamado en un juicio haya sido materia de una ejecutoria en otro asunto promovido por el mismo quejoso, aunque por violaciones diversas, el juicio de amparo es improcedente. Ahora bien, en el presente juicio de garantías el quejoso reclama la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario. Por otro lado, constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; así como que de los informes justificados rendidos por la Jueza y la Actuaria adscritas al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y de las documentales que obran en el presente juicio de amparo, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que con antelación a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, el aquí quejoso promovió el diverso IV-1150/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, contra actos de la Jueza y Actuaria, ambas adscritas al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que se reclamó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario. Ahora bien, de la captura del diverso juicio de amparo IV-1150/2022, se advierte que el cinco de diciembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia. Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, registrándolo bajo el número 25/2023, de su índice. Siendo que de la captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se evidencia que en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés, el tribunal de alzada determinó confirmar el sobreseimiento decretado por este órgano jurisdiccional. Datos que se obtienen del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes atento a la tesis con registro 2009758 de rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.". En esas circunstancias, y tomando en consideración que los actos señalados y que se reclaman en este juicio, lo constituye la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de dos de agosto de dos mil dieciséis, que se practicó al demandado, aquí quejoso, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 181/2016, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego; en la que se decretó el embargo sobre el 30% del excedente de su salario, el cual como ya se vio, fue materia de pronunciamiento en el diverso juicio de amparo IV-1150/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por el propio quejoso, es inconcuso que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en consulta, procede sobreseer en el presente juicio. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución que se atribuyen al Titular d ela Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL NÚMERO 2. En el particular, respecto del acto reclamado consistente en la notificación del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, practicada el nueve de dicho mes y año, quien resuelve estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Primero es de precisarse que el amparo es un juicio extraordinario; su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad vertical del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, la propia Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir, sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. La regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por algún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. El principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de garantías en términos de la propia Ley de Amparo, en su artículo 61, fracciones XVIII, XIX y XX, en las que establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio, de la siguiente manera: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de garantías debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio trae como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la fracción XVIII del referido artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos ordinarios que puedan interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de garantías. Por su parte, la fracción XIX, a la que resulta de la circunstancia de que en el momento de la instauración del juicio se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal contra el acto reclamado que pudiera revocar o nulificar dicho acto. Y la fracción XX a los casos en que tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o sean impugnables mediante algún recurso o medio por el que pudieran ser revocados o modificados. En todos estos supuestos el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. Ahora, como premisa, cabe referir que al haberse tenido por compareciendo al juicio natural, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño; lo que se corrobora con lo resuelto de manera firme por este juzgado federal, en los autos del juicio de amparo 1150/2022; así como por lo aquí resuelto en el considerando previo. De ahí que debe sujetarse a las reglas ordinarias de procedencia del amparo, entre ellas, cumplir el principio de definitividad vertical. Por otro lado, de la demanda de garantías se advierte que el promovente del amparo tilda de ilegal la notificación del auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, practicada el nueve de dicho mes y año por la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. Siendo que, como se adelantó, respecto de dicho acto reclamado se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en contra de la aludida notificación debió agotarse previamente el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, según su numeral 1054, que al efecto establecen: Código Federal de Procedimientos Civiles "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Código de Comercio "Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." Lo anterior a fin de acatar el principio de definitividad a que se ha hecho referencia en el cuerpo de esta sentencia. De lo que se desprende que en el caso particular, el acto que constituye materia de reclamo era susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos transcritos. De ahí que en su contra el quejoso debía promover en su momento el citado medio de impugnación a que alude el mencionado precepto legal, previamente a promover el juicio de garantías, ello dado que a través de dicho medio de impugnación podía lograr la modificación o revocación del acto recurrido, pues nada impedía que el incidente de nulidad fuera interpuesto por la parte quejosa, ya que estaba legitimada para interponer dicho medio ordinario de defensa al ser parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 181/2016. