Francisco Javier Urbieta Ambriz

Expediente 956/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
956/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Francisco Javier Urbieta Ambriz
  • Deura Coria Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Firme desechamiento Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por José Eduardo Flores Rivera, apoderado jurídico de Francisco Javier Urbieta y Deura Coria Mendoza; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Archivo Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse anotaciones en el libro de gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Documentos De conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración del expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ EDUARDO FLORES RIVERA, APODERADO JURÍDICO DE FRANCISCO JAVIER URBIETA Y DEURA CORIA MENDOZA. Firme desechamiento Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda promovida por José Eduardo Flores Rivera, apoderado jurídico de Francisco Javier Urbieta y Deura Coria Mendoza; sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Archivo Como de autos se obtiene que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo que se desechó de plano la demanda y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse anotaciones en el libro de gobierno respectivo y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Documentos De conformidad en el mencionado punto, último párrafo, del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificado del presente proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado, en la inteligencia que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Integración del expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Devolución de documentos Agréguese a los autos el escrito signado por José Eduardo Flores Rivera, apoderado jurídico de los quejosos; visto su contenido y en atención a la solicitud realizada en el sentido de que le sean devueltos los documentos que allegó con la demanda de amparo, dígasele que, una vez que cause firmeza el proveído de nueve de septiembre pasado, deberá reiterar su petición, pues una eventual impugnación podría llegar al extremo de considerar admisible la demanda de amparo y, de ser ese el caso, los documentos pueden ser objetados por las partes, y si bien éstas pueden pedir la devolución de los documentos que hayan aportado al juicio, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó dicho numeral en el sentido de que la invocada devolución procederá siempre que haya transcurrido el plazo de la objeción o ésta se haya dirimido definitivamente. En ese sentido, sólo sería factible la devolución de los documentos solicitados una vez que precluyera el derecho de las partes para hacer valer, en su caso, la objeción que prevista en el artículo 122 de la Ley de Amparo, la cual podría hacerse hasta la audiencia constitucional; entonces, si así lo estimara conveniente el promovente, deberá reiterar su petición con posterioridad al plazo de la objeción o concluido el juicio. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de estimar necesarios los documentos por su inminente utilidad, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias certificadas de los mismos, previa constancia que por su recibo obre en autos. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ EDUARDO FLORES RIVERA, APODERADO JURÍDICO DE FRANCISCO JAVIER URBIETA Y DEURA CORIA MENDOZA. Cumplimiento a la prevención Agréguese a los autos el escrito signado por José Eduardo Flores Rivera, apoderado jurídico de los quejosos, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de veintiséis de agosto del año en curso, reiteradas en el acuerdo de dos de los actuales . Lo anterior es así, en virtud de que manifestó la fecha de conocimiento del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, y aclaró que las negativas reclamadas fueron de manera verbal. En el caso, resulta importante destacar que el requerimiento para realizar manifestaciones "bajo protesta de decir verdad" en el amparo no debe cumplirse por la persona autorizada para oír y recibir notificaciones e interponer recursos o medios de defensa en términos de la ley de la materia, ya que es un acto personalísimo, esto es, sólo puede desahogarlo quien aduzca ser agraviado por los actos reclamados. Sin embargo, cuando el quejoso otorgue un poder notarial en el que confiera un mandato general para pleitos y cobranzas en términos amplios y el apoderado desahogue la prevención mencionada, ésta debe tenerse por cumplida, pues la naturaleza jurídica del mandato implica que aquél se obligó a ejecutar, por cuenta del agraviado, los actos jurídicos que éste le encargó. Al respecto, resulta aplicable el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito , intitulada: "REQUERIMIENTO PARA REALIZAR MANIFESTACIONES "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" EN EL AMPARO. PUEDE DESAHOGARSE POR EL APODERADO DEL QUEJOSO.". Por tal motivo, se insiste, la prevención de mérito se tiene por cumplida en este proveído. Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. De igual modo, el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere, necesariamente, un motivo de improcedencia del juicio constitucional. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Apoyan lo expuesto, las jurisprudencias I.13°.A. J/6 y I.60.C. J/19, emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil , ambos pertenecientes al del Primer Circuito, cuyos rubros son:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo y los escritos aclaratorios, los cuales se trata como un todo, reveló que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 10, segundo párrafo, de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán, que trajo como consecuencia, por un lado, la negativa verbal de girar solicitud a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para que, a su vez, ésta expidiera una carta de no antecedentes penales en favor de los quejosos y, por otro, la negativa verbal de proporcionarles una carta de idoneidad expedida por la institución del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal. Una vez precisada la materia de impugnación en el presente asunto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo cual, se realizará el estudio respectivo. Estudio de la causa de improcedencia actualizada El numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento. Cabe aclarar que, en el presente asunto, se impugna una norma general con motivo del primer acto de aplicación, por lo que debe tomarse en consideración que el numeral 61, fracción XVI, de la ley en la materia establece que sólo podrá entenderse como consentida una norma general en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso dentro del plazo legal. Además, el numeral en comento dispone que cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. Ahora, los plazos para promover el juicio constitucional se encuentran establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo , cuyo contenido revela que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley materia del acto, la notificación a los quejosos del acto o resolución que reclamen, o a aquél en que hayan tenido conocimiento o se ostenten sabedores del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Determinado lo anterior, se establece que, conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, una ley puede ser combatida en dos diferentes momentos: a) dentro de los treinta días a partir de su entrada en vigor (autoaplicativa), y b) dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos (autoaplicativa y heteroaplicativa). Ahora, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor (ley autoaplicativa), el plazo será el de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación (ley autoaplicativa o heteroaplicativa), el plazo será de quince días, en los términos destacados. En ese tenor, si el quejoso combate la ley con motivo de su primer acto de aplicación, pero la demanda la presenta fuera del plazo de quince días aludido, el juicio de amparo resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación y, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley. De esa manera, la impugnación realizada en el presente asunto encuadra en la hipótesis de la regla general, contenida en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, toda vez que no encuadran en ninguna de las hipótesis precisadas en las fracciones I a IV de dicho numeral y en virtud de que la norma general se reclama a partir de su primer acto de aplicación. Para evidenciar que este asunto encuadra en la hipótesis de la regla general, resulta necesario destacar que, entre otras cosas, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó lo siguiente: I. Los quejosos manifestaron su deseo de adoptar un menor de edad, por lo que iniciaron los trámites para tal efecto, acudiendo al "DIF municipal de Zacapu, Michoacán", donde les otorgaron un estudio psicológico y socioeconómico en el que se les declaró aptos para llevar a cabo la adopción. II. El nueve de julio de dos mil diecinueve solicitaron que se girara una solicitud a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para que, a su vez, ésta expidiera una carta de no antecedentes penales en su favor y, por otro lado, la expedición de una carta de idoneidad a cargo de la institución del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal; empero, las mismas les fueron negadas verbalmente por las autoridades responsables, con base en el artículo 10, segundo párrafo, de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán. Conviene señalar que lo manifestado bajo protesta de decir verdad por los quejosos en dicho apartado constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.". Ahora, la promoción de la acción constitucional debe adecuarse atendiendo lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo , cuya literalidad prevé diversas hipótesis autónomas y excluyentes, es decir, o los actos reclamados fueron notificados a los quejosos, o éstos tuvieron conocimiento o se hicieron sabedores por otro medio de los mismos; mas no puede alegarse el desconocimiento del acto reclamado y, posterior a una notificación formal, promover el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito , del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". En el caso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de las negativas aludidas el propio nueve de julio de dos mil diecinueve, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad su apoderado jurídico al desahogar la prevención que les fue impuesta en ese sentido en el proveído de dos de septiembre pasado . De ese modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra las negativas verbales reclamadas transcurrió del diez de julio al trece de agosto de dos mil diecinueve. Conviene señalar que el cómputo del plazo se elabora sin contar los días previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo y las vacaciones de las autoridades responsables del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal -lo cual fue informado por la licenciada Raquel Cuevas Ortiz, encargada del Área Jurídica de dicha institución, quien reveló que el período vacacional de esa dependencia comprendió del quince al veintiséis de julio de dos mil diecinueve-. En ese sentido, se insiste, el plazo para la promoción del juicio de amparo concluyó el trece de agosto pasado, conforme se ilustra a continuación: Julio de 2019 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Agosto de 2019 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve , es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de las negativas verbales reclamadas, que actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito , intitulada: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.". Ahora, como se dijo, si el juicio de amparo resulta improcedente por lo que hace al acto de aplicación, consecuentemente, también lo será por lo que respecta a la ley, por lo que, en el caso concreto, la inejercitabilidad de la acción constitucional se extiende a la norma general impugnada, esto es, al artículo 10, segundo párrafo, de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán. Al respecto, en lo conducente, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, intitulada: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN." ; y, también en lo conducente, la diversa: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." . Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto a la inconstitucionalidad del artículo 10, segundo párrafo, de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán, que trajo como consecuencia, por un lado, la negativa verbal de girar solicitud a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para que, a su vez, ésta expidiera una carta de no antecedentes penales en favor de los quejosos y, por otro, la negativa verbal de proporcionarles una carta de idoneidad expedida por la institución del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal. Desechamiento Al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Francisco Javier Urbieta Ambriz y Deura Coria Mendoza. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; empero, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto, se invocan los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito , cuyos rubros son: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA" y "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, esta determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Consulta expediente electrónico En virtud de que el ocursante refiere que no ha tenido acceso al expediente electrónico, instrúyase nuevamente al Analista Jurídico SISE y a los actuarios para que brinden las habilitaciones respectivas para que el promovente pueda acceder a los sistemas de consulta electrónicos, tal como se ordenó en el proveído de veintiséis de agosto pasado . Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano