Francisco Jesús Díaz García

Expediente 555/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 52 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2020
Año
2020
Actuaciones
52
Última actuación
03/09/2021

Partes del expediente

  • Francisco Jesús Díaz García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 52.

  1. Principal

    La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida la Secretaria relaciona, como principales constancias del expediente, la demanda de amparo, el auto de admisión, los informes justificados y las constancias de notificación practicadas, asimismo, se certifica que el término de tres días concedido al quejoso en los autos de dieciocho de septiembre y ocho de octubre, ambos de dos mil veinte, para que señalara la denominación correcta de las autoridades: 1.- Director de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia Del Estado, Morelia, Michoacán, 2.-Coordinador De La Policía Ministerial de la Fiscalía Regional de Justicia en Zitácuaro, Michoacán, 3.-Director de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia Del Estado, Morelia, Michoacán 4.-Director de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán 5.- Primer Comandante de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. Transcurrió del seis al ocho de octubre y del veintiuno al veintitrés de octubre de dos mil veinte, respectivamente, sin que haya realizado manifestación alguna, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se dejan de tener como autoridades responsables. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable en su informe justificado; y, sobre el particular, el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, con lo cual se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que la agente del ministerio público presentó pedimento ministerial; a lo que el Juez acuerda: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 555/2020 promovido por Francisco Jesús Díaz García a través de Julio César Flores Tapia apoderado jurídico, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Primero de lo Penal De Primera Instancia de la ciudad De Zitácuaro, Michoacán y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. La parte quejosa reclama lo siguiente: Orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado trata de ejecutarse en Zitácuaro, Michoacán, en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez Menor Penal, Juez de Ejecución de Sanciones, Juez Mixto, todas de Zitácuaro, Michoacán, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas que desvirtúen tales negativas. En consecuencia y con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos y autoridades mencionados. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Al rendir el informe justificado el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral de la Región Zitácuaro y Fiscal Regional de Zitácuaro aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con el contenido del disco óptico que el juez responsable presentó como prueba, el cual contiene audiovisual de la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión emitida entre otros, contra Francisco Jesús Díaz García, relativa a la causa penal ZIT/19/2015; así como archivo electrónico donde constan por escrito los resolutivos de dicha orden de aprehensión. Que merece valor probatorio de documental pública conforme a los artículos 210-A, en relación con el diverso 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora, el Fiscal General de Justicia del Estado y Director de Carpetas de Investigación de dicha fiscalía, negaron la existencia del acto reclamado, empero, al tener el carácter de ejecutoras dicha negativa se desvirtúa, pues en cualquier momento pueden recibir la orden de ejecutar la orden de aprehensión reclamada, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Las partes no invocaron causales de improcedencia, ni este juzgado advierte la existencia de alguna que amerite su estudio, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los motivos de inconformidad que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa expuso que se transgreden en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, señalando como conceptos de violación, en esencia, que no ha cometido conductas ilícitas o tipificadas por la ley que amerite que se le prive de la libertad personal y no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Los motivos de disenso son infundados aun suplida su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 141, establece las formas de conducción del imputado, a efecto de lograr que se encuentre presente en todas las etapas del proceso, lo cual se logra a través de: Citatorio para la audiencia inicial. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia no haya comparecido). Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela). Como requisito para esas formas de conducción al proceso, el numeral en análisis, en su segundo párrafo, indica que en la clasificación jurídica que realice el agente del Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que, con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Así pues, el caso previsto en la fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación, por lo que en caso de que el imputado no se encuentre retenido, solicitará al juez de Control que lo cite a audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al caso previsto en la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de Control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Mientras que, la orden de aprehensión referida en la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido ante la presencia del juez de Control, sin previa cita, a fin de formular la imputación. En este caso, deben colmarse los requerimientos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en: Que sea librada por la autoridad judicial competente; 2) Que preceda denuncia o querella de un hecho señalado por la ley como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; 3) Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho, y; 4) Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Adicional a dichos requisitos, debe colmarse la necesidad de cautela que exige la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimiento Penales. En cuanto a dicho tópico -necesidad de cautela-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 20/2020 (10a.), de epígrafe "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA." , dijo que la orden de aprehensión es una forma de conducción excepcional al proceso penal, que tiene como objetivo garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal ante el juez de Control, por tanto, presupone la carga al agente del Ministerio Público, al obligarlo a justificar frente al juez, la necesidad de cautela de la persona indiciada, lo cual se logra porque: a) Existe riesgo de que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia; b) Se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) Se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Entonces, la orden de aprehensión debe entenderse como una molestia en grado mayor que un citatorio; de ahí que, su naturaleza es únicamente lograr la celebración de la audiencia inicial a través de la fuerza pública, pero no privar de la libertad al imputado, ya que no implica necesariamente que el indiciado guardará prisión preventiva, pues ello sería materia de objeto de medidas cautelares. En el caso en concreto, la fiscalía como medio de conducción del imputado al procedimiento, optó por solicitar al juez de Control que girara orden de aprehensión al quejoso, en términos de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, del análisis realizado al acto reclamado, se obtiene que aquél fue dictado por una autoridad judicial competente para ello, ya que, en el caso, la orden de aprehensión fue emitida por un juez de control perteneciente a la región de Zitácuaro, Michoacán, quien, de conformidad con los artículos 36, fracción XXIII, y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Michoacán, ejerce jurisdicción en el ámbito territorial que corresponde a Tuzantla, Michoacán, lugar en el que ocurrió el hecho a que alude la causa penal de origen. De manera que se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad identificado en el punto 1, consistente en que la orden de aprehensión fuera dictada por autoridad competente para ello. Se suma a lo anterior, la circunstancia de que, al emitir el acto reclamado, el juez responsable relató diversos antecedentes de investigación, dentro de los cuales evidenció la existencia de la denuncia de noticia criminal del oficial Juan Manuel Pérez Ortiz, datada el diecinueve de agosto de dos mil quince, en la que, en esencia, refirió lo siguiente: El diecinueve de agosto de dos mil quince, entre las quince treinta horas en el domicilio de Arnulfo García Bonilla, ubicado en la ranchería la soledad, perteneciente al municipio de Tuzantla, Michoacán, previamente discutieron los imputados José Jesús Díaz García, Juvenal Pérez García y Francisco Jesús Díaz García, por lo que éstos se retiraron del lugar previamente y regresaron, José de Jesús Díaz García accionó la escopeta disparándole a Arnulfo García Bonilla, causándole alteraciones que le produjeron la muerte, como fue la aceleración del tejido cerebral y traumatismo encefálico por la proyección de múltiples proyectiles de arma de fuego, de acuerdo al informe pericial de necropsia, le causaron la muerte, de igual forma al momento de disparar José de Jesús Díaz García contra Arnulfo García Bonilla, al menor de iniciales M.A.G.S. salió de la casa e intentó hacer algo por su papá, al momento que sucedió eso Juvenal Pérez García y Francisco de Jesús Díaz García, quienes también portaban armas dispararon contra el menor. Se resolvió que dichos hechos correspondieron al delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto en el artículo 117 del Código Penal del Estado, toda vez que se justificó la muerte de Arnulfo García Bonilla, que su deceso ocurrió por una causa externa no atribuible a él, sino a otra persona que actuó de forma dolosa porque lo hizo sabiendo la consecuencia que podía ocasionarle, así como el intento de homicidio del menor M.A.G.S. Esto es, conforme al relato precedente, se aprecia que la denuncia corresponde a un hecho constitutivo de un delito, el cual fue identificado por el juez responsable como homicidio calificado en agravio de Arnulfo García Bonilla en términos del artículo 117, 132 y 135 y homicidio en grado de tentativa en agravio del menor M.A.G.S., en términos de los artículos 177, 122 135, fracción I, inciso b, 16, 19, 20, 22, 24, fracción II y 71 en donde se estable la punibilidad de la tentativa, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. En ese sentido, la constancia del acto reclamado permite advertir que se cumple con el requisito de procedibilidad identificado en el punto 2, ya que el Juez responsable estableció que, previo al dictado de la orden de aprehensión, precede una denuncia de un hecho que la ley señale como delito que se sanciona con pena privativa de libertad. Igualmente, el juez responsable estableció que la agente del ministerio público anunció que obraban en la carpeta de investigación diversos datos de los cuales podía advertirse que a) se había cometido un hecho constitutivo de delito; y, b) existía la probabilidad de que los indiciados, entre ellos, Francisco Jesús Diaz García [aquí quejoso] lo habían cometido o participado en su comisión, los cuales identificó como: Denuncia de la noticia criminal de realizada por el oficial Juan Manuel Pérez Ortiz, en la que informó que recibió llamada de la policía municipal de Tuzantla quien refirió que se encontraba en el lugar de los hechos el cuerpo sin vida de Arnulfo García Bonilla. Informe de investigación de la policía ministerial de diecinueve de agosto de dos mil quince. Informe pericial de integridad corporal del menor M.A.G.S. de veintiuno de agosto de dos mil quince. Informe pericial de química forense de rodizonato de sodio de veintiuno de agosto de dos mil quince. Entrevista de Estela Suárez Correa y del menor M.A.G.S.. Inspección pericial del lugar de los hechos de veinte de agosto de dos mil quince realizado por el perito Frank Ludovualdo Carrera Huerta. Informe de necro cirugía del perito Jorge Ramón Mejía Murguía. Acta de reconocimiento e identificación de cadáver de diecinueve de agosto de dos mil quince, realizado por Horacio Bonilla Solorzano y José Rolando García Bonilla. Con lo anterior, se justifica el requisito 3, relativo a que obren datos de prueba. Asimismo, el juez responsable asentó que los datos de prueba reseñados por la fiscalía le permitían tener justificado el hecho delictivo de homicidio en agravio de Arnulfo García Bonilla y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de M.A.G.S. y la probable participación de los indiciados, ya que, su criterio, le permitían establecer que: De manera que el juez responsable indicó que los actos de investigación reseñados por la agente del ministerio público solicitante de la orden de aprehensión desprendían datos de prueba a los que, hasta ese momento, otorgaba "comisión" y "tenían mérito" para considerar verosímil el planteamiento realizado por dicho representante social. Ello, en virtud de que la autoridad responsable señaló que se acreditaba el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado en agravio de Arnulfo García Bonilla en términos del artículo 117, 132 y 135 y homicidio en grado de tentativa en agravio del menor M.A.G.S., en términos de los artículos 177, 122 135, fracción I, inciso b, 16, 19, 20, 22, 24, fracción II y 71 en donde se estable la punibilidad de la tentativa, todos del Código Penal del Estado de Michoacán. Asimismo, el juez responsable estableció la probabilidad de que el investigado Francisco Jesús Díaz García [aquí quejoso] había participado en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del menor M.A.G.S., pues estableció que los datos reseñados permitían establecer que el diecinueve de agosto de dos mil quince, el imputado aquí quejoso, accionaron armas de fuego en contra del menor, sin contar hasta ese momento con dato objetivo para esclarecer el tipo de arma utilizada.. Al respecto, debe señalarse que, a criterio de este órgano jurisdiccional, el juez responsable llegó a la conclusión de su determinación de manera libre y lógica con base en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo al juez de control colegir que existían los datos de prueba suficientes que hicieron evidente la comisión del hecho que la legislación punitiva tipifica como delito de secuestro agravado, además, que existe la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión, pues los datos aportados por la Fiscalía así lo apuntaron. Sobre el particular, cobra relevancia el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del De´cimo Quinto Circuito en la tesis XV.3o.3 P (10a.), que establece: "ORDEN DE APREHENSIO´N. ESTA´NDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL.". Asimismo, debe señalarse que los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, revelan una sustitución en los requisitos siguientes: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior es así, ya que existe un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, pues el ejercicio relativo a la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decidirá si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, al dictar una orden de aprehensión basta con que el juez responsable encuadrara la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adoptó, el tipo penal aplicable. De igual manera, debe señalarse que el nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en una forma de conducción de la persona investigada para la continuación de la indagatoria, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Resulta aplicable, por identidad de razonamientos jurídicos, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". En ese tenor, se considera satisfecho el requisito de procedibilidad identificado en el punto 4, ya que el juez responsable estableció que el agente del ministerio público anunció que obraban en la carpeta de investigación diversos datos de los cuales podía advertirse que a) se había cometido un hecho constitutivo de delito; y, b) existía la probabilidad de que el indiciado [aquí quejoso] lo había cometido o participado en su comisión. Ahora, en relación con la necesidad de cautela, el juez responsable estableció que aquélla se encontraba justificada ya que en el parte informativo se informó que los agentes de la Policía Ministerial al intentar localizar a los imputados, entre ellos el aquí quejoso, fueron informados que desde los hechos, éstos no habían sido vistos en el lugar, por lo que se justifica la necesidad de librar la orden de captura como medida para obtener su presencia ante la autoridad judicial, de modo que, este órgano jurisdiccional considera que se encuentra cumplido el requisito adicional de procedibilidad, consistente en la demostración de la necesidad de cautela. Así pues, la orden de aprehensión combatida en esta vía reúne los requisitos de fundamentación y motivación; habida cuenta que quedaron expuestas las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración por el Juez responsable para la emisión de la misma, tal como se desprende de los datos de prueba que analizó y valoró, por cuanto existe adecuación entre los motivos aducidos y la norma punitiva aplicable al caso. En consecuencia, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no vulnera derechos fundamentales del peticionario de amparo, ya que, como se dijo, la orden de aprehensión fue expedida por autoridad judicial en pleno ejercicio de sus funciones, por un hecho que la ley sen~ala como delito, que existen datos que acreditan el hecho considerado como delito por ley y que probablemente dicho quejoso participo´ en la comisión del mismo, habida cuenta que el Juez responsable señaló´ las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, en concordancia con los preceptos legales infringidos, lo que implica adecuada fundamentación y motivación y por no actualizarse causa de justificación o excluyentes de responsabilidad a favor del aquí´ quejoso, así´ como no advertirse queja deficiente que deba de suplirse de oficio, en los términos que prevé´ el artículo 79 de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades responsables ejecutoras al no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 91, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacio´n, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIO´N DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Alegatos. Finalmente, respecto a los alegatos formulados por el fiscal federal adscrito a este Juzgado, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales manifestaciones, porque no está obligado a pronunciarse al respecto. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Francisco Jesús Díaz García, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el tercero. Segundo. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a Francisco Jesús Díaz García contra el acto que atribuyó a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de este fallo, acorde con los motivos especificados en el séptimo considerando

  2. Principal

    Solicita copias. En atención al contenido del escrito signado por Julio Cesar Torres Tapia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias que menciona, previa concertación de cita con la encargada del trámite de este expediente, por lo que deberá comunicase al teléfono oficial del juzgado 443 3226960 extensiones 1161 o 1263 de lunes a viernes de las trece a las dieciocho horas. Se autoriza a las personas que indica para la recepción de las copias solicitada.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente 1. Reactivación. Vista la certificación que antecede, de la que se observa el punto de acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno emitido por la Comisión de Receso Actuando como Comisión Especial en el que se aprobaron las medidas propuestas para evitar contagios de la enfermedad Covid-19, en relación con este órgano jurisdiccional, por lo que determinó suspender los términos y plazos de los expedientes a cargo de este tribunal por un periodo de catorce días, esto es, del treinta de julio al doce de agosto de dos mi veintiuno, inclusive, periodo en el cual se atenderán únicamente asuntos urgentes. 2. Diferimiento. Ahora bien, dado que la audiencia constitucional se había señalado para las trece horas con diez minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, la cual no se llevó a cabo virtud a la suspensión de plazos y términos judiciales decretada en este órgano jurisdiccional, además porque el presente asunto no se ubica en alguno de los supuestos de urgencia indicados en dicho Acuerdo General; en tal virtud, a fin de que las partes se impongan del contenido del presente auto y a fin de no dejarlas en estado de indefensión, se señalan En consecuencia, procede diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. 3. Se agrega comunicación diligenciada. Por otra parte, se integra a los presentes autos el oficio que remite el Juez Mixto de Primera Instancia del distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 249/2021, orden 580; dese de baja, háganse las anotaciones correspondiente; finalmente, sin que haya lugar a acusar de recibo toda vez que éste no fue solicitado. 3.1 Se ordena notificar por lista a la parte tercera interesada. De la diligencia realizada por el fedatario del órgano jurisdiccional auxiliar se desprende que se notificó a la parte tercera interesada el diez de agosto pasado; por tanto, toda vez que transcurrió el término que disponía para comparecer a juicio y proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de julio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. 4. Se informa nuevo titular de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, funge como titular de este órgano jurisdiccional el licenciado Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/616/2021, de siete de julio de dos mili veintiuno, de la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    SE RECIBE DESPACHO SIN DILIGENCIAR. Acúsese el oficio remitido por la Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zitácuaro, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele devolviendo sin diligenciar el despacho 177/2021 (número de orden 378/2021), derivado del presente sumario de amparo, el cual tenía como finalidad lograr el emplazamiento del menor víctima tercero interesado de iniciales M.A.G.S.; en consecuencia, agréguense a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que únicamente se glosará a los autos las constancias relativas a su diligenciación, sin contar las copias de la comunicación oficial referida y sus respectivos anexos, las cuales se ordenan guardar en la secretaría de este Juzgado federal, ello con la finalidad de lograr un mejor manejo del expediente, máxime que dichas constancias ya obran en este sumario. Para efectos estadísticos dese de baja la comunicación oficial citada; háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. SE ORDENA REEXPEDICIÓN DE DESPACHO Ahora, las constancias de cuenta revelan que el Juez auxiliar oficiante incorrectamente estimó que se encontraba impedido para diligenciar la comunicación oficial referida, ello toda vez que la ubicación en la que debía desahogarse la encomienda requerida se encontraba fuera de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción, a saber, Zitácuaro. Al respecto, debe decirse que los domicilios del menor tercero con interés de iniciales M.A.G.S., (los cuales constituyen información reservada) se encuentran ubicados en el municipio de Tuzantla y Zitácuaro, Michoacán, ambos jurisdicción de los Jueces de Primera Instancia con residencia en Zitácuaro Michoacán, tal como se advierte de la consulta realizada en la dirección electrónica siguiente: http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/institucion/distritosJudiciales.aspx, En consecuencia, el despacho aludido se encontraba ajustado a derecho y, por ende, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, gírese nuevamente despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva comisionar a quien corresponda, para que se constituya, indistintamente, en los domicilios relativos al menor víctima tercero con interés de iniciales M.A.G.S., que se le proporcionarán por separado para que, con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y presente proveído, por conducto de su representante legal (previo cercioramiento de que así sea) emplace a juicio al menor víctima tercero interesado. Asimismo, le haga saber que se señalaron las trece horas con diez minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional y lo requiera para que, en el acto de la diligencia o, bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con el artículo 27 fracción II de la ley de la materia. Facultándose al juez requerido, para que en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que realice la referida diligencia, así como dentro del plazo de tres días siguientes a su realización, reciba la promoción en la que el tercero interesado señale domicilio en esta ciudad para oír notificaciones. Hecho lo anterior, deberá devolver la citada comunicación oficial adjuntando las constancias que acrediten su diligenciación, acusando previamente el recibo de estilo. Sin que obste para la diligenciación del citado despacho que, al recibirse por el juez referido, haya trascurrido el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en este supuesto este órgano jurisdiccional proveerá su diferimiento.

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