Francisco Manuel Flores Torres
Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Francisco Manuel Flores Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a los autos el correo electrónico remitido por el Sistema de Servicios en Línea, mediante el cual se informa que se generó una cita en el Sistema de Agendas de Cita OJ para que acudiera a este juzgado Luis Gerardo Argueta González, y su acompañante Francisco Madrigal Sánchez, a las dieciséis horas del tres de los actuales; sin embargo, de la revisión del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa, promovido por el Francisco Manuel Flores Flores, no se advierte que los aludidos promoventes tengan reconocido carácter alguno, según se advierte de la certificación de inicio; por tanto, no es posible permitirle acceso a este expediente. Lo anterior, sin que sea inadvertido que, en el caso concreto, la cita generada por los promoventes ya haya trascurrido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico
- Principal
Vista la certificación con la que se da cuenta y atento al estado de autos, del que se desprende que en el presente asunto el quejoso ********************demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades que enseguida se precisan: Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán; Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán; y, Director del Centro de Reinserción Social ubicado en Tacámbaro, Michoacán. De quienes reclamó: La orden de traslado que se realizó el veintisiete de agosto de dos mil veinte, del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán, al diverso con sede en Tacámbaro, Michoacán. Ahora bien, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto que les atribuyó el quejoso, bajo el argumento de que el veintisiete de agosto de dos mil veinte, ********************fue trasladado del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, al diverso ubicado en Tacámbaro, Michoacán; sin embargo, precisaron, el treinta de septiembre pasado, aquél fue reingresado a la penitenciaría invocada en primer término; en acatamiento a la resolución emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, a disposición de quien se encuentra el quejoso en la causa penal ******************** en la que calificó de ilegal dicho traslado. Lo que acreditaron con las copias certificadas que adjuntaron como justificación a sus respectivos informes, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, por tratarse de documentos públicos, expedidos por funcionarios en ejercicio de sus funciones. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Igualmente, la jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Causal de improcedencia. Este juzgador estima que cobra vigencia la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." En efecto, lo expuesto en la referida fracción del arábigo en cita, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente asunto han cesado jurídica y materialmente los efectos del acto reclamado por el quejoso consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán, al diverso con residencia en Tacámbaro, Michoacán y su ejecución, en virtud de que en diversa determinación emitida por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, se ordenó reingresar al quejoso a la penitenciaría ubicada en este Distrito Judicial, orden que se ejecutó el treinta de septiembre de dos mil veinte; ello, en acatamiento a la resolución pronunciada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia [a disposición de quien se encuentra el quejoso en la causa penal ********************], dado que dicho juzgador calificó de ilegal dicho traslado. De ahí que el acto invocado en último término, ha destruido en forma total e incondicional todos los efectos del reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional. Robustece lo expuesto, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, se aprecia de las constancias de autos, que la orden de traslado atribuida a las autoridades del Sistema Penitenciario tiene sustento en los antecedentes relevantes siguientes: Que el veintisiete de agosto de dos mil veinte y por medidas de seguridad ********************fue trasladado del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, al diverso ubicado en Tacámbaro, Michoacán, en cumplimiento al oficio ********************, fechado el veintisiete de agosto de dos mil veinte y suscrito por el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, a disposición de quien se encuentra el quejoso en la causa penal ******************** calificó de ilegal dicho traslado. Por lo que mediante oficio ********************de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, ordenó que se regresara al quejoso a la penitenciaría ubicada en este Distrito Judicial, orden que fue ejecutada el treinta de septiembre de dos mil veinte, fecha en la que ********************fue excarcelado y reingresado al centro carcelario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán; y, La diligencia de notificación personal practicada a las once horas con treinta minutos del doce de octubre de dos mil veinte, por uno de los actuarios judiciales de la adscripción, al quejoso ********************en el interior del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, a fin de hacer de su conocimiento el contenido de las constancias a que se hizo alusión en apartados anteriores, las cuales se tuvieron por recibidas en proveído de ocho de octubre del presente año, lugar en donde lo encontró presente y una vez que hizo de su conocimiento lo anterior, el peticionario le manifestó: "(.) quedo debidamente sabedor del contenido