Francisco López Santiago

Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
390/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Francisco López Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintiuno. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el diez de junio del año actual feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de Ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por FRANCISCO LÓPEZ SANTIAGO, contra actos del 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Sala "B" del XVII Distrito Judicial, del 2. Encargado del Módulo de Prisión Preventiva, ambos residentes en Veracruz, Veracruz, y del 3. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, que hace consistir en la orden de traslado y su ejecución; con la misma, fórmese y regístrese el expediente correspondiente en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 390/2021. Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de la demanda, este juzgador procede a determinar, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se impone desecharla de plano. Para claridad de lo anterior resulta útil tener presente el contenido de los artículos 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que establecen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, esta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas". "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada". "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito". "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega". "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la fracción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada". "Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido". "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla". Como se observa, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad puedan plantear peticiones ante el Juez de Ejecución cuando se trate de actos, hechos u omisiones de carácter urgente, por ejemplo: un aspecto relacionado con el traslado del interno que amerite atención inmediata, caso en el cual, la autoridad judicial de ejecución procederá a suspender oficiosamente y de inmediato el hecho o acto origen de esa petición. Lo anterior pone de manifiesto que será obligación de la persona sujeta a internamiento agotar dicho procedimiento, porque con la interposición de tal medio de impugnación se prevé la suspensión del acto combatido, sin prever mayores requisitos que los previstos para tal efecto por la Ley de Amparo, al contemplarse que tal medida cautelar opera de oficio y de inmediato; por lo que es patente que en estos supuestos de urgencia no opere excepción al principio de definitividad. En efecto, para que la previa interposición del recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que se cumplan requerimientos específicos, como son: a) Que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir que esté en ley. b) Que a través de ese medio sea posible modificar o revocar el acto de autoridad; y c) Que no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo. En el caso, el procedimiento a que se viene haciendo alusión se encuentra contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional, por lo que con ello se satisface el primero de los requisitos señalados. Además, dicho procedimiento tiene como finalidad precisamente revocar, nulificar o modificar todos aquellos hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, atribuibles a las autoridades penitenciarias. Lo anterior implica que esos hechos, actos u omisiones puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la propia autoridad penitenciaria o por determinación del Juez de Ejecución a quien se dota de facultades legales para resolver, entre otras cuestiones, aquéllas relacionadas con las condiciones de internamiento y demás aspectos vinculados con ellas. Además de estar prevista la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten en contra de los intereses de la persona privada de la libertad; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa con lo que se cumple la segunda de los condicionantes señaladas. Por último, aun cuando se trata de un caso urgente, no opera la excepción al principio de definitividad, al considerarse la viabilidad de la suspensión respecto de una cuestión de esa naturaleza, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, pues conforme al artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, basta con la sola petición del interno ante el Juez de Ejecución para que éste, de oficio, suspenda de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva o si se trata de omisiones, determine las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, lo cual implica que se satisface plenamente la exigencia señalada en el inciso c) de antecedentes. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto porque no se está en el supuesto de que se aleguen solo violaciones directas a la Constitución; ni que el acto carezca de fundamentación. Luego, si el quejoso promovió la demanda de amparo al considerar que se violan sus derechos humanos ante la posibilidad de que sea trasladado, pues así lo manifiesta en su demanda de amparo, lo que debe considerarse una confesión; ello hace patente que tiene la obligación de sujetarse al procedimiento administrativo contemplado por el artículo 114, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior así resulta pues dicho procedimiento constituye un verdadero medio de impugnación, lo cual lo vincula a tramitarlo hasta su conclusión, por lo que la problemática que le aqueja, deberá de resolverse por vía de tal medio de impugnación ordinario presentado ante la autoridad penitenciaria y no directamente ante el Juzgado de Distrito. De lo contrario quedaría en la parte quejosa la decisión de agotar o no los medios ordinarios de defensa, lo que se torna jurídicamente inaceptable porque haría nugatorio el carácter extraordinario del amparo como medio de defensa constitucional. Por ello, se reitera, si el solicitante de amparo no adujo haber planteado la solicitud para que se revise la procedencia de su traslado, es inconcuso que no instó el procedimiento ordinario de impugnación previsto en los artículos 111 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotar el procedimiento relativo y todas las instancias ordinarias de impugnación hasta su total culminación. Máxime que los artículos 1, fracción II, 5, 9, 30, 50 a 53, 57, 116, 120 a 25, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto privativo, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. En esas condiciones, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a la vía constitucional, el quejoso debió observar el principio de definitividad porque en contra del acto reclamado la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial efectivo, por virtud del cual es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto de la procedencia de su traslado. Resulta aplicable, por identidad de causa jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (registro: 2018548) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número V.1o.P.A.5 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1573, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 1, 2, 4, 9, 25, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135, prevé sendos procedimientos, uno administrativo y otro de índole jurisdiccional (procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o la controversia planteada al Juez de Ejecución Penal), instituidos a favor de las personas privadas de su libertad y demás sujetos legitimados con el objeto de que, en principio, sea la propia autoridad penitenciaria la que conozca y resuelva las peticiones e inconformidades en torno a todos aquellos aspectos que incidan en las condiciones de reclusión, y de subsistir la inconformidad u omisión en atender la petición, podrá plantearse controversia ante el Juez de Ejecución, excepto en los casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo la vida e integridad física del interno, en los que se acudirá directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Así, como esos procedimientos se traducen en un medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para resolver dichas inconformidades o peticiones, deberán agotarse previo a instar el juicio de amparo indirecto en su contra, de lo contrario será improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; máxime que, acorde con el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Juez de Ejecución se instituyó como protector inmediato de los derechos y garantías fundamentales de las personas privadas de su libertad". No pasa inadvertido para el suscrito que el quejoso señala como autoridad responsable al juez del proceso, sin embargo, del análisis de su demanda se advierte que sólo destaca participación de autoridades administrativas en el traslado reclamado, mientras que al referido juzgador solo lo menciona para indicar que esta privado de su libertad por virtud de la prisión preventiva que le impuso; y por ende, no puede estimarse que la orden de traslado reclamada provenga de autoridad judicial. En ese orden de ideas, procede decretar el DESECHAMIENTO de la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. AUTORIZADOS Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ARMANDO SILVESTRE LORENZO SOLIS, puesto que acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, atento a que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional; se ordena notificar el presente proveído personalmente al peticionario de amparo en las instalaciones del Módulo de Prisión Preventiva, dependiente de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (penalito) en Veracruz, Veracruz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de los promoventes que se requieren de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley. Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa, así por estar ordenado en autos.

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