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que también haya reclamado tanto en el presente juicio de amparo como en el diverso IV-1150/2022, el emplazamiento al controvertido de origen, toda vez que en la sentencia de este último, confirmada por el Tribunal colegiado respectivo, se determinó que el quejoso no contaba con el carácter de tercero extraño, toda vez que incluso compareció al controvertido 181/2016 a contestar la demanda entablada en su contra. De ahí que para efectos del presente juicio, se insiste, tampoco cuenta con dicho carácter y, por tanto, era menester que previo a acudir a esta instancia constitucional a reclamar la multicitada notificación debía agotar el incidente de nulidad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Registro digital: 2026118 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 4/2023 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, página 2052 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil. En ese sentido, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción a la obligación de interponer dicho recurso a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es la que específicamente regula el caso; pues: No se reclama alguno de los actos previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional; No se combate algún mandamiento de captura ni algún acto que afecte la libertad personal; Menos aún el quejoso tiene la calidad de tercero extraño en el juicio, porque compareció a dar contestación a la demanda; y, No se requiere interpretación adicional ni el fundamento del incidente es insuficiente. Luego, si el incidente de nulidad de mérito no se agotó antes de la promoción del juicio de garantías, es incontrovertible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, cabe acotar que al haberse actualizado en el presente juicio de garantías la citada causal de improcedencia, resulta innecesario atender alguna diversa, pues el hecho de que opere o no es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución. Siendo improcedente el juicio de amparo, lo que se impone es sobreseer en el mismo, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, entre ellos, el relativo a que no se corrió traslado al quejoso con la demanda incidental de liquidación. El sobreseimiento decretado impide que este juzgado federal aborde el estudio de fondo de los conceptos de violación expuestos. Al no acreditarse una diversa causal de improcedencia respecto del acto reclamado marcado con el número 3, procede el análisis del fondo material controvertido. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Es inoperante el concepto de violación aducido por el quejoso, por los motivos que más adelante se expondrán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, Yasnaya Torres Fernández y Mónica Matilde Guiza Abrego promovieron demanda en la vía ejecutiva mercantil sobre pago de pesos y otras prestaciones, frente a Francisco Javier Villagómez Murillo (foja 1 a 7 del tomo de pruebas). 2. El conocimiento del asunto correspondió, por razón de turno, al Juzgado Quinto de lo Civil de este Distrito Judicial, el que mediante auto de diez de marzo de dos mil dieciséis, lo admitió a trámite en el expediente 181/2016, para requerir personalmente al reo sobre el pronto y efectivo pago de las prestaciones exigidas o, en su defecto, garantizarlas con suficientes bienes de su propiedad (foja 9 a 12 del tomo de pruebas). 3. Previo citatorio que al efecto se dejó, el dos de agosto de dos mil dieciséis tuvo lugar la diligencia de mérito, en la que, al no contar con la presencia del demandado, se entendió con la persona ahí presente. En ese acto se requirió sobre el pago de ciento setenta mil pesos y, ante su omisión, se procedió a la etapa de embargo en la que la parte actora señaló el 30% del excedente del salario percibido por el deudor, quedando desde ese momento formalmente trabado solo en cuanto baste y sea suficiente para garantizar lo reclamado. Luego, se emplazó al demandado -por conducto de la persona ahí presente- corriéndole traslado con copia simple de la demanda, documentos anexos, cédula y copia al carbón del proveído relativo, a efecto de que produjera su contestación dentro del término de ocho días hábiles (foja 13 a 22 del tomo de pruebas). 4. Ante el juzgado del conocimiento, el doce de agosto de dos mil dieciséis, Francisco Javier Villagómez Murillo presentó su escrito de contestación relativo en el que toralmente negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y opuso excepciones y defensas (foja 23 a 27 del tomo de pruebas). Por auto de diecisiete de ese mes y año, se tuvo por contestada oportunamente la demanda y se ordenó dar vista a la contraria (foja 28 del tomo de pruebas). 5. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, el demandado exhibió el poder general para pleitos y cobranzas que otorgó a favor de Samuel Orduña Mambo, para los efectos legales conducentes. 6. El veinticuatro siguiente tuvo lugar audiencia de conciliación entre las partes, a la que únicamente asistió el demandado Francisco Javier Villagómez Murillo. 7. El dieciocho de noviembre siguiente el demandado formuló los alegatos que estimó pertinentes. 8. Seguido el juicio por todas sus etapas, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia que declaró procedente la acción ejercida y condenó al reo al pago de la suerte principal reclamada, así como al pago de intereses moratorios a razón del 3.27% mensual. Además, tomando en consideración el embargo trabado por el excedente del 30% del salario mínimo percibido por el deudor, en ejecución, se ordenó informar a la fuente de trabajo que continuara haciendo los descuentos relativos (foja 30 a 53 del tomo de pruebas). 9. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, Yasnaya Torres Fernández formuló planilla de liquidación (foja 57 del tomo de pruebas). Por lo que en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, la jueza responsable admitió a trámite el citado incidente y mandó dar vista al demandado mediante notificación personal, con la copia de traslado respectiva (foja 62 del tomo de pruebas). Una vez seguido el incidente por sus trámites legales, el once de octubre de dos mil veintidós, sin que el incidentado, aquí quejoso, desahogara la vista que se le dio con la planilla respectiva, se dictó resolución interlocutoria en el incidente de liquidación de sentencia, en el que se condenó al demandado al pago de $270,052.95 (doscientos setenta mil cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios, del uno de febrero de dos mil dieciséis al uno de septiembre de dos mil veintidós (foja 65 a 67 del tomo de pruebas). La que le fue notificada por cédula al reo, el doce de octubre de dos mil veintidós. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, como se adelantó, el concepto de violación aducido por el quejoso resulta inoperante. Por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por el quejoso, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado al quejoso sin defensa. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, en relación con el concepto de violación formulado por el quejoso, se surte el primer supuesto genérico de inoperancia identificado con el inciso a), pues el quejoso no ataca las consideraciones del fallo reclamado y, por el contrario, incorpora una cuestión novedosa que no fue expuesta ante la jueza responsable. Ello es así, virtud a que, como ya se dijo, está desvirtuada la calidad de tercero extraño con la que el quejoso se ostenta, de ahí que al corrérsele traslado con la planilla respectiva debió desahogar la vista que se le dio en el incidente y hacer valer la cuestión que ahora plantea en la que señala que la planilla de liquidación también debió suscribirse por la diversa actora Mónica Matilde Guiza Ábrego y no únicamente por Yasnaya Torres Fernández y, por tanto, al no haberlo hecho así la jueza responsable debió desechar el incidente de liquidación, en razón de que el litisconsorcio activo no permite accionar a una de las actoras por sí sola. Por tanto, como ya se dijo, dicho argumento debió exponerse ante la autoridad responsable a fin de estuviera en aptitud de pronunciarse en torno a ello; de tal forma que al no haber procedido de esa manera el quejoso, es inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar dicha circunstancia en este juicio de amparo al no haberse expresado así ante la jueza responsable y, por lo tanto, no haber sido parte de la Litis en su momento. De tal modo que si el concepto de violación expuesto en el presente juicio resulta una cuestión novedosa y los argumentos expresados por la autoridad responsable en la resolución interlocutoria reclamada de ninguna manera fueron atacados por el quejoso en sus conceptos de violación, este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar, de oficio, la constitucionalidad de las argumentaciones esgrimidas por la jueza responsable. Ello en razón de que en el caso resulta improcedente la suplencia de la queja, amén de que no se está ante un asunto donde se controviertan derechos de menores de edad; tampoco se advierte que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; menos se observa alguna violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa a la parte agraviada, todo lo cual conduce a determinar que los razonamientos que en aquel sentido expuso la jueza responsable, que no se atacan, ameriten quedar incólumes para todos los efectos de ley inherentes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 176604 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 150/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52 Tipo: Jurisprudencia AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. Asimismo, es aplicable la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Lo anterior al margen de que, contra lo afirmado por la parte quejosa no existe disposición legal alguna que obligue a la parte actora, aun cuando fueran dos o más a presentar la incidencia en forma conjunta. Incluso, no debe soslayarse que en la sentencia ejecutoriada se constituyó el derecho a favor de ambas actoras y por ende cualquiera de las dos estaba legitimada como titular de ese derecho a solicitar la liquidación; en la inteligencia de que el pago que, en su momento se realice, será a favor de ambas actoras y no solo de la promovente de la incidencia. Luego, ante lo inoperante del concepto de violación hecho valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra del acto que reclamó de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra de los actos reclamados a la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en las razones expuestas en el cuarto y quinto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra del acto que reclamó de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA YASNAYA TORRES FERNANDEZ, LA SIGUIENTE RESOLUCION:V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1244/2022, promovido por Francisco Javier Villagómez Murillo, contra actos de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra de los actos reclamados a la Actuaria adscrita al Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en las razones expuestas en el cuarto y quinto considerando de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier Villagómez Murillo, en contra del acto que reclamó de la Jueza Quinto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, que actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en que terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.-

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