íntegro del auto de ocho de octubre del presente año, del cual recibo copia autorizada, así como del informe y de las constancias que se anexaron al mismo(.)". De la anterior relatoría de constancias se advierte con claridad, que fueron las autoridades administrativas penitenciarias quienes, por medidas de seguridad, el veintisiete de agosto de dos mil veinte, ordenaron el traslado del quejoso ********************, del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, a la diversa penitenciaría ubicada en Tacámbaro, Michoacán; empero, tomando en consideración que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, a cuya disposición de quien se encuentra el quejoso en la causa penal ******************** calificó de ilegal dicho traslado, el treinta de septiembre del año en curso, se reingresó al peticionario al centro carcelario ubicado en este Distrito Judicial. De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que jurídica y materialmente cesaron los efectos de la orden de traslado reclamada en el escrito de demanda, pues ésta ya no transgrede la esfera jurídica del quejoso ********************, dado que el treinta de septiembre de dos mil veinte, éste fue reingresado al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con residencia en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, lo que además, se corroboró con la diligencia de notificación personal efectuada a las once horas con treinta minutos del doce de octubre del año en curso, por uno de los actuarios de la adscripción al referido peticionario, a fin de hacer de su conocimiento el contenido del acuerdo emitido el ocho del mes en curso y las constancias que ahí se especificaron, relativas a su reingreso en la referida penitenciaría al haberse calificado de ilegal el traslado impugnado en este asunto. Resulta aplicable al caso, el criterio emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Tomo IV, Octubre 2017, página 2507, Décima Época, con registro 2015278, cuyo rubro y texto, son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la segundad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia." De esta forma, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al acabar su actuación u omisión, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de dichos efectos; la que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto que ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido al peticionario en el goce del derecho violado. En esas condiciones, se advierte que la causal de improcedencia que se estudia, se encuentra íntimamente relacionada con el artículo 77 de la Ley de Amparo, cuyo fin es la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho consustancial violado, restableciendo las cosas que guardaban antes de la vulneración, cuando la actuación reclamada sea de carácter positivo; y cuando sea de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y, a cumplir, por su parte, lo que la disposición constitucional o tratado internacional exija. Lo que se logra al cesar los efectos del acto reclamado, ya que se deja insubsistente éste y también todos sus efectos, los cuales han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional. De modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en este juicio promovido por ********************, por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, entre las que se encuentran la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Hágase del conocimiento lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Capturas y anotaciones. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En Morelia, Michoacán, a las catorce horas con cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental relativa al juicio de amparo número VI-567 2020 promovido por Francisco Manuel Flores Torres; el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada Elva Janette Herrejón Chávez, secretaria que autoriza las actuaciones y da fe, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: 1. Copia simple de la demanda de amparo; 2. Copia certificada del auto admisorio; 3. Proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, mediante el cual se concedió la suspensión provisional al quejoso. 4. Informes previos rendidos por las autoridades responsables Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán y Director del Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez residente en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán; y, 5. Autos en que se tuvieron por recibidos dichos informes. Asimismo, la secretaria hace constar que el Director de Readaptación Social de Tacámbaro, Michoacán, fue omiso en rendir su informe previo, pese a encontrarse debidamente notificado para ello, tal como se desprende de la constancia de notificación realizada el veintinueve de septiembre del año en curso, por el actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, en auxilio de las labores de la Justicia Federal. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente incidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. Respecto a la falta de informe previo del Director de Readaptación Social de Tacámbaro, Michoacán, provéase lo conducente al emitirse la interlocutoria correspondiente. Se declara abierto el período probatorio: la secretaria hace constar que no se aportaron medios de prueba; siendo todo lo ofrecido por las partes. A lo que el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes en ofrecerlas, se cierra esta etapa. Se abre el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no realizaron manifestaciones en esta etapa. A lo que el Juez acuerda: se les tiene por perdido su derecho para alegar, por lo que se cierra esta etapa Al no existir escrito pendiente por acordar ni diligencia que practicar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número VI567/2020, promovido por Francisco Manuel Flores Torres, en contra de los actos que reclama al Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, y otros; y, RESULTANDO: PRIMERO. Francisco Manuel Flores Torres, mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades siguientes: 1. Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán; 2. Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán; y, 3. Director del Centro de Reinserción Social ubicado en Tacámbaro, Michoacán. Por el acto que hizo consistir en: La orden de traslado que se realizó el veintisiete de agosto de dos mil veinte, del Centro de Reinserción Social Lic. David Franco Rodríguez con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán, al diverso con sede en Tacámbaro, Michoacán Acto que estimó violatorio de los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite, se ordenó formar incidente de suspensión por duplicado y se solicitó informe previo a las autoridades responsables; se fijó fecha para el desahogo de la audiencia incidental, la que, previos dos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tiene competencia legal para resolver el presente incidente de suspensión, con base en lo dispuesto en los artículos 1 2 37, 107 y demás aplicables de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3 2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito1 ; toda vez que la competencia nace en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión y se extiende a este mismo, máxime que el acto que se reclama emana de autoridades con residencia en este distrito judicial Segundo. Consideraciones previas. En forma inicial, debe precisarse que la figura de la suspensión del acto reclamado constituye una medida cautelar que puede ser dictada dentro del juicio de amparo y tiene por objeto mantener las cosas en el estado en el que se encuentran mientras se dicta la sentencia y, por consiguiente, implica la paralización provisional de los efectos producidos con el acto de autoridad; por lo que a fin de proveer su dictado, resulta necesario que el juzgador federal realice el estudio de distintos tópicos en forma escalonada que se encuentran delineados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la propia Ley de Amparo. En esos términos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los temas que deben estudiarse en forma escalonada para determinar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, sus efectos y requisitos de subsistencia, se hacen consistir en los siguientes 1. Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida debe o no concederse. 2. Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento de la medida cautelar. 3. Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión 4. Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión. Por lo que se refiere al primer aspecto, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. Así, conforme a la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada son los siguientes: 1. Petición de parte. Conforme el artículo 128 de la Ley de Amparo, por regla general, la suspensión debe concederse siempre a petición de parte, con excepción de aquellos actos reclamados en los que expresamente procede la suspensión de oficio2 . 2. La existencia del acto reclamado. Como presupuesto lógico para el otorgamiento de la suspensión debe existir siempre un acto reclamado que pueda paralizarse, ya que dicha medida cautelar no puede proyectarse sobre situaciones jurídicas o de hecho que resulten inexistentes. 3. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. Dado que la suspensión constituye una medida cautelar que implica la paralización de determinados actos, es necesario analizar en forma inicial si el acto es susceptible de ser suspendido, para lo cual puede tomarse en consideración la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, verbigracia, actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera. 4. Que la parte quejosa resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Afectación que puede acreditarse de manera indiciaria para efectos de la suspensión provisional y con un grado probatorio mayor para los efectos de la definitiva. 5. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. Cuyo análisis debe realizarse de forma ponderada entre la estimación que obtenga del análisis superficial del acto reclamado en relación al derecho discutido en el proceso, contra el interés social que se pudiera ver afectado de obtener la medida cautelar. TERCERO. Análisis de los requisitos de procedencia de la medida cautelar. Los requisitos de procedencia de la suspensión deben estudiarse en el orden expuesto en el apartado precedente, pues atienden a una prelación lógica y a un sentido práctico, de forma tal que, al avanzar en el análisis, si se advierte la falta de alguno de ellos, debe terminarse el examen del caso y declararse la improcedencia de la suspensión. Precisado lo anterior, procede realizarse el estudio respectivo. 1. Petición de parte La parte agraviada solicitó la suspensión del acto reclamado, tal como se aprecia de la demanda inicial; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 2. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes previos, las autoridades que a continuación se relacionan manifestaron lo siguiente: No. AUTORIDAD SENTIDO 1 Director del Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez residente en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán Cierto 2 Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán. Cierto Por su parte, el Director del Centro de Readaptación Social de Tacámbaro, Michoacán, fue omiso en rendir su informe previo, pese a encontrarse debidamente notificado para ello, tal como se desprende de la constancia de notificación realizada el veintinueve de septiembre del año en curso, por el actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de ese Distrito Judicial, en auxilio de las labores de la Justicia Federal, por lo que procede tener por presuntivamente cierto el acto que se le atribuye. 2. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido En principio cabe precisar que la parte quejosa se duele de la orden de traslado que se realizó el veintisiete de agosto de dos mil veinte, del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez con residencia en Irapeo, Municipio de Charo, Michoacán, al diverso con sede en Tacámbaro, Michoacán. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe precisarse que no es en sí mismo suspendible, dado que se trata de un acto consumado. Tiene sustento lo anterior, la tesis jurisprudencial número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 cuyo rubro y texto dicen ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie Sirve de apoyo la jurisprudencia número 37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que dice ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo Ahora, pese a lo anterior, existen casos en los que resulta factible conceder la suspensión en los términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el diverso 161, establece que tratándose de órdenes de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, dicha medida cautelar, en caso de que se actualice su procedencia, tendrá por efecto evitar éste se lleve a cabo y, para el caso de que ya se hubiera ejecutado, es posible conceder la medida suspensional con efectos restitutorios. En el presente asunto, de los antecedentes narrados por el quejoso en su escrito de demanda y de los informes previos emitidos por las autoridades responsables, se advierte que el traslado que constituye el acto reclamado ya fue ejecutado, por ende dicho acto contiene efectos positivos que implican una afectación continua en la esfera jurídica del quejoso, al encontrarse sufriendo los estragos de su reclusión en otro centro penitenciario diverso al en que se encontraba previamente; por tanto, resultaría factible realizar un análisis de probabilidad, ponderado el orden público y el interés social, a efecto de estar en condiciones de pronunciar una medida suspensional con efectos restitutorios, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Lo anterior, en virtud de que la medida suspensional no sólo tiene efectos de conservación, sino que también puede restablecer al quejoso en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso Debe referirse que el artículo 147 aludido constituye una figura novedosa que el legislador incorporó en la Ley de Amparo, a fin de optimizar los derechos del solicitante de la medida cautelar a través del otorgamiento anticipado de los posibles efectos concesionarios de la sentencia de amparo. Empero, el efecto anticipado a que se hace alusión en el artículo 147 de la Ley de la Materia, no debe otorgarse en todos los casos, pues es el propio juzgador de amparo quien debe ponderar los elementos objetivos aportados por la parte quejosa para que, previo juicio de probabilidad y verosimilitud entre el derecho discutido y la violación alegada pueda determinar si, en el caso concreto, resulta factible otorgar esos efectos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255 2015 e interpretar el artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que, a efecto de restablecer provisionalmente en el derecho que se aduce violado, el juzgador debe realizar un estudio minucioso y preliminar del asunto, con base en los elementos objetivos aportados por el quejoso en su demanda de amparo, así como los elementos probatorios que se le pongan a la vista al momento de resolver sobre la suspensión provisional. Empero, el órgano jurisdiccional de amparo se encuentra obligado a ponderar todos los elementos que rodean el caso concreto, a fin de evitar abusos con el dictado de la suspensión. De ahí que resulte indispensable que la parte quejosa aporte elementos objetivos de los cuales pueda partir el juzgador de amparo a fin de determinar -en un juicio de probabilidad y verosimilitud- si en el caso concreto es factible conceder efectos restitutorios a la medida cautelar, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, cabe destacar que en el presente asunto ya no resultaría útil dictar la suspensión definitiva con efectos restitutorios, dado que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional las determinaciones que obran en los expedientes que aquí se ventilan, en virtud de que dicho conocimiento es accesible e indubitable, concretamente el proveído dictado el siete de octubre del año en curso, en el juicio de amparo al que este incidente corresponde, en el cual se tuvo al Director del Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez con sede en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, informando lo siguiente En los términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, le informo a Usted, en acatamiento al mandato emitido por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, dentro de la causa penal 371/2020, fue reingresado a este Centro, en este data 30 de septiembre del año en curso, el procesado Francisco Manuel Flores Torres, se anexa copia certificada de la tarjeta informativa del reingreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar Y, en el mismo acuerdo se tuvo a la Encargada del Despacho de la Dirección Jurídica de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, manifestando que ES CIERTO EL ACTO QUE DE ESTA AUTORIDAD SE RECLAMA. Toda vez que mediante el oficio CSPEMO DJ 3660 2020, de data veintisiete de agosto de la presente anualidad, se autorizó el traslado de un grupo de cuarenta y dos personas privadas de su libertad entre ellos el ahora quejoso, del centro penitenciario Lic. David Franco Rodríguez al centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán, sin embargo, fue recibido el oficio 14104 2020, de data veinticinco de septiembre del presente año, signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia en funciones de administrador, derivado de la causa penal 371/2019, iniciada en contra de la persona en cuestión, en el cual la autoridad jurisdiccional y por los motivos expuestos declara ilegal el traslado realizado, por ello esta autoridad a través del oficio CSPEMO/OC/635/2020, ordena el traslado del quejoso para ser reingresado de nueva cuenta al centro penitenciario Lic. David Franco Rodríguez el que se materializó el día treinta de ese mismo mes y año, así lo confirma con la tarjeta informativa de ingreso, signado por el elemento de seguridad penitenciaria del centro Lic. David Franco Rodríguez en el que hace del conocimiento al titular de ese recinto, que FRANCISCO MANUEL FLORES TORRES, ingreso formalmente a ese centro a las 19:50 horas." Lo resaltado es propio. Lo que se robustece con un escrito presentado por el autorizado en términos amplios del peticionario Francisco Manuel Flores Torres, en el cual corroboró lo informado por las autoridades responsables antes precisadas, el cual se acordó de conformidad el nueve de octubre de dos mil veinte, en los términos siguientes Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por Salvador Patiño García, autorizado en términos amplios del quejoso Francisco Manuel Flores Torres, mediante el cual manifiesta que este último fue reingresado al Centro de Reinserción Social Lic. David Franco Rodríguez con sede en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, en cumplimiento a la determinación emitida el veinticinco de septiembre de dos mil veinte por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, por lo que, aduce, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; manifestaciones que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno Datos que, como anteriormente se precisó, se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues la versión pública de dichos acuerdos así como los datos que se obtienen del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, constituyen información disponible para consulta de todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuitos lo que genera certeza de su emisión en el expediente principal, sin necesidad de glosar al presente incidente copia certificada de los referidos autos. Apoya lo anterior, por analogía jurídica, la tesis P./J. 16/20185 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente De las transcripciones que anteceden contenidas en los acuerdos precisados se desprende que, el treinta de septiembre de este año, el aquí quejoso Francisco Manuel Flores Torres, fue reingresado al Centro Federal de Reinserción Social Lic. David Franco Rodríguez ubicado en Irapeo, municipio de Charo, Michoacán, en cumplimiento a la determinación dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán (a disposición de quien se encuentra el quejoso en la causa penal 371/2019 de su índice), al declarar ilegal dicho traslado, el que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En ese contexto, resulta ocioso e innecesario realizar un análisis del caso concreto a fin de establecer si resulta procedente conceder la medida cautelar contra la orden de traslado reclamada, en los términos que establece el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues el promovente recluso ya se encuentra ingresado nuevamente en la institución carcelaria en que se encontraba previo a la ejecución del acto que aquí reclama. En ese sentido, se advierte que los efectos positivos que generó el acto reclamado, consistentes en la orden de traslado ejecutada del centro penitenciario Lic. David Franco Rodríguez con sede en Irapeo, municipio de Charo, al diverso en Tacámbaro, Michoacán, cesaron definitivamente, virtud a la calificación de ilegal realizada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán y, por ende, ha dejado de existir la materia sobre la que debería versar la medida cautelar solicitada Por lo tanto, lo procedente es declarar sin materia el incidente de suspensión que nos ocupa y negar la suspensión definitiva solicitada en relación con el traslado reclamado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Francisco Manuel Flores Torres, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables y por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.
- Principal
Acúsese recibo del oficio 646/2020, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 157/2020 (número de orden 322) que se le envió a fin de notificarle el auto de radicación de diecisiete de septiembre del año en curso al quejoso Francisco Manuel Flores Torres y a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social ubicado en Tacámbaro, Michoacán; agréguese a los autos para que obre como corresponda y dése de baja en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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